Las autoridades de Bolivia investigan al fiscal general Roger Mariaca por lavado de dinero y narcotráfico, anunció este jueves el gobierno tras su detención dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales. Mariaca fue arrestado por policías la noche del miércoles en la ciudad de Santa Cruz (este). También fue detenido Alberto Zeballos, fiscal de esa jurisdicción, otro funcionario boliviano sancionado por Washington.

“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia”, dijo Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior). La Fiscalía General boliviana, “encabezada por Roger Mariaca, se volvió la organización criminal destinada a proteger incentivar y proteger el narcoterrorismo”, agregó. Según las autoridades, se le atribuyen los delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico.

Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú, a los que acusa de corrupción, vínculos con el narco o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz busca estrechar lazos con Estados Unidos. En marzo se sumó al Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha para combatir el crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump.

El ministro Oviedo denunció que durante la madrugada cuatro personas intentaron retirar dinero en efectivo de la casa de Mariaca a bordo de una ambulancia, aunque no reveló la cantidad. Los policías retiraron fajos escondidos entre los compartimientos del vehículo médico, según un video difundido por el ministerio.

En total fueron detenidos cuatro fiscales, seis empleados del Ministerio Público y las cuatro personas encontradas en la ambulancia. Los fiscales están detenidos en la policía y serán remitidos a la justicia ordinaria local, dijo Oviedo.

La Fiscalía General señaló en un comunicado que ante la “ausencia definitiva” de Mariaca, asumió el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, “el fiscal superior con mayor antigüedad” dentro de la institución.

Mariaca fue designado fiscal por el Congreso en octubre de 2024 y es este poder del Estado el que debe votar por una nueva autoridad. Romel Ipamo, abogado de Mariaca, declaró a medios locales que “se va a colaborar con todo”. “Lo único que se pide, (es) que se resguarde el debido proceso”, afirmó.

Según dijo el gobierno estadounidense esta semana, Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.

El fiscal general negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión de retirarle la visa es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones.

El ministro Oviedo dijo el jueves que el operativo para su captura fue realizado por la policía boliviana, pero con la “cooperación del gobierno americano por intermedio de sus agencias” que colaboran “en la lucha contra el terrorismo”.

Durante la gestión de Mariaca, la policía de Bolivia capturó en marzo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que posteriormente fue expulsado con apoyo de la DEA a Estados Unidos.

Medios locales difundieron el miércoles un video en el que se ve a Marset el día de su arresto, junto a policías de élite en su domicilio, asegurando supuestamente: “Mariaca es mi amigo”. La AFP no ha podido verificar la autenticidad de este video.

La policía allanó también el miércoles las oficinas de la sede central de la Fiscalía en Sucre, en el sur del país, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la fuerza.

“Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”, dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras ella y varios de sus colegas estaban rodeados de policías encapuchados, según muestra el video.

“Estoy arrestada”, dijo más tarde a la AFP Pardo, aún con su celular, desde una dependencia policial en Sucre. “Pretendíamos brindar una conferencia de prensa (...), pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento, nos aprehendieron a todos”, afirmó. La policía también realizó operativos en las fiscalías de Santa Cruz y La Paz, según imágenes de medios locales.

Fuente: AFP.

El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la imputación presentada por el fiscal Augusto Ledesma Blasser contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra, por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Asimismo, el citado magistrado fijó para el 8 de octubre a las 10:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se definirá si el imputado litigará en libertad o estará en arresto domiciliario o preso.

Igualmente, el juez Romero fijó el 25 de marzo de 2027 como fecha límite para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, el cual puede consistir en una acusación con pedido de elevación a juicio oral o la solicitud de una salida procesal para el profesional del derecho.

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De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la empresa Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra habría asumido atribuciones que no le correspondían al momento de realizarse el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.

Asimismo, la denuncia señala que el imputado se presentó y participó de la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante; sin embargo, no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El escrito aclara que es otro profesional del derecho quien cuenta con el poder legal para representar a los demandantes, por lo que Marecos Gamarra no debió tener intervención en el acto. El denunciante fue el ahora exgerente general de Cargo Line Paraguay S.A., Gustavo Martínez Venialgo.

El relato fáctico sostiene que el abogado imputado exigió a Martínez Venialgo abandonar la sala y, cuando este intentó atender una llamada telefónica, le sujetó la mano para impedírselo. Posteriormente, tras la retirada de la jueza y de la Policía Nacional, Marecos Gamarra le habría comunicado su desvinculación inmediata y ordenado la entrega de su teléfono, computadora, documentos y demás bienes de la empresa.

Asimismo, el abogado Marecos Gamarra criticó la imputación presentada en su contra y aseveró categóricamente que la imputación carece por completo de fundamentos jurídicos y subrayó que el relato del denunciante falta gravemente a la verdad de lo acontecido. Sostuvo que la denuncia promovida en su contra se encuentra plagada de profundas incongruencias. La manifestación la hizo en el sitio web Cuarto Poder Py.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Los fiscales Gabriel Segovia Villasanti y Zunilda Ocampos Marín iniciaron proceso contra un hombre sindicado como presunto integrante de una banda criminal que tomó por asalto la residencia de un empresario y su familia en el km 11 Acaray de Ciudad del Este. El hombre debe responder por los supuestos hechos punibles de robo agravado y asociación criminal.

Cuenta con una orden de detención pendiente en Paraguay y actualmente se encuentra privado de libertad en Foz de Yguazú, Brasil, según un informe obtenido a través de la cooperación policial internacional.

La Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía, el inicio del procedimiento y la prisión preventiva, una vez que sea puesto a disposición de las autoridades paraguayas.

El escrito de la Fiscalía indica que, el 23 de diciembre de 2024, entre las 01:24 y las 01:30, el ahora imputado habría integrado la banda criminal que ingresó a la residencia de Wolnei Aloisio Troes Canal y su familia.

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Violentaron una puerta y redujeron a los ocupantes bajo amenazas, según lo expuesto y juzgado en el juicio donde los otros tres integrantes del grupo ya fueron condenados.

Ellos son Ubaldo Báez Ramírez, quien recibió 22 años y 6 meses de prisión más 10 años de medida de seguridad; Marcelo Vicente Venialgo y Edgar Sosa Gadea, sentenciados a 20 años de cárcel y cinco años de medida de seguridad cada uno.

Durante el asalto, los atacantes se apoderaron de G. 810 millones en efectivo y 2.000 reales, distribuidos en dos mochilas, una con G. 620 millones y otra con G. 70 millones más 2.000 reales.

También llevaron tres cajas con monedas de 500 y 1.000 guaraníes, cuatro cartones con billetes de distintas denominaciones, el DVR del circuito cerrado, joyas y una escopeta calibre 12. Para evitar que las víctimas pidieran ayuda, utilizaron un inhibidor de señal con 14 antenas.

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La jueza penal de garantías Cynthia Lovera admitió la imputación, procesó penalmente y fijó para los días 14 y 15 de octubre para la audiencia de imposición de medidas para el presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA), tras detectarse un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.

En la citada diligencia judicial se conocerán si los procesados serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión o si serán derivados a la cárcel de Emboscada. La investigación fiscal revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños; supuestamente, esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.

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Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero formularon la imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero de APA por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.

David Herminio Portillo Biancotti, presidente.

Humberto Victorio Rodas Orué, director general.

Juan José María Vidal Bonín, director administrativo y financiero.

Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.

En la carpeta fiscal se resalta que el origen del desvío de fondos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños, y en el cual se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos. Asimismo, el juzgado penal de garantías otorgó un plazo de seis meses para la presentación del requerimiento conclusivo.

Igualmente, la magistrada tendrá que definir en la audiencia de imposición de medidas cautelares si se aplican restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, la prohibición de comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.

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