El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó una demanda civil contra el Ministerio Público en la que exige el pago de 18.000 millones de guaraníes por deudas en concepto de alquiler del edificio, donde actualmente funciona la sede de la Fiscalía, situada sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción casi Víctor Eduardo Haedo.
La jueza en lo civil y comercial Mafalda Camerón Luque es la magistrada que entiende en la demanda civil que IPS inició contra el Ministerio Público. Igualmente, existe la posibilidad de que las unidades fiscales que están en el edificio del IPS puedan ser desalojadas por la falta de pago.
De acuerdo a la demanda, la administración del Ministerio Público no abonó el alquiler de los años 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 y 2022 totalizando el monto reclamado más los intereses. Según el contrato de alquiler, la Fiscalía debe abonar de forma mensual la suma de G.199 millones, IVA incluido. Anualmente se debe abonar en concepto de alquileres G. 2.388 millones.
La deuda se generó durante la administración de Javier Díaz Verón y continuó acumulándose. El actual titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, tendrá que abonar la multimillonaria deuda que tiene la Fiscalía con el Instituto de Previsión Social.
Del mismo modo, los asesores jurídicos de la Fiscalía ya han presentado sus escritos solicitando tener intervención en la presente demanda civil, que se promovió contra la institución encargada de investigar e imputar los ilícitos que se generan en nuestro país.
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Aclaran sobre alcance del paquete de reformas del IPS
La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, dilucidó aspectos relacionados al paquete de reformas administrativas y legales que impulsa el ente como medidas de urgencia que busca revertir la crítica situación financiera.
Aclaró que el problema se heredó de administraciones anteriores. “Esas medidas implican necesariamente incrementar ingresos, gastar mejor y maximizar nuestras rentas”, señaló a la 1000 AM. Puntualmente la crisis se da en el fondo de enfermedad y maternidad, donde existen deudas millonarias que se arrastran desde hace varios años, lo que ya afecta la prestación a los asegurados.
Así también hay inconvenientes en el fondo de jubilaciones y pensiones que presenta un desequilibrio crítico desde el año 2020, conforme expresó. Sobre el punto aseguró que las medidas a ser implementadas no sumirán en la miseria a los pasivos, tal como afirman algunos gremios.
“Quiero decirle a los actuales jubilados y pensionados de la institución, que esas manifestaciones no son ciertas, que están mintiendo, manipulando la información y mal informando con mala fe a los jubilados, buscando quitar la paz y tranquilidad de la que deben gozar los jubilados y pensionados de la institución y usarlos para fines desconocidos”, indicó.
Afirmó que las medidas asumidas buscan proteger los recursos de los jubilados genuinos que han pagado sus aportes, los fondos que se han acumulado durante años y décadas de aporte. La abogada Cubas también aclaró el punto referente al proyecto de modificación del cómputo de haberes jubilatorios que actualmente se calcula sobre los 36 últimos salarios (tres años) y que aumentará a diez años.
“Es una propuesta también ya antigua, no es invento de esta administración, ha sido observado por los últimos informes actuariales, que los críticos de hoy, que aparecen como iluminadores, no solamente conocen sino que han apoyado pública y documentalmente según registros y documentos institucionales y que hoy por el hecho de ser críticos pretenden poner en duda, incurriendo en al menos una profunda incoherencia y deshonestidad intelectual”, aseveró.
La funcionaria de la previsional sostuvo que todas las reformas a ser incorporadas apuntan a mejorar las condiciones de vida de los más de 79.000 jubilados y los casi 900.000 activos que aportan a la institución. “Todas las medidas propuestas y asumidas tienen por objetivo proteger el ahorro de esas casi un millón de personas que han puesto sus aportes y ahorro para cuando pasen a la vida laboral pasiva. Todo lo que hagamos y propongamos debe estar enmarcado en la ley”, finalizó.
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El desequilibrio financiero en el IPS fue heredado de la gestión anterior
La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, indicó que en la previsional se está tomando una serie de medidas a modo de recuperar la estabilidad que atraviesan los diferentes fondos y en específico la caja de jubilaciones y pensiones, que arrastra problemas desde el 2020.
“El fondo común de jubilaciones y pensiones entró en desequilibrio desde el 2020 y todavía no se recuperó, esa es una situación de desequilibrio financiero que hemos heredado y que nos vemos obligados a administrar con responsabilidad en el marco de la ley”, expresó Cubas en contacto con la 650 AM.
La gerente indicó que se encontraron con dicha situación cuando ingresaron a la institución en agosto del 2023, a esta altura, ya es de público conocimiento el desequilibrio financiero que atraviesa el IPS, manifestó y afirmó que otra de las cajas que cuenta con endeudamientos enormes, en el fondo de enfermedad y maternidad.
“En ese contexto hemos analizado la situación y las instancias técnicas financieras, actuarial, jurídica y hemos elevado un paquete de medidas, algunas administrativas, otras de reformas legales que buscan de manera paulatina recuperar ese desequilibrio financiero en el que hemos encontrado la institución”, precisó.
Una de las medidas administrativas tomadas por el Consejo, fue la de revocar las resoluciones de este mismo órgano, mediante las cuales se elevó el haber mínimo jubilatorio. Dicho incremento se dio sin que se previeran nuevos ingresos y la previsional se vio obligada a recurrir a sus reservas para poder cumplir con los jubilados.
“El haber mínimo jubilatorio que por ley tendría que ser el 33% del salario mínimo, pero en el 2020 por resolución de Consejo se modificó ese piso de la ley y se elevó al 50% del salario mínimo y en el 2021 se elevó al 75%”, recordó. Cubas mencionó que otro paquete de medidas fue remitido al Congreso, el cual debe aprobar estas iniciativas que ayudarían al IPS a mejorar sus ingresos y permitiría la recuperación financiera paulatina.
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Allanan mansión de exjefe de Gabinete de la comuna asuncena
Agentes del Ministerio Público y del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional allanaron a tempranas horas de este lunes la residencia de Wilfrido Cáceres, exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, quien está siendo investigado por presunto enriquecimiento y lavado de dinero. El procedimiento se realizó en la ciudad de San Lorenzo y según los investigadores el inmueble valuado en unos G. 1.500 millones será puesto a disposición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
“Estamos en pleno proceso buscando los elementos de convicción correspondiente en este momento. Los indiciados en estos momentos se encontraban en la vivienda, fueron ellos los que nos recibieron y estamos buscando los elementos, documentos que son de interés en la investigación”, señaló el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado.
Aclaró que hasta el momento Cáceres y su pareja no tiene orden de captura, aunque sí están imputados en la causa y el proceso judicial sigue su curso correspondiente.
El policía dio detalles de la mansión que prácticamente abarca toda una cuadra. “Son cuatro terrenos de calle a calle con una construcción aproximadamente de 1.500 millones de guaraníes, según los documentos que nos están dando. Entonces, estamos en ese proceso de ver todo lo que corresponda en cuanto a las documentaciones correspondientes”, manifestó.
La propiedad sería decomisada y puesta a disposición de la Senabico, conforme expresó. “El proceso que le está haciendo la investigación, el fiscal de la causa lo pondrá a disposición de Senabico”, puntualizó el comisario López, aunque no quiso dar mayores detalles por cautela en el proceso investigativo.
A su vez el fiscal Silvio Corbeta informó que el inmueble en cuestión habría sido transferido a una tercera persona y hoy se corroboró que la pareja sigue viviendo en el lugar. “El allanamiento fue a los efectos de constatar que el señor Wilfrido y su señora residen en esta vivienda. El señor Wilfrido fue imputado conjuntamente con su señora y una tercera persona, por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero”, confirmó.
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Modificaciones en el IPS responden a multimillonarias deudas, sostienen
Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), habló de las modificaciones del Consejo de Administración, para aplicar la ley sobre los haberes, evitar que los egresos superen los propios ingresos y frenar los subsidios a quienes aportaron por debajo.
“Nos vimos obligados a plantear estas medidas por las condiciones en las que encontramos la previsional en agosto del 2023. No es un secreto la crisis que existe en el IPS, en sus finanzas, en los fondos de maternidad, sin mencionar que hemos heredado deudas multimillonarias”, dijo.
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Recordó además la pesada herencia en el fondo de jubilaciones y pensiones, que quedó desequilibrado. Así, se resolvió revocar resoluciones del 2020 y 2021, de las cuales con una dudosa legalidad se había elevado el piso del haber mínimo jubilatorio, del 33 % al 75 % del salario mínimo.
“Al revocar las resoluciones, se vuelve al 33 %. Ninguno de nuestros jubilados tendrán reducciones en sus haberes, pero sí significa que desde el 7 de mayo liquidaremos las jubilaciones al menos en un 33 % del salario mínimo”, explicó en “Fuego Cruzado”, por GEN/Nación Media.
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Una crisis arrastrada
El reordenamiento responde al desequilibrio financiero desde el 2020, donde el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones empezó a quedar en crisis porque los ingresos a través de los aportes y las rentas generadas no alcanzan para cubrir los egresos, por lo que se utilizan las rentas de las reservas.
“En el 2023, el déficit del Fondo de Jubilaciones fue mayor a G. 370 mil millones, lo cual se cubre usando las rentas de las reservas, lo que se traduce en el 28 % de las mismas. De continuar en el mismo camino y velocidad, en unos años las rentas ya no alcanzarán y deberemos usar las reservas”, indicó.
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Sanciones
Cubas remarcó que las modificaciones planteadas son únicamente para aquellas personas que tienen un haber mínimo muy por debajo del 33 % del salario mínimo. Por otra parte, tras las resoluciones ilegales, se procedió a un examen especial por parte de la Contraloría.
“Nos ha requerido toda la información y documentos, hemos enviado todo. Como resultado de ese análisis, el camino a seguir es la denuncia ante las instancias pertinentes”, refirió, destacando los procesos de transparencia que están siendo priorizados desde la previsional.