El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó una demanda civil contra el Ministerio Público en la que exige el pago de 18.000 millones de guaraníes por deudas en concepto de alquiler del edificio, donde actualmente funciona la sede de la Fiscalía, situada sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción casi Víctor Eduardo Haedo.
La jueza en lo civil y comercial Mafalda Camerón Luque es la magistrada que entiende en la demanda civil que IPS inició contra el Ministerio Público. Igualmente, existe la posibilidad de que las unidades fiscales que están en el edificio del IPS puedan ser desalojadas por la falta de pago.
De acuerdo a la demanda, la administración del Ministerio Público no abonó el alquiler de los años 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 y 2022 totalizando el monto reclamado más los intereses. Según el contrato de alquiler, la Fiscalía debe abonar de forma mensual la suma de G.199 millones, IVA incluido. Anualmente se debe abonar en concepto de alquileres G. 2.388 millones.
La deuda se generó durante la administración de Javier Díaz Verón y continuó acumulándose. El actual titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, tendrá que abonar la multimillonaria deuda que tiene la Fiscalía con el Instituto de Previsión Social.
Del mismo modo, los asesores jurídicos de la Fiscalía ya han presentado sus escritos solicitando tener intervención en la presente demanda civil, que se promovió contra la institución encargada de investigar e imputar los ilícitos que se generan en nuestro país.
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Bomberos voluntarios se manifestaron frente a la sede municipal por deuda atrasada
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Los bomberos voluntarios de los tres cuerpos que operan en Hernandarias se manifestaron este lunes frente a la Municipalidad, por deudas en concepto de tasa municipal pagada por los contribuyentes, pero que la comuna no traspasa a las instituciones bomberiles.
Es lo que señalaron los representantes de K-121 pertenecientes al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (Amarillos), de K-3 (Azules) y el cuerpo del barrio San Francisco. Con sus respectivos camiones se instalaron frente la sede municipal con el toque de alarma en señal de protesta.
A los amarillos la comuna adeuda desde abril del 2026; a los azules 9 meses y; con los de San Francisco la deuda es de 8 meses, refirió a La Nación/Nación Media, Aníbal Adorno, de K-3. Informó además que, en el caso de K-3 la deuda es de 180 millones, aproximadamente.
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La movilización de hoy no tuvo respuesta del intendente Nelson Cano y, de seguir así, los tres destacamentos cerrarían sus servicios, porque es imposible continuar sin recursos con la serie de inconvenientes en las unidades y sin poder resolverlos, explicaron. “Si continúa así, en tres días, posiblemente, vamos a cerrar”, dijo Adorno.
Una de las advertencias que realizaron los bomberos antes de la movilización de hoy fue la divulgación de la falta de ambulancia por desperfectos mecánicos en los tres destacamentos. Otra serie de inconvenientes técnicos les afecta por la falta de recursos y, en breve, ya no podrán ir en auxilio de las personas, dijeron hoy en la manifestación.
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Presupuesto de Salud para 2027 prioriza medicamentos y compromisos financieros
La Comisión Bicameral de Presupuesto recibió este lunes a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y del Instituto de Previsión Social (IPS), quienes expusieron sus requerimientos y planes de gastos para el próximo año. La propuesta presupuestaria del Ejecutivo para la cartera sanitaria contempla G. 18,2 billones, con mayores recursos para medicamentos e insumos, atención oncológica y cumplimiento de compromisos financieros.
Durante la audiencia, el ministro de Salud Dr. Isaías Fretes, acompañado de los viceministros Dr. Saúl Recalde y Dr. José Ortellado, y de su equipo técnico, presentaron los principales componentes de la propuesta presupuestaria de la institución para el ejercicio fiscal 2027, estimada en aproximadamente USD 2.814 millones.
Durante su exposición, explicó que se prevén alrededor de USD 803 millones para servicios personales, mientras que el rubro de bienes de consumo e insumos representa aproximadamente USD 1.637 millones. Asimismo, se contemplan USD 103 millones para servicios no personales, USD 48 millones para inversión física, USD 56 millones para transferencias y USD 169 millones para otros gastos.
Prioridad: medicamentos e insumos
El ministro Fretes remarcó que uno de los principales componentes del proyecto corresponde al abastecimiento de medicamentos e insumos médicos. Para nuevas adquisiciones se prevén USD 501 millones, lo que representa USD 178 millones más que el presupuesto aprobado para 2026. Este incremento incorpora aproximadamente G. 1,2 billones adicionales destinados a optimizar el flujo de medicamentos e insumos esenciales para los establecimientos públicos de salud.
Remarcó que el objetivo es mejorar la capacidad de abastecimiento y favorecer la continuidad de los tratamientos y servicios en hospitales, institutos especializados, regiones sanitarias y demás establecimientos dependientes del Ministerio de Salud Pública.
La propuesta de Presupuesto General de la Nación 2027 incorpora además G. 6,3 billones adicionales para atender compromisos financieros asumidos por el sistema sanitario, principalmente obligaciones acumuladas con proveedores.
La previsión de estos recursos permitirá avanzar en el ordenamiento de las obligaciones financieras y, al mismo tiempo, preservar la continuidad de la adquisición de bienes y prestación de servicios esenciales para el funcionamiento de los establecimientos de salud.
Durante la jornada, el ministro Fretes destacó que el fortalecimiento presupuestario debe estar acompañado de una gestión responsable, control, transparencia, planificación y mejora continua de la calidad de atención.
Propuesta presupuestaria del IPS
Seguidamente, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, presentó los principales aspectos de la propuesta presupuestaria de la institución para el ejercicio fiscal 2027.
Reconoció que el Fondo de Salud está desfinanciado entre 12 y 15 millones de dólares por mes. Afirmó que este año reprogramaron el presupuesto para medicamentos y salarios, pero aclaró que el rojo no se elimina. Prometió, sí, una mejor respuesta para los asegurados.
Cabe señalar que la Comisión Bicameral de Presupuesto es presidida por la diputada Cristina Villalba e integrada por legisladores de ambas Cámaras del Congreso Nacional. Las reuniones se desarrollan en modalidad presencial y virtual, desde la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.
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Fiscalía solicitó 12 años de prisión para Rivas
El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.
Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.
Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.
Carece de historia académica real
La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.
“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.
En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.
“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.
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Hurto y violencia familiar: los delitos que acorralan a la juventud paraguaya
Un informe elaborado por el Observatorio del Ministerio Público reveló que el hurto y la violencia familiar encabezan la lista de los hechos punibles con mayor involucramiento de jóvenes en Paraguay. El análisis estadístico, que abarca 12 tipificaciones delictivas registradas entre los años 2021 y 2025, contabilizó un total de 725.501 causas ingresadas al sistema penal, exponiendo una problemática social que afecta de manera predominante a la población masculina de entre 18 y 30 años.
Entre los delitos contra la propiedad, el hurto fue el de mayor incidencia general con 314.777 denuncias, de las cuales el 60 % tuvo como sospechosos a jóvenes de la franja etaria estudiada y un 91 % de varones. En una línea similar, el robo sumó 89.170 causas y alcanzó el pico más alto de participación juvenil, donde el 67 % de los investigados pertenecía a este rango de edad y el 93 % eran hombres, abarcando modalidades como el robo agravado y con resultado de muerte.
Por su parte, los hechos punibles que atentan contra la integridad física y la convivencia también mostraron cifras preocupantes de crecimiento. La violencia familiar acumuló 172.722 denuncias en el quinquenio, con un 40 % de sospechosos de entre 18 y 30 años, mientras que las denuncias por exposición al peligro en el tránsito terrestre alcanzaron 47.304 causas, lideradas en un 47 % por conductores jóvenes. Asimismo, las causas por lesiones llegaron a 45.926 carpetas fiscales con una prevalencia juvenil del 40 %.
En materia de narcotráfico y delitos de gravedad institucional, la Ley N.º 1340/88 registró 13.991 investigaciones iniciadas, en las cuales los jóvenes representaron el 61 % del total de imputados. En cuanto a los crímenes de mayor impacto contra la vida y la libertad individual, la franja de 18 a 30 años concentró el 52 % de los indagados por lesión grave, el 40 % en casos de coacción sexual y el mayor porcentaje de las 6.565 denuncias por homicidio doloso registradas en el país.
El relevamiento expuso además situaciones de alta vulnerabilidad en el ámbito de la niñez y la protección del menor. De las 17.305 denuncias por abuso sexual infantil, el 30 % de los investigados pertenecía al rango juvenil, aunque el informe enfatizó con preocupación que un 14 % correspondía a adolescentes de 14 a 17 años. En contrapartida, las 7.680 denuncias por maltrato de niños bajo tutela mostraron una dinámica distinta, siendo las mujeres jóvenes el 75 % de las personas señaladas como responsables.
Desde la institución judicial remarcaron que el ingreso temprano al fuero penal genera secuelas inmediatas en la responsabilidad legal del ciudadano y fractura sus proyectos de desarrollo personal. Los antecedentes penales obstaculizan el acceso a la educación formal, la inserción en el mercado laboral y la estabilidad sociofamiliar, por lo que las autoridades instan a abordar esta realidad desde una perspectiva integral que combine prevención, educación y oportunidades reales para la juventud.