El Tribunal de Apelación de Crimen Organizado, integrado por Bibiana Benítez, Gustavo Ocampos y Arnulfo Arias, ratificó la prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú de Joaquín Roa, extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional, imputado por lavado de dinero y cohecho pasivo agravado. Con la presente determinación, Roa seguirá recluido en la citada penitenciaría de nuestro país.
La defensa del procesado había apelado la resolución de prisión preventiva dictada por el mencionado juez de Delitos Económicos y debido a dicha situación el Tribunal de Alzada decidió confirmar la prisión de Roa.
En su momento, el juez José Delmás, luego de la audiencia de imposición de medidas, decretó la prisión preventiva de Roa, quien se presentó en el primer llamado a la justicia.
Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Osmar Legal y Silvio Corbeta fueron quienes formularon la imputación contra Roa y solicitaron su detención.
De acuerdo al acta de imputación, Joaquín Roa habría recibido beneficios indebidos de Alberto Koube Ayala, quien mantenía una relación de amistad con Roa, a cambio de las licitaciones adjudicadas a empresas de Koube.
En agosto del 2018, Joaquín Roa habría recibido de parte de Koube, representante del Grupo Tapyracuai S. A., una embarcación por valor de 450.000 dólares a cambio de adjudicar licitaciones convocadas por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
El yate con dos motores y dos cajas de engranaje a nombre de Joaquín Roa pasó a manos de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados e Incautados (Senabico), a la resulta del proceso penal presente.
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Jueza ordena prisión para tres imputados estadounidenses por cargamento de hachís
La jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, decretó la prisión preventiva de los tres ciudadanos estadounidenses imputados por tráfico internacional y tenencia de sustancias estupefacientes (hachís).
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Los imputados Troy Anthony Vásquez y David Thomas Wise cumplirán la medida en el Centro Nacional de Prevenidos (ex cárcel de Tacumbú).
Mientras tanto, Marisol Rivas guardará reclusión en el centro penitenciario de mujeres de Emboscada.
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La agente fiscal Ingrid Cubilla, titular de la Unidad N.° 6 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, había solicitado la prisión preventiva al momento de presentar el acta de imputación, pedido al cual la magistrada hizo lugar.
En el marco de la investigación, se logró la incantaución de 262,6 kilogramos de hachís (marihuana premiun) que eran transportados a bordo de una aeronave privada tipo Challenger 604, procedente de los Estados Unidos.
El cargamento fue detectado durante un procedimiento realizado en un hangar ubicado en la ciudad de Luque, donde uno de los ahora procesados fue sorprendido cuando intentaba retirar la carga ilícita en un vehículo particular.
Los operativos fueron ejecutados de manera conjunta por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y organismos de seguridad aeronáutica.
Durante las intervenciones también se incautaron de dispositivos de comunicación satelital, teléfonos celulares y equipos informáticos que serán sometidos a análisis pericial para el esclarecimiento del caso.
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El embargo a Atlas es un “indicador más ante sospecha de lavado”, señala abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel “Miki” Ángel Zaldívar.
“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de activos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas operaciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contratos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herramientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas", explicó Lovera.
El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la sala penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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Erico Galeano ya se encuentra recluido en el Centro Nacional de Prevenidos
El exsenador Erico Galeano fue trasladado este miércoles hasta el Centro Nacional de Prevenidos (expenintenciaría de Tacumbú), donde guardará reclusión mientras continué el proceso judicial al que se encuentra sometido por asociación criminal y lavado de activos, en el marco de la causa judicial A Ultranza Py.
Galeano, sentenciado a 13 años de prisión, ingresó a la excárcel de Tacumbú cerca de las 11:30 tras haber permanecido bajo custodia en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional. En el recinto, que ya no alberga a personas privadas de libertad que estén condenadas, el exparlamentario será sometido a una evaluación de su estado general de salud por disposición del Ministerio de Justicia.
Galeano ya fue condenado tanto en primera y segunda instancia, pero la condena aún no se encuentra ejecutada en su totalidad. Recientemente su defensa legal, que está a cargo de Ricardo Estigarribia y Luis Almada, recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) planteando un recurso extraordinario de casación y una acción de inconstitucionalidad con la finalidad de anular las sentencias previas.
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El exparlamentario refiere que en el marco del proceso quedó vulnerada la presunción de inocencia, el principio de legalidad penal, el principio de culpabilidad, la garantía de la defensa en juicio, el doble conforme y la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones judiciales.
Antecedentes
La ratificación unánime de la sentencia por parte del tribunal de apelaciones, se concretó el lunes 4 de mayo. Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo que una aeronave de la marca Beech, propiedad del exlegislador, fue utilizada como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, entre ellos, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González.
También indicó que, a cambio de la aeronave, Galeano habría recibido dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, que insertó dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compra de bienes.
El Ministerio Público también señaló que Galeano recibió aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.