El Instituto de Previsión Social (IPS) informó a través de un comunicado que logró modificar las condiciones del fideicomiso que mantiene con Banco Atlas y redujo de G. 160.000 millones a G. 80.000 millones el monto que puede permanecer en la cuenta fiduciaria. Según la Previsional, esto permitirá disponer de hasta G. 80.000 millones adicionales para atender las necesidades del Fondo de Enfermedad y Maternidad.

El comunicado se divulgó a través de sus redes sociales en el que explican que esta tercera adenda al contrato de fideicomiso con el Banco Atlas representa un logro y avance importante para el IPS en términos financieros y de liquidez, al permitir una gestión más eficiente de los recursos disponibles para responder a las necesidades de sus asegurados.

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Recuerda que el fideicomiso fue constituido como un mecanismo de financiamiento de largo plazo para obras de infraestructura del Fondo de Enfermedad y Maternidad. A través de esta estructura se realizaron emisiones de títulos que permitieron obtener los recursos necesarios para financiar dichas inversiones. Como fuente de repago de los títulos emitidos, se estableció un mecanismo sustentado en las recaudaciones del propio Fondo de Enfermedad y Maternidad.

“Luego de casi nueve años desde la primera emisión, las obligaciones asumidas fueron cumplidas oportunamente y una parte importante de la deuda ya fue pagada. Esta evolución favorable permitió al IPS revisar las condiciones establecidas originalmente y plantear una adecuación que responda mejor a las necesidades actuales del Fondo de Enfermedad y Maternidad”, menciona parte del comunicado.

Agrega que como parte del funcionamiento del fideicomiso, las recaudaciones del Fondo de Enfermedad y Maternidad son transferidas a una cuenta administrada por Banco Atlas. De esos recursos se reserva lo necesario para cumplir con los pagos de capital e intereses de los títulos y el remanente vuelve al IPS. Hasta ahora, el contrato permitía mantener en esa cuenta hasta G. 160.000 millones.

“Como resultado de la revisión de estas condiciones y de las gestiones realizadas con Banco Atlas, la Tercera Adenda reduce de G. 160.000 millones a G. 80.000 millones el monto máximo que puede permanecer temporalmente en la cuenta fiduciaria. Este cambio no modifica las obligaciones financieras asumidas por el IPS ni el mecanismo previsto para garantizar el pago de capital e intereses, que continúan plenamente vigentes”, precisa.

Menciona que, esta modificación permitirá que el IPS pueda disponer de hasta G. 80.000 millones adicionales para el Fondo de Enfermedad y Maternidad. “Esto significa mayor liquidez y más recursos disponibles para atender las necesidades del Fondo, mejorar la planificación financiera y fortalecer la capacidad del Instituto para responder oportunamente a las demandas de sus asegurados”, resalta la previsional.

Remarca que esta tercera adenda es el resultado de una revisión responsable de las condiciones financieras del fideicomiso y de las gestiones impulsadas por la actual Administración para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos institucionales.

“Contar con una mayor disponibilidad financiera fortalece la capacidad del IPS para sostener los servicios y prestaciones del Fondo de Enfermedad y Maternidad y responder a las necesidades de sus asegurados, sin dejar de cumplir los compromisos financieros asumidos”, menciona el documento.

Finalmente señalan que con esta modificación, el IPS mantiene la seguridad de la operación financiera y, al mismo tiempo, obtiene una mayor capacidad para utilizar sus recursos en beneficio de quienes sostienen y utilizan el sistema.

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El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.

Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.

Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.

La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.

“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.

En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.

“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.

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Un informe elaborado por el Observatorio del Ministerio Público reveló que el hurto y la violencia familiar encabezan la lista de los hechos punibles con mayor involucramiento de jóvenes en Paraguay. El análisis estadístico, que abarca 12 tipificaciones delictivas registradas entre los años 2021 y 2025, contabilizó un total de 725.501 causas ingresadas al sistema penal, exponiendo una problemática social que afecta de manera predominante a la población masculina de entre 18 y 30 años.

Entre los delitos contra la propiedad, el hurto fue el de mayor incidencia general con 314.777 denuncias, de las cuales el 60 % tuvo como sospechosos a jóvenes de la franja etaria estudiada y un 91 % de varones. En una línea similar, el robo sumó 89.170 causas y alcanzó el pico más alto de participación juvenil, donde el 67 % de los investigados pertenecía a este rango de edad y el 93 % eran hombres, abarcando modalidades como el robo agravado y con resultado de muerte.

Por su parte, los hechos punibles que atentan contra la integridad física y la convivencia también mostraron cifras preocupantes de crecimiento. La violencia familiar acumuló 172.722 denuncias en el quinquenio, con un 40 % de sospechosos de entre 18 y 30 años, mientras que las denuncias por exposición al peligro en el tránsito terrestre alcanzaron 47.304 causas, lideradas en un 47 % por conductores jóvenes. Asimismo, las causas por lesiones llegaron a 45.926 carpetas fiscales con una prevalencia juvenil del 40 %.

En materia de narcotráfico y delitos de gravedad institucional, la Ley N.º 1340/88 registró 13.991 investigaciones iniciadas, en las cuales los jóvenes representaron el 61 % del total de imputados. En cuanto a los crímenes de mayor impacto contra la vida y la libertad individual, la franja de 18 a 30 años concentró el 52 % de los indagados por lesión grave, el 40 % en casos de coacción sexual y el mayor porcentaje de las 6.565 denuncias por homicidio doloso registradas en el país.

El relevamiento expuso además situaciones de alta vulnerabilidad en el ámbito de la niñez y la protección del menor. De las 17.305 denuncias por abuso sexual infantil, el 30 % de los investigados pertenecía al rango juvenil, aunque el informe enfatizó con preocupación que un 14 % correspondía a adolescentes de 14 a 17 años. En contrapartida, las 7.680 denuncias por maltrato de niños bajo tutela mostraron una dinámica distinta, siendo las mujeres jóvenes el 75 % de las personas señaladas como responsables.

Desde la institución judicial remarcaron que el ingreso temprano al fuero penal genera secuelas inmediatas en la responsabilidad legal del ciudadano y fractura sus proyectos de desarrollo personal. Los antecedentes penales obstaculizan el acceso a la educación formal, la inserción en el mercado laboral y la estabilidad sociofamiliar, por lo que las autoridades instan a abordar esta realidad desde una perspectiva integral que combine prevención, educación y oportunidades reales para la juventud.

Realizar propaganda electoral fuera del plazo es un delito electoral, explicaron desde la Fiscalía.

Desde el Ministerio Público indicaron que es obligación de los intendentes eliminar las propagandas electorales con miras a las elecciones municipales generales del 4 de octubre. A la vez, la institu­ción desplegará un operativo de cobertura nacional para la fecha con el fin de brindar una respuesta oportuna ante posibles hechos punibles y garantizar el normal desa­rrollo de la jornada electoral.

“Este es un deber, ellos deben actuar correctamente. Rea­lizar propaganda electoral fuera del plazo es un delito electoral. Las municipalidades son las encargadas de mantener la limpieza y el orden de cada ciudad, deben tener una ordenanza de reglamentación”, manifestó la agente fiscal de Delitos Electorales de Asunción San­dra Ledesma, a la 1020 AM.

Señaló que el plazo límite para la realización de la pro­paganda electoral es el 1 de octubre. “Nosotros hasta ya hemos realizado muchas veces ese trabajo para tra­tar que no se induzca en el voto al ciudadano, pero esto no es trabajo del Ministerio Público”, refirió.

Con relación al Centro de Monitoreo de Informacio­nes y Denuncias, el mismo será instalado en la sede cen­tral de la Fiscalía localizada en Chile esquina Ygatimí de la ciudad de Asunción, que permitirá centralizar infor­mación y recibir denuncias relacionadas con posibles delitos electorales y otros hechos punibles que pudie­ran registrarse durante los comicios.