Con esta movida, Cruzada Nacional recupera una banca y Yolanda Paredes ya no estará sola en la bancada que responde a Paraguayo Cubas.

La gran sorpresa de las elecciones de 2023 la dio indudablemente CN, que logró meter 5 senadores, aunque, finalmente y luego de la renuncia al partido presentada por José Oviedo, Zenaida Delgado, Norma Aquino y el mismo Vera, la única integrante que se mantuvo fiel a sus orígenes fue Paredes.

Tanto Vera como Aquino fueron destituidos por el pleno del Senado. Luego de concretarse la pérdida de investidura de Chaqueñito, el presidente de la Cámara, Basilio Núñez, convocó a Mendoza, quien ya había reemplazado al ahora exsenador cuando fue suspendido por 60 días.

Aunque Paredes esparció por todas partes que la intención de Honor Colorado al planear la expulsión de Vera era llamar a un suplente de Honor Colorado, el procedimiento se dio con apego a la Constitución y las leyes, por lo que la convocada pertenece al partido al que originalmente pertenecía Chaqueñito.

Mendoza no es una figura completamente nueva en el Senado. Ya había reemplazado de manera temporal a Vera en 2025, cuando el entonces senador fue suspendido por 60 días en medio del escándalo de audios en los que se hablaba del supuesto costo de su voto.

Aquella experiencia previa la volvió una suplente conocida dentro del Congreso y, ahora, su regreso se perfila ya no como una cobertura transitoria, sino como el reemplazo que dejará la salida definitiva de Chaqueñito.

De acuerdo con los perfiles difundidos cuando asumió por primera vez, Mendoza es arquitecta y trabaja en una empresa privada vinculada a la construcción. Justamente por ese vínculo laboral, cuando le tocó ocupar la banca había decidido no integrar la Comisión de Obras Públicas y anunció que se abstendría de votar proyectos que pudieran generar sospechas o especulaciones sobre un eventual conflicto de intereses.

En su momento optó por integrar la Comisión de Asuntos Indígenas, buscando despegar su labor parlamentaria de cualquier tema que pudiera rozar a la firma para la que presta servicios.

El juez Raúl Florentín decretó la prisión por 10 días en el Departamento Judicial Femenino de la empresaria Dalia López, capturada el jueves tras permanecer prófuga por 6 años por producción de documentos de contenido falso y asociación criminal.

Luego de cumplido este plazo, la procesada deberá ser trasladada hasta la cárcel de mujeres de Emboscada.

La defensa había solicitado de medidas alternativas a la prisión para la empresaria, en este caso la libertad ambulatoria.

“Solicitamos la medida alternativa a la prisión, la ambulatoria, y eventualmente el arresto domiciliario. En eso centramos, tratamos de justificar todos los extremos para que se pueda dar lugar, porque finalmente entendemos que la conducta atribuida se trataría supuestamente de un delito, por lo tanto, entendemos que corresponde la medida sustitutiva a la prisión”, argumentó el abogado.

Sin embargo, admitió que la situación de prófuga podría afectar este pedido. “Ese es el inconveniente que se tiene. Hemos también tratado de explicar el motivo del por qué ella no se había presentado durante todo este tiempo, por las amenazas y muchas cuestiones que explicamos al juzgado para que tenga en consideración para que pueda otorgar la medida sustitutiva a la prisión”, indicó.

Para lograr la medida alternativa a la prisión y garantizar que no habrá una nueva fuga, López puso a disposición como garantía un inmueble de alto valor.

“Ahora ella se siente un poco más segura, no se imaginan en la situación en que se encontraba, ahora en la comisaría de mujeres está un poco más segura, más tranquila, pero hicimos el ofrecimiento de un inmueble de valor de más de 1 millón de dólares, es difícil que arriesgue a fugarse”, aseguró el letrado.

Con respecto a una posible obstrucción a la investigación, argumentó que la investigación sobre la causa de producción de documentos públicos de contenido falso, en la cual está acusada López, ya está agotada.

“Ya sería algo inexistente, atendiendo a que la causa ya ha sido juzgada. Se dieron varias salidas a varios de los imputados y acusados, algunos con condenas ya firmes, otros con suspensión condicional del procedimiento. Algunos también obtuvieron condenas de dos años con suspensión de ejecución de la pena. Es decir, solamente ella ya está”, sentenció.

Dalia Angélica López Troche (55) tiene una historia que combina la filantropía con supuestos delitos de producción de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, al que se suma ahora sospechas de vínculos con el narcotráfico.

Su nombre cobró protagonismo al descubrirse un presunto hecho de falsificación de documento que involucró al exjugador brasileño Ronaldinho Gaúcho, demorado en nuestro país el 4 de marzo de 2020 durante una visita promovida por la empresaria y en la que se descubrió que el futbolista portaba pasaporte y cédula paraguaya de contenido falso.

Como dueña de un holding empresarial multirrubro y presidenta de la Fundación Fraternidad Angelical, era muy conocida en el departamento de San Pedro, donde al momento de desatarse el escándalo –hace seis años– tenía planificado lanzar un proyecto de salud preventiva para niños, para el cual había invitado a participar a Ronaldinho.

Durante el operativo fiscal-policial que llevó a la detención de la empresaria Dalia López en una lujosa residencia capitalina, los investigadores hallaron USD 220.000 y G. 440 millones.

En este sentido, el ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que la detenida deberá justificar el origen del dinero, al mencionar que no se descarta que esté vinculada con el narcotráfico. La detenida se presentó ayer en compañía de sus abogados defensores ante el Juzgado, donde se realizó la audiencia de imposición de medidas.

López solicitó a través de su defensa medidas alternativas a la prisión alegando problemas graves de salud. Supuestamente, padece varias dolencias que la obligan a consumir 15 tipos de medicamentos. Por otro lado, el equipo legal argumentó que la mujer apeló a la huida por miedo a raíz de supuestas amenazas de muerte que habría recibido vía telefónica.

El Tribunal de Apelación Especializado integrado por Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres, ratificó la prisión preventiva de Gianina García Troche, en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, ubicado en la ciudad de Emboscada. La pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se encuentra imputada por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.

De manera unánime, los camaristas confirmaron la resolución de la juez penal de Garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, de mantener la prisión preventiva de García Troche ante el requerimiento de sus abogados Hugo Núñez y Daniel Garcete, consistente en otorgar a su clienta el arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Los letrados indicaron en su requerimiento que existían elementos nuevos que desvirtúan la imputación, en este caso, la supuesta falsificación de la escritura pública de constitución de la empresa; la prisión de Marset en Estados Unidos, así como la falta de fundamentación del fallo sobre la prisión de la mujer.

“Los motivos que justifican la prisión de Gianina García, no han variado, pues no existen nuevos elementos aportados a la causa, y la privación de la libertad de Marset no resulta suficiente como justificativo para alterar su estado”, refiere el tribunal.

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En su petición, los abogados también alegaron que la prisión preventiva a García Troche ya era excesiva, que no había ausencia de justificación de la medida, debido a que no existe peligro de fuga y que su sometimiento fue voluntario.

Los camaristas agregaron que “es necesario que la responsabilidad de la misma sea determinada en un juicio con todas las garantías y respetando los principios procesales - artículo. 1ro. del C.P.P.-. Para ello se debe asegurar su presencia al acto”.

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Leonardo Machado Orihuela, hermano del excomandante de la Policía Nacional Viviano Machado Orihuela, se encuentra imputado y con prisión preventiva tras ser denunciado por un supuesto caso de abuso sexual contra una adolescente en el departamento de San Pedro.

El caso salió a la luz en enero pasado, en la localidad de Villa del Rosario, donde la familia de una joven de 17 años lo acusa de haber cometido reiterados abusos entre diciembre y enero.

De acuerdo con la denuncia, la víctima trabajaba como empleada doméstica en la vivienda del procesado, circunstancia que habría sido aprovechada para perpetrar los hechos. La abogada de la familia, Gisselle Auada, sostuvo que incluso la esposa del acusado habría tenido conocimiento de la situación sin intervenir.

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Siempre según la versión de la parte denunciante, Machado habría intentado evitar que el caso trascienda ofreciendo inicialmente una vaca lechera y posteriormente la suma de G. 50 millones a cambio de silencio, propuestas que fueron rechazadas.

Tras la formalización de la denuncia ante la Policía Nacional y el Ministerio Público, el fiscal Walter Melo Acosta resolvió imputarlo por los supuestos hechos punibles de coacción sexual y violación.

El vínculo familiar con un exjefe policial genera preocupación en el entorno de la víctima, que teme eventuales influencias en el proceso. Por ello, la defensa solicitó celeridad en la causa y pidió que se avance hacia la audiencia preliminar para elevar el caso a juicio oral.

Actualmente, el imputado cumple prisión preventiva en la sede de la Agrupación Especializada, en Asunción, mientras prosiguen las diligencias del Ministerio Público.

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