El Ministerio Público abrió una investigación penal contra el extitular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, ante una denuncia en su contra por prevaricato. La causa estará a cargo de la agente fiscal María Estefanía González.
La decisión fue tomada el pasado 8 de marzo, tras la denuncia presentada por un grupo de supuestas víctimas de usura, representadas legalmente por el abogado Raúl Breuer. El documento ingresó el 30 de diciembre del año 2022 ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
El letrado había señalado que el exmagistrado rechazaba in limine acciones que debían ser tramitadas por la Sala Constitucional de la CSJ.
Esta es la segunda causa abierta contra el exministro, teniendo en cuenta que el pasado mes de noviembre el Ministerio Público designó a un equipo de agentes para indagar los hechos relacionados al contrato firmado por su hijo, Amílcar Fretes, y el ciudadano brasileño de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi, vinculado con el Hezbolá.
Supuestamente, el acuerdo entre ambos consistió en trabar la extradición del libanés a los Estados Unidos por la suma de 368.000 dólares. Allá era requerido bajo cargos de presunto lavado de dinero.
Fretes dejó la máxima instancia judicial el pasado 10 de marzo, tras cumplir 75 años de edad, límite establecido en la Constitución Nacional para ocupar el cargo.
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Fiscales piden protección urgente ante amenazas de Arnaldo Giuzzio
Una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.
El día de ayer, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, mediante una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia, solicitó la adopción de medidas de seguridad de carácter urgente para los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, luego de amenazas que recibieron por parte del exministro del Interior y extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio, al término de la audiencia del juicio oral que enfrenta por cohecho pasivo agravado.
El gremio calificó lo sucedido en los pasillos de la Corte como un hecho de “suma gravedad institucional” y pidió medidas de protección para los representantes del Ministerio Público que intervienen en la causa “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.
Además, menciona que todo lo sucedido quedó grabado en vídeos que posteriormente fueron difundidos en los medios de comunicación y redes sociales.
El documento señala que, una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.
En ese contexto, solicita el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas que resten del debate, además de custodia personal para ambos fiscales durante su permanencia en la sede judicial, incluyendo su ingreso, el desarrollo de las audiencias y su retiro del edificio.
El gremio también pidió que las medidas se mantengan mientras persista el riesgo, al considerar que se trata de una medida preventiva ante una amenaza concreta que ya se habría materializado. Además, advirtió que situaciones de amenazas y amedrentamientos durante juicios orales no afectan únicamente a los agentes involucrados, sino que pueden comprometer el normal desarrollo de los procesos penales y el libre ejercicio de la función fiscal, entre otros puntos.
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“Vamos a hablar después”
La amenaza contra los agentes fiscales mencionados ocurrió al finalizar la jornada de juicio del lunes 24 de agosto. Una cámara de GEN/Nación Media captó el momento en que Giuzzio increpó a los fiscales, apuntando con el dedo hacia Jorge Arce.
“Vamos a hablar después”, habría manifestado el exministro durante el cruce con los agentes fiscales; previamente, Arce le había pedido concentrarse en su defensa. Los fiscales adelantaron que comunicarán formalmente el episodio al Tribunal de Sentencia, integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, durante la próxima audiencia, prevista para el 1 de setiembre a las 10:30.
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Fiscal general exige reforzar seguridad para agentes fiscales ante amenazas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.
La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.
“ΕΙ Ministerio Público considera indispensable garantizar las condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio libre y efectivo de la función fiscal, especialmente ante situaciones de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o cualquier otra conducta que pudiera poner en riesgo la integridad de sus representantes en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, sin perjuicio de las medidas de protección y seguridad que, conforme a los protocolos vigentes, corresponde activar a la institución en el ámbito de sus competencias”, agrega el comunicado emitido por la noche del martes.
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Asociación de Fiscales
De igual manera, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la adopción de medidas urgentes de seguridad para resguardar la integridad de los agentes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes intervienen en la causa denominada “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.
El pedido fue formulado mediante la Nota n.º 78/2026, de fecha 25 de agosto, tras un incidente registrado al término de la jornada de juicio oral y público desarrollada el 24 de agosto. Según la comunicación, el acusado Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), habría proferido amenazas directas contra ambos representantes del Ministerio Público.
La Asociación señaló que el hecho fue registrado en soporte fílmico y posteriormente difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, circunstancia que, según sostiene, evidencia la gravedad del episodio y su trascendencia institucional. Asimismo, expresó que este tipo de conductas no solo comprometen la seguridad personal de los fiscales intervinientes, sino que podrían afectar el normal desarrollo del proceso penal y el libre ejercicio de la función fiscal.
Ante esta situación, solicitó el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas restantes, hasta la conclusión del debate, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los operadores de justicia y el normal desarrollo del proceso.
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Fiscalía pidió a la Corte destrabar proceso penal por lavado de dinero de Miki Zaldívar y otros
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabar el proceso penal por lavado de dinero que enfrentan Miguel Ángel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, y otros coimputados.
El Ministerio Público exige a los miembros de la máxima instancia judicial resolver la recusación dilatoria presentada por el abogado Enrique Kronawetter, defensor del acusado Celio Tunholi, contra los camaristas Silvana Luraghi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar.
Debido a que ya transcurrieron cuatro meses desde la presentación de esta chicana sin que se haya dictado una resolución, la Fiscalía urge definir la situación para garantizar la celeridad procesal y continuar con las actuaciones.
Acusación
El Ministerio Público presentó una acusación formal por lavado de dinero y solicitó la apertura de un juicio oral y público contra Miguel Ángel Zaldívar y los demás procesados. La nómina de acusados incluye a Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
A raíz de los constantes recursos dilatorios interpuestos por la defensa de los acusados, hasta el momento no se ha podido realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares. Asimismo, permanece pendiente la fijación de la audiencia preliminar, instancia en la cual se definirá si la causa se eleva a la etapa de juicio oral y público.
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Investigan muerte de bebé debido a una deshidratación
Un pequeño de 9 meses fue llevado por sus padres al Hospital Regional de Pedro Juan ya sin signos vitales.
El Ministerio Público investiga la muerte de un bebé de 9 meses que fue llevado por sus padres sin signos vitales hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero en el departamento de Amambay. La autopsia indica como posible causa de muerte un shock hipovolémico por deshidratación grave.
Según el reporte dado por la comisaría 18.ª de San Juan Neuman, el menor, con 9 meses de vida, sería oriundo del asentamiento Romero Cue Sector 1 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, y este fue trasladado por sus padres hasta el hospital durante la tarde del viernes pasado.
Sus progenitores indicaron a los profesionales que aparentemente estaba con un cuadro de gastroenteritis y que en un momento dado se desvaneció por completo, pero los médicos de la urgencia pediátrica informaron que cuando lo ingresaron al centro asistencial ya había llegado sin signos vitales.
AUTOPSIA
Hasta el lugar se constituyó la fiscal Reinalda Palacios, quien ordenó que el cuerpo del bebé fuera sometido a una autopsia para determinar la posible causa de muerte e iniciar las investigaciones del caso. La inspección del cuerpo fue realizada por el doctor César González.
El profesional forense determinó como posible causa de muerte del menor un choque hipovolémico por deshidratación severa que pudo ser causado a consecuencia de una gastroenteritis aguda. El informe ya se encuentra en manos de la Fiscalía, que ordenó que el cuerpo sea entregado a los padres.