El juicio oral y público de Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de Imedic SA, y otros acusados está ingresando en la última etapa de producción de las pruebas documentales. Padre e hija y otros están siendo juzgados por producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia del COVID-19.

Además de Justo Ferreira y su hija Patricia, están acusados en el presente caso Carlos Alberto Gamarra, Guillermo Andrés Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, funcionarios de Aduanas y despachante. El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar a los procesados está integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, quienes deberán estudiar todos los elementos de prueba para dictar una sentencia de primera instancia.

En la fecha durante la exposición de las pruebas documentales se produjo el sumario de Aduanas, que determinó que no podía haber una importación sin un permiso previo de la Dinavisa, lo que respalda la acusación de contrabando, producción de documento no auténtico y asociación criminal contra los acusados.

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El fiscal Osmar Legal fue tajante al señalar que el documento del sumario de Aduanas producido en juicio fue bastante determinante debido a que se dictaminó que no podía haber una importación sin un permiso previo de la Dinavisa por lo que es muy importante para la teoría del caso del Ministerio Público.

Acotó el citado agente fiscal que en la fecha también se produjo lo relacionado a un trabajo compartido entre la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaría de Estado de Tributación, donde ambas instituciones de naturaleza recaudatoria concluyeron que hubo diferencias en cuanto a los montos concluidos y con relación a las 50 camas.

De esta manera se va complicando la situación procesal de Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y demás procesados. La audiencia oral prosigue el 16 de agosto con la producción de más documentos. Luego se le dará la oportunidad de poder declarar ante el Tribunal de Sentencia y posteriormente se ingresará a la presentación de los alegatos finales del Ministerio Público y de la defensa de cada acusado.

En julio de 2021, el juez Humberto Otazú elevó a juicio oral y público el proceso penal al clan Ferreira. La determinación del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia preliminar. Esta resolución judicial fue apelada por la defensa de los procesados y en setiembre del mismo año el Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Gustavo Santander, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín, ratificó que Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y otros procesados deberían enfrentar un juicio oral y público.

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