El Tribunal de Apelación de la Primera Sala de Alto Paraná confirmó al juez penal de garantías Amílcar Marecos para continuar la causa que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y a otras 11 personas, investigadas por presuntos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Este hecho habría ocasionado un perjuicio a las arcas del municipio de la capital de Alto Paraná de G. 311.580.000.

Con esta decisión del Tribunal de Apelación, el proceso judicial, conocido también como el caso de las ollas populares se reactiva y se deberá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar, instancia en la que se definirá si la causa pasa o no a juicio oral y público.

El incidente presentado por la defensa menciona que “el juez Marecos habría actuado fuera de sus atribuciones al disponer de oficio medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento a la Municipalidad de Ciudad del Este, sin un pedido previo del Ministerio Público”. Esta misma resolución ya había sido posteriormente revocada por un Tribunal de Apelación.

Mientras tanto los integrantes de este tribunal concluyeron que los argumentos no eran suficientes para apartar al magistrado del caso. La resolución fue firmada por la camarista Marta Acosta, con la adhesión de sus colegas Raúl Insaurralde y Nilda Cáceres, los mismos consideraron que las decisiones cuestionadas se enmarcan dentro de las facultades jurisdiccionales y no evidencian parcialidad.

Según la Fiscalía, existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este. De acuerdo con las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a voluntarios de ollas populares” y “Apoyo a voluntarios organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ordenó la apertura de una investigación penal a los efectos de indagar al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez; al exgerente de abastecimiento y logística, Jaime Caballero, y a otros implicados por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y malversación de fondos.

Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta y Silvia González, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón, serán los encargados de investigar a los denunciados.

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Dos profesionales del derecho presentaron la denuncia penal contra el extitular del IPS, Jorge Brítez Acosta, así como contra exdirectivos y miembros del Consejo de Administración por supuestas irregularidades en licitaciones que habrían generado un perjuicio de más de G. 391.574 millones.

La denuncia señala presuntas sobrefacturaciones, falta de estudios técnicos, ausencia de controles y contratos supuestamente duplicados en servicios de higienización, fumigación, desinfección y sistemas de gestión. Entre los señalados figuran:

• Jaime Caballero
• Alicia Olazar

y los miembros del Consejo de Administración:

• Gustavo Alberto González Maffiodo
• Carlos Alberto Pereira Olmedo
• José Emilio Argaña Contreras
• Víctor Eduardo Insfrán Dietrich
• y José Jara Rojas.

La denuncia también alcanza a la directora de Auditoría Interna, Alicia Celeste Olazar Maciel.

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La máxima instancia judicial decidirá si Rafael Filizzola será blanqueado en el caso de lesión de confianza donde habría perjuicio de G. 1.200 millones.

La doble moral como estrategia política resulta el ejercicio de un total cinismo en la actua­ción del senador Rafael Fili­zzola debido a que el mismo se erige como el juez moral de nuestra República; sin embargo, el citado parla­mentario se olvida de que él mismo aún tiene cuenta pen­diente con la Justicia por un proceso penal por supuestos hechos de corrupción come­tidos cuando se desempeñaba como ministro del Interior entre 2008 y 2011.

En mayo de 2025, Filizzola fue beneficiado por la Jus­ticia con la prescripción del proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.

Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público, que busca continuar con el proceso penal y presen­tar las pruebas en un juicio oral contra Filizzola. Hasta el momento, no se ha podidoresolver la apelación de la Fiscalía debido a que Filiz­zola recusó a dos camaristas. Ante dicha situación, el inte­grante del tribunal de alzada, José Agustín Fernández, decidió apartarse del caso. Debido a ello, el expediente pasó a manos de la cama­rista Adriana Giagni, quien no estuvo de acuerdo con la inhibición de su colega Fer­nández y decidió impugnar su separación ante la Corte.

A raíz de esto, el expediente se encuentra en la Sala Penal de la Corte integrada por Carolina Llanes, Manuel Ramírez Can­dia y Víctor Ríos (dos liberales) desde setiembre de 2025, a los efectos de resolver quién inte­grará la cámara de apelación que estudiará si corresponde que Filizzola siga procesado o si se le vuelve a beneficiar con un blanqueamiento. Actual­mente, solo el camarista Pau­blino Escobar conforma el tri­bunal de apelación.

En mayo de 2025, el juezpenal de Garantías Yoan Paúl López resolvió hacer lugar al incidente de prescripción y benefició con el sobresei­miento definitivo al exminis­tro del Interior y actual sena­dor Rafael Filizzola, quien estaba acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “todo verde”, donde se registró un perjuicio patri­monial de G. 1.200 millones.

Con la resolución judicial dic­tada en primera instancia, Filizzola logró la impunidad tras presentar diversas chica­nas durante más de 10 años, evitando así ser juzgado por un tribunal de sentencia.

La acusación del Ministe­rio Público refiere que el 15 de octubre de 2010, el enton­ces ministro del Interior, Rafael Filizzola, aprobó la licitación para la construc­ción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de la época. El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alre­dedor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incum­plimiento. Las obras nunca fueron terminadas. En esta misma causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condi­cional del procedimiento.

Blanqueado en el caso heli­cópteros Por otra parte, la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobre­seimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópte­ros para la Policía Nacional, un caso que generó un per­juicio estimado de G. 50.000 millones.

Tras más de un año de la acusación y dos años de la imputación, sigue trabada la causa penal por las filtraciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que involucra a exaltos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez. El motivo es una serie de recusaciones y recursos planteados por la defensa de exautoridades abdistas.

Aunque el Ministerio Público presentó acusación formal el 11 de marzo de 2025 y solicitó elevar la causa a juicio oral, hasta el momento ni siquiera pudo realizarse la audiencia preliminar.

La Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), encabezada por el ingeniero Raúl Constantino, mantuvieron un encuentro con el Camilo Pérez, intendentable de Asunción por Honor Colorado, con la finalidad de interiorizarse sobre sus propuestas electorales y plantear los requerimientos del sector.

“Nosotros somos los primeros interesados, más allá de la ciudadanía en general, que el trabajo que haga el futuro intendente sea para mejorar el caos que hoy vive la ciudad de Asunción y, en esa línea, para nosotros es importante escuchar las propuestas de los candidatos”, indicó Constantino, este miércoles, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Desde las primeras horas de la fría mañana de este miércoles se desarrolla la feria “Che sýpe guarã 2.0”, en la Costanera de la capital, con gran afluencia de compradores. Ante el éxito de este tipo de exposiciones, con disponibilidad de carne vacuna, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, anunció que la actividad se trasladará a los departamentos del interior.

El secretario de Estado adelantó que la primera edición en el interior del país se desarrollará en la ciudad de Concepción, con fecha a confirmar, según dijo a Paraguay TV. Adelantó que la realización del evento se está coordinando con las autoridades locales. Indicó que hay otra iniciativa que consiste llevar la “carnicería a tu barrio”, por lo que se está trabajando en la logística para ubicar los camiones con los productos cárnicos.

El presidente de la República, Santiago Peña, inauguró este miércoles el primer Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) del Chaco, en la ciudad de Villa Hayes, en el departamento de Presidente Hayes, un proyecto impulsado por la Oficina de la Primera Dama y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna). Este es el primer centro de los ocho que serán construidos en suelo chaqueño, y el tercero ya ejecutado a nivel país.

“En estos cinco años tenemos que encargarnos de sembrar muchas semillas, esta es una de las semillas que estamos sembrando”, fueron las expresiones del mandatario durante este evento. Peña sostuvo que la atención a la primera infancia se transformó en una política pública de su gobierno, una acción que quedará para el país y principalmente para las familias paraguayas.

“Dejan de lado todo lo que es mi carrera, me parece injusto que no se mire mi trayectoria” indicó el agente fiscal Aldo Cantero, al defender su inclusión en la terna para juez penal de primera instancia de Asunción, elaborada por el Consejo de la Magistratura (CM).

“La gente y los medios de comunicación que me atacan se olvidaron que tuve muchas causas de altísimo nivel y popularidad referente a cuestiones políticas. Yo con 30 años formé parte de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, empecé muy joven como fiscal y tengo 14 años de gestión probada y aprobada por todos los entes de control”, sostuvo al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) tendrá una nueva reunión este miércoles, fijada para las 15:00. Los trabajadores se mantienen firmes y aseguran que tienen justificado el pedido de aumento de 20 %. En el encuentro pasado estuvo ausente el representante de los empleadores.

Al respecto, José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores – Auténtica (CUT-A), conversó con GEN y Universo 970/Nación Media y valoró la apertura del Ministerio de Trabajo para analizar con tiempo y poder debatir con tiempo sobre la cuestión salarial. “Esta vez el Ministerio de Trabajo, a través de la ministra Mónica Recalde, ha abierto la posibilidad de una conversación más temprana que anteriormente y el inicio de las conversaciones representa una oportunidad para presentar nuestra posición y tener tiempo suficiente para argumentar técnica y económicamente nuestro pedido de reajuste salarial muy por encima de lo que establece el IPC del Banco Central”, dijo.

La audiencia de revisión de medidas del exsenador Erico Galeano fue suspendida este miércoles tras una presentación realizada por la defensa del exlegislador. Los abogados interpusieron un recurso de reposición contra la convocatoria y también promovieron un habeas corpus preventivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El exsenador fue condenado a 13 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal en la causa A Ultranza Py.