La jueza en lo civil y comercial Lizza Reyes otorgó 20 días hábiles al Instituto de Previsión Social (IPS) para digitalizar los documentos de los proveedores a la Contraloría General de la República en el pedido de medida cautelar. La CGR, al contestar el traslado, señaló que no tenía problema de darle plazo toda vez que sea improrrogable.
El nuevo plazo otorgado a los directivos del consejo de administración del IPS es bajo apercibimiento de que en caso de que no se envíen los documentos requeridos por el ente contralor, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público. Con ello, las autoridades de la entidad previsional se exponen a ser procesadas por desacato, conforme advierte la magistrada en la medida judicial dada a conocer este viernes.
De esta manera, la jueza Reyes hizo lugar a la petición formulada por el abogado Víctor H. Thomas Cáceres en representación del Instituto de Previsión Social (IPS) y, en consecuencia, fijó un plazo de 20 días hábiles a fin de que el IPS retire del Juzgado las cincuenta y seis cajas con documentos recepcionadas en el pasado 10 de febrero.
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Se dispone además que se digitalicen dichos documentos y sean remitidos al correo electrónico institucional de la Contraloría General de la República, los archivos resultantes de la digitalización. La resolución judicial aclara que la medida es dictada “bajo apercibimiento de la Ley N° 4.711/2012 ‘que sanciona el desacato de una orden judicial’, sin perjuicio del artículo 10 de la Ley N° 276/94″.
El pasado 9 de febrero, el juez José Guillermo Trovato Fleitas resolvió intimar a la previsional a entregar toda la documentación requerida por la Contraloría. Fue ante la negativa del consejo de administración de proveer los informes requeridos por el ente contralor, en un emplazamiento que feneció el martes 7 de febrero sin respuesta, referentes al pago a empresas proveedoras de medicamentos e insumos.
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Tras la intimación, el IPS optó por enviar “camionadas de documentos” a la Contraloría y responsabilizó al ente de eventuales atrasos en el pago a proveedores de insumos y medicamentos. Sin embargo, desde la Contraloría se aseguró que nuevamente no se enviaron las documentaciones requeridas.
Desde el 15 de noviembre del año pasado, la Contraloría envío sendas notas al IPS, solicitando informes sobre la deuda de los US$ 250 millones que el instituto tiene con las farmacéuticas. Así también, se requirió información sobre los desembolsos hechos desde el ente previsional, aunque en ambos casos las consultas no fueron eficazmente respondidas por el IPS, conforme aseguraron desde la Contraloría.
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