La Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon una organización delictiva dedicada al cibercrimen en el departamento de Itapúa. El presunto líder es un joven de 18 años, quien contaba con la complicidad de sus excompañeros de colegio. El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento contra el Cibercrimen, y la fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos, brindaron una conferencia para dar a conocer los detalles de la Operación Ícaro.

El procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Encarnación, donde las autoridades desbarataron una estructura dedicada al vaciamiento de cuentas bancarias y billeteras electrónicas. Un total de ocho personas resultaron detenidas y están acusadas por estafa mediante sistemas informáticos, lavado de dinero y asociación criminal.

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“Se detectó la vulnerabilidad en un sistema y, a través de modalidades con código QR, procedieron a reclutar personas que se prestaran como ‘mulas’, facilitando sus cuentas corrientes para desviar el dinero de las víctimas”, manifestó Llano.

A su vez, el comisario Alarcón explicó que los autores utilizaron más de 1.900 cuentas “mula” —entre billeteras electrónicas y entidades financieras— para mover los fondos tras lograr un acceso indebido. Para impedir la trazabilidad, los cibercriminales convertían el dinero en criptomonedas. Durante el operativo, se lograron recuperar activos digitales por más de USD 400.000.

El perjuicio patrimonial asciende a G. 9.000 millones. Con el botín, los jóvenes ostentaban lujos como vehículos de alta gama y alquileres en departamentos costosos. Las autoridades confirmaron que la banda estaba liderada por el joven de 18 años junto a su círculo de amigos cercanos.

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La fiscal adjunta Matilde Moreno Irigoitia, de la Unidad Especializada de Narcotráfico y Crimen Organizado, dispuso que los billetes incautados en el marco de la causa por uso de documentos públicos de contenido falso en la que está procesada y presa Dalia Angélica López Troche, sean remitidos a la bóveda de seguridad del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Las evidencias, consistentes en billetes en guaraníes y dólares, se encontraban bajo guarda y custodia en el depósito central “La Piedad” del Ministerio Público. No obstante, desde la fecha, los mismos fueron remitidos por disposición fiscal al referido estamento.

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Conforme al antecedente, el 2 de abril de 2026, a las 17:40, el agente fiscal Federico Leguizamón, de la Fiscalía Barrial N. º 2, encabezó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Herrera de Asunción, que derivó en la detención de Dalia Angélica López Troche, quien se encontraba en rebeldía desde el 18 de marzo de 2020 y contaba con orden de captura internacional. El procedimiento fue realizado con apoyo de personal del Departamento de Tráfico de Armas de la Policía Nacional.

Igualmente, Dalia López designó a los abogados Álvaro Cáceres, Cristóbal Cáceres y Dante Gulino como nuevos defensores. Los mismos buscarán que la que estuvo prófuga por seis años pueda ser beneficiada con el arresto domiciliario.

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Este martes, los padres de Joshua G., de 9 años, niño que fue arrollado por un joven en la ciudad de Lambaré, denunciaron que el joven que atropelló a su hijo anda con total libertad por las calles y conduce el mismo auto que protagonizó el accidente. La familia del hombre indicaron que no pagarán nada porque en niño fue atendido en un hospital público.

Según Alicia Maldonado, madre del Joshua, es muy injusta la situación por la que están pasando porque el joven identificado como Enzo Sebastián Herebia Delvalle, está en libertad recorriendo las calles del barrio en el mismo vehículo con el que arrolló a su hijo de 9 años.

“El vehículo que estaba incautado ya le fue devuelto y lo está usando. Yo misma vi que el muchacho estuvo manejando, creo que este rodado tendría que seguir incautado si es evidencia en el caso en el que fue imputado este joven”, detalló Maldonado, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Se trata de un automóvil de la marca Toyota, modelo Sienta, color gris, a nombre de Mario Luis Herebia Bordón, de 52 años, padre del sospechoso, que en un principio fue incautado, pero que ya fue devuelto al propietario.

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Recordó que el joven fue imputado por omisión de auxilio y obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito, pero que el padre del presunto autor está haciendo recorrer por el barrio de que no pagarán un solo centavo a la familia porque el menor ya se encuentra fuera de peligro y que fue atendido en un hospital público.

“El señor (papá del joven acusado) trabaja en la Fiscalía de Lambaré y ya le dijo a mi abogado que él no va resarcir nada porque estuvimos en un hospital público. Pero mi hijo sigue la fisioterapia y traatamiento psicológico. Ellos nunca me pagaron un insumo en el hospital ni nada”, expresó.

Pidió que se haga justicia por su hijo y que ninguna otra persona esté en peligro por culpa de este tipo de personas. “La gente me ayudó cuando necesité, pero ahora los gastos debo asumir yo y como no estuve trabajando se me complica todo, yo no le puedo posponer sus tratamientos a Joshua”, afirmó.

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El grave accidente se registró cerca de las 18:50 del lunes 16 de marzo, en el barrio San Isidro, sobre la calle De La Conquista casi Ysapy. Cuando el niño se disponía a cruzar la calle para llegar a su casa luego de jugar en la casa de un amigo fue arrollado por el rodado, que no se detuvo y se dio a la fuga.

El joven Herebia Delvalle estuvo escondidos por varios días y luego de una fuerte campaña de búsqueda en redes sociales y medios de comunicación, se presentó ante las autoridades e indicó que pensó que arrolló a un animal razón por la que no se quedó a auxiliar al chico. Las investigaciones en el caso siguen y hoy martes, debía presentarse a declarar ante Juzgado Penal de Lambaré.

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El ministro de Defensa, Óscar González informó este martes que la institución a su cargo presentó ante el Ministerio Público, no una denuncia, sino lo que en el ámbito jurídico se denomina “notitia criminis”, respecto a un presunto caso de agresión física en el Liceo Militar Acosta Ñu.

En conferencia de prensa, el ministro explicó que este término jurídico es una herramienta que se utiliza cuando se tiene conocimiento de la presunta comisión de un delito, y por medio de ella se da inicio al proceso penal para su investigación.

Esto se da, teniendo en cuenta que el caso en particular habría ocurrido en el 2021 y que reapareció en redes sociales desde el 2022, donde se puede observar a un cadete del último año del Liceo Militar Acosta Nu, en perjuicio de otro cadete, en ese tiempo de segundo año.

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González, quien se encontraba en compañía del Gral. del Ejército, César Augusto Moreno Landaira, comandante de las Fuerzas Militares, enfatizó que desde la institución militar solicitaron a la Fiscalía que el hecho no quede impune.

“Lo que queremos que esta presunta violación de los Derechos Humanos no quede impune, a pesar del tiempo transcurrido. Todos sabemos que los delitos en contra de los Derechos Humanos son imprescriptibles y nosotros como autoridad del Estado tenemos la obligación de informar sobre este hecho y a la vez, coadyuvar a la Fiscalía General del Estado, para que el responsable no quede impune”, expresó.

El ministro de Defensa aseguró que el responsable está plenamente identificado e incluso la institución militar elaboró un dosier que está firmado por el comandante actual del Liceo Militar Acosta Ñu, en el cual se detalla la identidad tanto del agresor, como el de la víctima. Indicó que este dosier se adjuntó a la nota que se presentó ante el Ministerio Público.

“Nosotros, y al decir nosotros me refiero al Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas de la Nación, Fuerzas Militares que me acompaña, no vamos a tolerar ningún hecho irregular, y menos hechos de abuso de autoridad dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación, porque consideramos que un puño que golpea a un inferior no es el puño de un cadete, ni de un teniente, ni de un general, es el puño del Estado paraguayo, y eso no puede tolerar”, enfatizó.

El ministro de Defensa expresó además su indignación, ya que el joven agresor culminó su formación en el Liceo Militar, se retiró y no siguió con la carrera militar. Mientras que el joven agredido solicitó su retiro en el segundo año de formación en el Liceo Militar. Indicó que hoy estos dos jóvenes, tanto agresor como víctima son personas civiles fuera de la carrera militar cursando sus estudios universitarios correspondientes.

González recordó que el Liceo Acosta Ñu es un instituto de educación superior dependiente de las Fuerzas Armadas de la Nación, donde los cadetes egresan con título de bachiller, y con el rango de Subteniente de Infantería de Reserva. Luego, los que deseen seguir con la carrera militar pueden continuar su formación en la Academia Militar, iniciando como subteniente de carrera.

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