El juez de Garantías Rolando Duarte firmó este martes el pedido de extradición del hombre que huyó desde Paraguay con su hija de 2 años hacia Argentina.

Esta persona contaba con una medida de arraigo provisorio en el país mientras se sustanciaba el juicio de restitución solicitado por las autoridades chilenas. Sin embargo, huyó del territorio paraguayo para evadir dicha medida judicial.

A pedido de la fiscala María Angélica Insaurralde, el juez Duarte libró el exhorto en el que solicita a las autoridades del vecino país a mantener la detención y ordenar la extradición contra el padre que fue detenido junto con su hija en la ciudad de Resistencia, Argentina. La menor habría sido sacada de manera ilegal del territorio nacional.

Esta persona está detenida a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Chaco, Secretaría Penal N° 2- Resistencia, Chaco de la República de Argentina. Esto conforme a nota del departamento de Interpol, OCN Asunción, IP828/EXP-3626/14.07.2026/AG-8111 del 14 de julio del 2026.

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La niña de 2 años fue raptada por su padre el pasado 8 de julio de la guardería donde asistía en un barrio de la ciudad de Asunción. La madre denunció el caso y desde ese momento inició el proceso de búsqueda, hasta que fueron localizados en la ciudad argentina de Resistencia, a unos 325 kilómetros de Asunción.

El padre y la menor fueron localizados el 10 de julio, porque se activaron los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda. Los padres de la niña tenían en Chile un régimen de convivencia compartida. El papá se negaba a que la madre visitara Paraguay hasta que ella consiguió un permiso, pero debía regresar el 5 de enero y no lo hizo.

Tras su localización, la niña fue entregada a su mamá y regresaron Paraguay para reanudar el proceso judicial que quedó en pausa. El proceso continua tanto en Paraguay como en Chile, la semana pasada, la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Asunción, Natalia Ortellado, rechazó restituir a la menor a su padre.

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• Jorge Torres Romero

En Paraguay existe una peligrosa costumbre política: cuando un hecho no alcanza para generar el impacto deseado, se lo agranda hasta convertirlo en otra cosa. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy con el debate sobre las máquinas de votación.

Lo que dio origen a la polémica no fue una denuncia de fraude electoral. No apareció ninguna evidencia que demuestre manipulación de votos. Tampoco se comprobó vulnerabilidad alguna en las máquinas que serán utilizadas en las próximas elecciones municipales.

Lo que existe es un dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) referido a una licitación anterior, cancelada en 2025, y a una conducta que el organismo considera irregular por parte de una empresa durante aquel proceso.

Pero una cosa es investigar una posible irregularidad administrativa y otra muy distinta es instalar la idea de que todo el sistema electoral paraguayo está comprometido.

El dictamen de la DNCP no juzga elecciones. No analiza resultados electorales. No concluye que las máquinas de votación sean fraudulentas. No afirma que la voluntad popular pueda ser alterada. Su objeto es mucho más concreto: determinar si existió una conducta irregular dentro de una licitación específica.

Sin embargo, algunos sectores han optado por transformar un expediente administrativo en una supuesta prueba de que el proceso electoral entero carece de garantías.

Es una conclusión que no surge del dictamen y que jurídicamente carece de sustento.

Pero detrás de esta ofensiva contra las máquinas de votación también existen motivaciones políticas que pocos se animan a mencionar. En Asunción se ha conformado una suerte de cóctel de conveniencias. Por un lado, sectores de la disidencia colorada, particularmente el grupo liderado por los hermanos Samaniego, observan con preocupación encuestas y mediciones que no les resultan favorables frente a la candidatura de Camilo Pérez.

Las elecciones municipales no solamente definirán la conducción de la capital; también marcarán quiénes llegan fortalecidos y quiénes llegan debilitados a la gran disputa política de 2028.

Cuando los números no acompañan, la tentación de cuestionar las reglas del juego suele crecer.

A ello se suma un sector del PLRA que nunca terminó de adaptarse al sistema de desbloqueo de listas y al uso de la tecnología electoral. Es el mismo sector que condujo al liberalismo a algunas de las derrotas más duras de su historia reciente, pero que hoy evita plantear abiertamente su verdadero objetivo: volver al viejo sistema de papeletas. Como no se animan a sostener públicamente esa posición, intentan desacreditar el mecanismo vigente instalando sospechas permanentes sobre las máquinas de votación.

La paradoja es evidente. El problema no son las máquinas. El problema es que el sistema actual modificó formas tradicionales de acumulación de poder político y obliga a competir en condiciones distintas a las de antes.

Incluso si la DNCP resolviera eventualmente sancionar o inhabilitar a una empresa para futuras contrataciones, ello no implica automáticamente la nulidad de un proceso ya adjudicado y actualmente en ejecución. Las sanciones administrativas tienen procedimientos, alcances y efectos definidos por la ley. No operan por contagio político ni por especulación mediática.

Lo preocupante es que detrás de este debate pareciera existir una intención más profunda: sembrar dudas anticipadas sobre el resultado electoral antes incluso de que los ciudadanos concurran a las urnas.

Y confundir una cosa con la otra solo contribuye a deteriorar la confianza de los ciudadanos en un sistema democrático que debe ser protegido por todos, independientemente de las diferencias políticas. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

El ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, aseguró que el cronograma electoral se cumplirá a cabalidad, y que no existen motivos para postergar o suspender las elecciones internas partidarias programadas para el 7 de junio. El titular electoral refirió que existen otras intenciones con el pedido de disidentes y opositores, que sería volver a las listas cerradas para los cargos plurinominales.

“Pareciera y yo diría que existe casi la certeza que la intención de un grupo importante del sector político es llegar al final de sustituir el sistema electoral, que se vuelva a las listas cerradas, las famosas listas sábanas. Ese parece ser realmente el trasfondo”, dijo este martes en nota al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Paraguay concretó la apertura de un nuevo mercado para el sector avícola con la habilitación de Emiratos Árabes Unidos para las exportaciones de productos cárnicos del rubro aviar. Así lo anunció este martes el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

“Esta habilitación representa un importante avance para el sector avícola nacional y es el resultado de un trabajo técnico y diplomático, orientado a fortalecer la presencia de los productos paraguayos de origen animal en mercados internacionales”, destaca el comunicado del servicio veterinario.

Organizaciones civiles y familiares de la primera abogada del país entregaron una nota al presidente de la previsional para frenar el derrumbe de este patrimonio histórico. Buscan convertir las ruinas en un centro cultural y de contención para las mujeres.

La emblemática vivienda de Serafina Dávalos, ubicada en pleno centro de Asunción (sobre la calle Luis Alberto de Herrera casi Estados Unidos), se encuentra en un avanzado estado de deterioro y abandono que amenaza con su derrumbe definitivo.

Continuando con el análisis del salario mínimo, en la segunda reunión de la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasam) prosiguió el debate sobre el reajuste salarial, cuya propuesta final deberá ser presentada antes del próximo 15 de junio. Durante el encuentro, el sector empresarial reiteró su postura de mantener el ajuste en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El viceministro del Trabajo, César Segovia, mencionó que la recomendación será presentada este miércoles, en la próxima sesión de la comisión. “El miércoles 13 se realizó la segunda reunión, siguiendo con el cronograma de actividades. El sector empresarial tuvo algunas observaciones y debe presentar una contestación por escrito”, comentó en el programa Así son las cosas, emitido por el canal GEN/Nación Media.

El viceministro de Industria, Javier Viveros, estuvo presente en el evento conocido como Conexa 2026, en la ciudad de Florianópolis, Santa Catarina. El alto funcionario expuso ante alrededor de 4.000 empresarios del país vecino las oportunidades de integración con Paraguay.

La actividad reúne a líderes empresariales, representantes institucionales y actores del sector productivo de todo Brasil, con el objetivo de fortalecer el asociativismo, generar oportunidades de negocios e impulsar la conexión entre industrias y cadenas de valor de la región. Se trata de uno de los principales encuentros empresariales del vecino país, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

El senador liberal Dionisio Amarilla manifestó su profunda preocupación ante el peligroso escenario electoral que se está construyendo de cara a las internas partidarias. Indicó que durante los recorridos que está realizando en distritos del interior del país recibe denuncias sobre aquellos lugares donde han logrado candidaturas únicas o de consensos para las elecciones de intendencias municipales, desde el Nuevo Liberalismo estarían instando a la gente a “cargar las urnas”, en las próximas internas partidarias previstas para el 7 de junio.

En ese sentido, la Lista 100 del movimiento Diálogo Azul emitió un comunicado, denunciando esta situación, el cual fue igualmente confirmado por el senador liberal Amarilla en comunicación con La Nación/Nación Media, señalando que bajo el argumento de un supuesto “consenso”, “unidad” y “desmovilización electoral”, se ha impulsado una operación política orientada a desalentar la competencia interna legítima, evitando deliberadamente la confrontación democrática de ideas, proyectos y liderazgos dentro del PLRA.

El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, tomó la decisión de rechazar la solicitud de autorización judicial realizada por el destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, para viajar al Brasil, en consonancia con el reciente fallo de un tribunal que consideró inconsistencias en su pedido.

El juzgado entendió que no se justificaron suficientemente las razones que hagan necesaria su salida del país. “Para este juzgado, el simple hecho de solicitar la salida del país por motivos de carácter institucional y empresarial no justifica la necesidad del viaje ni lo torna imprescindible, resultando insuficiente para asegurar el sometimiento del procesado al presente proceso”, señala parte de la resolución.

Venezuela deportó ayer sábado hacia Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, informó el Servicio de Migración venezolano en un comunicado. Saab ya estuvo preso en territorio estadounidense en 2021 por cargos de lavado de dinero y corrupción. Venezuela negoció su liberación en 2023 y lo designó ministro de Industria un año después.

Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en un operativo estadounidense en enero, lo destituyó de todas sus funciones en febrero y empezaron a circular rumores de su arresto, que nunca fue confirmado formalmente por las autoridades. “La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”, detalla el texto difundido ayer sábado.

El traslado de una persona a otro país que lo reclama por algún delito es una extradición, medida prohibida en la Constitución venezolana. La autoridad migratoria afirma que en su lugar se trata de una “deportación”. Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano.

Venezuela lo calificó de “secuestro” mientras lo defendía como un “héroe” que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.

Finalmente fue excarcelado en 2023 por Washington como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela.

Tras su excarcelación, Saab fue el encargado de gestionar el sector productivo del país como ministro de Industria y director de un centro de inversiones creado por Maduro para atraer capital extranjero a Venezuela pese a las sanciones de Estados Unidos.

Así es que Saab se reunía con empresarios internacionales y autoridades de otros países para acordar numerosos negocios de los que nunca se publicaron detalles oficiales.

Se mantuvo como uno de los hombres cercanos de Maduro hasta su caída.

Bajo la administración de Rodríguez, que gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, Saab no sobrevivió ni siquiera un mes en el Gobierno. Fue destituido rápidamente de ambos cargos. Su esposa, Camilla Fabri, quien fungía como viceministra de Relaciones Exteriores a la vez que encabezaba un programa migratorio, también fue cesada en marzo.

Fuente: AFP.