El Ministerio Público abrió una investigación penal contra el extitular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, ante una denuncia en su contra por prevaricato. La causa estará a cargo de la agente fiscal María Estefanía González.
La decisión fue tomada el pasado 8 de marzo, tras la denuncia presentada por un grupo de supuestas víctimas de usura, representadas legalmente por el abogado Raúl Breuer. El documento ingresó el 30 de diciembre del año 2022 ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
El letrado había señalado que el exmagistrado rechazaba in limine acciones que debían ser tramitadas por la Sala Constitucional de la CSJ.
Esta es la segunda causa abierta contra el exministro, teniendo en cuenta que el pasado mes de noviembre el Ministerio Público designó a un equipo de agentes para indagar los hechos relacionados al contrato firmado por su hijo, Amílcar Fretes, y el ciudadano brasileño de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi, vinculado con el Hezbolá.
Supuestamente, el acuerdo entre ambos consistió en trabar la extradición del libanés a los Estados Unidos por la suma de 368.000 dólares. Allá era requerido bajo cargos de presunto lavado de dinero.
Fretes dejó la máxima instancia judicial el pasado 10 de marzo, tras cumplir 75 años de edad, límite establecido en la Constitución Nacional para ocupar el cargo.
Te puede interesar: Concertación de Efraín quiere agrandar su clientela
Dejanos tu comentario
Juez amenaza a Trump con mandarlo a la cárcel si desacata sus órdenes
El juez del histórico juicio a Donald Trump amenazó este lunes al expresidente estadounidense con la cárcel en caso que siga violando su orden que le prohíbe hablar mal de los testigos, el jurado y personal del tribunal en público.
Al término de esta nueva jornada del proceso contra el candidato presidencial republicano en los comicios de noviembre, los fiscales indicaron que todavía prevén alrededor de dos semanas para escuchar el resto de los testimonios. “Pensé que iban a terminar hoy y quieren de dos a tres semanas más”, dijo Trump a periodistas, mientras insistió en que es víctima de “injerencia electoral”. “Yo debería estar haciendo campaña”, agregó.
Más temprano, el juez instructor del caso, Juan Merchan, le impuso una nueva multa de 1.000 dólares, que se suma a otras sanciones por 9.000 por nueve violaciones previas de la orden judicial que le prohíbe referirse a lo relacionado con el juicio en sus redes sociales. El magnate no dudó en criticar la decisión: “Nuestra Constitución es mucho más importante que la cárcel (...). Haré ese sacrificio cuando sea”.
En su decisión, el juez le advirtió a Trump que debido a que esta es la décima vez que el tribunal le halla culpable de desacatar sus órdenes, “parece claro que las multas no bastarán para disuadir al acusado de violar las órdenes legales”.
“Por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel... quiero que entienda que lo haré”, advirtió Merchan al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo. En esta ocasión, a Trump se le multa por haber criticado en una entrevista la velocidad, una semana, con la que se escogió al jurado y su supuesta composición en una ciudad mayoritariamente demócrata.
Trump, republicano de 77 años, está acusado de 34 falsificaciones de documentos comerciales para reembolsar a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels pocos días antes de las elecciones de 2016, que ganó contra la demócrata Hillary Clinton.
“Al final del día tengo un trabajo que hacer y parte de ese trabajo es mantener la dignidad del sistema de justicia”, dijo el juez, calificando el desafío de Trump como un “ataque directo al Estado de derecho”. Merchan reconoció que ponerlo tras las rejas por desacato sería una decisión importante y un reto logístico. Como expresidente, Trump recibe protección las 24 horas del Servicio Secreto de Estados Unidos.
Te puede interesar: Las Malvinas están “en manos de Reino Unido”, reconoce Javier Milei
Crisis
En la jornada del lunes, los fiscales llamaron como testigo a Jeffrey McConney, un ejecutivo de la Organización Trump que explicó al jurado sobre los reembolsos a Cohen por el dinero pagado a Daniels para mantener su silencio.
Se espera que Daniels, de 45 años, y Cohen, de 57, el exabogado de Trump que se ha convertido en su enemigo jurado, testifiquen en algún momento durante el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Manhattan.
Hope Hicks, exasesora cercana de Trump, habló la semana pasada sobre la “crisis” que afectó la campaña presidencial de 2016 después de que apareciera una grabación en la que el magnate presumía de que alguien famoso como él podía permitirse cualquier cosa para conquistar a las mujeres, como tocarles los genitales sin que se inmutaran. Hicks reconoció que estaba “un poco aturdida” por aquella grabación.
“Todos estábamos de acuerdo en que la cinta era perjudicial, era una crisis”, sostuvo Hicks, que fue una pieza clave en las etapas finales de la exitosa campaña presidencial de Trump en 2016, cuando supuestamente se realizaron los pagos a Daniels.
Lea también: Hamás dice que “la pelota está en el tejado” de Israel tras aceptar propuesta de tregua
Según los fiscales, el pánico por la grabación desencadenó un esfuerzo de la campaña de Trump para silenciar a Daniels, que amenazó con hacer pública una supuesta relación extramatrimonial que habría mantenido en 2006 con el magnate, y que éste siempre ha negado. El pago en sí no es un delito. Pero Trump está acusado de disfrazarlo como gastos legales de su abogado.
En plena campaña electoral, Trump se considera víctima de una “caza de brujas” y de una conspiración legal de los demócratas con el actual presidente Joe Biden al frente, para impedirle que realice su anhelado regreso a la Casa Blanca.
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del Estado al terminar su presidencia en 2021.
Fuente: AFP
Dejanos tu comentario
Jair Bolsonaro fue internado en Brasil por una infección
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro dijo este domingo que estaba internado en un hospital en la ciudad de Manaos (norte) para tratar una infección en la piel. “Estoy internado en el Hospital Santa Júlia en Manaos. Cuadro de erisipela sin previsión de alta”, escribió en la plataforma X el líder ultraderechista, de 69 años.
La erisipela es un tipo de infección cutánea bacteriana, que habitualmente produce fiebre y dolor. El exmandatario (2019-2022) llegó el viernes a Manaos, donde participó en un acto de campaña por la precandidatura del diputado federal Alberto Neto a la alcaldía de Manaos, capital de Amazonas.
Te puede interesar: Tragedia climática: ya son 78 fallecidos y 105 desaparecidos en Brasil
Bolsonaro “fue internado en el Hospital Santa Júlia ayer (sábado) por la mañana con cuadro de deshidratación y proceso infeccioso de piel”, informó el centro médico el domingo en un comunicado. “Volvió al hospital después de sus compromisos, donde sigue internado para antibioticoterapia venosa e hidratación”, agregó.
Neto publicó el domingo en sus redes sociales una foto junto a Bolsonaro, que está acostado en una habitación del hospital y sonriente. De cara a los comicios municipales de octubre en Brasil, Bolsonaro se dedicó a viajar por el país para apoyar a precandidatos de su Partido Liberal.
Lea también: Por error, miles de reuniones del ejército alemán quedaron expuestas en internet
En los últimos años, pasó por varias cirugías y otras intervenciones en la región abdominal debido a una puñalada que sufrió en el 2018, durante la campaña electoral en la que resultó victorioso. Su última hospitalización había sido en septiembre del 2023 en Sao Paulo, para ser sometido a dos cirugías relacionadas con aquel incidente.
Fuente: AFP
Dejanos tu comentario
Ordenan juicio contra expresidente peruano acusado por corrupción
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú dictó auto de enjuiciamiento contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020, acusado de aceptar supuestos sobornos durante su etapa al frente del Gobierno regional del departamento de Moquegua entre 2011 y 2014, informó la agencia Andina.
En concreto, los hechos en materia de este juicio tuvieron lugar cuando Vizcarra ocupaba el cargo de presidente regional de Moquegua y será juzgado por el delito de cohecho pasivo propio en relación los casos denominados ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’. En este proceso penal, se incluye también como terceros con responsabilidad civil a las empresas Incot Contrastistas Generales, Astaldi sucursal Perú, Obrainsa e ICCGSA.
Así, la actual resolución judicial señaló al exmandatario por supuestamente haber concertado una reunión con el gerente comercial de la empresa Obrainsa, Elard Tejeda Moscoso, para ofrecerle licitaciones a cambio de un “beneficio económico indebido”. Según el tribunal, Vizcarra habría brindado “información privilegiada (...) a cambio del dos por ciento del coste directo de la obra; es decir, 50.810.637 soles” (12.676.131 euros).
Podés leer: EBY destinó casi G. 30.000 millones en proyectos sociales de Itapúa
En lo que al caso del hospital de Moquegua respecta, indicó además que el exgobernador habría también condicionado “su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de un millón 300.000 soles (74.843 euros), para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra (...) a favor del consorcio hospitalario Moquegua”, según la mencionada agencia nacional.
Esta decisión llega después de que la Fiscalía de Perú pidiera a finales de abril otros diez años de prisión para el expresidente Vizcarra por aceptar sobornos. Esta petición se suma a la presentada a mediados de diciembre de 2023, cuando la Fiscalía solicitó para él 15 años de cárcel por la supuesta comisión de un delito de cohecho pasivo por este mismo caso.
Te puede interesar: Cita romántica: Julio Enciso y Stacy compartieron mate y libros bajo el sol
Fuente: Europa Press
Dejanos tu comentario
Detuvieron a una mujer y recuperaron 21 máquinas en caso de robo a criptominería
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El 22 de abril pasado, en plena mañana, una banda, integrada por quince hombres aproximadamente, asaltó y robó de una granja de criptomonedas de Minga Guazú. Se llevaron 362 máquinas procesadoras de Bitcoins, según la denuncia realizada ante las autoridades.
En el marco de esa investigación a cargo del fiscal Gabriel Segovia, agentes de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná detuvieron a una mujer y recuperaron un total de 21 máquinas. Esto, gracias a dos operativos distintos montados por en la prosecución de las investigaciones.
En uno de los dos procedimientos, allanaron una vivienda y recuperaron 15 procesadoras de criptomonedas, modelos S19, M30 y M31, que corresponderían a las que fueron robadas.
Este operativo fue en el barrio San Antonio de Ciudad del Este, el jueves 2 de mayo a las 16:00, tras la orden firmada por el juez Carlos Vera, del Juzgado de Atención Permanente.
La comitiva policial verificó toda la vivienda y encontró dos bolsitas de polietileno que contenían supuesta cocaína, por lo cual se dio participación al Departamento de Antinarcóticos de Ciudad del Este.
Se hizo la prueba narcotest y como resultado dio positivo a clorhidrato de cocaína, totalizando 18 gramos de la misma. Las máquinas y cocaína fueron derivadas al Ministerio Público.
Puede interesarle: Detuvieron a Renato´i, supuesto autor del homicidio de un hombre frente a bodega
La otra intervención fue el miércoles 1 de mayo, en horas de la noche y detuvieron en la vía pública a Nélida Patricia Vázquez González (33), cuando intentaba vender 6 máquinas procesadoras, sobre la calle 3 de Febrero del barrio San Roque de Presidente Franco.
Los procesadores modelos M30, T19 y M31 estaban en el vehículo Toyota Premio, con placa AAOV 628 y fueron recuperados y entregados al Ministerio Público como parte de las evidencias.
Según los agentes, las procesadoras de monedas digitales encontradas pertenecen al lote robado de la granja de Minga Guazú y fueron incautadas al igual que el dinero en efectivo que disponía la mujer, un total G. 1.414.000, y un celular de alto estándar.
Otros allanamientos fueron realizados, pero resultaron infructuosos. El fiscal Gabriel Segovia dijo a La Nación/Nación Media que la mujer aprehendida pertenece al último eslabón de la cadena.
Ella trabaja como reducidora, por lo que están detrás de los autores del robo, previendo más allanamientos. Hasta ahora no hay otros detenidos en el caso ni más procesadoras encontradas.
Puede interesarle: Dedicó 64 años a la docencia y fue despedida con mucho cariño por su alumnos