Los últimos modelos de inteligencia artificial (IA) generativa ya no se conforman con seguir órdenes. Empiezan a mentir, manipular y amenazar para conseguir sus fines, ante la mirada preocupada de los investigadores. Amenazado con ser desconectado, Claude 4, el recién nacido de Anthropic, chantajeó a un ingeniero y le amenazó con revelar una relación extramatrimonial.

Por su parte, el o1 de OpenAI intentó descargarse en servidores externos y cuando le pillaron lo negó. No hace falta ahondar en la literatura o el cine: la IA que juega a ser humana es ya una realidad. Para Simon Goldstein, profesor de la Universidad de Hong Kong, la razón de estas reacciones es la reciente aparición de los llamados modelos de “razonamiento”, capaces de trabajar por etapas en lugar de producir una respuesta instantánea.

o1, la versión inicial de este tipo para OpenAI, lanzada en diciembre, “fue el primer modelo que se comportó de esta manera”, explica Marius Hobbhahn, responsable de Apollo Research, que pone a prueba grandes programas de IA generativa (LLM). Estos programas también tienden a veces a simular “alineamiento”, es decir, a dar la impresión de que cumplen las instrucciones de un programador cuando en realidad persiguen otros objetivos.

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De momento, estos rasgos se manifiestan cuando los algoritmos son sometidos a escenarios extremos por humanos, pero “la cuestión es si los modelos cada vez más potentes tenderán a ser honestos o no”, afirma Michael Chen, del organismo de evaluación METR.

“Los usuarios también presionan todo el tiempo a los modelos”, dice Hobbhahn. “Lo que estamos viendo es un fenómeno real. No estamos inventando nada”.

Muchos internautas hablan en las redes sociales de “un modelo que les miente o se inventa cosas. Y no se trata de alucinaciones, sino de duplicidad estratégica”, insiste el cofundador de Apollo Research.

Aunque Anthropic y OpenAI recurran a empresas externas, como Apollo, para estudiar sus programas, “una mayor transparencia y un mayor acceso” a la comunidad científica “permitirían investigar mejor para comprender y prevenir el engaño”, sugiere Chen, de METR.

Otro obstáculo: la comunidad académica y las organizaciones sin fines de lucro “disponen de infinitamente menos recursos informáticos que los actores de la IA”, lo que hace “imposible” examinar grandes modelos, señala Mantas Mazeika, del Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial (CAIS).

Las regulaciones actuales no están diseñadas para estos nuevos problemas.

En la Unión Europea la legislación se centra principalmente en cómo los humanos usan los modelos de IA, no en prevenir que los modelos se comporten mal. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump no quiere oír hablar de regulación, y el Congreso podría incluso prohibir pronto que los estados regulen la IA.

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“De momento hay muy poca concienciación”, dice Simon Goldstein, que, sin embargo, ve cómo el tema pasará a primer plano en los próximos meses con la revolución de los agentes de IA, interfaces capaces de realizar por sí solas multitud de tareas. Los ingenieros están inmersos en una carrera detrás de la IA y sus aberraciones, con un resultado incierto, en un contexto de competencia feroz.

Anthropic pretende ser más virtuoso que sus competidores, “pero está constantemente tratando de idear un nuevo modelo para superar a OpenAI”, según Goldstein, un ritmo que deja poco tiempo para comprobaciones y correcciones.

“Tal y como están las cosas, las capacidades (de IA) se están desarrollando más rápido que la comprensión y la seguridad”, admite Hobbhahn, “pero aún estamos en condiciones de ponernos al día”.

Algunos apuntan en la dirección de la interpretabilidad, una ciencia que consiste en descifrar, desde dentro, cómo funciona un modelo generativo de IA, aunque muchos, como el director del Centro para la seguridad de la IA (CAIS), Dan Hendrycks, se muestran escépticos.

Los tejemanejes de la IA “podrían obstaculizar la adopción si se multiplican, lo que supone un fuerte incentivo para que las empresas (del sector) resuelvan” este problema, según Mazeika. Goldstein, por su parte, menciona el recurso a los tribunales para poner a raya a la IA, dirigiéndose a las empresas si se desvían del camino. Pero va más allá, al proponer que los agentes de la IA sean “legalmente responsables” “en caso de accidente o delito”.

Fuente: AFP.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

La agente fiscal Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, imputó a un hombre por el supuesto abuso sexual de su hija menor de 4 años. El imputado, de 42 años, se encuentra detenido en la Dirección de Policía de Alto Paraná.

El Ministerio Público tomó conocimiento del hecho tras una denuncia presentada por la abogada Graciela Sánchez, directora de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) de Ciudad del Este.

La Fiscalía sospecha que el sindicado presuntamente abusó de manera sistemática de la niña en una vivienda del barrio Boquerón II de Ciudad del Este. La última agresión se habría cometido el 15 de junio de 2025, ocasión en que el imputado habría obligado a la niña a una práctica oral.

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En prosecución de la investigación, el 26 de junio de 2025, la madre de la víctima se presentó ante la unidad especializada y declaró que su hija de 4 años le manifestó que su papá le mostró un video, bajó su pantalón y la indujo a su hija a actos similares al contenido del material. A raíz de eso, la madre recurrió primero a la Codeni.

La fiscal Vivian Coronel dispuso que el médico forense del Ministerio Público, Eduardo Cano, inspeccionara a la menor, y reportó que no detectó lesiones ni otros rastros. Asimismo, la licenciada María Isabel Riveros, del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía, evaluó a la niña, en cuya instancia la pequeña contó los detalles del abuso.

Como consecuencia, la representante del Ministerio Público ordenó la detención preventiva del presunto abusador, que se hizo efectiva ayer 27 de junio, siendo imputado y con el pedido de prisión preventiva, al ser considerada la gravedad del hecho y la alta expectativa de pena prevista para casos de esta naturaleza, según expuso la fiscal.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, confirmó la condena de diez años de prisión, impuesta en primera instancia, a un hombre por abuso sexual en niños. Fue víctima su hijastra menor de edad y la denuncia ya data del 2019. La causa fue representada por la fiscal Roció Celeste González, de la unidad zonal de Santa Rita.

La pena fue dictada el 14 de abril del 2025 por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Gloria Vera, Margarita Martínez y Hernán Duarte, pero fue apelada por la defensa técnica del condenado.

Tras la contestación del Ministerio Público, la Cámara de Apelaciones, conformada por los magistrados Marino Méndez, María de Fátima Burró y Alba Meza, confirmó la condena inicial. El sentenciado deberá cumplir la pena carcelaria impuesta.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el padre biológico de la víctima, el 24 de abril del 2019. Al inicio de la causa, se había planteado exposición a peligro de vida e integridad física de la adolescente residente en Santa Rita, mencionando como supuestos autores al padrastro y a la madre de la niña, por entonces de 12 años.

Durante el juicio oral y público, la niña relató que su padrastro la despertaba y la obligaba a acompañarlo a una chacra distante de la vivienda, con el pretexto de buscar choclo. Ya estando a solas, la sujetaba y la besaba a la fuerza.

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Además, manifestó que estos episodios se repitieron en varias ocasiones y nunca confesó lo sucedido a su madre por temor a no ser creída o incluso ser culpada de haber provocado la situación. La Fiscalía presentó elementos que probaron la comisión del hecho de manera reiterada.

Durante el juicio se reprodujo el informe psicológico y se contó con la declaración testifical de una profesional psicóloga. La misma corroboró la existencia de secuelas psicológicas en la víctima, compatibles con eventos traumáticos y haber sido objeto de violencia sexual.

La defensa intentó desacreditar la versión de la víctima, argumentando manipulación por parte del padre biológico y una tía, además de una supuesta retractación. El tribunal valoró los elementos producidos por el Ministerio Público sobre la existencia del hecho punible y la participación del acusado.

El nombre del condenado se omite con el fin de proteger la identidad de la víctima, en cumplimiento de las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, considerando que los abusos ocurrieron cuando la misma era aún menor de edad.

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El prejuicio es un enemigo irreconciliable de la ciencia y de los principios filosóficos que escudriñan el camino de la verdad. Porque, al anteponerse las creencias y opiniones que surgen del deseo subjetivo de cada uno por encima de una realidad que se formula con los hechos, necesariamente, se cae en el error.

Y el error provocado deliberadamente conduce –casi siempre– a la duda, es decir, la ausencia de certeza.

A diferencia de quienes plantean la duda como un método válido para acceder al conocimiento, en el caso al que solemos referirnos, la aplican con el peso cargado exprofeso para arribar a una conclusión negativa.

Con esto pretenden generar adhesión a sus posturas y, sobre todo, modificación de la conducta y las emociones de los lectores, oyentes y telespectadores, según se trate de medios de comunicación escritos, radiales o televisivos.

Hacemos estas tres diferenciaciones, porque, si bien es cierto que los diarios constituyen la puerta más rápida para verificar una y otra vez una misma información, las redes sociales han contribuido también enormemente para fijar los datos, generalmente parcelados, mediante audios y videos.

De esta manera van construyendo, en primer lugar, una narrativa absolutamente sesgada y orientada a la confusión y, por último, aunque no menos grave, para predisponer al público a creer incluso aquellas divulgaciones que riñen violentamente con lo que realmente está ocurriendo.

En este mundo nuestro, tan complicado y, a la vez, tan pequeño –porque, al final de cuentas, nos conocemos todos–, esto tiene un nombre y se llama, lisa y llanamente, desinformación.

Los miembros más conspicuos de la Real Academia Española, en su “Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible”, acordaron que “la desinformación no significa carencia de información, sino información falsificada y deformada intencionalmente con el fin de manipular la opinión pública en favor de intereses económicos, políticos y sociales”. Y añaden: “Siempre han existido violaciones de la verdad, pero el ciudadano nunca se ha visto tan expuesto a la fabricación y divulgación sistemática de bulos, falsedades, e incluso mentiras desmesuradas o profundas”.

Finalmente, concluyen que “se difunden noticias no verificadas y sin soporte fiable como verdades absolutas. Se ha acuñado un nuevo término, la posverdad, que no concede tanta importancia a la veracidad y objetividad como a una distorsión informativa que ‘manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales’” (DLE).

Ni siquiera se precisa ser un avispado lector o lectora para percatarnos de que todos los días estamos ante un escenario como el que nos pinta la Real Academia Española y la Asociación de Academias de Lengua Española.

No hay una sola información que no pretenda erosionar los cimientos de la realidad para ofrecer su propia versión adulterada de los acontecimientos.

Los ejemplos abundan, pero el más reciente, sobre el cual han impuesto un tenaz asedio, tiene que ver con las intervenciones de las municipalidades de Asunción (Óscar Rodríguez, colorado) y Ciudad del Este (Miguel Prieto, Yo Creo).

Especularon que, en la sesión extraordinaria convocada por la Cámara de Diputados para tratar ambos asuntos, los representantes de la Asociación Nacional Republicana salvarían a su correligionario, pero que aprobarían la intervención del intendente opositor.

Finalmente, como no ocurrió tal cosa, ahora echaron a andar el rumor de que los interventores blanquearían a uno (ya se supone quién es) y recomendarían la destitución del otro.

En fin, prejuicios alimentados, no por la ignorancia, sino por la malicia, traducida aquí en la ausencia de integridad y la deshonestidad intelectual. Es lo que describimos al inicio de este editorial.

Repasemos lo que habíamos publicado semanas atrás. La repetición es, también, a veces, una buena maestra.

El artículo 165 de la Constitución Nacional no admite dobles interpretaciones: “La intervención no se prolongará por más de noventa días, y si de ella resultase la existencia del caso previsto en el inciso 3, la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, podrá destituir al gobernador o al intendente, o la junta departamental o la municipal, debiendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocar a nuevos comicios para constituir las autoridades que reemplacen a las que hayan cesado en sus funciones, dentro de los noventa días siguientes a la resolución dictada por la Cámara de Diputados”.

Y, en ese sentido, qué expresa el inciso 3 del citado artículo: “Los departamentos y las municipalidades podrán ser intervenidos por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, en los siguientes casos: (…) 3. por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República”.

Resumiendo, y en homenaje a la brevedad, los interventores de ambos municipios dispondrán de un plazo de noventa días para dictaminar fehacientemente sobre la veracidad o no de las denuncias debidamente formuladas, documentadas y presentadas por la Contraloría General de la República.

Y, en ambos casos, la contundencia de las documentaciones arrimadas a la Cámara de Diputados definirá el sentido del voto de cada parlamentario. Ahí, y solo ahí, veremos y sabremos quién es quién. El resto no pasa de la mera categoría de los prejuicios y las especulaciones basados en posturas interesadas.