Ratifican prisión en la cárcel de Emboscada de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña
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La jueza penal de garantía Diana Carvallo volvió a confirmar la prisión preventiva de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, acusado de tráfico internacional de drogas en el marco del operativo Berilo. La resolución de la citada magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
La audiencia de revisión de medidas para Cabaña se realizó debido a que el Tribunal de Apelación había anulado la resolución de la jueza Alicia Pedrozo, quien al anularse su resolución no podrá ser la magistrada que entienda en el caso. Hay que señalar que en el presente caso falta aún la realización de la audiencia preliminar para varios acusados donde la citada magistrada de garantía definirá si los procesados van a un juicio oral y público.
El fiscal adjunto Marcos Alcaraz había presentado la acusación contra Reinaldo Javier Cabaña por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes. También fueron acusados: el exfiscal Gustavo Yegros, Gloria Rosana López, Hugo Martín Ríos, Marcelo Cabaña, Yisela Ramírez, Humberto Rodríguez, Carlos Brítez, entre otros.
El operativo Berilo se realizó en el 2018, en distintos puntos de Alto Paraná. En la oportunidad se realizaron más de 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD. 800.000. El procedimiento estuvo encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
Caso agua tónica: ratifican prisión de extitular de Petropar del gobierno de Abdo
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La Cámara de Apelación ratificó que la extitular de Petropar, Patricia Samudio, y su esposo José Costa Perdomo deben seguir presos para cumplir sus condenas de 4 años, y 3 años y 9 meses, respectivamente. La expresidente de la petrolera estatal durante el mandato de Mario Abdo Benítez fue condenada junto a esposo por lesión de confianza en el caso del negociado en la compra de agua tónica y otros insumos durante la pandemia del covid-19.
La resolución de segunda instancia indica que las medidas cautelares sustitutivas ya no resultan idóneas para garantizar el efectivo sometimiento de los condenados a la ejecución de la sentencia, teniendo en cuenta que la resolución condenatoria ya adquirió estado de ejecutoriedad. Asimismo, los camaristas señalaron que el análisis ya no se centra en los requisitos para la aplicación de la prisión preventiva, sino en los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
El tribunal también recordó que la sola presentación de una acción de inconstitucionalidad no suspende los efectos del proceso, salvo que la sala competente haya dispuesto expresamente una medida cautelar con efecto suspensivo, situación que no se da en este caso.
Condena
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia para desviar G. 359.700.000 de Petróleos Paraguayos (Petropar) mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos. Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo mediante un proceso licitatorio direccionado.
Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., las cuales evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
La extitular de Petropar Patricia Samudio, fue derivada a la cárcel de mujeres para cumplir su condenas de 4 años de cárcel por corrupción. Foto: Gentileza
Remiten a la cárcel a extitular de Petropar del gobierno de Abdo para cumplir condena
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La extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez, Delia Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza por el caso de agua tónica, fue enviada a la cárcel de mujeres para cumplir la sentencia condenatoria. Igualmente, su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, fue remitido a la cárcel de Emboscada.
La resolución judicial fue firmada por un tribunal de sentencia a pedido del fiscal Silvio Corbeta. El colegiado rechazó una reposición planteada por la defensa, que pretendía impedir que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución para iniciar el cumplimiento de las penas. Los condenados alegaron que aún existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, pero el Tribunal concluyó que las condenas ya se encuentran firmes.
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia del COVID-19 para desviar G. 359.700.000 de Petropar mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos.
Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo, mediante un proceso licitatorio direccionado. Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., que evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
Piden 2 años y 2 meses de cárcel para el exsenador argentino por contrabando
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Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria de 2 años y 2 meses de prisión para el exsenador argentino Edgardo Kueider y a su secretaria Iara Guinsel, por contrabando al quedar probado que cometieron el hecho punible de tentativa de contrabando, al intentar ingresar al país con más de USD 200.000, además de dinero en guaraníes y pesos argentinos, sin declararlo ante la autoridad paraguaya competente.
La representante de Ministerio Público Ysarel Villalba sostuvo que durante el juicio se demostró que ambos extranjeros intentaron introducir al Paraguay dinero en efectivo oculto en un maletín que se encontraba dentro del vehículo en el que viajaban.
La fiscalía explicó que, conforme a las declaraciones de los agentes policiales y funcionarios de la DNIT que participaron del procedimiento, se acreditó que los acusados guardaron silencio cuando fueron consultados sobre si tenían bienes o valores que declarar, omitiendo informar sobre las divisas transportadas.
Asimismo, Villalba hizo referencia al resultado del procedimiento administrativo llevado adelante por la Dirección Nacional de Aduanas, que concluyó que ambos incurrieron en una infracción aduanera de contrabando. En esa causa administrativa se dispuso el comiso del vehículo y de gran parte del dinero incautado.
Por su parte, la defensa de ambos acusados sostiene que no se pudo probar la responsabilidad de los hechos acusados. El juicio seguirá el 13 de julio.
Ramón González Daher y su hijo fueron trasladados al penal de Emboscada
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El Ministerio de Justicia informó que, en el marco de las medidas de fortalecimiento de la seguridad y el control del sistema penitenciario, se dispuso el traslado de Ramón Mario González Daher y Fernando Ramón González Karjallo, al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada. Padre e hijo fueron condenados por usura y lavado de dinero.
El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con el acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional, desarrollándose sin incidentes durante todo el operativo. El ingreso de ambas personas privadas de libertad al establecimiento penitenciario se registró en cumplimiento de la Resolución N.° 238/DGEP/2026, quedando a disposición del régimen de seguridad y disciplina vigente en el centro penitenciario.
Esta medida es el resultado directo de las tareas de investigación y monitoreo estratégico desplegadas por la Dirección de Inteligencia Penitenciaria, cuyas alertas tempranas permitieron detectar y desactivar a tiempo la existencia de privilegios y el acceso a objetos prohibidos dentro del penal de origen. Con estas acciones preventivas, el Ministerio de Justicia reafirma su política de tolerancia cero ante cualquier intento de quebrantar el orden, garantizando la gobernabilidad de los establecimientos y el estricto cumplimiento del régimen disciplinario interno.
En paralelo, continúan abiertas las investigaciones administrativas para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer la cadena de custodia. De comprobarse cualquier hecho de complicidad, facilitación o negligencia por parte del personal penitenciario, se aplicarán las sanciones disciplinarias y las acciones legales más rigurosas que dicte la ley vigente.