El fiscal Alexander Argüello Alderete, de San Estanislao, imputó a Justo César Alfonzo Salinas por estafa, producción de documentos no auténticos, manipulación de graficaciones técnicas y producción indebida de certificados de salud. La investigación señala que el acusado es autor de una serie de maniobras fraudulentas relacionadas con el ejercicio ilegal de la medicina.

De acuerdo a las investigaciones, Alfonzo Salinas habría ejercido la profesión médica sin contar con habilitación legal, utilizando el registro profesional de otro médico. El imputado montó un supuesto sanatorio privado dentro de su vivienda, ubicada a escasos metros del Hospital de San Estanislao, que operaba bajo el nombre de “Santa Isabel”.

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La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 20 de junio del 2025 por funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de la Superintendencia de Salud ante la comisaría local, en la cual alertaban que el procesado ofrecía servicios médicos usando un número de registro profesional ajeno, incurriendo en una grave transgresión legal y ética.

Como parte del proceso investigativo, el 25 de junio se llevó a cabo un allanamiento en el inmueble de Alfonzo Salinas. La comitiva fiscal y policial procedió a la incautación de numerosos objetos vinculados al ejercicio de la medicina, tales como un sello profesional, uniforme, recetas médicas, estetoscopio y cajas de instrumental médico.

Los elementos colectados refuerzan la sospecha de que el implicado habría ofrecido consultas, expedido recetas y emitido certificados de salud de forma clandestina, lo que representa un peligro para la salud pública y constituye una usurpación de funciones.

El Ministerio Público continúa la investigación para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar si existen otras personas afectadas o vinculadas al caso.

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En la zona de Presidente Hayes, a orillas del río Paraguay, fue hallado el cadáver de una recién nacida. El cuerpo se encontraba envuelto en una bolsa de plástico. Tanto la Policía como la Fiscalía se encuentran investigando el hecho, ya que la zona del hallazgo está despoblada y alejada de los caminos más concurridos.

En conversación con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el fiscal del caso Armin Echeguren explicó que el cuerpo fue hallado por pobladores de la zona que serían pescadores y pasaban por el lugar y ante el hallazgo notificaron a un equipo de agentes de Lince, que realizaron el llamado oficial a las autoridades tras confirmar el hallazgo.

“Hasta el momento no podemos determinar si el bebé estaba con vida al ser arropada ahí o ya había fallecido, o si nació con vida o no. El cuerpo fue derivado a la morgue para una prueba de ADN y la autopsia para determinar los factores de su muerte”, dijo el agente del Ministerio Público.

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Explicó que primeramente han citado a los testigos y pobladores de la zona para tomar sus declaraciones de manera a buscar algún indicio que los pueda ayudar; así también se encuentran abocados a la recolección de imágenes de circuito cerrado de la zona que puedan ser analizadas.

Remarcó que, debido al lugar y el horario en que fue hallado el cuerpo, estiman que habría sido abandonado en horas de la madrugada, donde prácticamente nadie se encuentra por la zona. A su vez, precisó que los resultados de la autopsia serán claves para determinar la carátula del caso.

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Efectivos del Departamento contra el Crimen Organizado continúan trabajando en el marco del operativo “Barret” para dar con quien sería la pieza clave de la organización criminal liderada por Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.

Durante los operativos ejecutados ayer en el departamento de Canindeyú se realizaron varios allanamientos simultáneos y la detención de personas ligadas a la estructura criminal, entre quienes se encontraban dos militares y un policía.

Gracias a los trabajos de investigación se logró identificar a Nelson David Maylín Haedo, de 29 años, como uno de los socios más importantes del alias “Macho”, ya que sería el encargado, no solo de la coordinación de la entrega de los cargamentos, sino que también estaría detrás de las operaciones de lavado de dinero, las cuales realiza a través de la compra y venta de inmuebles y vehículos.

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“Él es uno de los objetivos principales, es el brazo derecho y ejecutor, la cara visible de la organización en la zona; este hombre tiene una construcción de USD 500 mil sin tener un certificado de trabajo”, comentó el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, en conversación con la 1020 AM.

El mismo explicó que allanaron la vivienda de este hombre el día de ayer sabiendo que posiblemente no se encontraba en el lugar, pero que uno de los objetivos del operativo era, además de dar con la captura de la lista de buscados, poder encontrar evidencia que logre conectar a estas personas con los crímenes que se investigan.

“Sabíamos que no íbamos a encontrarlo en su casa, pero el objetivo era establecer los documentos y saber a nombre de quién se encuentra el inmueble y ponerlos a disposición del juzgado y, a su vez, que se ponga a disposición de la Senabico”, indicó el interviniente.

El comisario López remarcó que durante las intervenciones lograron encontrar una importante cantidad de documentos, dinero en efectivo y anotaciones sobre propiedad, además de aparatos electrónicos, los cuales serán peritados para la extracción de información que ayudaría a avanzar en el trabajo de desarticulación de esta red criminal.

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En la tarde del lunes se confirmó la imputación contra el intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el derrumbe del edificio que se cobró la vida de dos personas.

Desde el Ministerio Público defendieron esta acción manifestando que existen elementos suficientes para señalar al jefe comunal de uno de los responsables en la negligencia que ocasionó el colapso de la estructura edificada.

“Esta es una imputación que versa sobre sospechas de comisión de hechos punibles y las pruebas hasta este momento han arrojado la sospecha necesaria para la presentación de la imputación, debemos seguir recabando otros medios de prueba a los efectos de pasar del estado de sospecha al de convicción y eso sí motivaría la presentación de una acusación”, explicó el fiscal Ever Williams.

En conversación con varios medios de prensa, el fiscal expuso que el Ministerio Público se ha tomado el tiempo necesario para hacer la investigación y que no podían apresurarse a presentar una imputación dado que a partir de esta etapa, existe un plazo limitado para la conclusión de esta fase y pasar a la acusación, por lo que era necesario recabar los datos que permitan sustentar las sospechas. A partir de ahora, la Fiscalía tiene seis meses de trabajos para presentar la acusación.

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“No estamos ante un hecho punible común, estamos hablando de la caída de un edificio, lleva tiempo la toma de declaraciones y eso merece un análisis exhaustivo. Apresurarnos a presentar una imputación sin siquiera tener un presupuesto de cuánto iba a costar realizar un estudio pericial en la zona del derrumbe, sería muy aventurado, por eso nos tomamos el tiempo suficiente para presentar la imputación”, alegó.

El derrumbe del edificio en construcción se registró en la noche del 2 de abril pasado, en el barrio San Roque de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.

Yd es sindicado por la comisión de hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción y homicidio culposo, al igual que el ingeniero de obras. Asimismo, los arquitectos son señalados por estos hechos punibles y además, son sospechados por la exposición de personas a trabajos peligrosos, mientras que el encargado de obras fue imputado por homicidio culposo.

“No vimos la necesidad de ordenar ninguna orden de detención, sí hemos solicitado la aplicación de algunas medidas que garanticen el sometimiento de los mismos al procedimiento como la prohibición de salida al país, la constitución de un domicilio, la firma mensual de los imputados en el juzgado”, detalló el fiscal.

Los demás imputados por la Fiscalía son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.

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