Una vez más el abogado Benjamín Pérez, defensor de Pablo Ferreira, hijo del expresidente de la Ande Pedro Ferreira, quien está querellado y debe enfrentar un juicio oral, volvió a recurrir a chicanas apelando la resolución del Tribunal de Apelación de Caacupé, que confirmó la competencia del juez unipersonal de Sentencia, Alberto Peralta.
Ferreira debe estar sentado en el banquillo por haber atropellado en estado de ebriedad al ciclista Juan Manuel Teixidó, quien había sufrido lesiones de consideración a raíz del hecho registrado en San Bernardino.
El pasado lunes 17 de abril se tuvo que dar inicio al juicio oral y público para Pablo Ferreira, pero la defensa del querellado recurrió nuevamente a la chicana y recusó al juez de Sentencia Peralta. El expediente fue al Tribunal de Apelación, que decidió confirmar al citado magistrado de Sentencia, pero la defensa de Ferreira volvió a recurrir a la Sala Penal de la Corte para evitar que se pueda llevar a cabo el juicio oral y público.
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Ahora la Sala Penal de la máxima instancia debe resolver si confirma la resolución del Tribunal de Apelación que ratificó al juez de Sentencia Alberto Peralta para que pueda juzgar a Pablo Ferreira.
Antecedentes
Pablo Ferreira, hijo del expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Pedro Ferreira, fue querellado por Juan Manuel Teixidó, luego de que este y otro ciclista hayan sido víctimas de un accidente de tránsito ocasionado por una imprudencia de Ferreira. El hecho ocurrió el 6 de enero de 2019 a la altura del kilómetro 48, sobre la avenida General Jacinto Morínigo de la ciudad de San Bernardino.
La prueba de alcotest a Ferreira tuvo un resultado positivo de 0,27 mg/l. En la ocasión, Teixidó sufrió diversas lesiones al caer de su bicicleta al pavimento luego de haber sido atropellado por el vehículo al mando de Ferreira.
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Una chicana tras otra: Wiens presentó cinco recursos en menos de 64 horas para frenar el caso Metrobús
La defensa del exministro abdista Arnoldo Wiens presentó cinco escritos distintos en menos de 64 horas, con recursos, nulidades y recusaciones que apuntan a frenar, anular o modificar el rumbo del proceso en la causa del Metrobús. El propio Tribunal de Apelación atribuyó a uno de los planteamientos una finalidad “dilatoria”.
La causa Metrobús atraviesa una intensa sucesión de incidentes procesales desde que la Fiscalía cerró su investigación contra Arnoldo Wiens y solicitó llevarlo a juicio oral.
En menos de 64 horas, la defensa presentó cinco escritos distintos que abrieron nuevos frentes dentro del expediente: una apelación por prescripción, un recurso extraordinario de casación ante la Corte, otra apelación contra el rechazo de una recusación, una recusación contra tres camaristas y, finalmente, un incidente de nulidad absoluta contra la acusación fiscal.
Los propios registros electrónicos reflejan la velocidad de la secuencia. El 21 de agosto, a las 15:57, fue registrada la apelación contra el A.I. N.º 264, que rechazó el planteamiento de prescripción. Apenas ocho minutos después, a las 16:05, ingresó otro escrito: el recurso extraordinario de casación contra el A.I. N.º 113.
Ese mismo día, a las 20:43, fue registrada la apelación contra el A.I. N.º 119, dictado el 21 de agosto. Menos de 18 horas después, el 22 de agosto a las 14:31, se presentó la recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación. Finalmente, el 24 de agosto, a las 07:00, se sumó el incidente de nulidad absoluta contra la acusación fiscal.
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La prescripción, primer frente
Uno de los principales planteamientos de la defensa apunta a extinguir la causa por prescripción y obtener el sobreseimiento definitivo de Wiens, sin llegar a discutir el fondo de la acusación.
El juez Humberto Otazú rechazó ese pedido mediante el A.I. N.º 264, del 14 de agosto. Siete días después, el 21 de agosto, la defensa presentó una apelación contra esa decisión y solicitó la nulidad absoluta de la resolución, además de pedir que el Tribunal declare extinguida la acción penal.
La discusión gira en torno a una citación realizada el 4 de octubre de 2023. Para el juzgado, ese acto interrumpió el plazo de prescripción. Sin embargo, la defensa sostiene que aquella convocatoria hacía referencia al caso Metrobús, pero no comunicaba los hechos concretos que posteriormente fueron incluidos en la imputación contra el exministro.
Entre esos hechos figuran la supuesta orden de demolición de las estaciones 19, 20, 21, 22, 23 y 24, además de actuaciones ocurridas entre abril y mayo de 2020.
La defensa sostiene que una referencia general al proyecto no puede mantener vigente, durante años, cualquier acusación que posteriormente se incorpore dentro de la misma carpeta fiscal.
Si el Tribunal acepta esa postura, la causa podría terminar por el transcurso del tiempo, sin llegar a un juicio oral sobre los hechos atribuidos por la Fiscalía.
También buscan anular la acusación fiscal
Mientras planteaba la prescripción, la defensa abrió otro frente para cuestionar la validez de la acusación fiscal presentada el 11 de agosto. El incidente de nulidad absoluta fue registrado el 24 de agosto, 13 días después de la presentación de la acusación y 11 días después de la providencia que la tuvo por recibida.
El juzgado había fijado el 16 de agosto como fecha para la presentación del requerimiento conclusivo. Sin embargo, la Fiscalía presentó su acusación contra Wiens el 11 de agosto y, en esa misma presentación, solicitó la abreviación del plazo.
Dos días después, el 13 de agosto, Otazú tuvo por recibida la acusación y corrió traslado a la defensa sobre el pedido de abreviación. Para los abogados de Wiens, el orden procesal debió ser distinto: primero debía resolverse la modificación de la fecha y, recién después, podía presentarse válidamente la acusación.
Por esa razón, la defensa considera “extemporánea” la acusación, pese a que fue presentada antes del 16 de agosto. El argumento no apunta a una presentación tardía, sino a que, según sostiene, la Fiscalía actuó antes de contar con una decisión judicial que habilitara el cambio del plazo.
Además, cuestiona que al llegar el 16 de agosto la Fiscalía no haya vuelto a presentar el requerimiento y haya dado por válida la acusación ingresada el día 11.
La pretensión de la defensa es que esa situación alcance a la acusación, a la providencia que la tuvo por recibida y a las actuaciones posteriores que dependan de ellas.
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El sobreseimiento de otros también fue apelado
La ofensiva de la defensa también alcanzó la resolución que dispuso el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona y Marta Benítez.
La defensa de Wiens intentó apelar esa decisión, pero el Tribunal declaró inadmisible el recurso mediante el A.I. N.º 113, del 7 de agosto. Dos semanas después, el 21 de agosto a las 16:05, fue registrado electrónicamente el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, apenas ocho minutos después de la apelación presentada contra el rechazo de la prescripción.
La defensa sostiene que la resolución que desvinculó a Jiménez Gaona y Benítez no se limitó a disponer sus sobreseimientos, sino que incluyó consideraciones sobre la viabilidad del proyecto, la planificación, los pagos y las causas de la paralización, conclusiones que, según argumenta, podrían terminar trasladando la responsabilidad hacia la administración posterior.
En su recurso, la defensa habla de un “giro abrupto” y “selectivo” de la investigación para conducirla hacia Wiens y busca que la Corte vuelva a analizar una discusión que la Cámara ya había cerrado.
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Recusaron al juez y luego a los camaristas
Otro de los frentes abiertos se centra en la integración de los órganos que deben resolver el caso. La defensa recusó al juez Humberto Otazú al sostener que una sucesión de actuaciones había comprometido la apariencia objetiva de imparcialidad del magistrado.
El Tribunal de Apelación rechazó la recusación mediante el A.I. N.º 119, dictado el 21 de agosto. Ese mismo día, a las 20:43, la defensa registró electrónicamente una apelación contra esa decisión.
En la resolución, según el escrito posterior del abogado Sergio Coscia, el Tribunal señaló que la intención de Wiens, bajo su patrocinio, era “al solo efecto dilatorio o lograr el apartamiento del Magistrado”.
La defensa respondió cuestionando esa conclusión y sostuvo que no existía base suficiente para atribuirle una finalidad dilatoria. También afirmó que la expresión afecta profesionalmente al abogado e insistió en que la Cámara no respondió el planteamiento sobre la imparcialidad objetiva.
La secuencia continuó al día siguiente. Después de que Paublino Escobar Garay, Mario Camilo Torres Leguizamón y José Waldir Servín Bernal rechazaran apartar a Otazú, Coscia presentó una recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación.
El escrito fue registrado el 22 de agosto a las 14:31, menos de 18 horas después de la apelación contra el rechazo de la recusación del juez.
La defensa sostiene que, luego de calificar uno de sus planteamientos como destinado a dilatar el proceso, los magistrados ya no ofrecerían la apariencia de neutralidad necesaria para estudiar los próximos recursos de Wiens. También invoca, de manera subsidiaria, una causal vinculada con enemistad, odio o resentimiento.
Cinco escritos en poco más de 63 horas
Cada una de estas herramientas forma parte de los mecanismos previstos dentro del proceso penal y cada planteamiento deberá ser analizado por los órganos competentes. El derecho a la defensa contempla la posibilidad de recurrir resoluciones, plantear nulidades y promover recusaciones cuando existan fundamentos.
Sin embargo, la particularidad de esta etapa del caso Metrobús radica en la acumulación y la concentración temporal de los incidentes.
Entre las 15:57 del 21 de agosto y las 07:00 del 24 de agosto, los registros electrónicos consignan cinco presentaciones distintas: la apelación por prescripción, la casación relacionada con el sobreseimiento de Jiménez Gaona y Benítez, la apelación contra el rechazo de la recusación de Otazú, la recusación contra los tres camaristas y el incidente de nulidad contra la acusación fiscal.
La secuencia también fue objeto de observación por parte del propio Tribunal de Apelación, que dejó constancia, respecto de una de las recusaciones, de que la intención sería “al solo efecto dilatorio o lograr el apartamiento del Magistrado”.
Wiens y su defensa rechazan esa conclusión. Tras esa afirmación, presentaron una nueva apelación y posteriormente recusaron a los magistrados que integraban el Tribunal.
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Mientras tanto, el fondo del caso continúa pendiente. La Fiscalía busca llevar a juicio las decisiones adoptadas durante la gestión de Wiens en el proyecto Metrobús, mientras que la defensa intenta, a través de distintos planteamientos, extinguir la causa por prescripción, anular la acusación fiscal, reabrir decisiones relacionadas con otros imputados y cuestionar a los magistrados que intervienen en el proceso.
Ahora corresponderá a la Justicia resolver si cada uno de estos recursos tiene sustento. Pero, antes de que la causa pueda avanzar hacia el juicio oral, el expediente deberá atravesar esta sucesión de apelaciones, nulidades y recusaciones promovidas por la defensa del exministro.
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Gamarra arrincona a Líder Amarilla exigiéndole que aclare sus nexos en juicio por narcotráfico
El diputado colorado Rodrigo Gamarra rechazó enfáticamente las acusaciones realizadas por el senador liberal Líder Amarilla sobre encabezar supuestamente una “turba” en la Municipalidad de Ypané. El legislador sostuvo que el senador Amarilla, antes de acusarlo debería primeramente explicar aquellos cuestionamientos que lo vinculan a procesos judiciales sobre narcotráfico.
A través de sus redes sociales, el diputado Gamarra respondió al legislador de la Cámara Alta, aclarando que su presencia en la sede municipal de Ypané, fue en respuesta al llamado de los ciudadanos ypanenses indignados porque las autoridades de este municipio, que son afiliados al Partido Liberal Radical Auténtico, habrían consumando ese día una de las mayores violaciones a la Carta Orgánica Municipal.
Teniendo en cuenta que ese día los miembros de la Junta Municipal, sobre todo de la bancada liberal, pretendieron en una sesión sin quórum designar directamente a una intendenta interina que no era ni presidenta, ni vicepresidenta de la Junta Municipal, únicos cargos que pueden asumir el interinato de la Intendencia conforme al procedimiento legal.
“Senador Líder Amarilla, antes de salir a mentir sobre mi persona, debería preocuparse por dar explicaciones sobre por qué su nombre fue mencionado públicamente en un juicio por narcotráfico y por sus vínculos con personas involucradas en esa causa. Eso es lo que la ciudadanía merece que aclare", expresó en su carta abierta publicado en redes.
Caso scanner del Silvio Pettirossi
El diputado colorado se refirió al caso judicial en el que ha sido vinculado el senador Líder Amarilla, salpicado por el caso scanner, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, tras ubicar a un funcionario en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) para supuestamente traficar sustancias ilícitas.
Ya en pleno juicio, el acusado Luis Servián declaró que se reunió con el senador liberal Líder Amarilla y dos agentes de la Senad. Según su testimonio, el encuentro se habría realizado en el Congreso y el objetivo era hacer un “pedido político” para que dos agentes no fueran removidos de la Aduana. En la misma causa también se investiga un esquema para facilitar el paso de personas o cargas en el aeropuerto, presuntamente con ayuda de funcionarios de seguridad.
Al respecto, el diputado Gamarra, sostuvo que si el senador Amarilla pertenecía a la bancada colorada, muy probablemente hace tiempo ya habría sido sometido al escrutinio público por los antecedentes del caso. “Pero como goza de una conveniente impunidad mediática y la vista al cielo de sus colegas, sigue opinado por sus medio aliados y fungiendo de fiscal de la moral ajena, mientras otros prefieren no hacerle las preguntas incómodas”, sostuvo.
Violación a carta orgánica de Ypané
Respecto a lo que Amarrilla señaló hacia su persona, Gamarra indicó que le responde con hechos, asegurando que es absolutamente falso que haya encabezado una “turba de patoteros” para atacar la Municipalidad de Ypané. “Acudí al llamado de ciudadanos indignados el mismo día en que sus correligionarios liberales consumaron una de las mayores violaciones a la Carta Orgánica Municipal”, remarcó.
Al respecto, Gamarra explicó el mecanismo de elección del intendente interino, mencionando que cuando el intendente renuncia, la Presidencia de la Junta asume de manera interina. Si el presidente no puede ejercer, lo hace el vicepresidente. Si ninguno de los dos está en funciones, el concejal que corresponda por el orden de prelación no asume la Intendencia.
Señaló que únicamente puede presidir de manera momentánea la sesión para convocar y dirigir la elección de una nueva mesa directiva. Recién una vez electo un nuevo presidente de la Junta, ese presidente puede asumir legalmente la Intendencia en forma interina para culminar el mandato, en este caso.
“Eso fue exactamente lo que ustedes quisieron saltear. Inventaron un mecanismo que la ley no contempla para colocar a dedo a una intendenta interina (MAU), en una sesión sin quórum y violando abiertamente la Carta Orgánica Municipal. Semanas después intentaron sostener ese atropello con otra elección fraudulenta (devuelta sin quorum)”, indicó.
Recordó que en esa sesión que se llevó a cabo esta semana, recurrieron a la violencia premeditada, con grupos organizados que actuaron en respaldo del clan Ortiz, secuestrando, coaccionando y agrediendo autoridades, pretendiendo hacer pasar esa situación como actuación voluntaria.
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El TSJE deberá destrabar la crisis en Ypané tras la elección de dos intendentes paralelos
El conflicto en la Municipalidad de Ypané, lejos de encaminarse hacia una solución, se intensifica cada vez más. Desde este lunes, la comuna del departamento Central cuenta con dos intendentes que fueron proclamados por distintos sectores de la Junta Municipal: un concejal colorado y una concejal liberal, profundizando la disputa por el control de la administración comunal.
La controversia surge tras decisiones adoptadas en sesiones separadas y cuestionamientos sobre la legalidad de los procedimientos, lo que mantiene abierta la crisis institucional y anticipa que el caso deberá ser resuelto por las instancias competentes.
Es decir, ahora queda a cargo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) definir cuál de los dos jefes comunales sería el que corresponde culminar el mandato de este periodo.
Esta nueva coyuntura, se dio en medio de una fuerte trifulca donde una turba liderada por el exintendente liberal Horacio Ortiz, hermano del presidente de la Junta y candidato a intendente por el PLRA, Jacobo Ortiz, arengó para que ningún concejal colorado abandone la sala de sesiones, dejándolos encerrados, o como lo calificó el líder de la bancada colorada concejal Eduardo Domínguez, “secuestrados” dentro de la sala sesiones donde la bancada Liberal continuó con la sesión ordinaria aprobando todas las actas de las sesiones pasadas.
En conversación con La Nación/Nación Media, mencionó que la sesión ordinaria se lleva a cabo cada lunes a las 11:00, y si bien, señaló que inició con normalidad, aprobando la primera acta de la sesión pasada. al pasar a la segundo punto comenzaron las discusiones que rápidamente fueron subiendo de tono.
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Explicó que la bancada liberal quiso ratificar su designación de la concejal liberal Mirtha Oviedo, lo que rechazó la bancada colorada y resolvió retirarse de la sala de sesiones para dejar sin quórum la sesión.
“Estamos con dos intendentes, nosotros elegimos la semana pasada a nuestro colega Inocencio Amado Cáceres. Mientras que ellos volvieron a elegir hoy a una intendente a la concejal liberal Mirtha Oviedo, pese a la nulidad que dispuso el TSJE a la resolución del pasado 3 de julio. No sé cómo quedó la votación, nosotros no votamos, ellos estaban ahí entre seis, pero necesitaban de 7 votos, y no sé cómo hicieron, no entiendo. O sea, que nosotros estábamos dentro secuestrados pero ninguno de nosotros votó”, explicó.
Obligados a dar quórum
Domínguez indicó que no pudieron salir de la sala, porque la puerta de blindex fue bloqueada por una turba de adherentes al clan Ortiz. “Nosotros intentamos levantarnos y salir de la sala, pero nos atropella una turba totalmente descontrolada, como 200 personas, en la puerta de blindex, que no nos permiten salir. Fuimos coaccionados, secuestrados, a la fuerza nos mantuvieron dentro de la sala de sesiones; en nuestra casa, prácticamente fue un atropelló a domicilio”, denunció.
El edil colorado confirmó que ya están trabajando con sus asesores legales para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, contra personas nominadas y bien identificadas por este atropello que sufrieron. Además, mencionó que en un momento incluso el atropello llegó a los golpes, donde dos concejales colorados Rubén Cabral y Alberto Alonso tuvieron que ser trasladados de urgencias debido a que sufrieron graves contusiones y traumatismo de cráneo.
Denunciarán al exintendente
El concejal Domínguez mencionó que la denuncia formal ante el Ministerio Público, se presentará de forma nominal ya que están bien identificados como agresores el exintendente y candidato a concejal Horacio Ortiez, algunos concejales y algunos funcionarios municipales que fueron partícipes de este atropello.
“Nuevamente será la Justicia Electoral que determinar cuál de las dos designaciones a intendente que culminará este mandato, es válida. A partir del 3 de julio pasado donde salió la resolución de la Justicia Electoral que no fue válida esa sesión, y todo lo que vienen haciendo hasta ahora. Para mí particularmente son inválidas todas las acciones que hicieron. Pero ahora tenemos que esperar la intervención nuevamente de la Justicia Electoral y vamos a recurrir nuevamente a esta instancia”, concluyó.
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La Fiscalía se cansa de las chicanas y pide reactivar la causa de excolaboradores de Abdo
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.
Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.
Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
- Fuente: hoy.com.py