El exdiputado Carlos Soler fue condenado a 4 años de cárcel por haber pedido coima cuando era funcionario del Indert a cambio de realizar gestiones para titular tierras en el Chaco. Foto: Archivo.
Confirman condena de 4 años de cárcel para el exdiputado Carlos Soler por pedido de coima
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, ratificó la condena de 4 años de cárcel para el exdiputado y exdirector de créditos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Carlos María Soler al no hacer lugar al incidente de nulidad que planteó la defensa del condenado.
Ahora el expediente judicial deberá bajar al juzgado de ejecución penal para que se pueda ejecutar la condena contra Soler, a no ser que se presente un nuevo recurso que deban estudiar los integrantes de la máxima instancia judicial.
En su momento, el tribunal conformado por las magistradas Yolanda Morel, Elsa García y Claudia Criscioni había sentenciado a Soler a 4 años de pena privativa de libertad tras ser encontrado culpable por cohecho pasivo agravado, extorsión y tráfico de influencias. Asimismo, fue condenado el exdirector regional del Chaco del Indert Enrique Gómez de la Fuente a 3 años y 6 meses de cárcel por cohecho pasivo agravado y extorsión.
La condena fue recurrida y un tribunal de apelación había confirmado las penas para los dos ex altos funcionarios del Indert, quienes a su vez recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, que también ratificó las penas por los delitos mencionados más arriba.
Caso Pecci: Corte de Colombia deja firme sentencia de 35 años de cárcel para Margareth Chacón
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La Corte Suprema de Justicia de Colombia dejó firme la condena de 35 años de cárcel para Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, sentenciada como coautora del homicidio agravado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini. La máxima instancia judicial colombiana rechazó la acción presentada por la defensa de la condenada.
En su resolución, la Corte reiteró que la acción de tutela contra providencias judiciales solo procede en casos excepcionales de arbitrariedad manifiesta o vulneración evidente de derechos fundamentales. Asimismo, concluyó que la inadmisión del recurso de casación respondió al incumplimiento de requisitos técnicos y formales exigidos para dicho medio extraordinario, sin que se verificara una afectación al debido proceso ni al derecho a la defensa.
Igualmente, el tribunal consideró que la decisión del Ministerio Público de no promover el mecanismo de insistencia se ajustó a la naturaleza excepcional y discrecional de ese instrumento, señalando que este no constituye una tercera instancia ni habilita la reapertura del debate probatorio.
Otros condenados
Hasta el momento, en Colombia hay siete personas condenadas por el crimen, mientras que una más está a la espera de ser juzgada en Venezuela. Con sentencia de 23 años y 6 meses de prisión se encuentran:
Wendre Still Scott (quien efectuó los disparos)
Eiverson Adrián Arrieta (conductor de los sicarios)
Marisol Londoño junto a Cristian Monsalve (encargados del seguimiento al fiscal).
Los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos cumplen una condena de 25 años y 6 meses de cárcel.
Santander completa la inamovilidad de los nueve ministros de la Corte
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inamovible al ministro Gustavo Santander, quien estará en el cargo hasta los 75 años de edad. Con la presente resolución judicial, los nueve altos magistrados son inamovibles en sus cargos hasta alcanzar la edad establecida de jubilación.
Los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez firmaron la resolución judicial. Días atrás la máxima instancia judicial hizo lo mismo con el ministro Víctor Rios quien ya fue declarado inamovible en su cargo.
El pleno de la Corte está conformado por los ministros Alberto Joaquín Martínez Simón, Luis M. Benítez Riera, Gustavo Santander Dans, César Antonio Garay, Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Dejesús Ramírez Candia, María Carolina Llanes Ocampos, César Manuel Diesel Junghanns y Víctor Ríos Ojeda.
En sesión plenaria ordinaria del 19 de febrero, el ministro Alberto Martínez Simón fue elegido como presidente de la máxima instancia judicial para el período comprendido entre febrero 2026 y febrero 2027. Asimismo, Luis María Benítez Riera fue electo como vicepresidente, y Gustavo Santander Dans como vicepresidente.
La integración de las salas que conforman la Corte Suprema de Justicia para el nuevo período institucional, quedando conformadas de la siguiente manera:
Sala Constitucional: Gustavo Santander Dans (presidente), Víctor Ríos y César Diesel; Sala Civil y Comercial: Alberto Martínez Simón (presidente), Eugenio Jiménez Rolón y César Garay; Sala Penal: Luis María Benítez Riera (presidente), Manuel Dejesús Ramírez Candia y Carolina Llanes Ocampos.
Con la presente resolución judicial, los nueve altos magistrados son inamovibles en sus cargos hasta alcanzar la edad establecida de jubilación. Foto: Gentileza
Martínez Simón fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia
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El pleno de la Corte Suprema de Justicia eligió este jueves al ministro Alberto Martínez Simón como nuevo presidente del Poder Judicial. En tanto, el ministro Luis María Benítez Riera fue electo como vicepresidente primero y el ministro Gustavo Santander como vicepresidente segundo.
Por otra parte, el ministro Benítez Riera también fue designado como representante de la Corte ante el Consejo de la Magistratura, reemplazando a Eugenio Jiménez. A su vez, el ministro Manuel Ramírez Candia fue confirmado como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Durante su intervención en la sesión plenaria ordinaria de la Corte, Martínez Simón expresó que “en este ejercicio democrático que marca nuestra carta orgánica —creo que ello hace bien a la institucionalidad de la Corte— establecer que tengamos procesos naturales marcados por la norma, con discusión previa, diálogo, propuestas y el afianzamiento de una o más candidaturas hace el buen manejo de la Corte”.
En otro momento, sostuvo que los integrantes del máximo tribunal realizaron un buen trabajo en este último periodo, trabajo que seguirá bajo su presidencia, principalmente de manera colectiva.
“Todos apuntamos hacia el mismo lugar: queremos la mejor conducción de la justicia en nuestro país. Me consta personalmente, en las distintas presidencias en las que trabajé, como vicepresidente también, que todos ponemos el mejor esfuerzo. Se da por descontado que, así como el año anterior se realizó un gran trabajo colectivo entre todos, este año será igual”, apuntó.
Ratifican condena por tortura contra Walter Bower y otras dos personas
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El Tribunal de Apelación ratificó la condena de 15 años de cárcel para Walter Bower, exminstro del Interior, sentenciado por tortura. Igualmente se confirmó la sentencia de 12 años de cárcel para Merardo Palacios y 6 años de Osvaldo Vera. Todos fueron sentenciados por hechos de tortura ante el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis Ángel González Macchi.
Los camaristas que confirmaron el fallo judicial son Paublino Escobar, Jesús María Riera Manzoni y Lourdes Cardozo. Los mismos rechazaron que el juicio fuera nulo por las interrupciones y recesos, señalando que las pausas se debieron principalmente a incidentes y recusaciones planteadas por las propias defensas, y que no se demostró un perjuicio real al derecho de defensa.
Ahora la defensa de los condenados puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así, los integrantes de la máxima instancia judicial deberán definir si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.
El 2000 fue un año crítico para Paraguay, marcado por la tensión política y las crisis institucionales. En medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno de González Macchi, varios sectores dentro de las fuerzas de seguridad fueron acusados de conspirar contra el gobierno.
La detención de los supuestos implicados en el golpe de Estado se vio acompañada de denuncias sobre torturas durante los interrogatorios, hechos que luego fueron elevados a juicio.
La acusación principal recayó sobre Bower, quien en su rol de ministro del Interior habría sido responsable directo de las operaciones de detención e interrogatorio de los implicados. Durante el juicio, se presentó evidencia de que las torturas fueron sistemáticas y tenían como objetivo obtener información que confirmara las supuestas conspiraciones.