La exministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Zully Rolón, admitió que ocurrieron filtraciones en el caso A Ultranza Py que habrían evitado la captura de Sebastián Marset en Paraguay. La Nación/Nación Media publica este martes que la gestión abdista tenía informes sobre el uruguayo desde 2019, tolerando que se instalara en el país y fortaleciera su estructura criminal.

“El tema de las filtraciones, de las que se hablaba, en el caso de A Ultranza en especial, nosotros tomamos conocimiento de eso en el 2021 cuando tuvimos el informe de Europol, pero sí en verdad existen (las filtraciones) y eso está en el informe que se remitió al fiscal de la causa, que hubo conversaciones hacia el año 2020 donde nombran a un jefe de la Senad, de un departamento de inteligencia técnica”, dijo la exministra, este martes, en conversación con la 1020 AM.

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Un grupo de asaltantes robó este lunes objetos de una casa incautada al uruguayo Sebastián Marset, uno de los narcotraficantes más buscados en Sudamérica que fue capturado recientemente en Bolivia y enviado a Estados Unidos, informó la Fiscalía este lunes.

Marset, de 34 años, era uno de los capos de la droga más buscados del Cono Sur. Fue capturado el 13 de marzo en Santa Cruz, en el este del país, y expulsado ese mismo día a Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas señalan que lideró una red que movió al menos 16 toneladas de cocaína, por lo que será juzgado en un tribunal federal.

En Santa Cruz, donde fijó su base de operaciones, se le incautaron 16 aeronaves y cinco inmuebles. En uno de los predios irrumpieron “cinco personas extranjeras” con armas de fuego, según el Ministerio Público.

Dos policías que custodiaban el bien fueron esposados por los asaltantes. Los delincuentes ingresaron a una habitación y sustrajeron “objetos que aún se encuentran en investigación”, dijo a la prensa el fiscal Franz Delgadillo, sin ofrecer detalles.

Tampoco informó si eran allegados al narco uruguayo. Marset estaba prófugo desde 2023 y circulaba también por Venezuela, Paraguay y Brasil antes de ser detenido. En la justicia boliviana tiene seis casos judiciales pendientes por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos, según la Fiscalía.

Fuente: AFP.

El 6 de noviembre de 2019, un año y siete meses después de su primer arribo a nuestro país, la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) ya tenía como objetivo de investigación al uruguayo Sebastián Marset que se instalaba en el país y fortalecía su estructura, con la anuencia del gobierno anterior.

Los datos consigna­dos en los informes de inteligencia, incluso los testimonios de quienes estu­vieron a la cabeza de los orga­nismos antinarcóticos y de seguridad en el gobierno de Mario Abdo Benítez, dejan evidencias de que Paraguay tenía todas las condiciones de caerle a la estructura narco que montó Sebastián Marset, a la que consiguió integrar varias otras organizaciones crimi­nales conformadas, preexis­tentes.

El informe de inteligencia de la Unidad de Investigación Sen­sitiva (SIU) que, luego sufrió varias filtraciones ya tenía como objetivo de investigación al uruguayo Marset, a partir de varios indicios prelimina­res al año y siete meses de que este arribara por primera vez a nuestro país.

El primer ingreso de Marset a Paraguay fue el 8 de abril de 2018, en noviembre de 2019, SIU ya tenía indicios de la con­ducta delictiva del uruguayo en el marco del caso que inicial­mente denominaron ARAI, pesquisa que detonó en el des­mantelamiento de la gigan­tesca estructura narco que conocemos como A Ultranza Py. Más de 100 allanamientos en simultáneo fueron liderados por la Fiscalía paraguaya, el 22 de febrero de 2022.

Pese a los datos ya manejados por los agentes especializa­dos que, incluso comprometía una cooperación internacional mediante la DEA, el gobierno de Abdo a través del Depar­tamento de Identificaciones expedía cédulas paraguayas a la familia de Marset en 2020 y en 2021 al mismo uruguayo. Cabe subrayar que Arnaldo Giuzzio era ministro del Inte­rior en ese tiempo y el mismo estaba en conocimiento de las pesquisas y los indicios mane­jados por SIU sobre el mencio­nado Marset.

Marset se iba afincando, en paralelo, las investigacio­nes iban avanzando, pese a la serie de filtraciones desde la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad) con Zully Rolón a la cabeza de esta institu­ción. Giuzzio hizo lo suyo, con el desmantelamiento de los puestos de control en los puer­tos, mediante una resolución en mayo de 2020.

El 4 de mayo de 2021 se inicia otro operativo denominado Smart, en alusión al nombre de Sebastián Marset, trabajo desa­rrollado en instancias policiales de tres países (Paraguay, Brasil y Argentina). Aquí surge otra conexión reveladora para lo que fue la desidia del gobierno Abdo.

La Policía Nacional descubre la vinculación en el operativo Smart entre Marset y Lindo­mar Reges Furtado, este último con nexos vinculado a Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, ambos considerados narcos de la pesada en el Brasil.

Lindomar poseía 68 causas abiertas en Brasil y junto con Marcus Vinicius eran dos sindi­cados narcos de mucho interés para el vecino país. En nuestro país ya con pedidos de informes e intercambio de datos, los bra­sileños eran perfectos fantas­mas en los reportes de Senad y hasta lograron escapar por “negligencia” en un operativo del ente antinarcótico, bajo la administración de Rolón.

El 9 de agosto de 2022, en una audiencia convocada por la Comisión Bicameral de Inves­tigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero, Giuzzio había declarado que el Chaco era una ruta aérea cautiva del narcotráfico, con pistas de ate­rrizaje al servicio del ilícito e incluyó a Concepción y la zona Sur del país. Giuzzio incluso habló de lo sensible que son los puertos para la narco expor­tación. Sin embargo, él mismo había levantado los controles de esos sitios. Habló de la nece­sidad de mayor inversión y que se tenía intención de pedir la aprobación de una inversión de entre unos USD 150 millo­nes para compra de radares, reparaciones de aviones, pero ahí quedó.

“Dentro de ese paquete estaba la posibilidad de hacer una especie de “overhauling” a los Tucano actuales en una primera etapa, reformarlos a nuevos, son avio­nes Tucano de fabricación bra­sileña, tecnología conocida por nuestros pilotos, y que pueden ser rápidamente entregadas a nuestro país. Y en una segunda etapa ver ya la adquisición de Super Tucano”, había mencio­nado Giuzzio ante la bicameral dejando evidencia que, mien­tras se paseaban con sindica­dos narco, también posterga­ron inversiones que eran clave en el combate al crimen orga­nizado.

Honduras se comprometió ayer domingo a trabajar con las agencias de seguridad de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, tras una reunión entre Kristi Noem, enviada especial de Washington para una alianza de seguridad en América Latina, y el presidente hondureño, Nasry Asfura.

A principios de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una alianza con algunos países latinoamericanos para “destruir” a los cárteles de la droga, durante una cumbre en Florida a la que acudió Asfura, entre otros mandatarios derechistas de la región.

Honduras es uno de los países más violentos de Centroamérica, donde operan las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, protagonistas de la mayor parte de los homicidios y del narcotráfico en el país, y declaradas organizaciones terroristas por Washington. “Ha sido una reunión (...) con muy buena receptividad” donde se abordaron temas como migración y seguridad para “trabajar juntos y hacer una América más próspera”, dijo Asfura tras reunirse con Noem en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa.

Durante la comparecencia de Asfura no se permitieron preguntas a la prensa, mientras que Noem abandonó el lugar sin dar declaraciones. “Garantizamos que vamos a poner todo nuestro empeño para poder trabajar conjuntamente” y coordinadamente “entre nuestras instituciones nacionales” y “las diferentes agencias federales de los Estados Unidos para combatir más eficientemente el crimen”, afirmó el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez.

Se abordaron “temas estratégicos” en el marco de la iniciativa de Trump, conocida como “Escudo de las Américas”, incluyendo “el fortalecimiento de la ciberseguridad, la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado”, indicó el gobierno hondureño en un comunicado. También se acordó, según la nota, el refuerzo de la policía y el ejército hondureño “mediante asistencia técnica especializada”.

Noem, una de las principales figuras de la ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra la inmigración, fue despedida como secretaria de Seguridad Nacional por Trump, que le asignó coordinar esta alianza sobre seguridad con países latinoamericanos, donde también están El Salvador, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Panamá, entre otros.

En Honduras, el oficialismo prepara una reforma penal para endurecer las leyes contra el crimen organizado, en una América Latina donde algunos gobiernos buscan adoptar elementos de la lucha antipandillas del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, muy cuestionado por organizaciones de defensa de los derechos humanos. Asfura recibió durante la campaña el firme apoyo de Trump. A las puertas de la votación, el republicano también indultó al exmandatario conservador y copartidario de Asfura, Juan Orlando Hernández, quien cumplía una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico.

Fuente: AFP.