Desde hace mucho tiempo el Grupo Zuccolillo, con el diario Abc Color a la cabeza, venía haciendo duras publicaciones contra el empresario Darío Messer por sus procesos judiciales. Sin embargo, se constató que el banco Atlas, mismo grupo empresarial, obtenía sumas millonarias al administrar, mediante un fideicomiso, siete inmuebles vinculados a la empresa Matrix Realty, propiedad de Messer.

Sin duda, el Grupo Zuccolillo conti­núa cayendo en incoherencias a través de sus medios de comunica­ción. Esta vez quedó al des­cubierto una práctica habi­tual de dicho conglomerado, ya que desde hace mucho tiempo que venía criticando con dureza al empresario Darío Messer por los pro­cesos judiciales que enfren­taba en nuestro país; sin embargo, se constató que el Banco Atlas –propiedad del citado grupo empresarial– obtenía sumas millonarias al administrar, mediante un fideicomiso, siete inmue­bles vinculados a la empresa Matrix Realty, propiedad de Messer.

Este tipo de contradiccio­nes evidencian el modus operandi del grupo, que utilizaba presiones exter­nas para quedarse con los negocios mientras aparen­taba transparencia.

La Fiscalía investiga el ori­gen y las operaciones rela­cionadas con siete oficinas de Paraqvaria, vinculadas a una transacción de USD 1,27 millones realizada en 2014 con Matrix Realty.

Los inmuebles, ubicados en la Torre II de Hernan­darias, ingresaron en 2021 a un fideicomiso de garantía administrado por el banco Atlas.

El caso es sencillo pero grave: el banco aceptó un fideicomiso respaldado por siete oficinas valuadas en USD 1.274.000, a pesar de que esos mismos inmue­bles ya pertenecían a una empresa de Darío Messer, quien enfrentó un proceso en el vecino país por lavado de dinero. La gran pregunta que se hace la Justicia es cómo una propiedad vincu­lada a Messer terminó pro­tegida en un banco sin que nadie lo notara.

El suceso comenzó en 2014 entre la empresa Paraqva­ria SA y Matrix Realty, la firma ligada a Messer. En ese entonces, se aliaron para impulsar un proyecto inmobiliario en Hernanda­rias. Para poner en marcha la iniciativa, Matrix Realty aportó el capital en cua­tro desembolsos: primero USD 600.000, después USD 604.000, luego USD 40.000 y finalmente USD 30.000. La suma de estos montos alcanza exacta y matemá­ticamente la cifra de USD 1.274.000.

Como el proyecto no avanzó según lo planeado, el 28 de febrero de 2015 firmaron un contrato de compraventa. En ese documento se dejó asentado que, con los mis­mos USD 1.274.000 ya paga­dos, Matrix Realty se que­daba con siete oficinas de la Torre II de Paraqvaria y sus respectivos estaciona­mientos.

La Fiscalía sostiene que esa inversión inicial se trans­formó directamente en la compra de los inmuebles. Por su parte, Rafael Casa­bianca, representante de Paraqvaria, intentó des­marcarse asegurando ante los fiscales que no existie­ron facturas ni cheques nuevos, y que llegó a fir­mar ese documento bajo una fuerte presión.

En 2018 el escándalo de Darío Messer estalló por completo; el empresario fue arrestado en Brasil en 2019 y posteriormente conde­nado por lavado de dinero.

En Paraguay, la Senabico tomó el control de sus empresas, incluida Matrix Realty. En enero de 2020, Casabianca declaró ante el Ministerio Público y detalló los giros de dinero, pero omitió mencionar el contrato de 2015 sobre las siete oficinas. Debido a esta omisión, el Estado no pudo incautar ni decomisar los derechos que Messer poseía sobre ese patrimonio.

Ahí es donde el banco Atlas ingresó al negocio. El 19 de julio de 2021, con Mes­ser acorralado por la Jus­ticia, Paraqvaria tomó esas siete oficinas omitidas y las entregó al banco para constituir un fideicomiso de garantía por aproxima­damente USD 1.550.000.

Al momento de dar explica­ciones, la entidad bancaria de los Zuccolillo se desen­tendió del caso argumen­tando que en los Registros Públicos las oficinas apa­recían limpias a nombre de Paraqvaria, sin embargos, y que no tenían forma de conocer el contrato privado con la empresa de Messer.

Asimismo, surgieron con­versaciones de 2024 que luego se hicieron públicas, en las cuales Casabianca afirmaba con tranquilidad que la Fiscalía y la Senabico ya estaban al tanto del con­trato y que las oficinas se podían utilizar sin incon­venientes.

Sin embargo, la imputación de la Fiscalía sostiene lo con­trario: afirma que el docu­mento fue ocultado delibera­damente. Si las autoridades lo sabían, tendrán que expli­car por qué dejaron escapar los bienes; si no lo sabían, habrá que descubrir cómo llegaron blindados a un fidei­comiso bancario.

Por ahora, la Fiscalía no ha imputado al banco Atlas por ocultar los bienes de manera intencional, pero la entidad presidida por Miguel Ángel Zaldívar está obligada a exhibir los papeles de su auditoría. Deberá demos­trar si realmente aplicó los controles de debida diligen­cia o si simplemente prefirió mirar hacia otro lado mien­tras USD 1,27 millones se ocultaban de la ley.

Emiliano Rolón se reunió con los representantes de la Coordinadora Nacional de Asegurados Activos y Jubilados del IPS y dio su compromiso con las investigaciones.

Gremios de jubilados del Insti­tuto de Previsión Social (IPS) se movilizaron frente a la sede de la Fiscalía General exi­giendo respuestas a las inves­tigaciones sobre los hechos de corrupción denunciados e investigados en la previsional.

Tras la movilización, el fis­cal general del Estado, Emi­liano Rolón, se reunió con los representantes de la Coordi­nadora Nacional de Asegura­dos Activos y Jubilados del IPS, Gustavo Canatta, Nery Quin­tana, Julio López y Cristhian Talavera, a quienes extendió su compromiso con las inves­tigaciones. “A todos los secto­res de la ciudadanía les rea­firmo mi compromiso: desde la Fiscalía General garantiza­mos el estricto cumplimiento del Estado Social de Derecho. En materia penal no existen excluibles; actuaremos con fir­meza y conforme a lo que deter­minen las evidencias”, expresó el fiscal general a través de las redes sociales.

Gustavo Canatta, presidente de la Unión Nacional de Jubi­lados, explicó que el objetivo de esta movilización fue demos­trar el apoyo a la Fiscalía, pero también solicitar que todos los involucrados en los casos denunciados en su momento sean investigados.

“En primer lugar, vinimos a darle nuestro apoyo a la Fisca­lía tomando en cuenta que por primera vez después de mucho tiempo tenemos a 9 personas imputadas, y también al mismo tiempo manifestarle nuestra preocupación por el hecho de que queremos que esto conti­núe y que se saque realmente a los culpables y que esos culpa­bles tengan que ir a prisión, y si es posible que se devuelva todo lo malversado”, refirió Cana­tta, a los medios de prensa tras la reunión con el fiscal general.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.

La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.

“ΕΙ Ministerio Público considera indispensable garantizar las condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio libre y efectivo de la función fiscal, especialmente ante situaciones de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o cualquier otra conducta que pudiera poner en riesgo la integridad de sus representantes en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, sin perjuicio de las medidas de protección y seguridad que, conforme a los protocolos vigentes, corresponde activar a la institución en el ámbito de sus competencias”, agrega el comunicado emitido por la noche del martes.

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De igual manera, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la adopción de medidas urgentes de seguridad para resguardar la integridad de los agentes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes intervienen en la causa denominada “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.

El pedido fue formulado mediante la Nota n.º 78/2026, de fecha 25 de agosto, tras un incidente registrado al término de la jornada de juicio oral y público desarrollada el 24 de agosto. Según la comunicación, el acusado Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), habría proferido amenazas directas contra ambos representantes del Ministerio Público.

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La Asociación señaló que el hecho fue registrado en soporte fílmico y posteriormente difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, circunstancia que, según sostiene, evidencia la gravedad del episodio y su trascendencia institucional. Asimismo, expresó que este tipo de conductas no solo comprometen la seguridad personal de los fiscales intervinientes, sino que podrían afectar el normal desarrollo del proceso penal y el libre ejercicio de la función fiscal.

Ante esta situación, solicitó el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas restantes, hasta la conclusión del debate, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los operadores de justicia y el normal desarrollo del proceso.

Este martes, gremios de jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) se movilizaron frente a la sede de la Fiscalía General exigiendo respuestas a las investigaciones sobre los hechos de corrupción denunciados e investigados en la previsional.

Tras la movilización, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón se reunió con los representantes de la Coordinadora Nacional de Asegurados Activos y Jubilados del IPS, Gustavo Canatta, Nery Quintana, Julio López y Cristhian Talavera, a quienes extendió su compromiso con las investigaciones.

“A todos los sectores de la ciudadanía les reafirmo mi compromiso: desde la Fiscalía General garantizamos el estricto cumplimiento del Estado Social de Derecho. En materia penal no existen excluibles; actuaremos con firmeza y conforme a lo que determinen las evidencias”, expresó el fiscal general a través de las redes sociales.

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Gustavo Canata, presidente de la Unión Nacional de Jubilados, explicó que el objetivo de esta movilización fue demostrar el apoyo a la Fiscalía, pero también solicitar que todos los involucrados en los casos denunciados en su momento sean investigados.

“En primer lugar, vinimos a darle nuestro apoyo a la Fiscalía tomando en cuenta que por primera vez después de mucho tiempo tenemos a 9 personas imputadas, y también al mismo tiempo manifestarle nuestra preocupación por el hecho de que queremos que esto continúe y que se saque realmente a los culpables y que esos culpables tengan que ir a prisión, y si es posible que se devuelva todo lo malversado”, refirió Canata a los medios de prensa tras la reunión con el fiscal general.

Agregó que expresaron su preocupación al titular del Ministerio Público que también otras personas deben ser incluidas en el proceso de investigación penal, y apuntaron como verdaderos responsables a los miembros del consejo de la previsional, y que los mismos también deben ser investigados.

“Lo que manifestó el señor fiscal es que como las denuncias fueron innominadas, incluyendo la nuestra que hicimos al inicio del año, no es tan fácil porque tiene que empezar a buscar dentro del proceso a todas aquellas personas que estuvieron involucradas. Lo que le agradecemos al fiscal es que nos da la seguridad que va a continuar el proceso y las personas que estén involucradas van a entrar dentro de este proceso”, señaló el gremialista.

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