Las agentes fiscales Natalia Silva y Luz Guerrero imputaron a Miguel Ángel Servín Palacios y a Hugo Antonio Meza (testaferro) por producción de documentos no auténticos y solicitaron prisión preventiva. Ambos igualmente están procesados por lavado de dinero y narcotráfico en el marco del operativo Belia donde fueron detenidos los imputados y otras personas más.
Según la investigación, en diciembre del 2017 Miguel Ángel Servín y Hugo Meza habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia dos títulos de contenido falso de abogados, supuestamente expedidos por la Universidad de San Lorenzo y la Universidad Católica, respectivamente, pero los mismos eran falsos, puestos que los mismos ni siquiera fueron alumnos de las casas de estudio, ni tampoco egresados. Sin embargo, los mismos obtuvieron su matriculación como abogados.
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Tras la investigación por hechos de narcotráfico se obtuvo información de esta porción de hechos por lo que desde la Fiscalía General del Estado se dispuso la investigación a cargo de las agentes fiscales intervinientes, que tras la investigación e informes recabados concluyen que los mismos han incurrido en la conducta imputada a los procesados.
Ahora los dos imputados deberán comparecer ante e Juzgado Penal de Garantías para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si los procesados seguirán privados de su libertad en el segundo proceso penal.
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Consejo de Salud: fiscal evalúa pedir juicio a Prieto tras admisión de siete imputados
La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía, este viernes, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La séptima procesada, de once los procesados en esta causa, admitió los hechos y posteriormente solicita una suspensión condicional del procedimiento. Se trata de Cinthia Noelia Alen Guerrero, representante legal de la empresa M&M Construcciones, quien no contaba con la calidad de ordenadora de gastos u obligación legal directa de proteger el patrimonio municipal en la misma medida que el autor principal, de acuerdo a la fiscalía.
Corbeta señaló que esta admisión de los hechos fortalece la investigación “porque de alguna forma están brindando información que es importante para las diferentes aristas de la investigación porque si bien, la línea central se centra en un perjuicio patrimonial, hay diversas situaciones que acontecen en este periodo previo y durante también en el periodo que se dieron la construcciones y refacciones del hospital que se van confirmando con la admisión de los hechos”.
El fiscal explicó que la fecha tope para la presentación de requerimiento conclusivo es el próximo 9 de setiembre, establecido por el juzgado especializado en Delitos Económicos. “En el requerimiento conclusivo vamos a expedirnos si tiene la certeza suficiente para someter a un juicio oral y público, o solicitar la correspondiente elevación de la causa al juicio”, refirió el fiscal Corbeta.
En el marco de la presentación de requerimiento, la fiscalía se expedirá referente a la situación procesal de tres personas que quedan, que son Miguel Prieto, Valeria Romero y Sebastián Martínez. También está imputado en esta causa, pero no está procesado, el diputado Walter García, que hasta la fecha no fue desaforado, aclaró el agente fiscal.
“Él (diputado) hasta la fecha no fue desaforado, con relación a él no podemos emitir ninguna conclusión. Son once imputados, de los cuales uno tenemos un obstáculo que es los fueros que posee el diputado, de los cuales siete personas ya admitieron los hechos y se solicitó una suspensión condicional a favor de los mismos”, apuntó.
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Incautan 5 toneladas de marihuana y destruyen 8 campamentos en Capitán Bado
Un procedimiento desarrollado en la zona de Umbu del distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay, permitió la intervención de varios centros de producción y acopio de marihuana. Durante el procedimiento, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) incautaron 5.216 kilogramos de la sustancia ya procesada y lista para su distribución.
En el marco de la intervención, fueron destruidos ocho campamentos clandestinos que estaban equipados con las herramientas usadas para el procesamiento de la droga. Se procedió además a la eliminación de cinco hectáreas de cultivos de marihuana, volumen que equivale a una producción estimada de unas 15 toneladas de la droga.
De acuerdo con el reporte de la Senad, en el lugar fue encontrado un menor de edad que quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Se presume que el adolescente era “utilizado para custodiar” uno de los centros de producción.
Este tipo de procedimientos se desarrollan en varios puntos del territorio nacional, con el objetivo de desarticular los centros dedicados a la producción, comercialización y distribución de drogas, afectado la estructura financiera de organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico.
En ese contexto hay que señalar que la Senad lleva adelante varias operaciones en Amambay, una zona que se convirtió en un punto clave para grupos que operan en la región a través de venta de drogas y que tienen como destino el mercado brasileño.
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LN PM: edición del 26 de agosto
Ande frena contrato con Atome: “No cierran los números”, afirmó Báez Reyes
La Ande rechazó el acuerdo con la firma británica Atome para una planta de hidrógeno verde en Villeta al no considerar viable congelar las tarifas eléctricas por 15 años. Su titular, Miguel Báez Reyes, señaló que Paraguay agotará su excedente hidroeléctrico para 2030, por lo que el Gobierno busca reformas legales para atraer inversión privada en fuentes alternativas.
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) confirmó a la 730 AM la interrupción de las negociaciones con la multinacional británica Atome Energy PLC. Según el nuevo titular de la Ande, la decisión responde a que las condiciones requeridas por la firma británica no resultaban beneficiosas para el país.
La otra cara de la huelga médica: perjuicio de G. 23.000 millones en consultas y cirugías no hechas
El Dr. Gustavo Ortiz, director de Servicios y Redes del Ministerio de Salud Pública, detalló en entrevista con el canal GEN/Nación Media el millonario impacto operativo y financiero que genera la huelga en el sistema de salud.
El profesional reveló que durante los cinco días de paro se postergan más de 259.000 consultas y 2.500 cirugías programadas, lo que representa un costo económico superior a los G. 23.282 millones, además del riesgo de secuelas en los pacientes por atenciones no recibidas.
Anularán 144 títulos de docentes tras constatar que son falsos
La Fiscalía constató que 144 títulos universitarios de docentes son falsos y ya solicitó formalmente la anulación. Los casos varían y las partes involucradas son tres: los beneficiados con los títulos los directores de los institutos y los funcionarios del MEC.
Teresa Sosa, fiscal de la causa, explicó que se encuentran bajo investigación 525 casos, de los cuales, 144 ya fueron verificados y existen tres aristas: la participación de los funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias, los beneficiados con los títulos falsos y los directores o responsables de los institutos de enseñanza superior.
Feminicidio de María Fernanda: tribunal aplicó penas de entre 10 y 3 años de cárcel a los acusados
Un Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo condenó a los cinco adultos acusados por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez. La lectura de la sentencia comenzó poco antes de las 23:00 del martes 25, atendiendo a la gravedad del juzgamiento a los acusados.
El colegiado integrado por los jueces Luis Ovelar, Víctor Vera y Andrea Riquelme emitieron su veredicto final tras finalizar el debate oral y escuchar a todas las partes. Además, durante la jornada de hoy dio la posibilidad de brindar algunas declaraciones a los procesados.
Fiscal general exige reforzar seguridad para agentes fiscales ante amenazas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.
La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.
Adultos Mayores: publican lista y pagan hoy a nuevos beneficiarios
Los que cumplieron 68 años hasta el 24 de agosto son los nuevos beneficiarios del programa Adultos Mayores y podrán cobrar hoy. La lista ya está publicada en la web.
Este miércoles 26 pagarán a los que hayan cumplido 68 años de edad hasta el 24 de agosto, fecha en que se hace el corte. La lista de los nuevos beneficiarios está disponible en este enlace.
De las 3.902 incorporaciones, 2.244 corresponden a los de 68 años cumplidos hasta el 24 de agosto, 866 de 69 años y más, 155 miembros de comunidades indígenas, 61 personas con discapacidad, 42 extranjeros y 534 reincorporados que habían perdido sus cuentas.
Diputados y Cancillería establecen agenda para recuperar trofeos de guerra del Brasil
La mesa directiva de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles con el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, ocasión en la que abordó sobre la restitución de trofeos de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) que se encuentran en el Brasil.
Tras la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que el objetivo es activar también la diplomacia parlamentaria para buscar recuperar, no solo el cañón Cristiano, sino también otros objetos y documentos que se encuentran en el país vecino.
7-Paraguay inicia las gestiones para la vuelta del Cañón Cristiano
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Fiscal general exige reforzar seguridad para agentes fiscales ante amenazas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.
La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.
“ΕΙ Ministerio Público considera indispensable garantizar las condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio libre y efectivo de la función fiscal, especialmente ante situaciones de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o cualquier otra conducta que pudiera poner en riesgo la integridad de sus representantes en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, sin perjuicio de las medidas de protección y seguridad que, conforme a los protocolos vigentes, corresponde activar a la institución en el ámbito de sus competencias”, agrega el comunicado emitido por la noche del martes.
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Asociación de Fiscales
De igual manera, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la adopción de medidas urgentes de seguridad para resguardar la integridad de los agentes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes intervienen en la causa denominada “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.
El pedido fue formulado mediante la Nota n.º 78/2026, de fecha 25 de agosto, tras un incidente registrado al término de la jornada de juicio oral y público desarrollada el 24 de agosto. Según la comunicación, el acusado Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), habría proferido amenazas directas contra ambos representantes del Ministerio Público.
La Asociación señaló que el hecho fue registrado en soporte fílmico y posteriormente difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, circunstancia que, según sostiene, evidencia la gravedad del episodio y su trascendencia institucional. Asimismo, expresó que este tipo de conductas no solo comprometen la seguridad personal de los fiscales intervinientes, sino que podrían afectar el normal desarrollo del proceso penal y el libre ejercicio de la función fiscal.
Ante esta situación, solicitó el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas restantes, hasta la conclusión del debate, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los operadores de justicia y el normal desarrollo del proceso.