El juez Miguel Palacios, quien será el que entenderá en el caso de la joven Belén, deberá remitir el oficio a la Interpol para el levantamiento de la orden de captura internacional que pesaba contra una mujer y de esa manera pueda pueda ingresar a nuestro país. El magistrado deberá remitir a las autoridades el levantamiento de la orden de captura debido al fallo de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto tal orden que había firmado la jueza Lici Sánchez.
El abogado Rodrigo Cuevas, representante legal de Whittingslow, explicó que se están haciendo los trámites para levantar de una vez por todas la orden de captura internacional que pesa sobre Belén para que ella pueda ingresar a nuestro país, sin ningún inconveniente”.
Semanas atrás la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por la joven María Belén Whittingslow contra su orden de captura internacional en el caso conocido como supuesta compraventa de notas en la Universidad Católica (UCA).
La acción de la joven estudiante fue presentada en el 2019 por los abogados Juan Martín Barba y Rodrigo Cuevas, en contra de la resolución firmada por la jueza penal de Garantías Lici Sánchez, en el citado proceso judicial.
Los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte, en mayoría integrada por Víctor Ríos y Guido Cocco (camarista), votaron por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad. Mientras que la integrante de la sala Estela Mary Zárate votó por rechazar la acción de inconstitucionalidad.
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Cámara debe estudiar y rechazar chicana de abogado imputado por coacción y otros
Se integró el Tribunal de Apelación de Central que estudiará la chicana presentada por el abogado Fernando René Marecos Gamarra, imputado por coacción y usurpación de funciones públicas.
Al profesional se le acusa de participar, sin tener poder legal, en un procedimiento judicial realizado en la firma Cargo Line Paraguay S.A., donde habría coaccionado a funcionarios de la empresa.
Los camaristas Fabriziano Villalba, Alicia Orrego y Gustavo Bóveda conforman el colegiado que tendrá que resolver el planteamiento dilatorio del imputado.
En este caso, se inhibieron previamente los camaristas María Teresa González de Daniel —debido a que su esposo, Arturo Daniel, asumió la defensa del procesado—, Lourdes Cardozo y Dionicio Nicolás Frutos, quienes se apartaron por su relación de amistad con el empresario Juan José Zapag.
Los nuevos camaristas deberán destrabar el proceso penal y confirmar la admisión del acta de imputación resuelta por el juez de garantías Nelson Romero.
El magistrado consideró en su resolución que la imputación reunía todos los requisitos legales para su admisión y que la providencia recurrida por la defensa se dictó conforme al artículo 303 del Código Procesal Penal.
Romero ya había fijado el 8 de octubre para la audiencia de imposición de medidas cautelares, la cual se suspendió a raíz de la “chicana2 planteada por Marecos Gamarra.
La imputación
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de setiembre en las instalaciones de Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial irregular que disponía un cambio temporal en la administración de la firma.
La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra asumió atribuciones que no le correspondían durante el procedimiento. En dicha diligencia estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron, quien hoy se encuentra acusada por mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Asimismo, el acta fiscal señala que Marecos participó en la diligencia como supuesto representante de la parte demandante, a pesar de que no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. Además, de forma prepotente y unilateral, decidió destituir a funcionarios de la empresa Cargo Line de manera totalmente irregular. El denunciante del caso es el actual administrador judicial de la firma, Gustavo Martínez Venialgo.
Juez reencauzó juicio civil
Por otra parte, el juez Guillermo Trovato reencauzó la actuación irregular de su colega Mafalda Cameron y designó como administrador judicial de Cargo Line Paraguay S.A. a Gustavo Martínez, y de Cimportex Paraguaya I.C.S.A. a José Eduardo Fleitas Gómez. Ambos estarán bajo la fiscalización de la interventora María Graciela Álvarez Benítez, perito contable designada por el juzgado.
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Ypyta: jueza debe fijar fecha para constituirse en la UASS y otros inmuebles en PJC
La jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, deberá fijar la fecha para constituirse en la Universidad Autónoma San Sebastián de la citada ciudad (ligada a Ángela Toumani, esposa del capo mafioso fallecido Jorge Rafaat Toumani). Esto, con el fin de dar cumplimiento a la orden del juez en lo civil y comercial de Asunción, Édgar Rivas, quien autorizó la realización de dicha diligencia judicial en el marco del juicio civil caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”.
El objetivo de la constitución judicial en la mencionada universidad, así como en otras fincas pertenecientes a la empresa Ypytá, es verificar el estado de los inmuebles, dejar constancia de sus ocupantes y labrar acta de todo lo actuado por la jueza de Paz quien tendrá que informar de todo al juez de Asunción Rivas Laguardia.
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Acción en la Corte
Será la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que tendrá que definir si Ypytá recupera el valioso inmueble, el cual fue vendido de forma irregular por el condenado exsíndico de quiebras, Blas Velázquez.
El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani.
Braga Diniz recurrió a la sala constitucional en un intento por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación en lo Civil.
Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular, devolviendo la propiedad a Ypytá. Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypytá S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.
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Corte ratifica condena de 10 años para Carlos Granada quien deberá volver a la cárcel
El exgerente periodístico de Canal 9, Carlos Granada, deberá volver a la cárcel para cumplir una condena de 10 años de pena privativa de libertad, tras ser declarado culpable por acoso sexual, coacción y coacción sexual.
Así lo resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación promovido por la defensa del condenado, con lo cual queda firme la sentencia de 10 años de prisión.
Los ministros de la máxima instancia judicial Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes concluyeron que el recurso no cumplía con los requisitos de fundamentación exigidos por la ley, por lo que rechazaron su estudio.
De esta manera, quedó confirmada la resolución dictada en primera y segunda instancia. Granada se encontraba con libertad ambulatoria desde marzo de este año, pero con la presente determinación tendrá que regresar a un centro penitenciario.
En su resolución, la Corte señaló que no es suficiente afirmar que un fallo es infundado o expresar críticas y agravios, sino que tales cuestionamientos deben estar respaldados por argumentos jurídicos pertinentes y suficientes, requisito que, a criterio de la Sala Penal, no fue cumplido en este caso.
Granada fue condenado en noviembre del año pasado, luego de que un Tribunal de Sentencia concluyera que, mientras se desempeñaba como gerente de prensa del Grupo Albavisión, incurrió en conductas reiteradas y patrones similares de acoso y coacción contra las víctimas, aprovechando la posición jerárquica que ocupaba.
La sentencia también tuvo por acreditado que las víctimas eran jóvenes, estudiantes o pasantes que atravesaban una situación de vulnerabilidad económica. Durante el juicio se expusieron episodios reiterados de contactos físicos indebidos y otras conductas agresivas atribuidas al condenado.
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Gobierno refuerza controles en universidades tras detectar cientos de títulos irregulares
Tras una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez informó sobre las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer los mecanismos de control, garantizar la calidad académica y ordenar el sistema de educación superior.
En conferencia de prensa, el ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Ministerio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades, tras detectarse inconsistencias durante los procesos de verificación.
Indicó que la Fiscalía comunicó que aproximadamente la mitad de esos documentos presentan una procedencia desconocida, por lo que continúan las investigaciones correspondientes.
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Auditorías e investigaciones en curso
El ministro informó que el MEC inició una auditoría integral en el ámbito de la educación superior con el objetivo de identificar posibles falencias administrativas, fortalecer los procesos internos y determinar eventuales responsabilidades en los casos investigados.
Señaló que los primeros resultados preliminares estarán disponibles en los próximos días y reiteró que todas las acciones impulsadas buscan consolidar un sistema educativo más transparente, confiable y alineado con los estándares de calidad requeridos para el desarrollo del país.
“Estamos en una actitud dialoguista, pero también firme para poner orden al sistema de educación superior, establecer reglas claras y garantizar que los estudiantes reciban una formación de calidad”, afirmó.
Acreditación académica
Luis Ramírez resaltó que las nuevas exigencias implementadas permitieron avanzar en la depuración del sistema universitario y fortalecer los procesos de acreditación.
Como resultado, 1.080 carreras fueron cerradas al no reunir las condiciones necesarias para continuar funcionando o no cumplir con los requisitos establecidos para su habilitación y acreditación.
Asimismo, señaló que actualmente se registra uno de los niveles más altos de acreditación de carreras, impulsado por la aplicación de controles más rigurosos para la habilitación y funcionamiento de programas académicos.
Mayor trazabilidad y transparencia
El titular del MEC destacó además la implementación del Registro Único del Estudiante de Educación Superior, una herramienta que permite contar con información detallada sobre toda la trayectoria académica de los estudiantes desde el año 2024.
Explicó que este sistema registra datos sobre matrículas, asignaturas cursadas, docentes y evaluaciones, fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad y control dentro del sistema universitario.
Según indicó, esta herramienta permitirá prevenir irregularidades, mejorar los procesos de verificación y generar información más detallada para la toma de decisiones.
Asimismo, explicó que las medidas adoptadas forman parte de un amplio proceso orientado a consolidar un sistema universitario con reglas claras, mecanismos de supervisión efectivos y mayores garantías para estudiantes y profesionales.
Destacó el trabajo coordinado entre el MEC, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y el Ministerio Público.
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