Juicio suspendido: Pablo Ferreira recurre a nueva chicana y recusa al juez
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Este lunes 17 de abril debió darse inicio al juicio oral y público para juzgar a Pablo Ferreira, hijo del expresidente de la Ande Pedro Ferreira, quien está querellado por haber atropellado en estado de ebriedad a Juan Manuel Teixido. No obstante, la representación legal de Ferreira se valió una vez más de una recusación, por lo que el juicio fue suspendido hasta tanto el incidente quede resuelto. Esta nueva chicana planteada se suma a las numerosas acciones anteriores, sin embargo, resulta preocupante, ya que solo faltan cuatro meses para la prescripción de la causa.
“Le recusan al juez Alberto Peralta por la mala interpretación o mala resolución de lo que resolvió sobre el tema de la prescripción planteada, porque supuestamente viola los derechos de su cliente”, explicó la abogada Teresa Servín a La Nación/Nación Media.
Señaló que esta es la sexta recusación que presenta la defensa de Ferreira, la que ahora está encabezada por el abogado Benjamín Pérez, y llama la atención que aún no se hayan aplicado sanciones a la representación del querellado, dado el exceso de dilaciones de la causa, motivadas por las acciones que promueven constantemente.
“No vi venir esta recusación, pensé que la advertencia de la Cámara de Apelaciones y el reenvío a Auditoría del expediente iban a frenar un poco, pero evidentemente hay intereses mucho más grandes de lo que nosotros sabemos. No sé cómo no se les sanciona, evidentemente hay alguien que le está dando la mano”, advirtió Servín.
La defensa de Ferreira había presentado una acción de prescripción de la causa, y esto fue rechazado por el juez Alberto Peralta, dado que la sentencia de elevación a juicio oral y público recién prescribe en agosto del 2023 y no en marzo, tal y como se alega por parte de los querellados.
“Para ellos prescribió en marzo porque en marzo del 2020 salió la primera resolución que se elevó a juicio oral, pero no estaba firme, y al no estar firme no causa efecto. Hoy, cuando íbamos a empezar con los alegatos, la actuaria comentó al tribunal que se presentó una recusación en contra del juez”, detalló la abogada.
Dado que el juez está recusado, el juicio quedó suspendido, en tanto se pronuncie la Cámara de Apelaciones. “Lo que debería hacer la Cámara es rechazar y aplicar sanciones, que pueden ir desde apercibimientos, sanciones y multas”, explicó y señaló que no le extrañaría si el abogado de Ferreira recusa también a la Cámara de Apelaciones.
“Si le recusan a la Cámara, irá a la Corte Suprema de Justicia, entonces es la Corte la que debe sancionar”, expresó. Para Servín resulta sumamente llamativo que no se hayan aplicado sanciones, esto, incluso cuando la Cámara de Apelaciones de Cordillera ya llamó la atención a la defensa por las excesivas dilaciones que se dieron en la causa.
“El abogado y los Ferreira están usando todos sus contactos para detener la situación o qué es lo que pasa, la Justicia es para algunos nomás, esa es la percepción que tenemos”, lamentó la abogada, quien señaló que esperan que la nueva recusación pueda resolverse en la brevedad posible.
“Obviamente ellos están jugando con el tiempo porque estamos a cuatro meses de agosto. En este caso hablamos de la sexta recusación y todavía no hay sanción”, precisó Teresa Servín.
El caso
Pablo Ferreira, hijo del expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) Pedro Ferreira, fue querellado por Juan Manuel Teixido, luego de que este y otro ciclista hayan sido víctimas de un accidente de tránsito ocasionado por una imprudencia de Ferreira. El que ocurrió el 6 de enero del 2019 a la altura del kilómetro 48, sobre la avenida General Jacinto Morínigo de la ciudad de San Bernardino.
La prueba de alcotest a Ferreira tuvo un resultado positivo de 0,27 mg/l. En la ocasión, Teixido sufrió diversas lesiones al caer de su bicicleta al pavimento luego de haber sido atropellado por el vehículo al mando de Ferreira.
El exintendente destituido, Miguel Prieto, sufrió otro revés en la causa que es investigado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Foto: Matias Amarilla
Corte da luz verde para audiencia disciplinaria a Prieto por chicanas
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La apelación presentada por el exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prietofue declarada inadmisible por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El planteamiento se dio en contra de la resolución que dispuso su convocatoria para una audiencia disciplinaria por las chicanas en el marco de la causa conocida como “Tajy”, en la cual es investigado por el presunto perjuicio de más de G. 306 millones durante su administración municipal.
Con la resolución de la Sala Penal, integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón quedó firme el trámite para la realización de una audiencia disciplinaria fijada en una instancia previa. Los magistrados apuntaron que la convocatoria “no genera agravio irreparable al imputado”, esto teniendo en cuenta que “su conducta procesal podrá debatirse ampliamente durante la audiencia disciplinaria”. Esta audiencia se da porque Prieto se representa a sí mismo en este proceso.
El ministro Alberto Martínez Simón, actuó como preopinante, y expuso las argumentaciones del por qué no corresponde la apelación, señalando que “aunque la resolución fue dictada por un Tribunal de Apelaciones y puede ser revisada por la máxima instancia judicial, en este caso no corresponde la apelación porque el supuesto perjuicio alegado por Prieto no tiene carácter irreparable”.
Este criterio fue acompañado por los ministros Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón, por lo que la decisión fue adoptada de manera unánime. Miguel Prieto está acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El Ministerio Público sostiene que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.
Mujer al mando de una moto fallece tras choque con un automóvil sobre la Ruta PY02
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Ciudad del Este. Agencia regional
Un accidente de tránsito con resultado fatal ocurrió esta mañana a las 7:20 en el Km 17 de la Ruta PY02, en el lado Acaray, distrito de Minga Guazú. Fue víctima Pablina Raquel Amarilla Espínola (27), quien estaba al mando de una motocicleta marca Leopard, modelo C110, color negro, sin chapa, según el reporte de la Comisaría 8ª.
El otro vehículo involucrado es una camioneta marca Hyundai, modelo Tucson, color blanco, chapa AAYS 990, guiado por Víctor Francisco Roa Garay (57), domiciliado en Presidente Franco.
De acuerdo con los datos recabados por el personal policial, la camioneta circulaba en el carril izquierdo de la Ruta PY02 en dirección Oeste, cuando al llegar al lugar indicado la conductora de la motocicleta intentó cruzar la ruta de Norte a Sur, y salió frente a la camioneta, momento en que se produjo el choque entre la camioneta y la motocicleta.
El impacto hizo que la motociclista sea lanzada al pavimento y por el fuerte golpe que tuvo se produjo su deceso. El hecho fue comunicado por vía telefónica al agente fiscal de turno Alcides Giménez y a Criminalística de la Policía Nacional cuyo personal acudió al sitio del accidente.
Sigue en aumento el número de accidentes de tránsito sobre la Ruta PY02 entre Ciudad del Este y Minga Guazú, que tiene a motociclistas como las principales víctimas.
Los resultados fatales de los percances también están en aumento y casi siempre afectan a las personas a bordo de las motos, ya sean como conductores o acompañantes.
Una chicana tras otra: Wiens presentó cinco recursos en menos de 64 horas para frenar el caso Metrobús
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La defensa del exministro abdista Arnoldo Wiens presentó cinco escritos distintos en menos de 64 horas, con recursos, nulidades y recusaciones que apuntan a frenar, anular o modificar el rumbo del proceso en la causa del Metrobús. El propio Tribunal de Apelación atribuyó a uno de los planteamientos una finalidad “dilatoria”.
La causa Metrobús atraviesa una intensa sucesión de incidentes procesales desde que la Fiscalía cerró su investigación contra Arnoldo Wiens y solicitó llevarlo a juicio oral.
En menos de 64 horas, la defensa presentó cinco escritos distintos que abrieron nuevos frentes dentro del expediente: una apelación por prescripción, un recurso extraordinario de casación ante la Corte, otra apelación contra el rechazo de una recusación, una recusación contra tres camaristas y, finalmente, un incidente de nulidad absoluta contra la acusación fiscal.
Los propios registros electrónicos reflejan la velocidad de la secuencia. El 21 de agosto, a las 15:57, fue registrada la apelación contra el A.I. N.º 264, que rechazó el planteamiento de prescripción. Apenas ocho minutos después, a las 16:05, ingresó otro escrito: el recurso extraordinario de casación contra el A.I. N.º 113.
Ese mismo día, a las 20:43, fue registrada la apelación contra el A.I. N.º 119, dictado el 21 de agosto. Menos de 18 horas después, el 22 de agosto a las 14:31, se presentó la recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación. Finalmente, el 24 de agosto, a las 07:00, se sumó el incidente de nulidad absoluta contra la acusación fiscal.
Uno de los principales planteamientos de la defensa apunta a extinguir la causa por prescripción y obtener el sobreseimiento definitivo de Wiens, sin llegar a discutir el fondo de la acusación.
El juez Humberto Otazú rechazó ese pedido mediante el A.I. N.º 264, del 14 de agosto. Siete días después, el 21 de agosto, la defensa presentó una apelación contra esa decisión y solicitó la nulidad absoluta de la resolución, además de pedir que el Tribunal declare extinguida la acción penal.
La discusión gira en torno a una citación realizada el 4 de octubre de 2023. Para el juzgado, ese acto interrumpió el plazo de prescripción. Sin embargo, la defensa sostiene que aquella convocatoria hacía referencia al caso Metrobús, pero no comunicaba los hechos concretos que posteriormente fueron incluidos en la imputación contra el exministro.
Entre esos hechos figuran la supuesta orden de demolición de las estaciones 19, 20, 21, 22, 23 y 24, además de actuaciones ocurridas entre abril y mayo de 2020.
La defensa sostiene que una referencia general al proyecto no puede mantener vigente, durante años, cualquier acusación que posteriormente se incorpore dentro de la misma carpeta fiscal.
Si el Tribunal acepta esa postura, la causa podría terminar por el transcurso del tiempo, sin llegar a un juicio oral sobre los hechos atribuidos por la Fiscalía.
También buscan anular la acusación fiscal
Mientras planteaba la prescripción, la defensa abrió otro frente para cuestionar la validez de la acusación fiscal presentada el 11 de agosto. El incidente de nulidad absoluta fue registrado el 24 de agosto, 13 días después de la presentación de la acusación y 11 días después de la providencia que la tuvo por recibida.
El juzgado había fijado el 16 de agosto como fecha para la presentación del requerimiento conclusivo. Sin embargo, la Fiscalía presentó su acusación contra Wiens el 11 de agosto y, en esa misma presentación, solicitó la abreviación del plazo.
Dos días después, el 13 de agosto, Otazú tuvo por recibida la acusación y corrió traslado a la defensa sobre el pedido de abreviación. Para los abogados de Wiens, el orden procesal debió ser distinto: primero debía resolverse la modificación de la fecha y, recién después, podía presentarse válidamente la acusación.
Por esa razón, la defensa considera “extemporánea” la acusación, pese a que fue presentada antes del 16 de agosto. El argumento no apunta a una presentación tardía, sino a que, según sostiene, la Fiscalía actuó antes de contar con una decisión judicial que habilitara el cambio del plazo.
Además, cuestiona que al llegar el 16 de agosto la Fiscalía no haya vuelto a presentar el requerimiento y haya dado por válida la acusación ingresada el día 11.
La pretensión de la defensa es que esa situación alcance a la acusación, a la providencia que la tuvo por recibida y a las actuaciones posteriores que dependan de ellas.
La ofensiva de la defensa también alcanzó la resolución que dispuso el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona y Marta Benítez.
La defensa de Wiens intentó apelar esa decisión, pero el Tribunal declaró inadmisible el recurso mediante el A.I. N.º 113, del 7 de agosto. Dos semanas después, el 21 de agosto a las 16:05, fue registrado electrónicamente el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, apenas ocho minutos después de la apelación presentada contra el rechazo de la prescripción.
La defensa sostiene que la resolución que desvinculó a Jiménez Gaona y Benítez no se limitó a disponer sus sobreseimientos, sino que incluyó consideraciones sobre la viabilidad del proyecto, la planificación, los pagos y las causas de la paralización, conclusiones que, según argumenta, podrían terminar trasladando la responsabilidad hacia la administración posterior.
En su recurso, la defensa habla de un “giro abrupto” y “selectivo” de la investigación para conducirla hacia Wiens y busca que la Corte vuelva a analizar una discusión que la Cámara ya había cerrado.
Otro de los frentes abiertos se centra en la integración de los órganos que deben resolver el caso. La defensa recusó al juez Humberto Otazú al sostener que una sucesión de actuaciones había comprometido la apariencia objetiva de imparcialidad del magistrado.
El Tribunal de Apelación rechazó la recusación mediante el A.I. N.º 119, dictado el 21 de agosto. Ese mismo día, a las 20:43, la defensa registró electrónicamente una apelación contra esa decisión.
En la resolución, según el escrito posterior del abogado Sergio Coscia, el Tribunal señaló que la intención de Wiens, bajo su patrocinio, era “al solo efecto dilatorio o lograr el apartamiento del Magistrado”.
La defensa respondió cuestionando esa conclusión y sostuvo que no existía base suficiente para atribuirle una finalidad dilatoria. También afirmó que la expresión afecta profesionalmente al abogado e insistió en que la Cámara no respondió el planteamiento sobre la imparcialidad objetiva.
La secuencia continuó al día siguiente. Después de que Paublino Escobar Garay, Mario Camilo Torres Leguizamón y José Waldir Servín Bernal rechazaran apartar a Otazú, Coscia presentó una recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación.
El escrito fue registrado el 22 de agosto a las 14:31, menos de 18 horas después de la apelación contra el rechazo de la recusación del juez.
La defensa sostiene que, luego de calificar uno de sus planteamientos como destinado a dilatar el proceso, los magistrados ya no ofrecerían la apariencia de neutralidad necesaria para estudiar los próximos recursos de Wiens. También invoca, de manera subsidiaria, una causal vinculada con enemistad, odio o resentimiento.
Cinco escritos en poco más de 63 horas
Cada una de estas herramientas forma parte de los mecanismos previstos dentro del proceso penal y cada planteamiento deberá ser analizado por los órganos competentes. El derecho a la defensa contempla la posibilidad de recurrir resoluciones, plantear nulidades y promover recusaciones cuando existan fundamentos.
Sin embargo, la particularidad de esta etapa del caso Metrobús radica en la acumulación y la concentración temporal de los incidentes.
Entre las 15:57 del 21 de agosto y las 07:00 del 24 de agosto, los registros electrónicos consignan cinco presentaciones distintas: la apelación por prescripción, la casación relacionada con el sobreseimiento de Jiménez Gaona y Benítez, la apelación contra el rechazo de la recusación de Otazú, la recusación contra los tres camaristas y el incidente de nulidad contra la acusación fiscal.
La secuencia también fue objeto de observación por parte del propio Tribunal de Apelación, que dejó constancia, respecto de una de las recusaciones, de que la intención sería “al solo efecto dilatorio o lograr el apartamiento del Magistrado”.
Wiens y su defensa rechazan esa conclusión. Tras esa afirmación, presentaron una nueva apelación y posteriormente recusaron a los magistrados que integraban el Tribunal.
Mientras tanto, el fondo del caso continúa pendiente. La Fiscalía busca llevar a juicio las decisiones adoptadas durante la gestión de Wiens en el proyecto Metrobús, mientras que la defensa intenta, a través de distintos planteamientos, extinguir la causa por prescripción, anular la acusación fiscal, reabrir decisiones relacionadas con otros imputados y cuestionar a los magistrados que intervienen en el proceso.
Ahora corresponderá a la Justicia resolver si cada uno de estos recursos tiene sustento. Pero, antes de que la causa pueda avanzar hacia el juicio oral, el expediente deberá atravesar esta sucesión de apelaciones, nulidades y recusaciones promovidas por la defensa del exministro.
Brasil: choque de bus con pacientes médicos deja 23 muertos en Ipiranga
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Un choque frontal entre un autobús que transportaba pacientes médicos y un camión dejó al menos 23 muertos el miércoles en el sur de Brasil, en uno de los peores accidentes de los últimos años en la región. El vehículo de pasajeros quedó destrozado junto al camión a la orilla de la ruta en el municipio de Ipiranga, informó la policía de carreteras.
“Al menos 23 fallecimientos fueron confirmados: la mayoría de las víctimas iban en el autobús”, detalló la autoridad en un comunicado. El accidente ocurrió a las 3:30 locales (GMT 6:30), cuando el camión invadió el carril del otro vehículo, señaló la policía. El conductor del camión también murió.
Según la policía de carreteras es el peor accidente de tránsito de los últimos años en el estado de Paraná. En 2021, 19 personas fallecieron en un accidente de autobús. En un primer momento la empresa Via Araucária, a cargo de la autopista, ubicó el accidente en el vecino municipio de Imbituva, de donde partió el autobús.
El choque tuvo lugar en la carretera BR-373, que une al sur de Brasil con Sao Paulo, el estado más rico del país. La vía permanece cerrada y hay filas de varios kilómetros de conductores esperando su reapertura, según la policía. Bomberos y la policía civil aún trabajan en la zona.
El autobús pertenecía a la secretaría de salud de Imbituva y transportaba pacientes a varios centros médicos de la ciudad de Curitiba. Los accidentes de tráfico mortales son frecuentes en Brasil.
Ocho personas murieron el domingo en el estado de Rio de Janeiro cuando el autobús en el que viajaban se volcó. En febrero, un autobús que regresaba de un festival religioso en el noreste de Brasil salió de la carretera y volcó, causando la muerte de al menos 16 personas.