A través de la circular 09/2023, la Dirección General de Talento Humano, por instrucción del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso que todos los fiscales adjuntos, agentes fiscales y funcionarios en general, en el plazo no mayor de seis días hábiles, informen sobre la tenencia de todo vehículo automotor que correspondiera a una causa y que fuera otorgado en calidad de depositario judicial, especificando la causa, los datos y la referencia de la autoridad que dispuso la entrega.
Se recuerda que el tiempo establecido para la elevación de dicho informe es de seis días a partir de la fecha. En caso de que no se respete dicho plazo, podría haber sanciones.
Esta situación se genera luego de la situación de la auxiliar fiscal Claudia Giselle Guillén González, quien estaba al mando de una camioneta Toyota Hilux que fuera hurtada en Brasil. La mujer está imputada por los delitos de reducción y resistencia y se solicitó la prisión preventiva para la misma.
Igualmente, se ordenó la detención de González y eso significa que si es detenida, deberá ser trasladada hasta la unidad fiscal para que pueda prestar declaración indagatoria. Luego tendrá que ser trasladada hasta la sede del Poder Judicial para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si es derivada a la cárcel de mujeres del Buen Pastor o es beneficiada con medidas alternativas a la prisión.
El fiscal Óscar Laterza fue quien presentó la imputación contra la funcionaria del Ministerio Público Claudia Guillén González.
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Ministerio Público urge destrabar causa de excolaboradores de Abdo
El objetivo de la Fiscalía es que se resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados.
- HOY.COM.PY
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados. Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
CAUSA PARALIZADA
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones.
Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
ASOCIACIÓN CRIMINAL
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial. Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
PROLONGADO PROCESO PENAL
El 31 de julio de 2023, el presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exmandatario paraguayo, Horacio Cartes, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por persecución política desde el 2018.
El 30 de agosto y 30 de octubre del mismo año amplió la denuncia agregando filtraciones de información confidencial. El 11 de marzo de 2024, la Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y otras 8 personas por varios delitos. En agosto de 2024, el Ministerio Público solicitó seis meses más de tiempo para seguir investigando al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y al grupo.
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Oficialismo respalda gestión de Fretes y pide esperar resultados de las auditorías
El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, de la Cámara Alta, respaldó la gestión del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Isaías Fretes. Solicitó aguardar los 15 días que faltan para evaluar los primeros resultados de las auditorías internas antes de exigir nuevas denuncias por presuntos hechos de corrupción. El senador Chase sostuvo que las acciones ante el Ministerio Público deben sustentarse en pruebas contundentes y no en especulaciones.
En charla con varios medios de prensa, el legislador señaló que el Dr. Isaías Fretes está haciendo una transformación en el IPS, que ve y siente la ciudadanía, porque se está dando a conocer ese trabajo. Indicó que el pasado lunes, tuvieron esta misma discusión en Mesa Directiva del Senado, donde algunos autores políticos quieren resultados inmediatos, pero señaló que eso es imposible, que eso no se puede dar.
“El presidente del IPS había pedido un mes de tiempo para tener resultados concretos, y eso se cumple en 15 días más, y bueno, ahí sí vamos a exigirle seguramente al presidente del IPS los resultados concretos que él había prometido”, remarcó.
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Asimismo, sostuvo que ninguna denuncia puede presentarse sin pruebas ante el Ministerio Público y considera que la primera denuncia que ha presentado el actual presidente del IPS ante la Fiscalía por faltantes de materiales eléctricos es un avance importante, porque se trata de daños patrimoniales y espera que en 15 días más, el Dr. Fretes presente un informe acabado de todas las demás auditorías que está llevando adelante.
“Yo soy del criterio de que hay que darle tiempo para que evalúe y presente denuncias sobre las irregularidades que haya encontrado. Es imposible que eso esté todo dispuesto el día que él llegó, y bueno, hay que darle el tiempo para que la transformación tenga lugar”, acotó.
No existe injerencias
El senador Chase señaló que el doctor Fretes es una persona muy particular y lo conoce personalmente, sabe que no va a soportar ninguna presión externa que no sea la del propio presidente de la República, Santiago Peña, quién fue el que lo nombró en el cargo. No obstante, señaló que no se puede señalar al jefe de Estado de tener injerencia ya que tiene todas las atribuciones para así hacerlo, inclusive cambiarlo nuevamente del cargo.
“Fue la presidencia la que hizo el cambio justamente para mejorar, no para empeorar. No creo que haya una obstrucción del trabajo que tiene que hacer el doctor Fretes; o si no hubiera estado el mismo presidente anterior. No existe el entorno, ese es un cuento político; no existe el entorno que pueda tener injerencia en el nivel de decisión entre el presidente de IPS y el presidente de la República”, enfatizó.
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Fiscales piden desestimar denuncia de supuesta compra sobrefacturada de pupitres
El Ministerio Público solicitó la desestimación de la denuncia por la supuesta sobrefacturación en la compra de pupitres chinos realizada por la Itaipú binacional.
Los agentes fiscales Luis Piñánez, Luz Guerrero y Christian Benítez presentaron formalmente el pedido de cierre definitivo de la causa ante el Juzgado interviniente, defendiendo el argumento de que las arcas del Estado no sufrieron pérdidas, y por ende, no se produjo un hecho punible.
En el escrito del pedido de desestimación consta que se realizaron comparaciones con licitaciones similares en el Brasil y el precio pagado por Itaipú en Paraguay es menor a otras licitaciones.
La denuncia había sido impulsada por un grupo de legisladores en marzo de 2025, quienes habían argumentado que los precios de los pupitres oscilaban en fábricas chinas entre 15 y 30 dólares, pero según acusaron la Itaipú supuestamente pagó 96 dólares por unidad.
Sin embargo, la Unidad Anticorrupción concluyó que no existió perjuicio patrimonial en la compra de los mobiliarios chinos. Esto, a resultas de que los peritos consideraron razonables los costos finales tras sumar los gastos de logística y distribución nacional.
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Fiscal general insiste en más presupuesto para el Ministerio Público
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ratificó su reclamo de mayor presupuesto para el Ministerio Público, argumentando que el presupuesto con el que cuenta actualmente no es suficiente para cumplir con el funcionamiento de la institución, más aún en todo el país. En este sentido, afirmó que las limitaciones presupuestarias afectan tanto al funcionamiento como a la estructura de la Fiscalía.
“Es un tema de mi máxima preocupación, hay que distinguir dos aspectos que parece ser que la clase política no va captando, la autonomía y la autarquía del Ministerio Público, que son reconocidas por la propia Constitución Nacional en cumplimiento de determinadas misiones como acción penal pública en todos los niveles desde el escenario del crimen hasta el cumplimiento de sentencia definitiva, objetivos de la pena, readaptación social y defensa de la sociedad, por un lado”, indicó en diálogo con la 1020 AM.
Rolón sostuvo que también cuentan con otras misiones, “no menos importantes como medio ambiente, como derecho de comunidades indígenas, como intereses difusos y representación social, tremendas misiones que se le otorga al Ministerio Público”.
Ante estas misiones constitucionales, la institución está obligada a ubicarse en todos los rincones del país, y eso implica la necesidad de contar con el doble de fiscales, y tecnología, de acuerdo con el fiscal general.
“Llegamos al siglo XXI surge el Ministerio Público con autonomía constitucional y autarquía y le asignan misiones y, sin embargo, el presupuesto debe ser absolutamente controlado por el Poder Ejecutivo y nos dicen que no se puede aumentar el presupuesto y esto hace desde hace 10 año. Tuvimos que abandonar a comienzos del 2000, 2001, el Poder Judicial y tuvimos que ocupar rincones en todo el país. Necesitamos edificaciones propias porque la estructura del Ministerio Público es bastante diferente”, apuntó.
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