En apoyo a las investigaciones sobre intento de soborno a un personal militar con la intención de introducir un teléfono celular al lugar de reclusión de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, una comitiva encabezada por los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera, Luis Said, y agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) procedieron a la detención de Miguel Ángel Mendieta Fernández, paraguayo, de 39 años, de profesión abogado.
El hombre, quien ejercía la defensa legal de Insfrán, fue detenido en plena vía pública en zona de Sajonia. También fueron intervenidas su vivienda particular y un estudio jurídico. Por disposición fiscal fue remitido a la Base de Operaciones de la Senad.
La detención del referido profesional del derecho surge luego de las declaraciones que se registraron en el marco de la imputación que enfrenta el coronel Luis María Belotto, imputado por soborno agravado al igual que su esposa Alba Lidia Ale de Belotto.
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El abogado Mendieta estuvo acompañando a su defendido, desde la extradición de Miguel Ángel Insfrán de Brasil a nuestro país. Inclusive el mismo acompañó a los agentes de la Interpol que trasladó a Insfrán a nuestro país. También asistió al procesado durante la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Actualmente, Tío Rico está recluido en la cárcel militar de Viñas Cué donde fue trasladado desde la Senad y días atrás su defensa pretendió que sea trasladado al penal de Tacumbú o la cárcel regional de Coronel Oviedo.
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Caso Boidanich: “El juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias”, dice abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se refirió a la decisión del Tribunal de Sentencia de absolver por unanimidad a su cliente, emitida ayer jueves, en el marco del proceso judicial que enfrentaba por supuesta frustración de la persecución penal que habría favorecido al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
“Ayer jueves, el Tribunal de Sentencia dictó oralmente su decisión y tiene permitido al final del juicio como una de las opciones indicar el sentido de la decisión y hacer una explicación oral, general de los argumentos. En el plazo de 5 días, el tribunal debe expedir por escrito la sentencia y, a partir de ahí, el Ministerio Público si lo estima pertinente puede plantear una apelación especial”, indicó el abogado, este viernes, al programa ”Así son las cosas" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera acotó: “Aún estamos pendientes en ese aspecto, todavía no estamos ante una decisión firme. Viendo el general de los casos, son muy pocos los ejemplos en los cuales la Fiscalía deja de recurrir a las sentencias de primera estancias, si esas no acompañan el sentido de las presentaciones que realizaron, así que lo más probable es que ocurra una apelación".
El Ministerio Público acusó inicialmente por lavado de activos y frustración de la persecución penal a Boidanich, pero, luego de la audiencia preliminar, el objeto de la discusión quedó reducido únicamente a la supuesta frustración de la persecución penal. En su decisión, los magistrados señalaron que las pruebas no demostraron conducta ilícita del extitular de la Seprelad.
“Acá lo relevante es que el juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias que ocurrieron porque lo que se presentó al público como un supuesto comportamiento ilícito de la Seprelad era un análisis que estaba lleno de subjetividades. Para eso también sirve el juicio oral porque uno escucha a las personas propuestas como testigos, verificar las documentaciones y los hechos que se acreditan, cruzar las informaciones entre hechos y llegar a conclusiones bien concretas y fundadas, esto es un desgaste para la persona que enfrenta el juicio, pero bueno son las reglas del juego”, refirió.
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Lovera detalló que el proceso de investigación fiscal contra Boidanich inició en diciembre del 2018, pero fue recién convocado para una declaración indagatoria el 30 de marzo del 2023. “La Fiscalía, luego de 5 años de los hechos y 4 de investigación, entendió que había una sospecha y luego de unos meses se produjo la imputación. Este fue un proceso realmente extenso, no por el comportamiento del imputado ni de su defensa, sino por estos tiempos que se tomó el Ministerio Público”, comentó.
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La Fiscalía quedó desprovista de elementos para sentenciar a Boidanich, dice abogado
La defensa legal del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, ejercida por el abogado Claudio Lovera, realizará este jueves la presentación de sus alegatos finales en el marco de la causa judicial que enfrenta el economista por supuesta frustración de la persecución penal para favorecer al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
Se aguarda a la vez que en la fecha se de a conocer si Boidanich será sentenciado o no. “La semana pasada presentó sus alegatos finales la Fiscalía como órgano acusador y el día de hoy toca presentar los alegatos de la defensa. Una vez que suceda esto, la Fiscalía tiene el derecho, si lo estima pertinente, de hacer lo que se denomina una réplica, es decir si entiende que luego de los alegatos de la defensa hay algunos puntos de sus alegatos finales de acusación que no quedaron claros, tienen derecho de hacer alguna mención adicional”, explicó Lovera, este jueves, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera acotó: “Si lo hace, la defensa también tiene el derecho sobre lo que se denomina dúplica, para contestar esos puntos. Pasados esos momentos, el tribunal de sentencia está obligado a dictar sentencia, eventualmente si esos momentos se dan hoy, la sentencia se tendrá”.
El Ministerio Público acusó inicialmente por lavado de activos y frustración de la persecución penal a Boidanic, pero, luego de la audiencia preliminar, el objeto de la discusión quedó reducido únicamente a la supuesta frustración de la persecución penal.
“Esto implica una conducta que alguien realiza para evitar que otra persona sea condenada o sometida a una medida. La Fiscalía sostiene que desde la Seprelad y, en particular, Boidanich, en el ejercicio de sus funciones, cometió una omisión al no enviar en un determinado periodo de tiempo un informe de inteligencia, pero algo interesante es que la Fiscalía reconoce que todas las medidas cautelares respecto a bienes de Messer se aplicó de manera oportuna y se aplicó el comiso sobre el 100 % de sus bienes“, refirió.
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Pruebas producidas en juicio
Lovera también argumentó que el informe de inteligencia financiera con relación a Messer se entregó oportunamente al Ministerio Público y que el trabajo previo realizado por la Seprelad permitió al órgano extrapoder ganar bastante tiempo en su investigación.
“En lo que implica el caso en sí, la Fiscalía quedó desprovista de elementos, porque se mantiene solo en mencionar en términos generales lo que ya sostuvo en la acusación y cuando uno alega debe hacerlo sobre la base en pruebas producidas en juicio. Básicamente, mantiene su postura en términos de lo que fue la acusación escrita a la espera de lo que puede decidir el tribunal, pero la percepción cambió respecto a los hechos, porque es distinto escribir una acusación a escuchar a un testigo en juicio o producir un documento", comentó Lovera.
Agregó que, a lo largo del juicio oral y público, declararon 12 funcionarios de diferentes áreas de la Seprelad, y quedó acreditado que Boidanich no dio ninguna indicación o instrucción para que no se realizaran los trámites del borrador del informe, el cual se procesó conforme a lo previsto.
La defensa señaló que durante gran parte de enero, febrero, todo marzo y hasta el 14 de abril de 2018, Boidanich no estaba ejerciendo la función de secretario ejecutivo debido a vacaciones y a una internación por una operación médica muy seria. Tras recibir el alta, el sábado 14 de abril, se reincorporó el lunes 16 de abril de 2018, siendo uno de sus primeros actos la firma y el envío del informe al Ministerio Público. La fiscalía no cuestiona la gestión de quienes quedaron como encargados de despacho en el transcurso de periodo.
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Tras persecución, capturan a un hombre con frondosos antecedentes penales en Caaguazú
La Policía Nacional de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, detuvo este miércoles a un hombre que contaba con orden de captura por hurto agravado y contaba con frondosos antecedentes penales. La captura del hombre se logró gracias a la denuncia realizada por los vecinos de la zona.
Según el reporte dado por la comisaría 31ª, la detención de esta persona se reportó en el barrio Azucena de la ciudad de Coronel Oviedo, mediante la denuncia realizada por pobladores de la zona quienes contactaron con el sistema 911 y reportaron la presencia de una persona sospechosa y desconocida.
Agentes de la comisaría local rápidamente llegaron hasta el sitio en una patrullera y al percatarse de la presencia policial el hombre decidió darse a la fuga a pie. Corrió por varias cuadras e ingresó a algunas vivienda, pero finalmente fue capturado a escasos metros de donde fue divisado.
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Tras la persecución, se logró la detención de José Antonio Román Molinas, de 40 años, quien contaba con orden de captura pendiente por supuesto hecho de hurto agravado y, además, contaba con varios antecedentes penales por tenencia de estupefacientes, hurto y hurto agravado.
“El sospechoso emprendió una huida a pie saltando por los patios de varios inmuebles aledaños, iniciándose una persecución que culminó con su reducción en el predio de un inquilinato ubicado sobre la calle Humaitá casi Juan Sinforiano Bogarín”, expresaron los intervinientes.
En el poder de esta persona se incautó de un arma blanca. Tras su detención, fue trasladado hasta la sede policial y puesto a disposición del Ministerio Público como del Juzgado correspondiente junto con la evidencia incautada.
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Abogado del Dr. Oropallo desliga al médico de la propiedad del centro médico clausurado
El abogado Oscar Tuma emitió un comunicado en sus redes sociales en el que realiza una aclaratoria a la opinión pública, en representación del doctor Líbero Antonio Oropallo, mediante el cual niega ser el dueño, accionista, director o responsable administrativo de la clínica de genética ubicada en Asunción, que fue clausurada en la fecha, tras constatarse que operaba sin la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud Pública.
El representante legal del Dr. Oropallo aseguró que la institución pertenece a terceros, quienes son los titulares y responsables de su administración, habilitación, funcionamiento y gestión interna.
“La vinculación del Dr. Oropallo con dicho establecimiento se limita a la existencia de un contrato comercial celebrado con los propietarios, mediante el cual estos fueron autorizados a utilizar su nombre e imagen profesional con fines de identificación, posicionamiento y marketing institucional”, expresa el comunicado.
El abogado Tuma insiste en nombre de su representado que debe quedar absolutamente claro que no se trata de una clínica de propiedad del Dr. Oropallo, ni de un establecimiento administrado por su defendido.
“El Dr. Oropallo no realiza consultorio médico en dicho lugar, ni tiene intervención en la gestión operativa diaria de la clínica. Por tanto, cualquier afirmación que lo presente como dueño, responsable directo o administrador del establecimiento resulta inexacta y puede inducir a error a la opinión pública”, concluye el comunicado.
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