Miguel Ángel Insfrán Galeano se encuentra imputado por los hechos punibles de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero en asociación criminal, en calidad de autor. Foto: Gentileza
Jueza autoriza a Tío Rico el uso de teléfono en la cárcel
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La jueza del Crimen Organizado Rosarito Montanía autorizó para queMiguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, recluido en la prisión militar de Viñas Cué, pueda utilizar dos veces por semana el aparato celular. El supuesto capo narco es uno de los 50 imputados en el marco de la causa A Ultranza Py.
El beneficio concedido por el sistema de justicia abarca los días lunes y miércoles, de 9:30 a 11:30, con la finalidad de que pueda comunicarse con sus familiares y abogado. Por otra parte, se fijó que las comunicaciones serán monitoreadas por personal designado.
Por otra parte, Montanía estableció además un estricto protocolo de actividades para Tío Rico. Su rutina se iniciará a las 7:00 con los controles pertinentes. El régimen especial contempla la realización de actividades varias, como salidas al patio y esparcimiento de lunes a viernes y domingo. Además se encuentra autorizado para recibirvisitas de sus familiares los martes y jueves.
Tío Rico llegó al Paraguay el pasado viernes 19 de mayo tras ser extraditado desde el Brasil. Fue detenido el 9 de febrero en Río de Janeiro. Se encuentra imputado por los hechos punibles de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero en asociación criminal, en calidad de autor.
A Ultranza Py constituye la mayor operación contra el crimen organizado en Paraguay, con base en la cooperación nacional e internacional. Entre los bienes incautados en el operativo figuran aeronaves, yates, vehículos de alta gama, camiones de carga, tractores y maquinarias agrícolas, además de miles de cabezas de ganado, entre otros. El proceso de investigación actualmente sigue su curso.
García Troche seguirá recluida en Emboscada en espera de su audiencia preliminar en agosto
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La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de la ciudadana uruguaya Gianina García Troche en el módulo de máxima seguridad del Complejo para Mujeres de Emboscada (Comple), mientras aguarda su audiencia preliminar, prevista para el 10 de agosto, a las 9:00, dentro del proceso penal que enfrenta en el marco del caso “A Ultranza Py”.
La pareja del narco uruguayo Sebastián Marset (actualmente procesado en Estados Unidos) está acusada por el fiscal Deny Yoon Pak de lavado de dinero y crimen organizado. La decisión de la magistrada fue adoptada a través del Auto Interlocutorio n.º 124.
La defensa de la acusada, integrada por los abogados Christian Fernando González Rivas, Rafael Alcides Blanco Sanabria y Hugo Ramón Núñez Ortíz, había solicitado la revisión de la prisión preventiva, alegando la aparición de nuevos elementos que, a su criterio, modificaban las circunstancias originales de la medida cautelar. Entre los argumentos presentados se citó una pericia caligráfica realizada en una causa conexa relacionada con la firma “Summun S.A.”, la cual, según la defensa, podría afectar parte de la base fáctica de la imputación fiscal.
Sin embargo, el juzgado mantuvo la medida privativa de libertad y también dispuso la postergación de la audiencia preliminar, que inicialmente debía realizarse el 9 de junio. La magistrada argumentó que el expediente principal del caso se encuentra actualmente en manos de un Tribunal de Sentencia, situación que, según su criterio, podría generar limitaciones para el ejercicio pleno de la defensa y eventuales situaciones de indefensión.
El pedido de arresto domiciliario también fue rechazado atendiendo a que el inmueble ofrecido como garantía en Luque ya tiene tres causas penales como garantía y el código QR no se pudo validar. La jueza lo calificó de “ineficaz e insuficiente”. La jueza sostuvo que por la pena de 5 a 15 años y el perfil de la organización transnacional, el arresto domiciliario es “intrínsecamente precario” y que persiste el peligro de obstrucción.
JEM enjuicia a jueza y camaristas de Encarnación por presunto mal desempeño
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició por presunto mal desempeño en sus funciones a la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rosana Aurora Verón de Arca, así como a los camaristas del fuero civil Luis Alberto García Cabrera y Patricia Elena Bustamante Acuña. La acusación contra los magistrados fue presentada por la Municipalidad de Nueva Alborada.
Asimismo, los integrantes del JEM decidieron no solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de los enjuiciados. Por lo tanto, los mismos seguirán en sus cargos hasta que se dicte una resolución, la cual podría derivar en la destitución o en una sanción leve.
Los miembros del órgano juzgador señalaron que la jueza Verón de Arca violó la ley al ordenar el embargo ejecutivo de una cuenta corriente de la Municipalidad de Nueva Alborada. En relación con la actuación de los integrantes del Tribunal de Alzada enjuiciados, estos confirmaron la resolución de la jueza de primera instancia, por lo que también habrían actuado de forma irregular.
Del mismo modo, el Jurado sostuvo que “se puede visualizar el presunto mal desempeño en las funciones de la jueza, así como de los camaristas, debido a que los bienes públicos son inembargables”.
Jueza con otra acusación
El segundo caso que enfrenta la jueza civil Rosana Aurora Verón es más grave. La acusación fue presentada por Atilio Estigarribia, presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay. La magistrada fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial realizado en noviembre de 2025, dentro del expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
La jueza de Garantías, Rosarito Montanía, autorizó la extracción de datos de 10 dispositivos electrónicos incautados en el marco de la causa que investiga un esquema dedicado a la transferencia irregular de bienes de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. El pedido fue realizado por el fiscal José Martín Morínigo.
Entre los dispositivos que serán peritados se encuentran dos teléfonos del político luqueño Roberto Cubilla, al igual que los celulares de los imputados César García y Roberto Santiago Ayala.
Como puntos de pericia, se estableció la búsqueda y extracción de datos actuales y eliminados del archivo de mensajes de texto:
WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería (entrantes, salientes, guardados, borradores y mensajes de voz)
del archivo de llamadas (perdidas, recibidas, marcadas y otros relacionados)
de la agenda telefónica (números de contactos)
y del archivo de imágenes y videos guardados, entre otros.
Días atrás, la Policía Nacional allanó varias viviendas en Luque, en las que detuvo a un precandidato a concejal de esa ciudad como presunto líder de un esquema de lavado de dinero y transferencia irregular de inmuebles que pertenecieron a Eulalio Gomes. El comisario Luis López, jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado, dio los primeros detalles sobre el operativo “Copia Fiel 2.0”.
El detenido y hoy imputado es Roberto Cubilla Sanabria, abogado y precandidato a concejal por la ciudad de Luque. Se lo investiga por asociación criminal, transferencia irregular de inmuebles y lavado de dinero.
Reducen y entregan a joven que hurtó celular de una vivienda en J. Augusto Saldívar
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Vecinos del barrio Santa Marta de la ciudad de Julián Augusto Saldívar redujeron a un delincuente que entró a una casa y se alzó con el celular de un joven. Esta persona fue entregada a la Policía Nacional y cuenta con frondosos antecedentes penales por hechos similares.
Según el reporte de la Comisaria 20 Central, el hecho se registró en el barrio Santa Marta cuando esta persona fue sorprendida por el propietario mientras estaba saliendo de su vivienda. En ese momento fue para tomar su celular y se percató de que el dispositivo que dejó cargando ya no estaba.
Este salió corriendo tras el maleante, identificado como Juan Ángel Bergara Coronel, de 20 años, y a gritos dio aviso a sus vecinos, quienes también salieron para seguirlo a pie y en motocicleta. Finalmente, el sospechoso ingresó a un vivienda y se ocultó ahí durante varias horas.
Finalmente, se dispuso a salir porque pensó que los vecinos ya se había dispersado, pero estos lo estaban esperando y lograron reducirlo. En poder de esta persona -que tendría problemas de adicción- encontraron el aparato celular de la víctima, quien logró recuperar su pertenencia.
“Fue aprehendido por hurto de teléfono de alta gama, que fue incautado de su poder. Los propios vecinos fueron quienes lo capturaron. Se presume que estaba bajo los efecto del alcohol u otras sustancias. Tiene antecedentes por hurto y robo agravado”, detalló en comisario Manuel Báez, en entrevista con NPY.