El exdefensor del Pueblo, Miguel Godoy, fue absuelto de culpa en el marco de la querella que había promovido la exfuncionaria Silvana Patricia Cáceres Irala. La querella fue presentada debido a que, presuntamente, Godoy trató a Cáceres Irala de planillera y farrista. La resolución judicial se dio a conocer luego del desarrollo del juicio oral y público.
El abogado querellante tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y, en caso de ser así, será un tribunal de apelación quien tendrá que decidir si confirma la absolución de culpa y pena del exdefensor del pueblo Miguel Godoy.
De acuerdo a los antecedentes del caso, en su momento el juez de sentencia, Darío Báez, admitió la querella por difamación, calumnia e injuria contra Godoy y otras personas. La querella fue promovida por Silvana Patricia Cáceres Irala.
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La querellante cumplía funciones de asistente de la Dirección de Delegados del Interior pero luego se entero, a través de los medios de comunicación, que fue destituida como directora de Contabilidad y posteriormente fue desvinculada de la Defensoría del Pueblo, con una antigüedad de 16 años y 3 meses.
En las publicaciones la acusaban de ser presuntamente “planillera y farrista”, explícitamente de adulteración de reposos médicos y de farrista. La querella fue presentada por el abogado Cristian Giubi.
Según el exdefensor del Pueblo hay constancias que obran en la institución que revelan que Cáceres Irala faltó laboralmente nada menos que 7 meses en un año y que los certificados médicos que acercó no estaban visados por el Ministerio de Salud.
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Caso ueno bank: defensor del pueblo exige transparencia y garantías para ahorros y fondos del IPS
Ante la situación de ueno bank, el defensor del Pueblo exige transparencia, responsabilidades y garantías concretas para proteger los ahorros de la ciudadanía y los fondos jubilatorios. Advierte que la incertidumbre sobre el dinero de miles de familias no puede quedar sin respuesta.
El defensor del Pueblo, Rafael Luis Ávila Macke, expresó su profunda preocupación ante la crisis financiera de ueno bank y considera inadmisible que miles de ciudadanos enfrenten incertidumbre sobre sus ahorros, salarios y recursos destinados a su subsistencia. La situación adquiere especial gravedad ante los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), comprometidos en la entidad bancaria, recursos que pertenecen a los trabajadores y jubilados paraguayos y cuya protección debe ser una prioridad absoluta del Estado.
“El dinero de los trabajadores, jubilados y ahorristas no puede quedar a merced de decisiones irresponsables ni de eventuales irregularidades financieras. Detrás de cada cuenta bancaria hay familias, medicamentos que comprar, alimentos que llevar a la mesa y obligaciones que cumplir. La ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de errores ajenos”, manifestó el defensor del Pueblo.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exige al Banco Central del Paraguay (BCP) y a las instituciones competentes respuestas inmediatas, información transparente y garantías efectivas para la recuperación de los depósitos, sin someter a los afectados a trámites interminables ni a una incertidumbre injustificada.
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Asimismo, considera indispensable esclarecer cómo se llegó a esta situación, determinar si existieron fallas en los mecanismos de supervisión y establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. “No basta con anunciar que los depósitos están garantizados. La gente necesita saber cuándo y cómo recuperará su dinero. La confianza pública no se recupera con discursos, sino con hechos, transparencia y responsables que rindan cuentas”, enfatizó.
La Defensoría del Pueblo sostiene que ninguna consideración económica, empresarial o política puede estar por encima de los derechos de la ciudadanía. Los ahorros de los paraguayos deben ser protegidos, los fondos jubilatorios resguardados y los hechos investigados hasta sus últimas consecuencias. La ciudadanía merece respuestas, no excusas.
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Preso de la culpa: delincuente se entregó a la policía tras asalto en Salto del Guairá
Este lunes, un joven de 21 años se puso a disposición de la Policía Nacional en Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, y confesó que participó de un millonario atraco. En sus declaraciones manifestó que estaba desesperado por una serie de deudas que tiene y que cometió el hecho ilícito, pero que está muy arrepentido, devolvió lo robado y pidió clemencia.
Se trata de un hombre identificado como Damián Rolón Sanabria, quien tras cometer un asalto en la capital de Canindeyú decidió entregarse de forma voluntaria en la comisaría local. El joven manifestó un profundo arrepentimiento, justificó su accionar en la crisis financiera que atraviesa y colaboró con la restitución de lo robado.
El hecho se registró durante el fin de semana cuando junto con otra persona Damián ingresó a una vivienda con la cara cubierta y con arma de fuego en mano intimaron a los trabajadores. Todo el hecho fue grabado por imágenes de cámaras de seguridad, donde ambos delincuentes actuaron de forma bastante violenta.
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“Cometí un hecho así, estoy arrepentido. Lo hice por necesidad, que como todos tenemos en el día a día. No había más oportunidad de trabajo para mí y nos dieron la información de que había dinero en este lugar, de que estaba teniendo mucho dijeron especialmente esta persona”, detalló el maleante, en entrevista con C9N.
Afirmó que está muy arrepentido y pidió a la Justicia que le dé una oportunidad para salir adelante. “Es algo que lastimosamente ya no se puede revertir, pero quiero volver a empezar y cambiar totalmente de lo que soy. Es la primera vez que hago algo así, no pude dormir en estos días”, puntualizó.
Agregó que todo esto le pesó mucho, porque incluso se allanó la casa de sus padres y que eso le dolió, porque no tenía nada que ver y tuvo que pasar un mal rato por su culpa. “Las personas que actuaron conmigo no los conocía realmente contactaron conmigo vía redes sociales. Mi padre y hermano no tienen nada que ver”, concluyó.
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Defensa de Óscar Boidanich solicitó ratificar su absolución
La defensa del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, solicitó al Tribunal de Apelación ratificar íntegramente su absolución de culpa y pena. Boidanich había sido juzgado por el supuesto delito de frustración de la persecución penal en el caso del empresario Dario Messer. Los abogados defensores, Claudio Lovera y César Alfonso, contestaron la apelación presentada por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor y Fernando Meyer, quienes habían recurrido ante el tribunal de alzada la determinación adoptada inicialmente por un Tribunal de Sentencia.
La defensa de Boidanich sostiene que la decisión de primera instancia debe ser confirmada porque nunca se configuró el delito de frustración de la persecución penal, argumentando que los bienes del cambista Darío Messer finalmente fueron decomisados en nuestro país y a eso se le agrega que dicho fallo ya está firme en la Corte.
Del mismo modo, la defensa de Boidanich sostiene que el Ministerio Público pretende de manera irregular que la Cámara de Apelación revalore pruebas testimoniales y documentales, algo prohibido por la norma y más en segunda instancia.
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Absolución de culpa
Un Tribunal de Sentencia absolvió de forma unánime de culpa y pena al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, quien fue juzgado por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso del empresario Darío Messer.
Los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos concluyeron que las acciones atribuidas por la Fiscalía no se adecuan a ningún hecho punible. Asimismo, el colegiado señaló que el Ministerio Público no logró demostrar que la actuación del acusado impidiera la investigación contra Messer o frustrara el comiso de sus bienes. Por el contrario, ambos resultados se concretaron: el empresario fue imputado y sus activos fueron incautados.
Los magistrados explicaron que, al tratarse de un hecho punible de resultado, la Fiscalía debía probar que la conducta de Boidanich evitó de forma directa el proceso penal o el comiso. Al no suceder esto, la acusación quedó sin sustento y sin argumento. Los jueces de sentencia evidenciaron las falencias del Ministerio Público. Estos argumentos de los jueces evidenciaron que la acusación respondió a una estrategia mediática de ciertos medios de comunicación para perjudicar al Boidanich.
Durante el juicio oral, funcionarios de la Seprelad declararon que Boidanich nunca ordenó retener ningún reporte; por el contrario, se le dio la celeridad correspondiente. Finalmente, se demostró que el informe de la institución fue entregado al Ministerio Público, que lo utilizó como base para sustentar la imputación contra Darío Messer, garantizando además que el documento nunca se filtrara.
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Caso Renato: familia expresa su dolor tras absolución de médica y cuestiona conclusiones
La familia de Renato Rojas Talavera (2), fallecido en agosto de 2019 en un sanatorio privado por una presunta negligencia médica, decidió pronunciarse luego de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la absolución de la médica Laura Sena.
En una carta publicada por la abuela del niño, expresan su dolor ante el desenlace judicial y cuestionan algunas afirmaciones realizadas durante el juicio acerca de la salud del niño, entre ellas que padecía una cardiopatía incompatible con la vida, que no sostenía la cabeza o que podía presentar un síndrome.
“¿En qué evidencia se sustentaron esas conclusiones?”, plantea la familia, que sostiene que algunas de las personas que realizaron esas afirmaciones no habrían atendido ni examinado personalmente al niño.
Como respaldo de sus interrogantes, menciona opiniones de cardiólogos pediátricos, un informe pericial dirigido al Ministerio Público y antecedentes de profesionales que realizaron el seguimiento de Renato, entre ellos su cardióloga René Swaco, la doctora Leticia Gutiérrez y su pediatra, el doctor Antonio Arbo.
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Señalan que las evaluaciones médicas con las que cuenta describen hallazgos cardíacos que no correspondían a cuadros severos o que requirieran procedimientos a corto plazo, mientras que un informe pericial de noviembre de 2020 sostuvo que existió retardo en la atención del niño.
A partir de estos antecedentes, la familia plantea cómo una eventual condición cardíaca de extrema gravedad podría no haber sido advertida previamente durante los controles médicos de Renato.
“No pretendemos saber más que los médicos. Pero creemos que ningún título, cargo o prestigio profesional puede estar por encima de la evidencia. Toda afirmación sobre la salud de un niño debe poder demostrarse”, expresa Carmen Romero, abuela de Renato.
La familia aclara que, con el proceso judicial concluido, estos cuestionamientos no constituyen un pedido de revisión del fallo, sino la expresión de los interrogantes que mantiene sobre lo ocurrido y su intención de preservar la memoria del niño.
“No buscamos venganza”, señala la carta. Y resume el pedido de la abuela en una de sus frases centrales: “No miren solamente el expediente. Miren al niño. Miren a Renato”.