El Tribunal de Apelación de Crimen Organizado, integrado por Bibiana Benítez, Gustavo Ocampos y Arnulfo Arias, ratificó la prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú de Joaquín Roa, extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional, imputado por lavado de dinero y cohecho pasivo agravado. Con la presente determinación, Roa seguirá recluido en la citada penitenciaría de nuestro país.
La defensa del procesado había apelado la resolución de prisión preventiva dictada por el mencionado juez de Delitos Económicos y debido a dicha situación el Tribunal de Alzada decidió confirmar la prisión de Roa.
En su momento, el juez José Delmás, luego de la audiencia de imposición de medidas, decretó la prisión preventiva de Roa, quien se presentó en el primer llamado a la justicia.
Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Osmar Legal y Silvio Corbeta fueron quienes formularon la imputación contra Roa y solicitaron su detención.
De acuerdo al acta de imputación, Joaquín Roa habría recibido beneficios indebidos de Alberto Koube Ayala, quien mantenía una relación de amistad con Roa, a cambio de las licitaciones adjudicadas a empresas de Koube.
En agosto del 2018, Joaquín Roa habría recibido de parte de Koube, representante del Grupo Tapyracuai S. A., una embarcación por valor de 450.000 dólares a cambio de adjudicar licitaciones convocadas por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
El yate con dos motores y dos cajas de engranaje a nombre de Joaquín Roa pasó a manos de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados e Incautados (Senabico), a la resulta del proceso penal presente.
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Irán a prisión quienes profanen tumbas o perturben el descanso de los difuntos
Las personas que atenten contra los restos de personas fallecidas o los espacios destinados a su descanso serán sancionadas con penas privativas de libertad de dos a cinco años, o multas, según recordó el Ministerio Público.
El Código Penal paraguayo, Ley n.º 1160/97 establece en su artículo 231 la figura penal de “Perturbación de la paz de los difuntos”, que contempla sanciones para los que cometen este tipo de hechos.
En estos días, en que se celebra la fiesta de Halloween, o la Noche de Brujas, generalmente hay personas que ni a los muertos les dejan en paz, profanando tumbas o atentando contra los espacios al descanso eterno.
La disposición legal busca garantizar el respeto a la memoria de las personas fallecidas, la integridad de sus restos y la tranquilidad de los espacios donde son depositados. Asimismo, resguarda los intereses legítimos de los familiares y de quienes tienen derecho a la custodia de los restos mortales, evitando intervenciones arbitrarias que vulneren sus derechos.
Entre las conductas contempladas por esta disposición se encuentran:
La sustracción de cadáveres: retirar o llevarse, sin autorización, el cuerpo de una persona fallecida.
La sustracción de partes del cuerpo: apoderarse de restos humanos o de partes de ellos.
La intervención no autorizada de sepulturas: abrir, alterar o intervenir tumbas y otros espacios funerarios al margen de los procedimientos legales.
Maltrato o destrucción de restos humanos: realizar acciones que vulneren la integridad de los restos de una persona fallecida.
Las sanciones previstas
El Ministerio Público recortó que las sanciones establecidas son:
La sustracción de cadáveres, partes del cuerpo o cenizas tiene hasta tres años de pena privativa de libertad o multa.
Actos ultrajantes contra un cadáver o una tumba contempla hasta dos años de pena privativa de libertad o multa.
Cuando existe intención de obtener un beneficio patrimonial la pena puede aumentar hasta cinco años de privación de libertad.
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¿Qué hacer ante la profanación de una tumba o la desaparición de restos humanos?
Ante la sospecha o constatación de un hecho de esta naturaleza, se recomienda:
Realizar la denuncia inmediata: acudir a la Policía Nacional o al Ministerio Público para poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes. La denuncia no requiere necesariamente la asistencia de un abogado.
Preservar el lugar: evitar manipular la sepultura, los restos humanos o los objetos que pudieran constituir evidencias.
Recopilar información: conservar fotografías, registros de visitas, datos de la administración del cementerio y cualquier antecedente que permita establecer cuándo ocurrió el hecho.
Solicitar la intervención de las autoridades: facilitar las diligencias de investigación y la preservación de posibles elementos probatorios.
Comunicar el hecho a la administración del cementerio: solicitar información sobre los controles de seguridad, registros de ingreso y eventuales sistemas de videovigilancia.
Las cifras
El Observatorio y la oficina de Estadísticas del Ministerio Público revelan que un total de 221 causas ingresaron en los últimos seis años (2021- 2026, hasta setiembre ) por el hecho punible de perturbación de la paz de los difuntos.
Los datos señalan que los domingos y lunes registran los mayores números de denuncias en el Ministerio Público.
Las denuncias ingresadas muestran que en horas de la mañana fueron reportadas la mayor cantidad de causas a nivel país. Este comportamiento se debe a que muchos de los casos se registran en horas de la noche, pero que los hechos son descubiertos por los familiares de difuntos en horas de la mañana, según los datos.
Los departamentos de mayor registro de causas son Asunción, Central, Cordillera, Caaguazú, y Alto Paraná.
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Fiscalía urge a la Corte destrabar causa penal por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar
El Ministerio Público presentó su segundo urgimiento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para destrabar la causa penal caratulada como “Miguel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero” (N.º 6/2021). El fiscal Jorge Arce fue quien solicitó a los ministros de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Víctor Ríos, que destraben el mencionado proceso.
El expediente judicial se encuentra en poder del ministro Víctor Ríos desde el mes de agosto, y solo falta la firma del duplicado en limpio de dicho alto magistrado para que el proceso penal se destrabe y pueda avanzar.
La Fiscalía argumenta que es urgente resolver el caso para brindar certeza procesal, evitar dilaciones indebidas y cumplir con los principios de celeridad, economía procesal y plazo razonable. Los integrantes de la Sala Penal deben resolver la recusación presentada por el acusado Celio Tunholi, quien recusó a los camaristas Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar Garay.
Del mismo modo, en septiembre pasado, el abogado Claudio Lovera, en representación de la Conmebol como querellante adhesiva, ya había presentado un urgimiento exigiendo destrabar el proceso. La recusación contra los camaristas fue planteada el 10 de abril de 2026; es decir, hace ya más de seis meses.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz (fallecido en agosto de 2019) desvió del ente rector del fútbol sudamericano hacia el Banco Atlas, institución financiera de la familia Zuccolillo.
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Cuatro detenidos van a prisión por contrabando de acetato de etilo con destino a Bolivia
La Justicia decretó la prisión preventiva de cuatro imputados por contrabando y tráfico internacional de drogas, quienes fueron detenidos con una carga de precursores químicos que tenían como destino Bolivia. La resolución fue firmada por la jueza penal de Garantías de Limpio, Elsa Idoyaga, luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
La fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Mariano Roque Alonso, Andrea Soledad Ríos Dos Santos, fue quien presentó la imputación contra
- Francisco Javier Varela Rivas
- Juan Clemente Granje Benítez
- José Félix Cabral
- y Pastor Federico Rojas Figueredo.
Los procesados cumplirán la medida privativa de libertad en el Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú).
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Los hoy imputados fueron retenidos por agentes policiales de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) con el cargamento de precursores químicos que pretendía ser trasladado a Bolivia. El procedimiento se llevó a cabo sobre la Ruta Transchaco, en inmediaciones de la Expo de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en el departamento Central.
El primer arrestado fue Varela, quien resultó interceptado cuando manejaba un camión Scania en el que transportaba 50 tambores de 200 litros cada uno de acetato de etilo. Lo llamativo del caso es que el Ministerio Público borró el informe enviado a los medios de comunicación. En dicho documento se mencionaba que este componente se despenalizó durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
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Confirman prisión para falsa religiosa condenada por trata de persona
El Tribunal de Apelación ratificó la prisión de la falsa religiosa Rufina Salinas Acuña, condenada a 10 años de cárcel luego de ser encontrada culpable del delito de trata de personas. La mujer, en complicidad con otra falsa hermana, mantuvo bajo un régimen de servidumbre y maltrato a una adolescente de 16 años en un supuesto hogar religioso. Por el mismo caso, Olga Bogado Cubas fue condenada a 11 años de pena privativa de libertad.
El caso data del año 2023. Aunque el juicio oral se desarrolló en el Palacio de Justicia de Asunción, la causa fue liderada por la fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas de Alto Paraná y Canindeyú. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los magistrados Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas.
De acuerdo con la resolución de primera instancia, quedó probado en el juicio que las acusadas captaron a la adolescente bajo engaños, con el pretexto de brindarle formación religiosa en la supuesta congregación “Hermanas Hijas de Nuestra Señora de Caacupé”. Una de las mujeres retiró a la menor de su hogar, ubicado en el kilómetro 13 Acaray de Minga Guazú, y la trasladó a un establecimiento en el kilómetro 14 del mismo distrito. Allí, la víctima fue sometida a trabajos de servidumbre y terribles maltratos, además de ser obligada a vender pan y pedir limosnas.
Luego fue llevada a su destino final en Luque, específicamente a la “Casa de la Reina de la Paz”, bajo la custodia de la otra coacusada. En ese lugar, la menor continuó sufriendo al ser obligada a realizar trabajos forzados y tareas domésticas extenuantes hasta altas horas de la madrugada, además de recibir castigos físicos denigrantes.
Las falsas religiosas mantuvieron a la víctima incomunicada y le prohibieron retornar con su familia recurriendo a amenazas constantes. También la coaccionaron para que mintiera a sus familiares sobre su situación real y justificara su permanencia con las supuestas religiosas. Los informes médicos y psicológicos confirmaron el daño sistemático infligido a la menor durante su estadía en Luque.
Tras la denuncia, la Unidad Especializada resguardó a la adolescente activando los protocolos de protección integral. Luego, se logró la detención y posterior condena de las responsables, cuya pena hoy quedó firme.
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