El juez de Delitos Económicos José Delmas ratificó la prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú de Joaquín Roa, exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional imputado por lavado de dinero y cohecho pasivo agravado. La resolución del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
El Ministerio Público se opuso al pedido de la defensa que pidió la libertad del mismo. Ahora los defensores de Roa pueden apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación tendrá que estudiar nuevamente si confirma la prisión del procesado.
Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Osmar Legal y Silvio Corbeta fueron quienes formularon la imputación contra Roa y solicitaron su detención.
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De acuerdo al acta de imputación, Joaquín Roa habría recibido beneficios indebidos de Alberto Koube Ayala, quien mantenía una relación de amistad con Roa, a cambio de las licitaciones adjudicadas a empresas de Koube.
En agosto del 2018, Joaquín Roa habría recibido de parte de Koube, representante del Grupo Tapyracuai S. A., una embarcación por valor de 450.000 dólares a cambio de adjudicar licitaciones convocadas por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
El yate con dos motores y dos cajas de engranaje a nombre de Joaquín Roa pasó a manos de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados e Incautados (Senabico), a la resulta del proceso penal presente.
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Una riña en el Bañado Tacumbú resultó con una mujer herida y otra detenida
Una acalorada discusión entre dos mujeres en la zona del Bañado Tacumbú derivó en una agresión con arma blanca, dejando a una de ellas con lesiones y a la presunta responsable tras las rejas.
Un nuevo hecho de violencia vecinal se registró en el Bañado Tacumbú, donde una diferencia personal terminó de manera violenta. Según el reporte policial, el conflicto escaló rápidamente hasta que una de las involucradas utilizó un arma blanca para atacar a la otra, provocándole heridas de consideración.
La presunta autora del ataque fue identificada como Leticia Téllez, de 42 años. Tras el llamado de alerta por parte de los vecinos, agentes de la Policía Nacional intervinieron rápidamente en el lugar para controlar la situación y restablecer el orden.
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La víctima recibió una herida en el muslo y fue trasladada al Hospital de Barrio Obrero, mientras que la presunta agresora quedó a disposición de la justicia, confirmó el comisario Pablo Insfrán, de la Comisaría 2.ª Metropolitana.
Tras el procedimiento, los uniformados procedieron a la aprehensión de Téllez, quien fue trasladada hasta la sede policial a disposición del Ministerio Público. Por su parte, la víctima fue asistida y derivada a un centro asistencial para recibir la atención médica necesaria debido a las heridas sufridas durante el altercado.
El caso ha generado preocupación en la comunidad local, donde este tipo de incidentes por problemas de convivencia se han vuelto un punto de atención para las autoridades. La Fiscalía ya se encuentra analizando las circunstancias que motivaron el enfrentamiento para avanzar en la investigación.
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Dibujo antiguerra de niña rusa marcó un calvario de prisión, separación y exilio
Cuando María Moskaliova tenía 12 años, hizo un dibujo de unos misiles volando sobre una bandera rusa hacia una mujer y un niño de pie junto a una de Ucrania. “No a Putin y la guerra”, escribió sobre la bandera rusa. Moscú acababa de invadir el país vecino, y el dibujo antiguerra cambió para siempre la vida de la niña, llevándola a ella y su padre soltero, Alexéi, por una ruta de separación, encarcelamiento y exilio.
La directora contactó a las autoridades de la pequeña ciudad de Yefremov, al sur de Moscú, donde vivían los Moskaliov, y rápidamente llegaron la policía y los servicios de seguridad. Alexéi comentó que la policía le mostró el dibujo de María por primera vez. Él sostuvo que no habían hecho nada de malo. “¿Qué tiene eso de delictivo?”, preguntó a la policía. “Mi hija y yo no estamos en guerra contra Ucrania y su pueblo”.
La policía amenazó con quitarle la patria potestad y examinó sus perfiles en redes sociales, donde encontró comentarios críticos de la guerra. Alexéi sacó a María de la escuela, esperando que los dejarían en paz. Pero meses después fue puesto en arresto domiciliario y luego sentenciado a dos años de prisión por “desacreditar a las fuerzas armadas rusas” por sus comentarios en redes sociales.
Intentó huir, pero fue atrapado en Bielorrusia y devuelto a Rusia. “Pasé por cinco prisiones”, comentó Alexéi, de 58 años. Dice que sufrió presión, abuso y celdas de castigo, pero lo más difícil fue la separación de su hija, a quien crió solo desde sus tres años.
Aislamiento
Rusia intensificó la represión de sus críticos tras invadir Ucrania en febrero de 2022. Pero la separación de Moskaliov de su hija como castigo por criticar la guerra causó impacto en el país. El Kremlin ha defendido el caso, y calificó a Moskaliov como un padre “”deplorable". Tras la detención de Alexéi en 2023, María fue llevada a un albergue donde estuvo un mes, separada del mundo exterior.
“Estaba completamente aislada”, recordó María, ahora de 16 años. “No sabía a quién preguntar sobre lo que estaba pasando”. Cuando Alexéi intentó huir del país, las autoridades le dijeron a María que “su padre la abandonó”. Eventualmente se fue a vivir con su madre, luego de que las autoridades la convencieron de recibirla. La separación fue dolorosa para Alexéi. Semanas después de su captura en Bielorrusia, recibió una carta de su abogado informando que María estaba a salvo.
Sin arrepentimiento
Recordó cómo otro preso intentó matarlo, un ataque que cree orquestado por las autoridades carcelarias. Su compañero de celda era un mercenario de Wagner que intentó convencerlo de combatir en la guerra. Cuando Alexéi se negó, intentó estrangularlo de noche. “Logré liberarme, pero sufrí heridas en la cabeza, había sangre, me golpeó la cabeza en la cama metálica”.
Las semanas que pasó en la celda de castigo fueron intolerables. “Para mí era una celda de tortura”, dijo. “Era horriblemente frío. Nos despertaban a las cinco y apagaban las luces a las nueve, y todo este tiempo tenía que estar de pie y moverme para no congelarme”, contó De noche tenía que cubrirse fuertemente para evitar mordeduras de ratas.
Alexéi pudo reencontrarse con su hija tras ser liberado de prisión en octubre de 2024, pero le quedó claro que la policía no lo iba a dejar en paz. Poco después, él y su hija partieron a Armenia. Querían ir a Alemania, pero ese país endureció sus reglas de asilo. Pasaron un año y medio esperando las visas alemanas, pero nunca llegaron. Al final, Francia los recibió.
Viven desde marzo en Estrasburgo, donde han buscado rehacer sus vidas. María intenta aprender francés para poder concluir la escuela. Dice querer entrar en la política. “Realmente espero que las cosas en Rusia mejoren”, comentó la adolescente. Ninguno de los dos lamenta haber hablado contra la guerra. “Mis convicciones valen más para mí que cualquier riqueza en el mundo”, declaró Alexéi.
Fuente: AFP.
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IPS confirma a Contraloría que quita de deuda a familia de Abdo ocurrió durante su gobierno
El informe remitido por el Instituto de Previsión Social (IPS) a la Contraloría General de la República confirma que la millonaria quita de la deuda a la empresa de la familia política de Mario Abdo Benítez se realizó durante su propio gobierno. De esta manera, se descarta la versión mediática del diario ABC Color, del Grupo Zuccolillo, que pretendía atribuir al mandatario Santiago Peña haber digitado dicho acuerdo.
El documento enviado por el IPS a la Contraloría describe paso a paso cómo se generó la demanda contra el Consorcio Hotelero Sudamericano y la forma en que la previsional recuperó la suma multimillonaria de G. 9.391 millones en 2024.
De acuerdo con el informe que ya está en poder de la Contraloría, fue en el 2018, durante la gestión de Mario Abdo Benítez, cuando se “arregló” y se firmó un acuerdo que recortaba la deuda de más de G. 10.000 millones a G. 5.557 millones, en beneficio del Consorcio Hotelero Sudamericano, propiedad de los familiares políticos de Abdo. Posteriormente, en 2024 y durante la Presidencia de Santiago Peña, al verificarse el incumplimiento del acuerdo de 2018, se ejecutó el cobro de G. 9.391 millones a favor del IPS, quedando pendiente el cobro de lo adeudado desde el 2018 en adelante.
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Empresa de la familia
El Consorcio Hotelero Sudamericano S.A. -vinculado a Jorge López Moreira y Colaso Bo, familia política de Mario Abdo Benítez- adeudaba desde el 2014 la suma de G. 5.557 millones al IPS. Esta deuda fue litigada por muchos años por la previsional, la cual logró ganar en todas las instancias judiciales el cobro del capital y los intereses. Para el 2017, el monto total ya superaba los G. 10.000 millones.
Al año siguiente, a pesar de haber ganado el juicio, la previsional aceptó un acuerdo extrajudicial para que la deuda se fijara en G. 5.557 millones. Esto generó una reducción del saldo de hasta G. 5.000 millones durante la era Abdo. Además, se permitió el pago fraccionado en 120 cuotas, con un interés del 1 % mensual (12 % anual) aplicable solo en caso de mora en las cuotas, resultando en un acuerdo sumamente favorable para la empresa.
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Otro dron sobrevoló una prisión
Sospechoso sobrevuelo de dron sobre penitenciaría movilizó a fuerzas de seguridad.
El sobrevuelo de un dron en las cercanías de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero movilizó el fin de semana a policías y militares. El sospechoso avistamiento del objeto se produjo alrededor de las 21:00 del sábado, lo que generó una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
El interventor de la penitenciaría, Cristian Ortiz, y el jefe de seguridad, Hugo González, comunicaron a la comisaría jurisdiccional que un dron estaba sobrevolando la zona cercana al establecimiento penitenciario. A raíz de la denuncia, los agentes consultaron a personal técnico de los departamentos de Antinarcóticos e Investigaciones a fin de corroborar si el aparato les pertenecía. Sin embargo, ambas unidades descartaron que el aparato observado les perteneciera.
Ante esa situación, los efectivos policiales, con el apoyo de personal militar, procedieron a realizar recorridas en el perímetro que rodea a la penitenciaría con el objetivo de localizar el aparato electrónico además de ubicar a la persona responsable de operarlo.
Pero, a pesar de los intensos controles ejercidos durante la noche por las fuerzas de seguridad, no se pudo identificar al propietario ni ubicar el dispositivo. No obstante, las autoridades siguen investigando para determinar quién o quiénes estarían detrás de esta situación, mientras se mantienen atentos ante cualquier novedad relacionada con el caso.