Un tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Rossana Maldonado, Juan Ortiz y Lourdes Garcete, decidió absolver de culpa y pena por duda razonable a la exjueza en lo civil, Tania Irún. La exmagistrada fue juzgada por el presunto delito de prevaricato tras entregar más de 310.000 hectáreas de tierra a empresas de maletín en Alto Paraguay.

De acuerdo con el colegiado, el Ministerio Público no logró probar qué motivación o interés habría llevado a la procesada a dictar la resolución cuestionada.

Tanto la querella como la Fiscalía adelantaron que analizarán los argumentos del tribunal de Sentencia para apelar el fallo judicial. En caso de ser así, un tribunal de Apelación definirá si corresponde que otro tribunal de Sentencia vuelva a juzgar a Irún.

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Los jueces de Sentencia Rossana Maldonado, Juan Ortiz y Lourdes Garcete desmeritaron los votos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, integrantes de la Sala Penal. Ambos ministros, en su calidad de miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), habían señalado que la entonces jueza Tania Irún violó la ley de seguridad fronteriza, motivo por el cual se había resuelto su destitución.

Con esta sentencia de absolución, los magistrados contradijeron el criterio de los dos ministros de la máxima instancia judicial.

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Este jueves, el Tribunal de Sentencia condenó a 2 años y 3 meses de prisión al suboficial que estuvo involucrado en el atraco a la bóveda de la Asociación de Trabajadores Cambistas (ATC) por el hecho punible de frustración de la persecución penal. La pena quedó compurgada tras cumplir prisión preventiva y arresto domiciliario, por lo que se dispuso su libertad.

El tribunal presidido por el magistrado Milciades Ovelar e integrado por las magistradas Cinthia Garcete y Jorgelina Melgarejo dictó sentencia contra el suboficial Fernando Llamas Ríos, de 29 años, quien fue condenado por el hecho punible de frustración de la persecución penal.

El magistrado indicó que la Fiscalía probó con certeza que el acusado cometió el delito de hurto agravado por omisión, basándose en el artículo 15 del Código Penal, porque como policía activo tenía la obligación constitucional y legal de evitar el crimen que se reportó en febrero del 2024 en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

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Además, existieron elementos suficientes para demostrar que Llamas tenía conocimiento del plan y de su ejecución, pero que decidió no actuar cuando tenía la posibilidad de hacerlo. Finalmente, el tribunal indicó que las pruebas no bastaban para afirmar que el acusado dominaba o conocía los detalles del plan delictivo y lo condenó a 2 años y tres meses de prisión.

Han pasado 2 años y cinco meses del aquel atraco, hoy, el condenado ya guardó prisión preventiva más arresto domiciliario y tiene compurgada su condena, por tanto se dispuso su libertad.

El millonario hurto que ocurrió el 4 de febrero de 2024 en Ciudad del Este, cuando una banda transnacional alquiló un local comercial para realizar la excavación de un túnel de más de 130 metros de longitud y llegar a la parte más vulnerable de la pared donde abrieron un boquete sin que nadie se percatara. Vaciaron los cofres de los cambistas, llevándose un millonario botín en diversas divisas.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra rechazó enfáticamente las acusaciones realizadas por el senador liberal Líder Amarilla sobre encabezar supuestamente una “turba” en la Municipalidad de Ypané. El legislador sostuvo que el senador Amarilla, antes de acusarlo debería primeramente explicar aquellos cuestionamientos que lo vinculan a procesos judiciales sobre narcotráfico.

A través de sus redes sociales, el diputado Gamarra respondió al legislador de la Cámara Alta, aclarando que su presencia en la sede municipal de Ypané, fue en respuesta al llamado de los ciudadanos ypanenses indignados porque las autoridades de este municipio, que son afiliados al Partido Liberal Radical Auténtico, habrían consumando ese día una de las mayores violaciones a la Carta Orgánica Municipal.

Teniendo en cuenta que ese día los miembros de la Junta Municipal, sobre todo de la bancada liberal, pretendieron en una sesión sin quórum designar directamente a una intendenta interina que no era ni presidenta, ni vicepresidenta de la Junta Municipal, únicos cargos que pueden asumir el interinato de la Intendencia conforme al procedimiento legal.

“Senador Líder Amarilla, antes de salir a mentir sobre mi persona, debería preocuparse por dar explicaciones sobre por qué su nombre fue mencionado públicamente en un juicio por narcotráfico y por sus vínculos con personas involucradas en esa causa. Eso es lo que la ciudadanía merece que aclare", expresó en su carta abierta publicado en redes.

El diputado colorado se refirió al caso judicial en el que ha sido vinculado el senador Líder Amarilla, salpicado por el caso scanner, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, tras ubicar a un funcionario en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) para supuestamente traficar sustancias ilícitas.

Ya en pleno juicio, el acusado Luis Servián declaró que se reunió con el senador liberal Líder Amarilla y dos agentes de la Senad. Según su testimonio, el encuentro se habría realizado en el Congreso y el objetivo era hacer un “pedido político” para que dos agentes no fueran removidos de la Aduana. En la misma causa también se investiga un esquema para facilitar el paso de personas o cargas en el aeropuerto, presuntamente con ayuda de funcionarios de seguridad.

Al respecto, el diputado Gamarra, sostuvo que si el senador Amarilla pertenecía a la bancada colorada, muy probablemente hace tiempo ya habría sido sometido al escrutinio público por los antecedentes del caso. “Pero como goza de una conveniente impunidad mediática y la vista al cielo de sus colegas, sigue opinado por sus medio aliados y fungiendo de fiscal de la moral ajena, mientras otros prefieren no hacerle las preguntas incómodas”, sostuvo.

Respecto a lo que Amarrilla señaló hacia su persona, Gamarra indicó que le responde con hechos, asegurando que es absolutamente falso que haya encabezado una “turba de patoteros” para atacar la Municipalidad de Ypané. “Acudí al llamado de ciudadanos indignados el mismo día en que sus correligionarios liberales consumaron una de las mayores violaciones a la Carta Orgánica Municipal”, remarcó.

Al respecto, Gamarra explicó el mecanismo de elección del intendente interino, mencionando que cuando el intendente renuncia, la Presidencia de la Junta asume de manera interina. Si el presidente no puede ejercer, lo hace el vicepresidente. Si ninguno de los dos está en funciones, el concejal que corresponda por el orden de prelación no asume la Intendencia.

Señaló que únicamente puede presidir de manera momentánea la sesión para convocar y dirigir la elección de una nueva mesa directiva. Recién una vez electo un nuevo presidente de la Junta, ese presidente puede asumir legalmente la Intendencia en forma interina para culminar el mandato, en este caso.

“Eso fue exactamente lo que ustedes quisieron saltear. Inventaron un mecanismo que la ley no contempla para colocar a dedo a una intendenta interina (MAU), en una sesión sin quórum y violando abiertamente la Carta Orgánica Municipal. Semanas después intentaron sostener ese atropello con otra elección fraudulenta (devuelta sin quorum)”, indicó.

Recordó que en esa sesión que se llevó a cabo esta semana, recurrieron a la violencia premeditada, con grupos organizados que actuaron en respaldo del clan Ortiz, secuestrando, coaccionando y agrediendo autoridades, pretendiendo hacer pasar esa situación como actuación voluntaria.

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El conflicto en la Municipalidad de Ypané, lejos de encaminarse hacia una solución, se intensifica cada vez más. Desde este lunes, la comuna del departamento Central cuenta con dos intendentes que fueron proclamados por distintos sectores de la Junta Municipal: un concejal colorado y una concejal liberal, profundizando la disputa por el control de la administración comunal.

La controversia surge tras decisiones adoptadas en sesiones separadas y cuestionamientos sobre la legalidad de los procedimientos, lo que mantiene abierta la crisis institucional y anticipa que el caso deberá ser resuelto por las instancias competentes.

Es decir, ahora queda a cargo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) definir cuál de los dos jefes comunales sería el que corresponde culminar el mandato de este periodo.

Esta nueva coyuntura, se dio en medio de una fuerte trifulca donde una turba liderada por el exintendente liberal Horacio Ortiz, hermano del presidente de la Junta y candidato a intendente por el PLRA, Jacobo Ortiz, arengó para que ningún concejal colorado abandone la sala de sesiones, dejándolos encerrados, o como lo calificó el líder de la bancada colorada concejal Eduardo Domínguez, “secuestrados” dentro de la sala sesiones donde la bancada Liberal continuó con la sesión ordinaria aprobando todas las actas de las sesiones pasadas.

En conversación con La Nación/Nación Media, mencionó que la sesión ordinaria se lleva a cabo cada lunes a las 11:00, y si bien, señaló que inició con normalidad, aprobando la primera acta de la sesión pasada. al pasar a la segundo punto comenzaron las discusiones que rápidamente fueron subiendo de tono.

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Explicó que la bancada liberal quiso ratificar su designación de la concejal liberal Mirtha Oviedo, lo que rechazó la bancada colorada y resolvió retirarse de la sala de sesiones para dejar sin quórum la sesión.

“Estamos con dos intendentes, nosotros elegimos la semana pasada a nuestro colega Inocencio Amado Cáceres. Mientras que ellos volvieron a elegir hoy a una intendente a la concejal liberal Mirtha Oviedo, pese a la nulidad que dispuso el TSJE a la resolución del pasado 3 de julio. No sé cómo quedó la votación, nosotros no votamos, ellos estaban ahí entre seis, pero necesitaban de 7 votos, y no sé cómo hicieron, no entiendo. O sea, que nosotros estábamos dentro secuestrados pero ninguno de nosotros votó”, explicó.

Domínguez indicó que no pudieron salir de la sala, porque la puerta de blindex fue bloqueada por una turba de adherentes al clan Ortiz. “Nosotros intentamos levantarnos y salir de la sala, pero nos atropella una turba totalmente descontrolada, como 200 personas, en la puerta de blindex, que no nos permiten salir. Fuimos coaccionados, secuestrados, a la fuerza nos mantuvieron dentro de la sala de sesiones; en nuestra casa, prácticamente fue un atropelló a domicilio”, denunció.

El edil colorado confirmó que ya están trabajando con sus asesores legales para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, contra personas nominadas y bien identificadas por este atropello que sufrieron. Además, mencionó que en un momento incluso el atropello llegó a los golpes, donde dos concejales colorados Rubén Cabral y Alberto Alonso tuvieron que ser trasladados de urgencias debido a que sufrieron graves contusiones y traumatismo de cráneo.

El concejal Domínguez mencionó que la denuncia formal ante el Ministerio Público, se presentará de forma nominal ya que están bien identificados como agresores el exintendente y candidato a concejal Horacio Ortiez, algunos concejales y algunos funcionarios municipales que fueron partícipes de este atropello.

“Nuevamente será la Justicia Electoral que determinar cuál de las dos designaciones a intendente que culminará este mandato, es válida. A partir del 3 de julio pasado donde salió la resolución de la Justicia Electoral que no fue válida esa sesión, y todo lo que vienen haciendo hasta ahora. Para mí particularmente son inválidas todas las acciones que hicieron. Pero ahora tenemos que esperar la intervención nuevamente de la Justicia Electoral y vamos a recurrir nuevamente a esta instancia”, concluyó.

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