El juez penal de Garantía Raúl Florentín otorgó el arresto domiciliario al abogado Rodolfo Melgarejo, imputado por hurto agravado en grado de instigador en el marco del homicidio del presunto narcotraficante Ederson Salinas, alias Ryguasu, ocurrido en el estacionamiento de un supermercado ubicado en Asunción.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas llevada a cabo en el Palacio de Justicia. Igualmente, el juez Florentín decretó la captura nacional e internacional de Mílner Eustaquio Ruiz, imputado por supuesto homicidio doloso y hurto, tras el asesinato a tiros de Salinas Benítez, alias Ryguasu.
El citado magistrado fijó una fianza real de G. 1.900 millones valor de un inmueble, así como se trabó embargo contra dos inmuebles y tres vehículos que fueron ofrecidos como garantía para que el profesional del derecho imputado en el presente proceso penal pueda abandonar la cárcel de Tacumbú.
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Ederson Salinas, alias Ryguasu, fue acribillado en el estacionamiento de un supermercado ubicado en Asunción. Los testigos manifestaron que los desconocidos se acercaron hasta Ederson, quien estaba esperando a su esposa que se encontraba en la peluquería y lo acribillaron.
Cabe mencionar que Salinas ya fue víctima de un atentado el pasado 24 de marzo del 2022. En la ocasión, él y su esposa salieron ilesos del ataque. Salinas Benítez, quien estuvo preso en el Brasil, es considerado como un peligroso narcotraficante y formó parte del primer anillo del líder del Primer Comando Capital (PCC), Sergio de Arruda Quintiliano Neto, quien fue capturado en febrero del 2019 en el balneario Camboriú, Brasil.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
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Caso tía Chela: Prieto entregó kits a personas que residían en el exterior
Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
La amañada licitación de las compras covid de alimentos para personas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la población esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado proceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudicadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas conforme al contrato.
La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia incorporan informes de trazabilidad de operaciones de la Subcretaría de Tributación, análisis de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Contrataciones Públicas, periciales del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia policial que revelan un simulacro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.
Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimentos de Miguel Prieto es la apurada contratación del autoservice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño negocio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudicar contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licitación por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para provisión de almuerzo escolar.
Dicho por la mamá de Ávalos, el padre de este no estaba interesado en ninguna licitación y con el contrato que tenía en ejecución la confitería Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no disponía lo que ofertaba a la municipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente funcionaria contratada por su administración.
Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subproveedora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habitual de ambas estructuras jurídicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica realizada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico superando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado inconsistencias, describe el acta de imputación basado en informes tributarios.
“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bienes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputación fiscal.
EN EL EXTRANJERO
Según la pesquisa fiscal, existen fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fueron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.
“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministerio Público por la Municipalidad de Ciudad del Este elaborados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el documento que cita algunos nombres a continuación de personas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros departamentos.
Otro informe técnico pericial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficiarios confirma que algunas “fueron llenadas y firmadas por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron creadas a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.
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Imputado y con bienes embargados, Miguel Prieto anuncia candidatura
El actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, confirmó su intención de postularse al máximo cargo del Poder Ejecutivo en el 2028. Las pretensiones del jefe comunal de llegar a la Presidencia se dan en medio de las investigaciones del Ministerio Público en su contra por lesión de confianza en licitaciones realizadas en pandemia.
“Yo ya les adelanto que en 2028 voy a ser candidato a presidente de la República”, afirmó Prieto en una reunión política que tuvo lugar en la capital de Alto Paraná, Ciudad del Este.
Durante el encuentro, el intendente anunció también otra candidatura del movimiento que encabeza, Yo Creo, el que ya alista postulaciones para las municipales de 2026.
“Dani (Mujica) es nuestro candidato a intendente y estamos convencidos de que va a ganar”, aseveró el jefe comunal. El próximo candidato de Yo Creo fue aspirante a la Gobernación de Alto Paraná en las últimas elecciones, pero no pudo imponerse ante el candidato del Partido Colorado, el actual jefe departamental, César “Landy” Torres.
Prieto manifestó que la victoria de Mujica en el 2026 es muy importante para su carrera a la Presidencia en el 2028. El actual intendente de Ciudad del Este está confiado en que su candidato pueda sucederlo en la municipalidad, dado que, en la capital de Alto Paraná, Mujica superó en votos a Torres en las elecciones generales.
“El equipo ya decidió en un 100 %, la gobernación ganamos acá en Ciudad del Este por 15.000 votos de diferencia, solamente como no cubrimos las mesas en otros lugares, se perdió en otros municipios, pero acá en Ciudad del Este, Dani Mujica ganó y por lejos y eso se va a volver a repetir”, aseveró.
Los anuncios de candidatura de Prieto se dan en medio de una causa abierta en la Fiscalía, que lo investiga a él y otros funcionarios municipales por lesión de confianza. A través de una maniobra en licitaciones durante la pandemia, el actual intendente habría causado un perjuicio a la comuna por G. 1.769 millones, según el propio Ministerio Público.
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Fiscalía investigará por seis meses más a exfiscales por recibir regalo de supuesto narco
La Cámara de Apelación otorgó seis meses más para seguir investigando a Hugo Volpe y Armando Cantero, imputados por cohecho pasivo, soborno agravado y otros delitos, por presuntamente beneficiar al supuesto narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. La nueva fecha para que la Fiscalía presente su requerimiento conclusivo es el 1 de setiembre de este año.
El pedido del Ministerio Público fue para seguir recolectando información adicional, proveniente de las declaraciones de Sergio de Arruda Quintiliano Neto y María Alciris Cabral, ambos con domicilio en territorio de la República Federativa de Brasil.
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Actualmente ambos procesados cuentan con medidas alternativas a la prisión y a la espera del presente proceso penal. El juez del caso es Humberto Otazú, quien una vez que se presente el requerimiento conclusivo deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si los dos procesados enfrentarán un juicio oral y público.
Imputación
Los fiscales Osmar Legal y Diego Arzamendia presentaron imputación por soborno agravado a Armando Cantero, por recibir una costosa lapicera y USD 10.000, del supuesto pez gordo del narcotráfico, Sergio De Arrua Quintiliano Neto, alias “Minotauro”. El exfiscal antidrogas, Hugo Volpe, fue procesado por cohecho pasivo agravado por recibir de coima una “pluma estilográfica y sus accesorios”, adquirida por G. 6.087.445, para archivar una causa contra el narco.
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