La extitular de Petropar Patricia Samudio está acusada por lesión de confianza por la compra irregular de agua tónica para la citada institución estatal. Foto: Gentileza.
Juez fijó audiencia preliminar de extitular de Petropar acusada por lesión de confianza
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El juez penal de Garantías Julián López fijó para el 18 de mayo, a las 9:30, la audiencia preliminar para Patricia Samudio, expresidenta de Petropar, y su esposo José Costa Perdomo, acusados por supuesta lesión de confianza por la compra irregular de agua tónica durante la pandemia del COVID-19.
La citada diligencia judicial se deberá llevar a cabo luego de que la propia Corte rechazara varias chicanas presentadas por la defensa de los acusados. En la misma se definirá si los procesados estarán sentados en el banquillo de los acusados.
Una vez que el caso se eleve a juicio oral, se tendrá que sortear al tribunal de sentencia que juzgará a los acusados en el presente caso. Ya en varias oportunidades se viene suspendiendo la audiencia preliminar por la presentación de chicanas que solo hacen que se dilate el presente proceso penal.
Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera consideran que cuentan con suficientes elementos contra los acusados. Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparra y 20 unidades de guantes de nitrilo que no ingresaron efectivamente a la institución, con excepción del ítem 6, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000 que sí ingresaron.
Fijan audiencia preliminar para Prieto y leales por el caso Tajy
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La compra simulada de alimentos en pandemia en el caso Tajy va cerrando el círculo en torno al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos. Tras dos años de sistemáticos incidentes para impedir la imposición de medidas y la prosecución del proceso por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación, fueron notificados para la dilatada audiencia preliminar los primeros días del mes de julio.
Se cierra el cerco para el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos en la causa que afrontan por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal en el caso de Tajy, una firma unipersonal de un constructor de pozo artesiano, al que el destituido jefe comunal hizo pasar como proveedor de 50 mil kilos de harina, etc. en una compra simulada de alimentos, durante la pandemia por el covid -19.
Prieto y sus amigos deberán comparecer en tribunales para la audiencia de imposición de medidas los primeros días de julio, instancia previa para elevar la causa a juicio oral. Esta diligencia se confirma tras dos años de continuas chicanas interpuestas por el exintendente y sus leales que vinieron dilatando la preliminar por el caso Tajy.
Recordemos que, el caso Tajy consiste en un esquema de compra simulada de víveres por la urgencia de la pandemia por el covid -19 que llevaron adelante Prieto y funcionarios amigos ubicados en puestos clave de la municipalidad de Ciudad del Este por un lado y por el otro, clanes familiares de amigos y expareja que simularon competencia en procesos licitatorios para el desvío de fondos públicos.
La pequeña firma unipersonal corresponde al hoy extinto, Buenaventura Morínigo, tío de la expareja del intendente destituido Venessa (Vanemi) Florentín. Don Morínigo en la realidad se dedicaba a la construcción de pozos artesiano, pero utilizaron su factura en el esquema de compra simulada de alimentos por urgencia para blindar el proceso. La acusación firmada por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez afirma que, funcionarios al servicio de Prieto, puestos por el mismo en “cargos de confianza” clave, maniobraron la adjudicación por valor de G. 306.188.500 para adquisición de miles de kilos de víveres a una persona que no disponía del stock estipulado en contrato.
El fraudulento proceso licitatorio fue ejecutado en connivencia del clan familiar de Vanemi, la expareja de Prieto. Al igual que el caso Tía Chela fungieron de oferentes, parientes, un cuñado disc jockey de la mujer que nada tenían que ver con el rubro de compras de la municipalidad. (Ver infografía)
En la factura de compra aparecen además de los 50 mil kilos de harina, una decena de insumos comestibles como 1.400 kilos de azúcar blanca, 5.000 kilos de grasa vegetal, 1.250 kilos de levadura, 1.000 kilos de sal fina, 100 litros de esencia de manteca, etc. Sin embargo, la Fiscalía señala que ni un solo kilo de alimento se entregó a la municipalidad en el marco de este contrato.
Cabe subrayar que junto con Miguel Prieto, en la causa Tajy, están acusados Francisco Arrúa (exdirector de Administración y Finanzas), Buena Ventura Morínigo +, propietario de Tajy; Emili Vanessa Florentín (Vanemi SA); Robert Osmar Florentín Silvero, padre de Vanessa y socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos (cuñado de Vanessa), oferente mau de lalicitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad. Otros subordinados de Prieto como Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.
Ratifican condena contra extitular de Petropar por caso de corrupción
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El caso que involucra a Patricia Samudio y su esposo guarda relación con la compra irregular de agua tónica durante la pandemia del covid-19.
Patricia Delia Samudio, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tendrá que cumplir una pena de 4 años de privación de libertad en la cárcel de mujeres de Emboscada. Así lo resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al confirmar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, ratificada en segunda y, ahora, en la máxima instancia judicial.
Samudio y su esposo José Costa Perdomo fueron condenados por el delito de lesión de confianza debido a la compra irregular de agua tónica durante la pandemia de covid-19. Esta maniobra ocasionó a la institución estatal un perjuicio patrimonial que supera los G. 300 millones.
Los ministros de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, rechazaron el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de la expresidenta de Petropar Delia Patricia Samudio Torras y de su esposo José Manuel Costa Perdomo (condenado a 3 años y 9 meses). Con este fallo, la Corte ratificó de forma definitiva las penas de prisión para ambos por el hecho punible de lesión de confianza.
EL CASO
De acuerdo con la investigación penal, Samudio autorizó la adquisición de 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 mascarillas KN95, 60 tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 pallets y 15 termómetros láser que nunca ingresaron al ente público. Para la Fiscalía, desde un principio fue evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Abdo Benítez, algo que logró demostrarse mediante la pesquisa y los elementos presentados en el juicio oral.
Patricia Samudio, extitular de Petropar durante el gobierno de Mario Abdo, tendrá que cumplir su condena en la cárcel de mujeres de Emboscada. Foto: Archivo
Caso agua tónica: ratifican condena por corrupción de la extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo
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Patricia Delia Samudio, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tendrá que cumplir una pena de 4 años de privación de libertad en la cárcel de mujeres de Emboscada. Así lo resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al confirmar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, ratificada en segunda y, ahora, en la máxima instancia judicial.
Samudio y su esposo, José Costa Perdomo, fueron condenados por el delito de lesión de confianza debido a la compra irregular de agua tónica durante la pandemia de covid-19. Esta maniobra ocasionó a la institución estatal un perjuicio patrimonial que supera los G. 300 millones.
Los ministros de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, rechazaron el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de la expresidenta de Petropar, Delia Patricia Samudio Torras, y de su esposo, José Manuel Costa Perdomo (condenado a 3 años y 9 meses). Con este fallo, la Corte ratificó de forma definitiva las penas de prisión para ambos por el hecho punible de lesión de confianza.
El caso
De acuerdo con la investigación penal, Samudio autorizó la adquisición de 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 mascarillas KN95, 60 tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 pallets y 15 termómetros láser que nunca ingresaron al ente público.
Para la Fiscalía, desde un principio fue evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Abdo Benítez, algo que logró demostrarse mediante la pesquisa y los elementos presentados en el juicio oral.
El juez Rodrigo Estigarribia fijó para el 6 de mayo la audiencia preliminar del exsenador Rodolfo Friedmann, acusado por un caso de merienda escolar cuando el mismo era gobernador de Guairá. Foto: Archivo
Juez fija para el 6 de mayo la audiencia preliminar para Rodolfo Friedmann
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El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, fijó para los días 6, 7 y 8 de mayo la audiencia preliminar para el exsenador Rodolfo Friedmann y otros acusados por el presunto esquema de corrupción con la merienda escolar en la Gobernación de Guairá. En este proceso penal, el exdiputado Ever Noguera ya fue elevado a juicio oral y público.
Friedmann fue acusado por la supuesta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal.
También están procesados en la causa Lourdes María Auxiliadora González, tesorera de la empresa ESSA S.A., y Eduardo Domínguez, quien se desempeñaba como secretario del exsenador durante su gestión como gobernador.
Según la investigación, Friedmann habría montado un esquema para adjudicarse licitaciones de la gobernación destinadas a la provisión del almuerzo escolar a través de la empresa Eventos y Servicios S.A. (ESSA), de la cual sería el principal accionista.