A través de la circular 09/2023, la Dirección General de Talento Humano, por instrucción del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso que todos los fiscales adjuntos, agentes fiscales y funcionarios en general, en el plazo no mayor de seis días hábiles, informen sobre la tenencia de todo vehículo automotor que correspondiera a una causa y que fuera otorgado en calidad de depositario judicial, especificando la causa, los datos y la referencia de la autoridad que dispuso la entrega.
Se recuerda que el tiempo establecido para la elevación de dicho informe es de seis días a partir de la fecha. En caso de que no se respete dicho plazo, podría haber sanciones.
Esta situación se genera luego de la situación de la auxiliar fiscal Claudia Giselle Guillén González, quien estaba al mando de una camioneta Toyota Hilux que fuera hurtada en Brasil. La mujer está imputada por los delitos de reducción y resistencia y se solicitó la prisión preventiva para la misma.
Igualmente, se ordenó la detención de González y eso significa que si es detenida, deberá ser trasladada hasta la unidad fiscal para que pueda prestar declaración indagatoria. Luego tendrá que ser trasladada hasta la sede del Poder Judicial para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si es derivada a la cárcel de mujeres del Buen Pastor o es beneficiada con medidas alternativas a la prisión.
El fiscal Óscar Laterza fue quien presentó la imputación contra la funcionaria del Ministerio Público Claudia Guillén González.
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Ministerio Público conforma equipo para investigar caso ueno bank
Tras la denuncia penal presentada este martes por el Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la disolución de ueno bank, el Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón, conformó un equipo de agentes fiscales que se encargará del proceso de investigación. El equipo se encuentra integrado por Jorge Arce, Yeimi Adle y Silvio Corbeta, bajo la dirección de Francisco Cabrera y la coordinación Nancy Salomón.
La denuncia penal impulsada por la institución bancaria lleva la firma de Carlos Cavallo, Miguel Ángel Mora, Liana Caballero, Marco Aurelio González, Walter Zinte y contiene 200 páginas y un pendrive con 2.000 documentos escaneados.
“Nos informaron sobre hechos concretos que tendrían relevancia penal. Queremos darle a la ciudadanía la tranquilidad en cuanto a lo que es el trabajo del Ministerio Público de que la ley será aplicada a todos por igual. Las autoridades del Banco Central del Paraguay se pusieron a disposición del Ministerio Público para toda la investigación que podamos requerir”, comentó Salomón.
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Posibles hechos punibles
Entre los hechos punibles que podrían ser investigados, Salomón mencionó que figuran, por ejemplo, lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra. “Estoy hablando de manera genérica; nosotros, en primer lugar, como Ministerio Público debemos analizar si los hechos puestos a nuestro conocimiento transcienden la esfera administrativa y ameritan una intervención”, manifestó.
La investigación también cuenta con el respaldo del fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. “Por expresas instrucciones del fiscal general del Estado, nosotros estamos a disposición de las unidades fiscales investigativas y del equipo de investigación a los efectos de poder interceder ante la comunidad internacional y las instituciones internacionales de otros países cuando se detecten necesidades de cooperación para incorporar pruebas provenientes del extranjero”, puntualizó.
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Agregó que “esto es un caso muy sensible y el fiscal general del Estado fue claro ante las autoridades del Banco Central del Paraguay de que este caso también es una prioridad para el Ministerio Público para poder determinar las circunstancias y relevancias penales del caso, así como las responsabilidades”.
El Banco Central del Paraguay dispuso este martes iniciar el procedimiento de resolución de la entidad bancaria ueno bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del mínimo requerido. Se designaron 120 interventores para el efecto.
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Irán a prisión quienes profanen tumbas o perturben el descanso de los difuntos
Las personas que atenten contra los restos de personas fallecidas o los espacios destinados a su descanso serán sancionadas con penas privativas de libertad de dos a cinco años, o multas, según recordó el Ministerio Público.
El Código Penal paraguayo, Ley n.º 1160/97 establece en su artículo 231 la figura penal de “Perturbación de la paz de los difuntos”, que contempla sanciones para los que cometen este tipo de hechos.
En estos días, en que se celebra la fiesta de Halloween, o la Noche de Brujas, generalmente hay personas que ni a los muertos les dejan en paz, profanando tumbas o atentando contra los espacios al descanso eterno.
La disposición legal busca garantizar el respeto a la memoria de las personas fallecidas, la integridad de sus restos y la tranquilidad de los espacios donde son depositados. Asimismo, resguarda los intereses legítimos de los familiares y de quienes tienen derecho a la custodia de los restos mortales, evitando intervenciones arbitrarias que vulneren sus derechos.
Entre las conductas contempladas por esta disposición se encuentran:
La sustracción de cadáveres: retirar o llevarse, sin autorización, el cuerpo de una persona fallecida.
La sustracción de partes del cuerpo: apoderarse de restos humanos o de partes de ellos.
La intervención no autorizada de sepulturas: abrir, alterar o intervenir tumbas y otros espacios funerarios al margen de los procedimientos legales.
Maltrato o destrucción de restos humanos: realizar acciones que vulneren la integridad de los restos de una persona fallecida.
Las sanciones previstas
El Ministerio Público recortó que las sanciones establecidas son:
La sustracción de cadáveres, partes del cuerpo o cenizas tiene hasta tres años de pena privativa de libertad o multa.
Actos ultrajantes contra un cadáver o una tumba contempla hasta dos años de pena privativa de libertad o multa.
Cuando existe intención de obtener un beneficio patrimonial la pena puede aumentar hasta cinco años de privación de libertad.
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¿Qué hacer ante la profanación de una tumba o la desaparición de restos humanos?
Ante la sospecha o constatación de un hecho de esta naturaleza, se recomienda:
Realizar la denuncia inmediata: acudir a la Policía Nacional o al Ministerio Público para poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes. La denuncia no requiere necesariamente la asistencia de un abogado.
Preservar el lugar: evitar manipular la sepultura, los restos humanos o los objetos que pudieran constituir evidencias.
Recopilar información: conservar fotografías, registros de visitas, datos de la administración del cementerio y cualquier antecedente que permita establecer cuándo ocurrió el hecho.
Solicitar la intervención de las autoridades: facilitar las diligencias de investigación y la preservación de posibles elementos probatorios.
Comunicar el hecho a la administración del cementerio: solicitar información sobre los controles de seguridad, registros de ingreso y eventuales sistemas de videovigilancia.
Las cifras
El Observatorio y la oficina de Estadísticas del Ministerio Público revelan que un total de 221 causas ingresaron en los últimos seis años (2021- 2026, hasta setiembre ) por el hecho punible de perturbación de la paz de los difuntos.
Los datos señalan que los domingos y lunes registran los mayores números de denuncias en el Ministerio Público.
Las denuncias ingresadas muestran que en horas de la mañana fueron reportadas la mayor cantidad de causas a nivel país. Este comportamiento se debe a que muchos de los casos se registran en horas de la noche, pero que los hechos son descubiertos por los familiares de difuntos en horas de la mañana, según los datos.
Los departamentos de mayor registro de causas son Asunción, Central, Cordillera, Caaguazú, y Alto Paraná.
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Juzgado de Ejecución Penal entregó bien comisado a la Senabico
El Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de la Capital, a cargo de la magistrada Cynthia Sostoa Santander, oficializó la entrega de un vehículo incautado a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). La gestión se realizó a través de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia, representada por el abogado Fernando Insaurralde.
El vehículo, utilizado para la comisión de hechos punibles forma parte del expediente “Rony Maximiliano Román Ramírez y otros s/ homicidio doloso”. El rodado fue incautado y puesto a disposición del Estado paraguayo para una futura subasta pública a través de la Senabico.
La jueza Sostoa detalló que esta entrega da cumplimiento a las disposiciones judiciales vigentes respecto de los objetos incautados durante el proceso. En ese sentido, toda la documentación correspondiente fue remitida a la Senabico, institución encargada de la custodia y administración formal del vehículo en esta etapa procesal.
Participaron en la entrega el representante de la Senabico, Sergio Benítez, y el abogado Fernando Insaurralde, en representación de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia.
La Senabico es el órgano técnico superior y especializado encargado de la guarda, custodia, administración y destino de los bienes de interés económico incautados, comisados o abandonados.
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Fiscalía urge a la Corte destrabar causa penal por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar
El Ministerio Público presentó su segundo urgimiento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para destrabar la causa penal caratulada como “Miguel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero” (N.º 6/2021). El fiscal Jorge Arce fue quien solicitó a los ministros de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Víctor Ríos, que destraben el mencionado proceso.
El expediente judicial se encuentra en poder del ministro Víctor Ríos desde el mes de agosto, y solo falta la firma del duplicado en limpio de dicho alto magistrado para que el proceso penal se destrabe y pueda avanzar.
La Fiscalía argumenta que es urgente resolver el caso para brindar certeza procesal, evitar dilaciones indebidas y cumplir con los principios de celeridad, economía procesal y plazo razonable. Los integrantes de la Sala Penal deben resolver la recusación presentada por el acusado Celio Tunholi, quien recusó a los camaristas Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar Garay.
Del mismo modo, en septiembre pasado, el abogado Claudio Lovera, en representación de la Conmebol como querellante adhesiva, ya había presentado un urgimiento exigiendo destrabar el proceso. La recusación contra los camaristas fue planteada el 10 de abril de 2026; es decir, hace ya más de seis meses.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz (fallecido en agosto de 2019) desvió del ente rector del fútbol sudamericano hacia el Banco Atlas, institución financiera de la familia Zuccolillo.