La defensa de Miguel Ángel Insfrán no está de acuerdo con las restricciones impuestas por la jueza Rosarito Montanía y quiere que el imputado sea trasladado al penal de Tacumbú. Foto: Gentileza
Tío Rico pide ir a Tacumbú porque en Viñas Cué no puede leer diario y está muy controlado
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El abogado Miguel Mendieta, defensor de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, presentó una reposición contra las restricciones que decidió la jueza del Crimen Organizado Rosarito Montanía, quien dispuso varias reglas en el lugar de reclusión del imputado como la utilización de teléfono celular dos horas los días lunes y miércoles, así como otras restricciones más.
La defensa de Insfrán sostiene que la determinación adoptada por la jueza Montanía es nula, infundada y autoritaria debido a que la magistrada ha violado la defensa en juicio y es por ello que se debe revocar, expresa el escrito presentado ante la magistrada del Crimen Organizado.
Asimismo, el citado profesional del derecho sostiene que actualmente en la cárcel militar de Viñas Cué existen cinco agentes de la Senad condenados por homicidio doloso cumpliendo sus penas en dicho establecimiento. Los agentes de la Senad fueron condenados en el marco del proceso de la niña asesinada Viviana Paredes Zanotti, hecho registrado en el 2016.
Igualmente, se menciona que uno de los motivos por el que Tío Rico Insfrán no está cómodo en la cárcel de Viñas Cué es que no puede recibir diario impreso todos los días. Esta situación generó el enojo del procesado.
Ahora la jueza Montanía corrió el traslado al Ministerio Público para conocer el parecer de los fiscales del presente caso para luego resolver si corresponde ratificar las restricciones que tiene el imputado.
La citada magistrada dispuso que Insfrán pueda usar un aparato celular los días lunes y miércoles de 9:30 a 11:30. También dispuso que los días martes y jueves, de 9:30 a 11:30, serán los días de visita de familiares acreditados en el expediente judicial. Igualmente, de lunes a domingo se dispuso el control de ingreso a celda de Insfrán, así como también queda habilitado poder realizar la revisión de la celda de Tío Rico cuando se considere necesario.
Violento ataque en Tacumbú: una mujer fue detenida por herir de una estocada a su pareja
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Una mujer de 40 años fue detenida esta madrugada por homicidio en grado de tentativa tras herir de una estocada a su pareja de 39 años. El violento episodio ocurrió sobre la calle Ursino Velazco y Payaguá Naranja del Bañado Tacumbú de Asunción.
La sospechosa fue identificada como Zulma Beatriz Martínez (40), quien fue sindicada de haber apuñalado a su pareja. Habría intentado cortarle el cuello.
La víctima fue identificada como Gustavo Adolfo Sánchez Martínez (39), quien tuvo que ser derivado al Hospital General Barrio Obrero para recibir atención médica.
El hombre también fue detenido luego de recibir el alta médica, atendiendo que ambos cuentan con frondosos antecedentes penales, según el informe policial.
El fiscal de turno de la Unidad Penal n.º 5, Luis Chamorro, dispuso que tanto la mujer como la víctima permanezcan aprehendidos en la sede policial a disposición del Ministerio Público. Durante el procedimiento policial se incautó un arma blanca que estaría vinculada al hecho.
Intervinieron agentes de la Comisaría 2da. Metropolitana. Según referencias de los intervinientes, ambas personas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y aparentemente otras sustancias cuando en un momento dado empezó una discusión que acabó con la agresión por parte de la mujer.
La aprehendida cuenta con antecedentes penales por tentativa de hurto (2010 y 2014), robo agravado (2012) y robo agravado y resistencia (2024).
Asimismo, la víctima posee un prontuario bastante amplio por robo agravado (2008, 2010, 2016 y 2021) y posesión y comercialización de drogas (2013). El caso quedó bajo investigación de las autoridades para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
Trasladan a joven, supuestamente poseído, al Hospital Psiquiátrico de Asunción
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Un joven, supuestamente poseído, que vivía encadenado debido a que su familia no podía seguir sosteniendo esta situación fue trasladado desde su vivienda ubicada en San Pedro de Ycuamandyyú hasta el Hospital Psiquiátrico de Asunción.
El traslado se produjo tras un trabajo coordinado entre la II Región Sanitaria y Salud Mental que permitió evacuar a un paciente para que reciba atención especializada en la capital.
El joven identificado como Jorge Antonio García (24), padecería trastornos mentales, por lo que vivía encadenado dentro de una vivienda ya que sus familiares no podían seguir realizar las contenciones.
Pidieron asistencia de las instituciones sanitarias para que el paciente sea trasladado en ambulancia desde el departamento de San Pedro hasta la capital del país, con el objetivo de recibir un abordaje médico especializado.
El procedimiento requirió un esfuerzo de logística interinstitucional en el que intervinieron profesionales del Hospital Regional de San Pedro, la Unidad de Salud de la Familia (USF) Villa de Mercedes y el Programa de Salud Mental de la Segunda Región Sanitaria.
La evacuación médica contó además con la supervisión de la Dirección Nacional de Salud Mental.
FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS
La localidad donde vive el joven es Jakareñe, barrio San Miguel, en San Pedro de Ycuamandyyú (departamento del mismo nombre), que desde hace siete meses está encerrado por una situación crítica.
Su abuelo, Pablino García (79), tomó esta medida extrema por temor a que el joven, quien presuntamente tiene episodios de agresividad, pudiera hacerse daño o poner en riesgo a otras personas.
La familia asegura que no cuenta con recursos suficientes y entre sus solicitudes figuran atención médica, un espacio seguro y mejores condiciones de vida.
El juez penal de Garantías de Curuguaty, Marcos Giménez Rivas, dispuso la apertura a juicio oral y público en la causa vinculada a la ocupación de inmuebles de Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. Foto: Gentileza
Juzgado admite acusación y eleva a juicio oral el caso de invasión de la Estancia Pindó
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Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.
La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.
El magistrado Marcos Giménez Rivas rechazó todos los incidentes planteados por la defensa. Foto: Gentileza
Juzgarán tres hechos punibles
De acuerdo a la resolución judicial, se admitió íntegramente el Requerimiento de Acusación Fiscal N.º 108/2026, presentado el 12 de agosto de 2026 por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, así como la acusación promovida por Agroganadera Pindó S.A., representada por su abogada querellante, Eva Margarita Colmán Adorno.
En consecuencia, Jorge Mercado Méndez deberá afrontar el juicio por la presunta comisión, en carácter de autor, de los siguientes hechos punibles:
Invasión de inmueble ajeno, artículo 142 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 6830/2021.
Asociación criminal, artículo 239 del Código Penal.
Detentación ilegal de arma de fuego, artículo 260 de la Ley N.º 7411/2024.
La admisión de estas acusaciones significa que los tres hechos punibles serán objeto de debate ante el Tribunal de Sentencia, sin que ello implique todavía una declaración de culpabilidad.
Rechazos para la defensa
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial es el rechazo de la totalidad de los planteamientos formulados por los abogados defensores de Mercado Méndez, quienes pretendían cuestionar distintos aspectos de la acusación e impedir o limitar su elevación a juicio.
La resolución judicial dispone que Jorge Mercado Méndez enfrente juicio por tres hechos punibles relacionados con la ocupación de inmuebles en Canindeyú. Foto: Gentileza
El juzgado rechazó la excepción de incompetencia territorial, el cuestionamiento sobre la aplicación temporal de la Ley N.º 6830/2021, la objeción contra la acusación por asociación criminal, el planteamiento relativo a la detentación ilegal de arma de fuego y las observaciones sobre la identificación de los inmuebles afectados.
El magistrado consideró que los argumentos expuestos no constituían impedimentos procesales suficientes para excluir los hechos de la acusación ni para impedir la prosecución de la causa. Asimismo, estableció que las controversias relativas a la conducta atribuida, la valoración de las pruebas y la determinación de la responsabilidad penal deberán ser examinadas durante el juicio oral y público.
Presunto liderazgo en el asentamiento
Cabe recordar que la investigación inició tras las denuncias presentadas por representantes de Agroganadera Pindó S.A., por la ocupación de sus propiedades rurales. Según informes policiales, en los inmuebles se habrían establecido asentamientos permanentes, con estructuras de vigilancia y mecanismos de control de acceso que presuntamente impedían el ingreso de autoridades y representantes de los propietarios.
La Fiscalía atribuye a Jorge Mercado Méndez funciones de dirección, liderazgo y coordinación dentro del asentamiento Joaju–Primero de Marzo, cuya comisión directiva habría presidido desde abril de 2014. Un relevamiento de la Policía Nacional realizado en septiembre de 2025, registró aproximadamente 450 viviendas en los asentamientos investigados.
Actualmente, el acusado continuará recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada, quedando a disposición del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá; conforme a lo dispuesto por el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas.
Al respecto, la abogada Margarita Colmán señaló que para la Agroganadera Pindó S.A., la decisión judicial constituye un avance significativo después de más de catorce años de actuaciones vinculadas con la ocupación de sus propiedades. Durante este prolongado proceso, la empresa sostuvo sus denuncias y ejerció las acciones judiciales correspondientes para obtener el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.
Rechazan chicana de abogado procesado por coacción y usurpación de funciones
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El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, rechazó el recurso (chicana) presentado por Fernando René Marecos Gamarra, imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Marecos está procesado por participar, sin tener poder para participar en un procedimiento judicial irregular realizado en la firma Cargo Line Paraguay S.A., donde habría coaccionado a funcionarios de la empresa.
Romero sostuvo que el juzgado considera que la providencia recurrida por la defensa del imputado fue dictada conforme a lo dispuesto en el artículo 303 del Código Procesal Penal y sobre la base de un acta de imputación que reúne todos los requisitos legales para su admisión. Con este recurso, el imputado pretendía suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares, fijada para el 8 de octubre a las 10:00.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra asumió atribuciones que no le correspondían durante el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.
Asimismo, la denuncia señala que el imputado participó en la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante, sin embargo no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El denunciante del caso es el actual gerente general de la empresa, Gustavo Martínez Venialgo.
Juez reencauza juicio civil
Por otra parte, el juez Guillermo Trovato reencauzó la actuación irregular de su colega Mafalda Cameron y sustituyó las medidas cautelares dictadas el 16 de septiembre. Trovato designó como administrador judicial de Cargo Line Paraguay S.A. a Gustavo Martínez, y de Cimportex Paraguaya I.C.S.A. a José Eduardo Fleitas Gómez. Ambos estarán bajo la fiscalización de la interventora María Graciela Álvarez Benítez, perito contable designada por el juzgado.