El Tribunal de Apelación de la Primera Sala de Alto Paraná confirmó al juez penal de garantías Amílcar Marecos para continuar la causa que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y a otras 11 personas, investigadas por presuntos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Este hecho habría ocasionado un perjuicio a las arcas del municipio de la capital de Alto Paraná de G. 311.580.000.

Con esta decisión del Tribunal de Apelación, el proceso judicial, conocido también como el caso de las ollas populares se reactiva y se deberá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar, instancia en la que se definirá si la causa pasa o no a juicio oral y público.

El incidente presentado por la defensa menciona que “el juez Marecos habría actuado fuera de sus atribuciones al disponer de oficio medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento a la Municipalidad de Ciudad del Este, sin un pedido previo del Ministerio Público”. Esta misma resolución ya había sido posteriormente revocada por un Tribunal de Apelación.

Mientras tanto los integrantes de este tribunal concluyeron que los argumentos no eran suficientes para apartar al magistrado del caso. La resolución fue firmada por la camarista Marta Acosta, con la adhesión de sus colegas Raúl Insaurralde y Nilda Cáceres, los mismos consideraron que las decisiones cuestionadas se enmarcan dentro de las facultades jurisdiccionales y no evidencian parcialidad.

Según la Fiscalía, existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este. De acuerdo con las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a voluntarios de ollas populares” y “Apoyo a voluntarios organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, confirmó que se emitió una resolución para implementar una verificación técnica adicional para la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), para destrabar todo reclamo de la disidencia, errores de comunicación y transparentar el proceso para las internas partidarias del 7 de junio.

El titular del organismo electoral señaló que el lunes 25 y martes 26 de mayo recibirán en su sede a las agrupaciones internas del Partido Colorado; mientras que el miércoles 27 y jueves 28 será para el Partido Liberal. La auditoría ya se realizó del 2 al 27 de febrero, de manera intensiva, de acuerdo con las fechas establecidas para las elecciones municipales 2026.

“El cronograma electoral que nosotros tenemos hace más de un año, en la Justicia Electoral, indicaba que las auditorías debían realizarse durante el mes de febrero en un plazo de 30 días, e invitamos a todas las agrupaciones políticas, que acudieron cerca de 50 agrupaciones políticas que tuvieron el derecho a proponer dos apoderados técnicos por cada agrupación política”, explicó Bogarín en una entrevista con la 1020 AM.

Explicó que la falta de comunicación se dio porque los partidos políticos también cuentan con su cronograma electoral independiente, como en el caso del Partido Colorado, que indicaba auditorías para los días 23 y 24 de febrero.

“Ahí se dio una diferencia, porque los movimientos disidentes del partido no habían sido convocados y no participaron de esas auditorías. No porque el TSJE los haya excluido, sino que ahí hubo algún problema de comunicación”, acotó.

Bogarín destacó que lo que ahora desde el TSJE están ofreciendo como “gesto democrático” es la revisión técnica adicional y las agrupaciones políticas han aceptado esto. “Como establecimos fechas para el Partido Colorado, también realizó la misma petición el PLRA, y, por el momento, aún no hemos recibido ninguna petición formal de las agrupaciones del tercer espacio”, comentó.

El titular del TSJE aclaró que ya no existe el tiempo suficiente para llevar adelante auditorías de 30 días, ya que está en puertas de las elecciones internas previstas para el 7 de junio.

“Hay que destacar que las elecciones internas en principio son responsabilidad de los tribunales electorales de cada partido. Lo que hacemos desde la Justicia Electoral es proporcionar la tecnología, la logística, apoyando con todos los materiales, y disponemos de las máquinas de votación y tenemos más de 8.000 funcionarios desplegados en todo el país a los efectos de cubrir estas elecciones internas”, concluyó.

El director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, indicó que este jueves se estaría respondiendo a la solicitud del Tribunal Electoral Partidario (TEP) del Partido Colorado de habilitar un plazo para la revisión de las máquinas de votación, a pedido de la disidencia colorada. Indicó que, de la misma manera, se estaría habilitando el plazo para los demás partidos políticos que lo soliciten, atendiendo que la auditoría ya se ejecutó durante febrero pasado.

“Vamos a aclarar, nosotros hicimos la auditoría en presencia de más de 40 técnicos de diferentes organizaciones políticas; lo que está pendiente de definición que, seguramente hoy se le va comunicar al Tribunal Electoral de la ANR si es que le damos el plazo que ellos no solicitan para hacer una auditoría para ellos, y, si le damos a ellos, también le vamos a habilitar para todas otras aquellas otras agrupaciones políticas que nos soliciten”, indicó en entrevista a la 1020 AM.

Así mismo, sostuvo que esta actividad se tendría que realizar ya “la próxima semana como máximo porque después ya entramos en proceso de distribución” de las máquinas de votación, teniendo en cuenta que solo quedan tres semanas para las elecciones internas partidarias, previstas el domingo 7 de junio.

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El alto funcionario electoral aclaró que “hablar de auditoría sería mentir, lo que podemos ofrecer es una revisión técnica, donde nuestros técnicos más los técnicos de la empresa van a explicar seguramente todo lo relativo al software, al hardware, escuchar y responder las preguntas que puedan hacer los técnicos del Tribunal Electoral de la ANR o de otra organización política que solicite”.

Indicó que una auditoría es mucho más técnica y mucho más científica, sin embargo, en una revisión técnica será más corta y con puntos específicos. “Como el plazo es muy corto vamos a tener que hacer una retroalimentación o una explicación general, porque a lo sumo vamos a dar dos días a cada organización política, y juntar también a las organizaciones políticas si así lo solicitan”, detalló Ruiz Díaz.

En cuanto al sistema para la revisión, indicó que la Justicia Electoral proveerá las máquinas de votación para que los técnicos puedan realizar la prueba de funcionalidad. “Para que traten de hackear, entre comillas, así como lo intentaron, como hicieron varias pruebas durante el mes de febrero, y tratar de despejar las dudas”, sentenció.

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El presidente del Congreso Nacional y de la Cámara de Senado, Basilio Núñez, confirmó que acompaña la propuesta de su colega opositor Eduardo Nakayama, que solicitará al pleno la aprobación de una auditoría interna para detectar funcionarios con títulos presuntamente irregulares y que perciben beneficios salariales dentro del Poder Legislativo.

Hace unos días, el senador Nakayama anunció que impulsará una “purga” dentro del Congreso Nacional mediante una revisión de títulos universitarios presentados por funcionarios legislativos para acceder a bonificaciones salariales.

Indicó que este trabajo se deberá realizar a través de la Dirección de Talento Humano. “Vamos a ver qué funcionarios tenemos con eventuales títulos falsos, porque aparentemente tenemos unos cuantos, que perciben bonificaciones salariales gracias a títulos presuntamente irregulares emitidos por universidades bajo cuestionamiento”, manifestó el senador Nakayama.

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Ante esta propuesta, el titular de la Cámara Alta salió al paso y expresó su apoyo a esta iniciativa a través de sus redes sociales y sostuvo que el cambio debe comenzar desde el propio Poder Legislativo. “Debemos empezar por casa: dar el ejemplo desde nuestro propio espacio para que luego sea transversal a los demás poderes del Estado. Solo así generamos un cambio real y creíble”, expresó el senador Núñez.

Esta auditoría interna apunta a una revisión para determinar si existen casos de cobro indebido dentro del Congreso y si corresponde iniciar sumarios administrativos o remitir antecedentes a otras instituciones del Estado. Los legisladores coincidieron en señalar que la revisión debe convertirse en una señal institucional para transparentar la función pública y recuperar credibilidad dentro del Congreso Nacional.

Cabe recordar que el titular del Congreso ya en diversas ocasiones ha manifestado que está a favor y acompaña cualquier medida orientada a transparentar la situación de los funcionarios públicos en general para recuperar la credibilidad institucional.

Aunque todavía no se definió cómo se ejecutará el proceso de verificación, ya que la propuesta deberá ser analizada por el plenario o, cuanto menos, por los miembros de la Mesa Directiva. A fin de definir qué organismos auditarán los documentos, ya que se plantea la necesidad de cruzar datos entre el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y las universidades involucradas.

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