El exbanquero uruguayo José Peirano Basso, extraditado ayer desde Uruguay, fue trasladado por la mañana de este martes hasta el Palacio de Justicia bajo un fuerte dispositivo de seguridad para la imposición de medidas cautelares. El hombre cuenta con dos causas judiciales en el Paraguay por millonarios fraudes contra los ahorristas del Banco Alemán y de Banalemán, hace unos 20 años.
La primera causa es por lesión de confianza y conducta indebida en situación de crisis por un fraude de unos 20 millones de dólares contra ahorristas del desaparecido Banco Alemán, mientras que el otro se centra en lesión de confianza y otros por 13 millones de dólares, relacionado con una sociedad de fondos mutuos conocida como Banalemán.
Se lo acusa de haber desfondado la sociedad de ahorristas para invertir en movimientos financieros en otros países. En la fecha se determinará si Peirano Basso, de 62 años, va a prisión o se decretará su prisión domiciliaria, tal como solicita su defensa ejercida por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, bajo fianza de 2 millones de dólares mientras se sustancia el proceso que lo involucra.
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“Tenemos suficientes, un inmueble ya alquilado (para que guarde reclusión en la zona del barrio Trinidad de Asunción), para que él pueda cumplir el arresto domiciliario. Tenemos suficientes garantías de que se someterá a la Justicia paraguaya”, indicó a través de una entrevista con la radio 730 AM. Peirano fue arrestado el 20 de mayo pasado en su domicilio localizado en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Llegó el pasado lunes hasta Asunción, mediante la figura de la extradición.
Las causas que enfrenta fueron tramitadas ante dos Juzgados Penales de Garantías de la Capital, a cargo de los jueces Raúl Florentín y Clara Ruiz Díaz y de los agentes fiscales Néstor Coronel, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.
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Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
La Fiscalía requiere la prisión preventiva del expresidente de la República, Santiago Peña, al ser imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor. Además, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, en el marco de la causa judicial ueno bank.
También solicita la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
La imputación contra Peña quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
El proceso de investigación apunta a establecer si existieron decisiones o gestiones desde el Ejecutivo que incidieron en la canalización de recursos estatales hacia el banco, cuyos directivos Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada se encuentran imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Se busca a la vez determinar si esas actuaciones habrían generado beneficios indebidos para intereses particulares. El otro eje de la investigación se centra en los créditos que la entidad bancaria habría concedido a sociedades vinculadas a su propio grupo económico, mientras recibía y administraba fondos de entes públicos y previsionales.
La Fiscalía busca determinar si existió un manejo irregular de esos recursos y si las operaciones crediticias se realizaron en condiciones que pudieron comprometer los intereses patrimoniales involucrados.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
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El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
La imputación también menciona que al 30 de septiembre de 2026, el patrimonio de ueno bank ascendía a G. 2.525.148 millones, de acuerdo con el balance publicado por la entidad.
El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a ueno bank dentro del mismo grupo empresarial”.
La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.
“De esta manera, pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades en las operaciones crediticias, posibles excesos regulatorios y riesgos para la situación patrimonial de ueno bank S.A., Santiago Peña habría continuado respaldando públicamente la situación financiera de dicha entidad, sin que se haya tomado medidas precautorias con relación a los fondos públicos allí colocados”, expresa.
Los hechos investigados se sustentan en denuncias presentadas el 5 de noviembre de 2026 por parlamentarios de la oposición, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lucía Mendoza, Esperanza Martínez, Rubén Velázquez, Ignacio Iramain, Johanna Ortega y Ever Villalba.
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Caso Ronaldinho: Dalia López es condenada a dos años de prisión con suspensión de la pena
La empresaria Dalia López admitió judicialmente la falsificación de los pasaportes que involucraron al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano, y fue condenada a dos años de prisión. Aunque fue condenada, la ejecución de la pena quedó suspendida y la justicia ordenó retirar la tobillera electrónica que portaba desde su captura.
López se acogió a un procedimiento abreviado en el que reconoció los hechos de producción de documentos no auténticos en el caso Ronaldinho. Los fiscales Cristian Ortiz, Juan Sandoval y José Martín Morínigo dieron luz verde al planteamiento de la defensa técnica, ejercida por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres.
Finalmente, la empresaria Dalia López Troche fue condenada a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena por el juez penal de Garantías Francisco Acevedo. Además, se ordenó el retiro de su tobillera electrónica y le impuso millonarias donaciones a instituciones de salud.
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Se dispuso el cumplimiento de:
- Entrega de un total de USD 110.000 y G. 200 millones distribuidos en distintas fundaciones e instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el Hospital San Pablo, hogares de niños, entre otros.
- Prohibición de salir del país sin autorización judicial, comparecencia trimestral ante el juzgado y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio por el lapso de dos años.
- El magistrado ordenó el cese de las medidas cautelares y el retiro de la tobillera electrónica que utilizaba bajo arresto domiciliario.
Antecedentes
El escándalo estalló en marzo de 2020, cuando Ronaldinho y su hermano fueron detenidos en Paraguay por usar pasaportes falsificados. En ese momento, el Ministerio Público identificó a Dalia López como la líder de la red delictiva que adulteraba los documentos.
López permaneció prófuga hasta que fue capturada por la policía en Asunción en abril de 2026. Tras recibir arresto domiciliario con tobillera electrónica bajo una millonaria fianza, el proceso cerró el 6 de noviembre y admitió su culpabilidad en un juicio abreviado que le otorgó una pena suspendida.
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Petropar presentó denuncia penal contra directivos de ueno bank
Petróleos Paraguayos (Petropar), presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los directores, gerentes, y responsables de ueno bank, por la presunta comisión de hechos punibles de estafa, lesión de confianza y otros tipos penales. A través de un comunicado, la estatal informa que fue solicitada la aplicación de las medidas cautelares correspondientes para salvaguardar el patrimonio de la empresa.
A su vez, señala que desde el año 2023 Petropar y ueno bank S.A. mantenían una alianza comercial mediante la cual los clientes de ambas empresas accedían a beneficios económicos (reintegros) al momento de cargar combustibles en las estaciones de servicios del emblema.
“Durante la vigencia de esta alianza comercial, Petropar logró incrementar la venta de sus combustibles y fidelizar clientes”, explica el documento. Sin embargo, la empresa señala que, ante el proceso de resolución de la extinta entidad bancaria no puede acceder a los fondos depositados a la vista.
Además de la denuncia penal, Petropar informó que el 4 de noviembre de 2026 presentó una nota a la Superintendencia de Bancos, solicitando la certificación oficial de los saldos y que se arbitren los mecanismos y procedimientos legales para recuperar esos fondos.
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Caída de ueno bank
El pasado martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó iniciar un procedimiento de resolución de ueno bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido. La medida implicó la suspensión de sus operaciones y generó dificultades para que ahorristas, empresas e instituciones puedan acceder a los fondos depositados.
La situación también motivó pronunciamientos de varios gremios económicos y empresariales, que expresaron su preocupación por las posibles repercusiones sobre la actividad comercial, industrial y productiva. Entre ellos, la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex), la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), entre otros.
Tras la intervención, también la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) advirtió una semiparalización del mercado comercial, al asegurar que dos de cada tres operaciones electrónicas se realizaban a través de cuentas de ueno bank, la cual fue actualizada este viernes, con una caída del 70 % en ventas.
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Denuncian penalmente al titular del Indert por perjuicio millonario en cobro de tierras
El abogado Weldon Walter Black Zaldívar denunció penalmente a Francisco Ruiz Díaz, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por el cobro irregular de tierras en el Chaco dentro de tres juicios ejecutivos.
Según la denuncia, las demandas se habrían cerrado mediante un aparente arreglo que generó un perjuicio patrimonial al Estado.
La acción legal señala presuntas irregularidades en procesos judiciales tramitados para el cobro de deudas por tierras adjudicadas en el distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, en el Chaco.
Los tres juicios ejecutivos fueron promovidos por el Indert en contra de Ángel David Bobadilla Rivas, Sergio Miguel Morán Barrios y Mario Alejandro Olmedo Urquhart.
El reclamo judicial inicial ascendía a cerca de G. 6.228 millones, cifra que incluía las cuotas vencidas, así como los intereses moratorios y punitorios.
Sin embargo, de acuerdo con el denunciante, en esa instancia comenzaron las anomalías: se habrían exonerado los intereses hasta en un 65 % “sin sustento en la ley”, lo que provocó —solo en ese concepto— un perjuicio patrimonial de más de G. 1.000 millones.
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Además, supuestamente se abonaron los gastos judiciales de forma directa con fondos públicos de la institución, sin una regulación judicial previa y sin exigir posteriormente el reembolso a los demandados.
Entre las irregularidades citadas, también se menciona el pago de honorarios al oficial de justicia Osvaldo Maldonado por un total de G. 155 millones (equivalente al 2,5 %), a pesar de que la tasa establecida habitualmente es del 1 %. La denuncia subraya que dicho desembolso se gestionó como «prioridad», sin concurso ni competencia.
El abogado Black Zaldívar sostiene que existió una condonación ilegal de los intereses que el Indert debía percibir, un monto que calificó como una pérdida efectiva para el Estado, sumada a los gastos judiciales no devueltos por los demandados.
El profesional concluyó que la institución no aplicó la ley y se extralimitó en sus facultades legales al dar por finiquitados los juicios.
El denunciante no determinó un valor cerrado del daño total y solicitó a la Fiscalía que lo cuantifique, incluyendo los gastos judiciales ocasionados sin devolución (notificaciones, viáticos y traslados), el dinero descontado de los intereses y otros detalles del proceso.
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