El juez de Delitos Económicos José Delmás seguirá siendo el magistrado que lleve adelante el proceso penal contra la agente fiscal de San Lorenzo Ana Girala, imputada por presunto cohecho pasivo agravado o pedido de coima. Así resolvió el Tribunal de Apelación integrado por Gustavo Ocampos, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias, al ratificar la competencia del citado magistrado judicial.
La defensa de una de las imputadas recusó a Delmás y alegó que él posee interés y parcialidad manifiesta hacia el fiscal de la causa, Osmar Legal, debido a que no hizo más que confirmar o hacer lugar a todas sus peticiones, como la imposición de medidas de las imputadas.
Ante esto, el Tribunal de alzada sostuvo que de la lectura del escrito de recusación se puede constatar, sin lugar a dudas, la falta de fundamento serio o jurídicamente válido como para recusar al juez interviniente, por lo que resolvió confirmarlo en la causa.
Además de la representante del Ministerio Público también están imputadas por cohecho pasivo agravado y asociación criminal, Christi Magali Ortega Domínguez; Griselda Beatriz Acha Alcaraz, y Marcos Aurelio Velazco por soborno agravado y asociación criminal.
El fiscal del caso Osmar Legal realizó una entrega vigilada de un monto de dinero que aceptó la funcionaria fiscal y que posibilitó que el caso se extendiera más a otras personas que están procesadas penalmente en el presente caso. Días atrás el Tribunal de Apelación ratificó la prisión preventiva de Nélida Alcaraz, Liz Martínez, Griselda Acha, imputadas por presunto pedido de coima a cambio de salidas procesales en una causa por homicidio doloso.
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Piden prisión de joven que agredió a su expareja en su trabajo y en la calle
- Ciudad del Este. Agencia regional
La fiscal Liliana Denice Duarte, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar N.° 1 de Ciudad del Este, solicitó la prisión preventiva de un joven de 25 años, a quien imputó por el hecho punible de violencia familiar.
El joven habría herido a su ex pareja con un bolígrafo en el ojo en medio de una discusión y luego la maltrató cuando fue a buscar a su hijo.
Según el escrito fiscal, el primer episodio de agresión se produjo el 18 de julio de 2026, alrededor de las 16:50, en un local comercial del barrio San Roque de Ciudad del Este.
La víctima se encontraba en el lugar, donde se desempeña como empleada, cuando llegó su expareja y en forma prepotente le exigió la firma de un pagaré, argumentando que necesitaba un documento que avalara el aporte económico que realiza para la hija que tienen en común.
Sin embargo, la mujer se negó a firmar el documento, situación que habría provocado el enojo del hombre, quien supuestamente la atacó con un bolígrafo que tenía en su poder, causándole una lesión en la zona del ojo izquierdo. Al no conseguir lo que buscó, se retiró el lugar.
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Más tarde, cerca de las 18:30, la víctima acudió hasta el domicilio del ahora imputado para retirar a su hija pequeña, quien se encontraba al cuidado de su padre, pero se habría negado a entregarle a la niña y cerró el portón de la vivienda.
Ante lo ocurrido, la mujer llamó al Sistema 911 de la Policía Nacional, pero el hombre se dio cuenta y salió del inmueble para dirigirse a ella y despojarla del teléfono celular para tirarlo a la calle empedrada, destruyendo el aparato telefónico. La víctima intentó recoger el aparato, ocasión en que su expareja la empujó, según la denuncia.
Luego, el hombre ingresó nuevamente a la vivienda con la niña en brazos, mientras que la mujer acudió hasta la comisaría para presentar la denuncia. Minutos después el personal policial llegó hasta el lugar y aprehendió al joven.
La fiscal Liliana Duarte reunió diversos elementos relacionados con el hecho y al denunciado para iniciar el proceso penal en su contra. Además, solicitó su prisión preventiva, considerando la gravedad de la conducta investigada y la alta expectativa de pena carcelaria.
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IPS e industria farmacéutica acuerdan acciones para garantizar medicamentos
El presidente del Instituto de Previsión Social, Isaías Fretes, informó que la previsional está trabajando con la industria farmacéutica a fin de establecer acciones tendientes a garantizar la disponibilidad de medicamentos para los asegurados.
El responsable de la previsional se refirió a la actual situación financiera y de medicamentos este lunes, acompañado del asesor de Presidencia, Carlos Pereira; de la gerente de Abastecimiento y Logística, Cecilia Rodríguez y del titular de Cifarma, Hernán Streber, durante una conferencia de prensa realizada en la sala de Consejo del IPS.
El presidente de Cifarma, Hernán Streber, explicó que la firma está trabajando en la mesa de trabajo desde hace 15 días, para lograr que los pacientes tengan cero necesidad de medicamentos y tengan al día en la farmacia de la previsional.
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Destacó que requieren de un proceso de previsibilidad financiera y de la necesidad de la previsional, con lo que se podrá evitar los quiebres de remedios. Dijo además que los dos puntos son fundamentales para que la empresa pueda fabricar los fármacos que requieren de 48 días en el proceso de elaboración y control para la entrega posterior. Mediante el equipo multidisciplinario que integra la mesa de trabajo, pueden trabajar juntos para proveer los medicamentos.
A su vez, la gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, Cecilia Rodríguez, informó que cuando asumió el cargo en la institución se encontró con 57 % del vademécum de medicamentos y que actualmente cuentan con 513 del listado total que deben comprar de manera permanente y el pico máximo iba a llegar al mes de julio.
Resaltó que mediante el trabajo constante consiguieron el 93 % de la cobertura contractual, lo que significa que se están acercando al 100 % del vademécum, por lo cual insisten en que la planificación debe hacerse de manera correcta, en tiempo y forma y como mínimo, 9 meses antes.
Indicó que están trabajando con Laboratorio Cifarma para regularizar los pedidos y las órdenes de compra. Mencionó que en años anteriores y sobre todo el año pasado, bajaban medicamentos por G. 220 mil millones. Remarcó que atendiendo a que en este ejercicio se exige la necesidad de contar con disponibilidad presupuestaria, bajaron medicamentos solamente por G. 60 mil millones y la diferencia es muchísima, resaltó.
Regularizar órdenes de compra
Cecilia Rodríguez puntualizó que ahora empezarán a regularizar la solicitud de órdenes de entrega. “Por eso estamos trabajando con Cifarma, de manera a darle previsibilidad de lo que va a pedirle el IPS. El objetivo es comprar todos los medicamentos y evitar el quiebre del stock", dijo. A su vez, el Dr. Isaías Fretes informó que desde hace más de un mes están trabajando con el equipo financista y hace 8 días se incorporó Carlos Pereira, informó del ente.
Planificación financiera
A su vez, el asesor de Presidencia, Carlos Pereira, informó que están trabajando coordinadamente con la administración financiera, la gerencia de Abastecimiento y Logística, como también con las instituciones bancarias con las que el IPS tiene los compromisos calendarizados para lo que resta del año y a mediano y largo plazo.
Explicó que en virtud a la planificación, mediante la buena predisposición de los bancos, están reprogramando los flujos financieros y las cuotas hacia adelante, a fin de encontrar un punto de inflexión que signifique el equilibrio financiero en mediano plazo, que asegure que la gerencia de Abastecimiento y Logística no solamente tenga el stock mínimo asegurado, sino que tenga la contención y la visión hacia delante de no resquebrajar ese stock.
Aseveró que la planificación se realiza con la máxima prudencia con la farmacéutica, de manera que también pueda visualizar los flujos de caja que el IPS está proyectando hacia adelante y encontrar esa reprogramación y el recalendario va permitir ordenar las finanzas del IPS y poder tener tiempo para planificar mejor las compras hacia el futuro y sobre todas las cosas, encontrar el equilibrio para el fondo de salud, puntualizó el asesor Pereira.
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Comisarías de oro: piden a la Corte integrar la cámara de apelación en causa penal de Filizzola
La fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, pidió a los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que arbitren las medidas necesarias para la pronta integración del Tribunal de Apelación competente.
Los integrantes del tribunal de segunda instancia deberán estudiar si corresponde anular la prescripción del proceso penal por lesión de confianza que enfrenta el senador Rafael Filizzola en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.
Los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos deberán estudiar si corresponde confirmar a la camarista Adriana Giagni o a Camilo Torres para integrar el Tribunal de Apelación Penal, el cual tendrá que decidir si Filizzola seguirá procesado por lesión de confianza.
En su momento, el juez penal de garantías Yoan Paul López decidió hacer lugar a la prescripción del caso, determinación que fue apelada por el Ministerio Público.
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En este proceso se investiga una supuesta lesión de confianza que involucra al exministro del Interior y actual senador Rafael Augusto Filizzola Serra.
La Fiscalía sostiene, con varios elementos probatorios, que existe un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones al Estado por la construcción de baños y celdas en 24 comisarías de Asunción, obras realizadas sin estudios técnicos ni requerimientos específicos de las dependencias policiales, y que además quedaron inconclusas.
Caso Helicópteros
Por otra parte, la jueza penal de garantías, Alicia Pedrozo, hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.
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Senadores evalúan declarar en emergencia al IPS para compras directas de medicamentos y equipos
Un grupo de senadores presentaron un proyecto de ley que declara en estado de emergencia al Fondo de Enfermedad y Maternidad del IPS para el año presupuestario 2026.
Con esto se pretende por vía de la excepción de la Ley N° 7021/2022 a fin de autorizar la compra directa de medicamentos, insumos, equipos críticos, laboratorios, servicios tercerizados e incluso contratación temporal de personal médico.
La propuesta fue presentada por los senadores colorados Juan Afara, María Varela y Alfonso Noria, quienes plantean como método de financiación los recursos de bonos del Estado hasta USD 304 millones a 5 años plazo; empréstitos con organismos multilaterales/bilaterales; adelantos del BCP, y los recursos serán imputados a cuenta de la deuda histórica del Estado con el IPS.
En su exposición de motivos señala que la propuesta de declaración de emergencia es como respuesta a la crítica situación financiera, operativa y asistencial, informada públicamente por el actual presidente de la institución, el Dr. Isaías Fretes, respecto a la situación de dicho fondo, el cual constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de seguridad social en la República del Paraguay.
En este contexto, el documento menciona que la declaración de emergencia se configura como un mecanismo jurídico excepcional que permite dotar al IPS de herramientas administrativas, presupuestarias y financieras extraordinarias, orientadas a garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios de salud, evitando el colapso operativo del sistema.
Uso exclusivo de fondos
Además, señala que permite adecuar y ordenar sus deudas contables con los recursos ordinarios, estableciéndose que los fondos obtenidos mediante estas disposiciones deberán limitarse a los objetivos bien especificados en el presente proyecto.
En tal sentido, uno de sus articulados se establece expresamente la exclusividad de los fondos que solo podrán ser utilizados para fortalecer el Fondo de Enfermedad-Maternidad, prohibiendo el uso para deudas anteriores.
En cuanto al régimen excepcional de contrataciones públicas, el proyecto se establece dentro del marco de la Ley N° 7021/2022, con el fin de agilizar los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras indispensables para el funcionamiento del sistema sanitario del IPS.
En cuanto al control, la propuesta normativa establece que el IPS deberá publicar todas las contrataciones. Además de presentar informes mensuales a Contraloría General de la República, que ésta a su vez deberá llevar adelante auditoría concurrente con informes bimestrales al Congreso.
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