El abogado Álvaro Arias, defensor del exgerente periodístico de canal 9 Carlos Granada, imputado por coacción sexual, acoso sexual y acoso, desistió de la audiencia de revisión fijada para este viernes a las 9:30 de la mañana y, por ende, la diligencia judicial no se realizó. En la misma se iba a definir si Granada seguía preso o era beneficiado con arresto domiciliario.
Al suspender la audiencia de revisión por pedido de la defensa de Granada, el mismo pasará la Navidad recluido en la cárcel de Emboscada. La diligencia se iba a llevar a cabo ante el juez Mirko Valinotti, quien interina a su colega Julián López.
El exgerente de canal 9 Carlos Granada está preso en la cárcel de Emboscada desde el 11 de noviembre pasado, cuando el juez penal de Garantías Julián López decretó la prisión preventiva del imputado, quien se presentó ante la justicia luego de haber interpuesto varias chicanas tratando de dilatar la diligencia.
Antecedentes
Las fiscales Claudia Aguilera, Luz Guerrero y Natalia Silva, imputaron a Carlos Granada, gerente de prensa del canal 9, tras la denuncia que se presentó en sede del Ministerio Público por los delitos de acoso y coacción sexual. El acta de imputación tiene fecha 26 de agosto y desde ese momento se solicitó la orden de detención de Granada, quien eludió presentarse ante el Ministerio Público a pesar de tener una orden de detención. Recién se presentó ante el Juzgado de Garantías el 11 de noviembre, donde se ordenó su prisión preventiva.
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Países socios del Escudo de las Américas respaldan al gobierno boliviano
El departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos dio a conocer una declaración conjunta que emite con las Naciones Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago; que son Estados socios del Escudo de las Américas por la cual brinda su total respaldo al gobierno democrático y legítimamente elegido de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz.
En dicho pronunciamiento conjunto condenan de manera firme los esfuerzos continuos por derrocar al gobierno legítimo y a la vez contravenir la voluntad de los votantes mediante bloqueos de suministros vitales para el pueblo boliviano y la financiación de actividades delictivas deben ser rechazados, y los responsables deben rendir cuentas.
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“Respaldamos al gobierno democrático del presidente Paz mientras enfrenta los intentos que buscan hacer retroceder a Bolivia mediante esfuerzos cínicos destinados a impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para el pueblo boliviano a través de falsos bloqueos en las carreteras”, expresa parte del pronunciamiento.
Señalan que los grupos desestabilizadores no pueden sustituir la decisión que la mayoría de los bolivianos tomaron en las urnas para dejar atrás dos décadas de gobiernos corruptos.
“Quienes están financiando estas protestas con dinero ilícito proveniente del narcotráfico y del crimen transnacional deben rendir cuentas por sus actos. Aquellos que tengan reclamos legítimos deberían aprovechar la disposición del gobierno al diálogo y denunciar a quienes pretenden instrumentalizar sus causas para recuperar el poder”, concluye la declaración conjunta.
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Legisladores del bloque repudian inestabilidad en Bolivia y recuerdan vigencia del Protocolo de Ushuaia
Durante la CVIII sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur (Parlasur), que se realizó este lunes en la Cámara de Diputados en Asunción, el cuerpo legislativo emitió una declaración oficial en la que manifiesta su enérgico rechazo y profunda preocupación ante la inestabilidad institucional y los recientes hechos de violencia que afectan al Estado Plurinacional de Bolivia.
El cuerpo legislativo sentó una postura firme en defensa del orden constitucional de sus países miembros. En ese sentido, hizo un llamado directo tanto a las autoridades gubernamentales como a la ciudadanía boliviana para deponer posturas extremas y garantizar el cumplimiento estricto de los tratados internacionales vigentes.
El eje central del documento radica en la exigencia del respeto al sistema democrático. Los parlamentarios del bloque regional hicieron especial énfasis en la vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur.
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Este mecanismo constituye la “cláusula democrática” del bloque y prevé sanciones de carácter político y comercial ante eventuales rupturas o alteraciones del orden constitucional en cualquiera de los Estados parte.
El texto oficial argumenta que la estabilidad del bloque depende de la solidez institucional de cada uno de sus integrantes, calificando como inaceptable cualquier tipo de salida fáctica o de violencia que ponga en riesgo los derechos ciudadanos y la paz social en territorio boliviano.
La declaración institucional lleva las firmas oficiales del diputado Rodrigo Gamarra, representante paraguayo y presidente del Parlasur, y del abogado Edgar Lugo, secretario parlamentario del organismo.
Con este documento, la conducción del bloque enfatiza el rol del parlamento como un celoso custodio de la democracia y la paz en la región, según esgrimió, finalizado el encuentro, el diputado.
Clausula democrática
El Protocolo de Ushuaia, firmado en 1998 por los países del Mercosur, establece que la vigencia de la democracia es una condición fundamental para formar parte del bloque regional. En la práctica, el acuerdo prevé que si en uno de los Estados miembros se produce una alteración o ruptura del orden democrático, los demás países pueden analizar la situación y adoptar medidas conjuntas.
Entre las sanciones contempladas figuran desde la suspensión de la participación del país afectado en los órganos del Mercosur hasta la restricción de algunos beneficios derivados del proceso de integración regional.
Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2012, cuando Paraguay fue suspendido temporalmente del bloque tras la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, una decisión que generó cuestionamientos por parte de los demás socios del Mercosur sobre el desarrollo del proceso político que derivó en su salida del cargo.
Dicha sanción fue levantada el 15 de agosto de 2013 con la asunción del presidente Horacio Cartes, luego de que los países del bloque consideraran restablecido el orden democrático mediante las elecciones generales celebradas ese año.
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Fiscalía investiga si constructora donde falleció otro obrero cuenta con medidas de seguridad
El Ministerio Público investigará si la empresa constructora del edificio donde esta mañana falleció un obrero en un accidente laboral cumplía con medidas de seguridad.
El fiscal Fernando Delfino encabeza la investigación sobre la muerte del joven identificado como Esteban Javier Sánchez López, de 18 años.
La obra se encuentra sobre las calles Charles de Gaulle y Alfredo Seiferheld, del barrio Recoleta de Asunción.
Mencionó que tomarán declaraciones a los compañeros de la víctima y se verificará si la empresa constructora contaba con medidas necesarias para los trabajadores.
“Vamos a tomar las declaraciones de los compañeros para aclarar las circunstancias en que sucedió el hecho”, manifestó el agente a los medios de comunicación.
De acuerdo con el informe policial, el joven habría estado realizando tareas en un montacarga que era utilizado como ascensor externo de la obra, y quedó atrapado entre este y el soporte.
“Se quedó atrapado al costado de un montacargas que aparentemente estaban utilizando como ascensor”, comentó el comisario Aldo Arzamendia.
El jefe policial puntualizó que el cuerpo fue hallado en el séptimo piso, y bomberos voluntarios procedieron a liberarlo para que el forense y las demás autoridades puedan realizar la pericia correspondiente.
El edificio en obras es propiedad de la empresa Park Lofts Paraguay y la construcción estaba a cargo de la constructora Concremaq, según carteles indicadores.
“Vamos a requerir todos los informes respectivos; ya tenemos los nombres de las personas que se encontraban en el lugar y van aportar datos que van a servir a la investigación y determinar posibles responsabilidades penales”, apuntó el agente fiscal.
Momentos dramáticos se vivieron con la llegada de los familiares de la víctima al lugar, siendo asistidos emocionalmente por los intervinientes.
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Acusado de abuso sexual apela a chicanas para frenar juicio y la querella solicita prisión
El juicio oral y público de un acusado por abuso sexual en niños, registrado en la colonia Ybyrapyta, Canindeyú, podría volver a suspenderse. Esto, debido a que el procesado designó al abogado Toribio Vázquez Bogado, quien solicitó que se posponga el juzgamiento argumentando que necesita copias del expediente judicial y de la carpeta fiscal para interiorizarse del caso.
La defensa del acusado busca postergar el inicio del juicio oral y lograr la impunidad, denunciaron las víctimas en contacto con La Nación/Nación Media. La audiencia pública está fijada para este 26 de mayo, a las 8:30 de la mañana; sin embargo, debido a la presentación realizada por la defensa, el juzgamiento podría posponerse.
De concretarse una nueva postergación, se sentará un precedente nefasto para la víctima y su familia, que sufren de las secuelas físicas y psicológicas del grave hecho ocurrido en el departamento de Canindeyú.
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El Tribunal de Sentencia encargado de juzgar al acusado está integrado por los jueces Benito González, Cynthia Espínola y Gustavo Villaverde.
Por su parte, el fiscal del caso, Néstor Narváez, mencionó que cuenta con suficientes elementos probatorios para lograr una sentencia condenatoria.
Querella pidió prisión preventiva
El abogado querellante, Saúl González, solicitó al tribunal que se ordene la detención preventiva del acusado para garantizar la realización del juicio oral, atendiendo a que las presentaciones de la defensa se realizan al solo efecto de dilatar el proceso. Este pedido debe ser analizado por los jueces.
Arresto domiciliario
Es de recordar que el acusado cumple arresto domiciliario desde hace aproximadamente dos años y, en caso de ser condenado, existe el riesgo de que pretenda cumplir su pena bajo ese mismo régimen.
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