El consulado de la República del Paraguay en Puerto Murtinho, Brasil, llevará a cabo una jornada de asistencia integral al migrante, destinada a brindar servicios esenciales y facilitar trámites de documentación a la comunidad paraguaya residente en esta localidad brasileña y zonas aledañas.

La actividad constituye la sexta jornada de atención integral desarrollada desde que Marlene Ocampos asumió como cónsul general y jefa de misión, en junio de 2025.

La representante consular, quien anteriormente se desempeñó como presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), diputada nacional y gobernadora de Alto Paraguay, promovió nuevamente la realización de estas jornadas luego de una década.

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La atención se desarrollará el próximo jueves 24 de setiembre, de 7:00 a 15:00, en la sede consular (ubicado en Dr. Costa Marques 224, barrio Centro, de Puerto Murtinho). Contará con la participación de funcionarios del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y del Registro del Estado Civil, como parte de un trabajo coordinado para acercar servicios públicos y facilitar trámites documentales a los compatriotas residentes en el exterior.

Durante la actividad serán entregadas cédulas de identidad tramitadas en la jornada realizada en mayo pasado. Asimismo, los interesados podrán gestionar la renovación de documentos de identidad vencidos o próximos a vencer.

También se brindará el servicio de expedición de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, requeridos para diferentes procedimientos legales y administrativos.

Igualmente, se facilitará la inscripción en el Registro Cívico Permanente de Paraguayos Residentes en el Extranjero (RCPE), con miras a promover la participación ciudadana.

Los compatriotas también podrán registrarse en el Registro Único de Paraguayos en el Exterior (RUEX), una herramienta que permite disponer de información para la planificación de políticas públicas dirigidas a la comunidad paraguaya residente fuera del país.

Al respecto, la cónsul Ocampos destacó que el principal objetivo de la iniciativa es responder a las necesidades de regularización y documentación de los compatriotas establecidos en esta zona del Brasil. “Buscamos acercar los servicios del Estado paraguayo a nuestros connacionales, facilitar sus trámites y brindar respuestas concretas a sus necesidades documentales”, expresó.

El consulado insta a la comunidad paraguaya a aprovechar la jornada para regularizar su documentación y acceder a los servicios habilitados. Para consultas, los interesados pueden comunicarse al número telefónico +55 (67) 9635-4678.

La actividad se enmarca en la política de atención a la ciudadanía en el exterior impulsada por el Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y su red consular.

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El senador Ramón Retamozo, de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, cuestionó a los postulantes que aspiran a ocupar los cargos de defensor del Pueblo y defensor adjunto, por dedicar mayor tiempo de sus exposiciones a la presentación de su currículum y prácticamente sin propuesta o programa de trabajo.

El legislador señaló que durante las audiencias públicas tuvo que hacer un llamado a la atención, porque cada postulante a los que le ha tocado escuchar hasta ahora, se ha dedicado a presentar su preparación académica, y experiencia.

Pero, señaló que casi nadie habla sobre lo que tiene previsto hacer para mejorar la institución, o de su plan de gestión, y lo más grave es que casi nadie maneja el presupuesto que tiene la Defensoría del Pueblo.

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“Me parece que si uno pretende llegar al cargo, uno tiene que tener ya la radiografía de esa institución. Tiene que tener ya todas las falencias punteadas y qué van a hacer para que mejore esa institución. Necesitamos un defensor o una defensora del Pueblo que lidere todos los procedimientos que se realizan a nivel país, ya sea en lo judicial, en lo social, en todos los sentidos”, remarcó.

El senador Retamozo indicó que a su criterio el defensor del Pueblo debe estar involucrado en todos los aspectos. Señaló que son cargos sumamente importantes para la sociedad, ya que tienen que cuidar al pueblo, afirmando que el cargo se podría comparar como el cargo de un fiscal general del Estado.

“Debe tener monitoreados todos los procedimientos en donde hay falencias, donde hay abandono, donde se está cometiendo injusticias, abusos por nuestra gente y ahí tiene que estar el defensor o la defensora del Pueblo”, remarcó.

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La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia hizo mención a cuáles son los requisitos para acceder a un cargo titular cualquier dirección general en el Poder Judicial. En ese sentido, recordó que las acordadas dictadas en los años 2019, 2020 y 2022 no introdujeron la exigencia de título universitario para ser designado como director general en el Poder Judicial, sino que reconocieron expresamente la naturaleza de confianza de las Direcciones Generales y establecieron un régimen compatible con la permanencia de quienes ya las ejercían.

Esta aclaración se dio en vista de las publicaciones periodísticas en las que se cuestiona que la titular de la Dirección General del Poder Judicial no cuenta con título universitario.

El dictamen hace mención a los requisitos establecidos para ocupar el cargo de director/a general, en cualquier Dirección General del Poder Judicial, cargo que actualmente ocupa la señora Verónica Lina Sienra Bertón quien ejerce funciones en esa dependencia hace aproximadamente tres décadas.

Primeramente, el artículo 47, numeral 3, de la Constitución de la República, garantiza el acceso igualitario a las funciones públicas no electivas sin más requisito que la idoneidad.

El dictamen explica que esta idoneidad no se identifica necesariamente con un título universitario, en tanto que dicha exigencia comprende la formación, la experiencia, los conocimientos y la trayectoria necesarios para el adecuado desempeño del cargo. Un título académico sólo es exigible cuando una norma o el perfil específico del puesto lo establece expresamente, y ninguna disposición aplicable a la Dirección General de Garantías Constitucionales lo hace.

Seguidamente, no puede dejarse de mencionar la trayectoria de la funcionaria. La señora María Verónica Lina Sienra Bertón ingresó al Poder Judicial el 11 de septiembre de 1998, contratada como jefa de la dependencia de Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales, cuando el actual ministro Luis María Benítez Riera todavía no integraba la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, desempeñó de manera continua funciones de jefatura en la misma dependencia: fue nombrada en el año 2000, confirmada como jefa supervisora en 2002 y designada como jefa de sección en 2008.

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Su nombramiento como directora general, el 31 de enero de 2012, no significó el ingreso de una persona ajena a la institución ni el acceso repentino a un cargo gerencial, sino la culminación de más de trece años de carrera desarrollada en el área cuyos procedimientos conocía desde todos los niveles de responsabilidad.

En cuanto al marco normativo, señala el dictamen que no existe reglamentación alguna al tiempo del nombramiento en el 2012, que exigiera un título universitario para acceder al cargo de Directora General y, conforme al principio de irretroactividad del artículo 14 de la Constitución de la República y la regla tempus regit actum, la validez de una designación debe juzgarse según las normas vigentes al momento de dictarse.

Las Acordadas posteriores (N° 1.309/2019, N° 1.479/2020 y N° 1.679/2022) tampoco incorporaron esa exigencia: declararon a las Direcciones Generales como cargos de confianza, contemplaron expresamente la permanencia de quienes ya los ocupaban y, al referirse al “nivel académico necesario”, emplearon una fórmula funcional que no impone una titulación específica.

A su vez, la Acordada N° 1.815/2025 define a la Dirección General de Garantías Constitucionales como una unidad administrativa de asistencia jurisdiccional que no ejerce jurisdicción, así como tampoco exige una profesión reglamentada.

En conclusión, las acordadas dictadas en los años 2019, 2020 y 2022 no introdujeron la exigencia de título universitario para ser designado como director general en el Poder Judicial, sino que reconocieron expresamente la naturaleza de confianza de las Direcciones Generales y establecieron un régimen compatible con la permanencia de quienes ya las ejercían.

Asimismo, la Acordada N° 1.815/2025 define a la Dirección General de Garantías Constitucionales como una unidad de estructura administrativa de asistencia jurisdiccional y no exige para su titularidad una profesión reglamentada ni un título universitario de grado determinado. Dicha dependencia no resuelve casos judiciales, ni ejerce función jurisdiccional algunos reservados a los jueces.

En consecuencia, concluye el dictamen, no corresponde inferir la irregularidad en la designación o la permanencia de la funcionaria en el cargo, a partir de la ausencia de una titulación universitaria que ninguna disposición aplicable exige.

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Este martes, gremios de jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) se movilizaron frente a la sede de la Fiscalía General exigiendo respuestas a las investigaciones sobre los hechos de corrupción denunciados e investigados en la previsional.

Tras la movilización, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón se reunió con los representantes de la Coordinadora Nacional de Asegurados Activos y Jubilados del IPS, Gustavo Canatta, Nery Quintana, Julio López y Cristhian Talavera, a quienes extendió su compromiso con las investigaciones.

“A todos los sectores de la ciudadanía les reafirmo mi compromiso: desde la Fiscalía General garantizamos el estricto cumplimiento del Estado Social de Derecho. En materia penal no existen excluibles; actuaremos con firmeza y conforme a lo que determinen las evidencias”, expresó el fiscal general a través de las redes sociales.

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Gustavo Canata, presidente de la Unión Nacional de Jubilados, explicó que el objetivo de esta movilización fue demostrar el apoyo a la Fiscalía, pero también solicitar que todos los involucrados en los casos denunciados en su momento sean investigados.

“En primer lugar, vinimos a darle nuestro apoyo a la Fiscalía tomando en cuenta que por primera vez después de mucho tiempo tenemos a 9 personas imputadas, y también al mismo tiempo manifestarle nuestra preocupación por el hecho de que queremos que esto continúe y que se saque realmente a los culpables y que esos culpables tengan que ir a prisión, y si es posible que se devuelva todo lo malversado”, refirió Canata a los medios de prensa tras la reunión con el fiscal general.

Agregó que expresaron su preocupación al titular del Ministerio Público que también otras personas deben ser incluidas en el proceso de investigación penal, y apuntaron como verdaderos responsables a los miembros del consejo de la previsional, y que los mismos también deben ser investigados.

“Lo que manifestó el señor fiscal es que como las denuncias fueron innominadas, incluyendo la nuestra que hicimos al inicio del año, no es tan fácil porque tiene que empezar a buscar dentro del proceso a todas aquellas personas que estuvieron involucradas. Lo que le agradecemos al fiscal es que nos da la seguridad que va a continuar el proceso y las personas que estén involucradas van a entrar dentro de este proceso”, señaló el gremialista.

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