Con un trabajo conjunto entre la Dirección de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y el Ministerio Público, se logró culminar la operación antidrogas denominada CUT, en el marco de la cual se anularon centros de producción del narcotráfico identificados como parte de los recursos logísticos de organizaciones criminales del departamento de Concepción.

El operativo incluyó tareas de reconocimiento e incursión en áreas boscosas de la Colonia Ka’aguy Poty Rory, departamento de Concepción. Las actividades fueron desarrolladas por patrullas de ambas fuerzas, con el objetivo de detectar, erradicar y destruir cultivos ilícitos de marihuana.

Dentro del perímetro donde se realizaron las incursiones fueron eliminadas 42 hectáreas de cultivos de marihuana y se desmantelaron 11 narcocampamentos; en torno a estas precarias estructuras estaban almacenados 2.700 kilos de la droga lista para su distribución y posterior venta.

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Durante la ejecución de la operación se pudo eliminar un total de 128 toneladas de marihuana, que representaría a su vez un daño financiero de 3.8 millones de dólares para las diversas estructuras criminales que operan en la zona.

El objetivo principal con este tipo de operaciones, donde se cuenta con una colaboración interinstitucional, es lograr el mayor impacto posible a las estructuras criminales abarcando la mayor cantidad de zonas de producción, en especial, teniendo en cuenta que muchos de los espacios utilizados para los cultivos ilícitos son de difícil acceso.

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Tras una investigación, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lograron la detención de un ciudadano boliviano y una paraguaya, quienes formaban parte de un esquema criminal dedicado al envío de encomiendas con droga que tenían como destino final diferentes puntos de Europa.

El operativo se inició cuando el personal apostado en el local de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Mariscal Estigarribia, con apoyo del can detector de drogas “Sora”, interceptó una encomienda compuesta por 79 figuras religiosas y decorativas de cerámica.

Durante la inspección de rutina los intervinientes detectaron que las piezas contenían una sustancia tipo pasta negra en su interior, que posteriormente fue identificada como cocaína. En total, el cargamento de droga alcanzó los 3 kilos con 110 gramos.

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El ciudadano boliviano detenido fue identificado como Raimundo Núñez Núñez, responsable del envío, quien en el momento de la captura se encontraba a bordo de un ómnibus de larga distancia proveniente de Bolivia con destino a la ciudad de Asunción.

Así también, tras cotejar diversas informaciones, el personal de la Senad destacado en la Estación de Buses de Asunción logró la detención de María Antonia Amarilla Rolón, ciudadana paraguaya, quien fue aprehendida en plena vía pública en Villa Elisa. La mujer, aparentemente, sería la encargada de retirar la encomienda.

Según informaron los intervinientes, la investigación arrojó que el ciudadano boliviano pretendía llegar a Asunción con el objetivo de coordinar la logística para un nuevo envío, esta vez vía aérea hacia Europa. Las evidencias recabadas indican que el esquema desarticulado ya habría concretado envíos anteriores mediante el mismo modus operandi.

“Es común en esta zona del país, debido justamente a lo limítrofe que somos con Bolivia. Esta cantidad de droga tranquilamente puede estar destinada al microtráfico acá en Asunción o el área Central, pero en este caso el objetivo era enviarlo a Europa, un lugar donde esta droga tiene un valor mínimo por kilo de 45.000 dólares”, indicó el ministro de la Senad, Jalil Rachid.

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El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, habló sobre la inversión que está realizando el Gobierno en materia de seguridad, en este sentido, el secretario de Estado manifestó que para esta institución, es clave la adquisición de equipos tecnológicos de modo a poder cumplir con sus funciones con mayor eficiencia.

“Para nosotros es necesario y primordial que contemos con esos equipos de tecnología por el simple hecho de que cuando nosotros asumimos en la Senad, nos dejaron un presupuesto cero en tecnología, entonces es un poco complicado, pero aun así estamos sacando resultados extraordinarios. Lo que quiero es que la Senad tenga esos equipos para mejorar aún más esos resultados, es indispensable para nosotros, para nuestras investigaciones y para trabajos de inteligencia”, explicó a la 650 AM.

Asimismo, recalcó que hubo una mala intención de parte de actores políticos en afirmar que estos equipos iban a estar dedicados al espionaje. Rachid dejó en claro que estos equipos que van a ser adquiridos pasarán por todos los procesos legales establecidos para las compras públicas y pasarán a formar parte del patrimonio del Estado para su lucha contra el narcotráfico.

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“Hay una mala intención al informar que son equipos de espionaje porque no lo son, son equipos de tecnología que nos van a ayudar a nosotros en el día a día, nos va a facilitar las cosas en muchísimos aspectos, entonces es algo necesario porque lo que queremos es seguir mejorando permanentemente”, expresó.

El ministro indicó que la Senad ya ha avanzado en la compra de otros equipamientos tecnológicos, como un drone táctico que tiene una capacidad de vuelo de hasta 180 minutos, dispositivo sumamente útil para sus procedimientos. Rachid enfatizó la necesidad de una inversión importante en tecnología, puesto que las estructuras criminales manejan grandes caudales de dinero y las instituciones de seguridad necesitan actualizarse de forma permanente.

En esta línea, celebró la reciente inversión del Gobierno en la Policía Nacional, puesto que es una institución con la que realizan operativos en conjunto de forma permanente. “Todo aquello que represente una inversión, más todavía en cuestiones de seguridad para nosotros es importante, tenemos bien clara la película de lo que el presidente quiere ni bien asumimos, nos dijo que trabajemos todos en equipo y estamos demostrando eso”, afirmó.

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El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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