La jueza de Garantías Rosarito Montanía confirmó la constitu­ción de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Jus­ticia tras denuncia de Gia­nina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien supuestamente habría reci­bido maltrato en el penal de Viñas Cue.

La magistrada indicó que la mujer cuenta con un plantel de 8 abogados y estos van tur­nándose para imponer alguna acción. La jueza fue consul­tada sobre la situación que está pasando la detenida y señaló que todos los traba­jos que se han realizado res­pecto a la señora Gianina Gar­cía están dentro del sistema al cual acceden todos sus aboga­dos de defensa.

“Efectivamente se realizó la constitución de Derechos Humanos a petición de esta magistratura. Ella cuenta con un régimen diferen­ciado de prisión. Ella tiene como ocho abogados actual­mente y van turnándose, como una suerte de agotar las instancias”, refirió Rosa­rito Montanía en comuni­cación con radio 1080 AM.

Agregó que el pedido de constitución de DD. HH. no solo lo realizó en este caso de la esposa de Marset; sino también en el caso de Ins­frán y en su momento con el caso de la señora Laura Villalba.

“Esto a los efectos de cons­tatar su condición de habita­bilidad y de reclusión; ya que son civiles guardando reclu­sión en el penal de Viñas Cue, que en teoría debería estar personal militar pro­cesado. Pero ellos cuentan con un régimen diferen­ciado de prisión”, acotó.

El objetivo de esta consti­tución de DD. HH. fue a los efectos de constatar de que no se están vulnerando los derechos. Como magistrada encargada del proceso no está restringiendo sus derechos a la procesada, quien estuvo reclamando más tiempo con sus hijos, así como autorizar la visita de algunos parientes que estaban llegando del Uruguay.

La jueza Montanía explicó que el problema surgió con un impasse respecto a la resolución que esta­blecía de forma clara los días de visita, la modalidad, las personas que podían ingresar que son los familiares directos de ella. Esto implica que no podrán ingresar otras personas ajenas al parentesco.

“Surgió así algunos problemas con la defensa que comenzaron a atacar la decisión de esta magistra­tura. Ingresaron varios abogados, ella tiene 8 abogados actualmente, que van turnándose como una suerte de buscar agotar las instancias”, precisó.

De hecho, en la fecha surgió la información que la defensa de García Troche ha planteado la nuli­dad absoluta de actuaciones fiscales y judiciales. Además, se pidió la extinción de la acción penal alegando el fenecimiento del plazo de la etapa preparatoria. Así como solicitó se dicte su inmediata libertad y que se aparte del cargo la jueza Rosarito Montanía.

Resaltó que afortunadamente la propia directora de Derechos Humanos de la CSJ, la doctora Nury Montiel, se ha constituido en el penal para recabar todos los datos. Indicó que su misión fue además de entrevistar a la procesada, entrevistar también al director del penal de Viñas Cue; así como obser­var personalmente la forma que está viviendo dentro de la cárcel.

“Se hicieron las fotos, las entrevistas y efectivamente la señora García continuó reclamando mayor tiempo con sus hijos. Cuando hace más de 32 días se le amplió el tiempo con sus hijos, estableciendo los días sábados de 8 a 14 horas. Eso es muchísimo tiempo, aún así ella sigue reclamando”, explicó.

Indicó que independiente a esto, la defensa sigue presentando permiso de visitas familiares, las cua­les se realizan de forma individual, porque no son visitas colectivas. Explicó que si se presentan 5 personas, cada una de ellas ingresa de forma individual; y ellos deben manejar su tiempo; ya que el horario de visita establecido en general son de 9:30 a 11:30.

“Entonces, no estamos incumpliendo ni estamos violando sus derechos, procesales, ni constitucio­nales; y mucho menos se está violando sus derechos humanos”, acotó.

Remarcó que en todo el tiempo, desde su detención en el país, la señora García está contando con atención médica, psicológica y psiquiátrica, lo cual está todo respaldado con documentaciones.

La jueza de Garantías Rosarito Montanía confirmó la constitución de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia tras denuncia de Gianina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien supuestamente habría recibido maltrato inhumano en el penal de Viñas Cue. La magistrada indicó que la mujer cuenta con un plantel de 8 abogados y estos van turnándose para imponer alguna acción.

La jueza fue consultada sobre la situación que está pasando la detenida y señaló que todos los trabajos que se han realizado respecto a la señora Gianina García están dentro del sistema al cual acceden todos sus abogados de defensa.

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“Efectivamente se realizó la constitución de Derechos Humanos a petición de esta magistratura. Ella cuenta con un régimen diferenciado de prisión. Ella tiene como ocho abogados actualmente y van turnándose, como una suerte de agotar las instancias”, refirió Rosarito Montanía en comunicación con radio 1080 AM.

Agregó que el pedido de constitución de DD. HH. no solo lo realizó en este caso de la esposa de Marset; sino también en el caso de Insfrán y en su momento con el caso de la señora Laura Villalba.

“Esto a los efectos de constatar su condición de habitabilidad y de reclusión; ya que son civiles guardando reclusión en el penal de Viñas Cué, que en teoría debería estar personal militar procesado. Pero ellos cuentan con un régimen diferenciado de prisión”, acotó.

El objetivo de esta constitución de DD. HH. fue a los efectos de constatar de que no se están vulnerando los derechos. Como magistrada encargada del proceso no está restringiendo sus derechos a la procesada, quien estuvo reclamando más tiempo con sus hijos, así como autorizar la visita de algunos parientes que estaban llegando del Uruguay.

La jueza Montania explicó que el problema surgió con un impasse respecto a la resolución que establecía de forma clara los días de visita, la modalidad, las personas que podían ingresar que son los familiares directos de ella. Esto implica que no podrán ingresar otras personas ajenas al parentesco.

“Surgió así algunos problemas con la defensa que comenzaron a atacar la decisión de esta magistratura. Ingresaron varios abogados, ella tiene 8 abogados actualmente, que van turnándose como una suerte de buscar agotar las instancias”, precisó.

De hecho, en la fecha surgió la información que la defensa de García Troche ha planteado la nulidad absoluta de actuaciones fiscales y judiciales. Además, se pidió la extinción de la acción penal alegando el fenecimiento del plazo de la etapa preparatoria. Así como solicitó se dicte su inmediata libertad y que se aparte del cargo la jueza Rosarito Montanía.

Resaltó que afortunadamente la propia directora de Derechos Humanos de la CSJ, la doctora Nury Montiel, se ha constituido en el penal para recabar todos los datos. Indicó que su misión fue a más de entrevistar a la procesada, también entrevistó al director del penal de Viñas Cué; así como observar personalmente la forma que está viviendo dentro de la cárcel.

“Se hicieron las fotos, las entrevistas y efectivamente la señora García continuó reclamando mayor tiempo con sus hijos. Cuando hace más de 32 días se le amplió el tiempo con sus hijos, estableciendo los días sábados de 8 a 14 horas. Eso es muchísimo tiempo, aún así ella sigue reclamando”, explicó.

Indicó que independiente a esto, la defensa sigue presentando permiso de visitas familiares, las cuales se realizan de forma individual, porque no son visitas colectivas. Explicó que si se presentan 5 personas, cada una de ellas ingresa de forma individual; y ellos deben manejar su tiempo; ya que el horario de visita establecido en general son de 9:30 a 11:30.

“Entonces, no estamos incumpliendo, ni estamos violando sus derechos, procesales, ni constitucionales; y mucho menos se está violando sus derechos humanos”, acotó.

Remarcó que en todo el tiempo, desde su detención en el país, la señora García está contando con atención médica, psicológica y psiquiátrica, lo cual está todo respaldado con documentaciones.

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El exdirector de la TV Pública, Cristián Turrini, pasará 20 años encerrado en una penitenciaria por resolución de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inadmisible el estudio de un recurso extraordinario de casación y por ende la sentencia condenatoria queda firme

Turrini fue condenado por narcotráfico, como uno de los involucrados con el cargamento de cocaína, de 2.906 kilos, incautado en el Puerto Terport, Villeta, en octubre del 2020.

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Los ministros de la máxima instancia judicial que firmaron la resolución judicial son Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera.

El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Víctor Alfieri e integrado por las jueces Alba González y Dina Marchuk, condenó a 20 años de cárcel a Cristian Turrini Ayala, por asociación criminal, tenencia y tráfico internacional de drogas, como uno de los responsables de un cargamento 2.906 kilos de cocaína incautado en un puerto de Villeta en 2020.

La condena fue de forma unánime por los magistrados, teniendo en cuenta la cantidad de droga incautada y la afectación que tiene la misma tanto a nivel nacional como internacional.

Igualmente en segunda instancia se confirmó la condena de 20 años de cárcel para Turrini.

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Se inició el juicio oral y público para Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, y otros 17 acusados en el caso A Ultranza Py. Las defensas intentaron suspender la realización de la audiencia oral, pero el tribunal de sentencia que preside la jueza María Luz Martínez rechazó el pedido de posponer el juicio oral y dio comienzo al mismo.

La audiencia oral se desarrolló vía telemática para los acusados, quienes están presos en diferentes penitenciarias. En el caso de Miguel Ángel Insfrán, el mismo está preso en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú.

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El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso está conformado por la jueza María Luz Martínez e integrado por Federico Rojas y Dina Marchuk, quienes fijaron la prosecución de la audiencia oral para el día unes 14 de julio a las 08:30; mientras que el fiscal del caso es Deny Yoon Pak.

Además de Miguel Insfrán, están incluidos en este proceso, por tráfico de drogas y algunas por lavado de dinero:

• el exdiputado Juan Carlos Ozorio
• Conrado Insfrán, hermano de “Tío Rico”
• Fernando Sebriano
• José Enrique Gamarra
• Alexis González Zárate
• Reina Mercedes Duarte
• Fátima Irene Koube
• María Noelia Colmán
• Alberto Koube Ayala

El Ministerio Público acusó a Tío Rico por presuntamente liderar un esquema criminal dedicado a introducir droga a Paraguay y enviarla al exterior. La Fiscalía cuenta con un arsenal de alrededor de 1.600 documentaciones, una acusación de más de 170 páginas, pericias de equipos informáticos, telefónicos y revenido químico, y unos 90 testigos en el marco de la causa.

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