El juez Gustavo Amarilla decidirá este viernes si ratifica su determinación de admisión de la imputación contra el diputado y senador electo y proclamado Erico Galeano, procesado por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal.
La defensa del parlamentario había presentado varios incidentes al inicio del presente proceso penal. Ante el planteamiento de la defensa de Galeano, el juez Amarilla fijó para este viernes, a las 8:15, la realización de la audiencia de reposición donde se escucharán los argumentos y luego el magistrado resolverá. En caso de que el juez se ratifique en su decisión, el expediente deberá subir al Tribunal de Apelación para su estudio.
Debido a las presentaciones de los incidentes, la audiencia de imposición de medidas cautelares que estaba fijada para mañana se suspendió hasta tanto se destrabe el caso.
Imputación
Los agentes fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak son los que presentaron la imputación contra Erico Galeano y solicitaron la prisión preventiva. La misma sostiene que el diputado estaría vinculado al caso A Ultranza Py, por posibles conexiones con el lavado de dinero.
La imputación menciona además que a cambio de la aeronave, el legislador habría recibido sumas de dinero provenientes del tráfico internacional de drogas, las cuales habría insertado dentro del sistema financiero y económico nacional, mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compras de bienes.
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Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para imputar al intendente Luis Yd
En la tarde del lunes se confirmó la imputación contra el intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el derrumbe del edificio que se cobró la vida de dos personas.
Desde el Ministerio Público defendieron esta acción manifestando que existen elementos suficientes para señalar al jefe comunal de uno de los responsables en la negligencia que ocasionó el colapso de la estructura edificada.
“Esta es una imputación que versa sobre sospechas de comisión de hechos punibles y las pruebas hasta este momento han arrojado la sospecha necesaria para la presentación de la imputación, debemos seguir recabando otros medios de prueba a los efectos de pasar del estado de sospecha al de convicción y eso sí motivaría la presentación de una acusación”, explicó el fiscal Ever Williams.
En conversación con varios medios de prensa, el fiscal expuso que el Ministerio Público se ha tomado el tiempo necesario para hacer la investigación y que no podían apresurarse a presentar una imputación dado que a partir de esta etapa, existe un plazo limitado para la conclusión de esta fase y pasar a la acusación, por lo que era necesario recabar los datos que permitan sustentar las sospechas. A partir de ahora, la Fiscalía tiene seis meses de trabajos para presentar la acusación.
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“No estamos ante un hecho punible común, estamos hablando de la caída de un edificio, lleva tiempo la toma de declaraciones y eso merece un análisis exhaustivo. Apresurarnos a presentar una imputación sin siquiera tener un presupuesto de cuánto iba a costar realizar un estudio pericial en la zona del derrumbe, sería muy aventurado, por eso nos tomamos el tiempo suficiente para presentar la imputación”, alegó.
El derrumbe del edificio en construcción se registró en la noche del 2 de abril pasado, en el barrio San Roque de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.
Yd es sindicado por la comisión de hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción y homicidio culposo, al igual que el ingeniero de obras. Asimismo, los arquitectos son señalados por estos hechos punibles y además, son sospechados por la exposición de personas a trabajos peligrosos, mientras que el encargado de obras fue imputado por homicidio culposo.
“No vimos la necesidad de ordenar ninguna orden de detención, sí hemos solicitado la aplicación de algunas medidas que garanticen el sometimiento de los mismos al procedimiento como la prohibición de salida al país, la constitución de un domicilio, la firma mensual de los imputados en el juzgado”, detalló el fiscal.
Los demás imputados por la Fiscalía son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.
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Procesan a joven por tentativa de homicidio después de pelea en juego de naipes
- Ciudad del Este. Agencia Regional
El fiscal Edgar Rafael Delgado, de la Unidad Penal de Presidente Franco, presentó imputación contra Ulises David Medina Gauto (22), por homicidio doloso en grado de tentativa. El hecho se registró en la madrugada del 29 de junio de 2025, en la colonia San Isidro, de Presidente Franco.
En ese momento, Medina Gauto se encontraba jugando naipes junto a otras personas, entre ellas la supuesta víctima Milder Ramírez. Alrededor de las 2:50, tras una discusión surgida durante el juego, Ramírez se retiró del lugar y se dirigió a su vivienda ubicada a unos kilómetros, siendo perseguido por Medina Gauto y un tal Marcos.
Los dos hombres habrían irrumpido a la propiedad, y el sindicado como presunto agresor atacó a Ramírez con un cuchillo, propinándole una herida punzocortante en el abdomen, del lado izquierdo, dejándolo tendido en el suelo. Tras el hecho, ambos atacantes se dieron a la fuga. El herido está en el pabellón de traumas del Hospital Regional.
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Posteriormente, alrededor de las 11:00 de ese mismo día, el supuesto autor fue aprehendido en el distrito Los Cedrales; fueron los vecinos del lugar, quienes lo aprehendieron y entregaron a los agentes de la Comisaría 16 de esa zona, al ser avisados del hecho.
De los elementos reunidos relacionados a la noche de juegos que terminó mal, el Ministerio Público consideró que existen indicios suficientes de la tentativa de homicidio y de la participación de Medina Gauto como autor del hecho. En consecuencia, el fiscal Edgar Delgado imputó al hombre y requirió su prisión preventiva.
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Fiscalía imputó a presunto autor de homicidio en una finca de Ñacunday
- Ciudad del Este. Agencia Regional
La fiscal María del Carmen Meza, de la unidad zonal de Iruña, imputó por homicidio doloso a un hombre, en calidad de supuesto autor. Se trata de Cristian Javier Meza Peralta (40), personal de una granja de Ñacunday, quien fue detenido y trasladado a la Dirección de Policía de Alto Paraná. El mismo recibió una herida de arma blanca en la cabeza.
Fue víctima fatal Eusebio Villanueva Segovia (52). Ambos eran empleados del mismo establecimiento y compartían casa dentro de la propiedad, con ubicación muy aislada, sin vecinos cercanos, según el reporte de los intervinientes.
El hecho ocurrió el sábado 28 de junio a las 18:30 en una finca, propiedad de Milciades Acuña Méndez, del barrio Imperial, dentro de la Colonia Toro Kua, de Ñacunday, según reportó el personal policial de la subcomisaria 37, de esa zona. Fueron incautados como evidencia una escopeta calibre 28 mm, un rifle calibre 22 mm, un cartucho de 22 mm y un machete con rastros de sangre. Todos los elementos pasaron a cargo de Criminalística de la Policía de Alto Paraná.
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De acuerdo a los datos recabados por el personal policial que llegó hasta el lugar del hecho, los dos trabajadores de la finca agrícola se encontraban en su casa, ubicada dentro de la citada propiedad, cuando comenzó supuestamente una discusión entre ambos, siguió con una pelea más violenta, donde se habría utilizado el machete, hasta que uno de ellos recibió varios tiros de arma de fuego.
El suboficial principal Rafael Duarte, de la comisaría de Toro Kua, manifestó a La Nación/Nación Media, que uno de los involucrados en la pelea, le habría reclamado a su compañero por haber sido un soplón y por eso se generó, supuestamente, la discusión entre ambos que terminó en una tragedia. El imputado se encuentra a cargo del Juzgado Penal de Garantías.
La fiscal del caso, María del Carmen Meza, señaló que ocurre con cierta frecuencia desenlaces violentos en las fincas con personal a cargo, cuando hay bebidas de por medio y otros elementos.
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Sancionan a bancos mexicanos por lavar dinero para cárteles
- Washington, Estados Unidos. AFP.
El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó ayer miércoles a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de “lavado de dinero” para cárteles de la droga y les prohibió “algunas transferencias de fondos”. El magnate republicano ha convertido la lucha contra el fentanilo en una de sus prioridades y acusa a México de no hacer lo suficiente para combatirlo, lo que le llevó a imponerle aranceles.
Según Washington, los cárteles del narcotráfico mexicanos fabrican ilegalmente ese opioide sintético con sustancias procedentes de China, lo cual dejó casi 50.000 muertes por sobredosis en 2024 en Estados Unidos. En este contexto la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) llevó a cabo una investigación que concluye que esas tres instituciones financieras mexicanas estarían implicadas en lavado de dinero de la droga, explica el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Se trata de CIBanco e Intercam, dos bancos comerciales con más de 7.000 millones de dólares y 4.000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11.000 millones de dólares, especifica. Washington los acusa de haber desempeñado un papel “vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos” necesarios para producir fentanilo.
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Las medidas impedirán que “hagan negocios con nosotros”, declaró el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, en rueda de prensa. En un comunicado la secretaría de Hacienda mexicana se quejó de que el Departamento del Tesoro no ha aportado pruebas.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, asegura en un comunicado.
Además, CIBanco afirmó que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” en una publicación en la red social X. Faulkender dio algunos ejemplos de “cómo estas instituciones con sede en México colaboran con los cárteles para blanquear dinero”.
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“En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo” y a finales de 2022 “ejecutivos de Intercam se reunieron directamente” con presuntos miembros de la misma organización delictiva “para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos desde China”.
Además de 2013 a 2021, prosiguió Faulkender, un presunto miembro del cártel de Sinaloa “empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares (...) a través de Vector”. Estos señalamientos prohíben a las tres instituciones financieras facilitar ciertos envíos de fondos, pero no se trata de sanciones económicas como las que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, explicó en la rueda de prensa una funcionaria que pidió mantener el anonimato.
“A diferencia de la mayoría de las sanciones de la OFAC, las medidas especiales de FinCEN no bloquean la propiedad ni prohíben de manera general las transacciones con estas entidades” a todos los estadounidenses, añadió. Las medidas además afectan a los establecimientos en México. Sus sucursales en el extranjero pueden llevar a cabo las transferencias siempre que sean independientes.