Las agentes fiscales Natalia Silva y Luz Guerrero imputaron a Miguel Ángel Servín Palacios y a Hugo Antonio Meza (testaferro) por producción de documentos no auténticos y solicitaron prisión preventiva. Ambos igualmente están procesados por lavado de dinero y narcotráfico en el marco del operativo Belia donde fueron detenidos los imputados y otras personas más.
Según la investigación, en diciembre del 2017 Miguel Ángel Servín y Hugo Meza habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia dos títulos de contenido falso de abogados, supuestamente expedidos por la Universidad de San Lorenzo y la Universidad Católica, respectivamente, pero los mismos eran falsos, puestos que los mismos ni siquiera fueron alumnos de las casas de estudio, ni tampoco egresados. Sin embargo, los mismos obtuvieron su matriculación como abogados.
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Tras la investigación por hechos de narcotráfico se obtuvo información de esta porción de hechos por lo que desde la Fiscalía General del Estado se dispuso la investigación a cargo de las agentes fiscales intervinientes, que tras la investigación e informes recabados concluyen que los mismos han incurrido en la conducta imputada a los procesados.
Ahora los dos imputados deberán comparecer ante e Juzgado Penal de Garantías para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si los procesados seguirán privados de su libertad en el segundo proceso penal.
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Ñemby: Fiscalía allanó vivienda y rescató a un perro víctima de crueldad
Tras una serie de denuncias, el Ministerio Público allanó una vivienda en la ciudad de Ñemby y rescató a un perro en terribles condiciones de salud, que pasaba todo el día atado y presentaba graves heridas en todo el cuerpo. Las autoridades abrieron una causa penal contra la propietaria por presunta crueldad animal.
El procedimiento estuvo encabezado por la agente fiscal Lourdes Bobadilla, quien junto con una comitiva policial y la Dirección de Defensa Animal llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Villa Anita de Ñemby. La intervención se realizó tras una serie de denuncias por las pésimas condiciones en la que se encontraba el perro.
Los técnicos de la dirección de defensa y protección animal se encargaron de inspeccionar al can que presentaba lesiones severas en la piel y los ojos, además, aparentemente estaba bajo de peso. Al llegar al sitio se encontraba atado a la intemperie pese a que la jornada fue bastante lluviosa.
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“El animal, un perro mestizo de pelaje marrón, presentaba lesiones en los ojos y en la piel, según la denuncia presentada. Mediante la información proporcionada por los denunciantes se pudo individualizar el inmueble donde se encontraba la mascota”, detallaron en el informe de la Fiscalía.
En el sitio lograron identificar a una persona como la presunta propietaria del animal y la misma será convocada para prestar declaración en el marco de la investigación que quedó abierta por un supuesto hecho de maltrato animal, previsto en la Ley de Protección y Bienestar Animal.
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La violencia no da tregua: registran 20 feminicidios y 36 huérfanos en lo que va del año
El Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público reveló un alarmante balance sobre la violencia de género en el país, registrando 20 víctimas de feminicidio en lo que va del año. Estas muertes violentas han derivado en la apertura de 19 causas penales, debido a que uno de los expedientes investiga el trágico asesinato de dos mujeres de forma simultánea.
La radiografía de la violencia expone una problemática sistémica que trasciende el asesinato, sumando 28 víctimas de tentativa de feminicidio. Asimismo, la Fiscalía reportó una muerte violenta caratulada provisionalmente como homicidio, seis casos de agresiones graves cometidas por exparejas y cuatro causas por tentativa de homicidio que afectaron a víctimas colaterales, entre ellas, un niño.
El perfil de las víctimas y agresores en relación con las edades se tiene que el rango etario de las víctimas fatales es desgarrador, abarcando desde los 12 hasta los 80 años, incluyendo a una menor que ni siquiera alcanzaba los 12 años de edad. Por su parte, los agresores tienen edades comprendidas entre los 18 y los 80 años.
En cuanto a la nacionalidad y la comunidad indica que 18 de las mujeres asesinadas eran de nacionalidad paraguaya, una de origen brasileño y dos pertenecían a comunidades indígenas. A su vez, la violencia destruyó familias enteras: 14 de las víctimas eran madres, dejando un saldo de 36 hijos huérfanos, de los cuales 26 son menores de edad (considerados víctimas indirectas).
Geografía y temporalidad del horror
El departamento Central se consolida como el epicentro del peligro para las mujeres, concentrando 12 de las 20 víctimas. El resto de los casos se distribuye en Concepción (3), Canindeyú (2), Asunción (1), Alto Paraná (1) y Caazapá (1).
Temporalmente, los meses más críticos fueron enero, con 6 reportes, y marzo, con 4. El resto de los crímenes se distribuyó entre julio (3), mayo (2), agosto (2), abril (1), septiembre (1) y octubre (1). En cuanto a los días de la semana, la violencia no dio tregua: los lunes y viernes registraron la mayor incidencia con 4 casos cada uno, mientras que los domingos, martes, jueves y sábados sumaron 3 casos por día.
El entorno y el arma
Los datos echan por tierra la idea de que el peligro está únicamente en la calle. El 75 % de los feminicidios (15 casos) ocurrió dentro de una vivienda, mientras que 5 se perpetraron en la vía pública.
Respecto a los métodos utilizados, los atacantes recurrieron principalmente al uso de armas blancas en 11 de los casos. Las armas de fuego cobraron la vida de 6 mujeres, mientras que las causantes de las muertes restantes fueron la asfixia (1 caso) y traumatismos por golpes severos (2 casos).
Vínculo con el atacante y situación procesal
El círculo más cercano sigue siendo el más peligroso. Las parejas actuales (8) y las exparejas (8) representan el 80 % de los agresores. El resto de los crímenes fue cometido por conocidos (2), un padrastro (1) y un propio hijo (1).
En el ámbito judicial, 15 presuntos responsables ya se encuentran formalmente imputados por el Ministerio Público. La impunidad por vía del suicidio se dio en 5 de los autores, quienes se quitaron la vida tras cometer el crimen. Por último, un sospechoso que contaba con orden de captura internacional fue detenido en Brasil, país donde será sometido a la Justicia.
El informe del Ministerio Público recuerda que la violencia de género no se limita al asesinato; engloba todo acto o acción sistemática que cause daño psicológico, físico o sexual, así como las amenazas, la coacción y la privación de la libertad, tanto en el ámbito público como en la intimidad del hogar.
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Acusan por cohecho pasivo y piden juicio oral contra exfiscal de Emboscada y su auxiliar
La fiscal Yeimy Adle acusó por cohecho pasivo agravado al exfiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y a su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. El caso investiga una supuesta negociación de dinero para beneficiar a un procesado por lesión grave. Ante esto, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
De acuerdo con el escrito acusatorio, los procesados habrían solicitado inicialmente G. 7.000.000 a la abogada defensora Corazón de María Corrales (representante de Mauricio Soel Méndez Gómez), a cambio de presentar un sobreseimiento provisional. Posteriormente, el monto habría aumentado a G. 10.000.000 para otorgar una salida procesal favorable. La investigación sostiene que Florenciano mantenía las comunicaciones con la defensa, mientras que Elizaur tenía a su cargo la decisión sobre el requerimiento fiscal.
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El 21 de septiembre de 2025, ante la falta de pago, el entonces fiscal acusó formalmente a Méndez por lesión grave y producción de riesgos comunes. La fiscal Adle señala que dicha acusación se presentó sin contar con los elementos médicos que la propia Fiscalía consideraba indispensables, pues el diagnóstico de la víctima seguía pendiente y aún no existía un dictamen del médico forense. “Esta secuencia revela que la posición procesal de la Unidad Fiscal no respondía a la existencia de elementos objetivos de convicción, sino que estaba supeditada al pago solicitado a la defensa”, indica el escrito.
El 13 de octubre de 2025, durante una entrega vigilada autorizada judicialmente, la abogada defensora y la hermana del procesado acudieron a la sede fiscal de Emboscada. Florenciano recibió G. 7.000.000, dinero que posteriormente fue hallado en el cajón del escritorio que utilizaba, quedando pendientes los G. 3.000.000 restantes. Tras recibir el pago, la exauxiliar condujo a las mujeres al despacho de Elizaur, quien manifestó que se allanaría a un pedido de suspensión condicional del procedimiento por dos años. Toda la conversación quedó registrada durante el operativo.
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Último día para inscribir candidaturas de abogados al Consejo de la Magistratura
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informa que este viernes 9 de octubre, a las 14:00, fenece el plazo para que los abogados que aspiren a integrar el Consejo de la Magistratura (CM) inscriban sus candidaturas rumbo a las elecciones previstas el sábado 28 de noviembre.
Desde el domingo 11 hasta el martes 13 de octubre se realizará la puesta de manifiesto de las listas de candidatos y proponentes, ante la Secretaría Judicial del (TSJE) de 8:00 a 14:00. Las mismas serán publicadas en la página web de la Justicia Electoral y en las sedes de los Tribunales Electorales de cada circunscripción de la república, a los efectos de las tachas o impugnaciones a las que pudieran dar lugar.
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Los profesionales del derecho elegirán a sus representantes para el periodo 2026-2029, en las sedes y locales establecidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los actuales representantes del gremio son: Gerardo Ramón Bobadilla Frizzola (quien además ejerce la presidencia del Consejo) y Enrique Javier Berni Brítez. Anteriormente, en periodos previos, ocuparon dicho escaño profesionales como Óscar Paciello y Jorge Bogarín Alfonso.
El Consejo de la Magistratura (CM) es un órgano constitucional cuya función principal es garantizar la independencia del Poder Judicial mediante la selección de candidatos para la magistratura; entre sus atribuciones clave se encuentran la elaboración de las ternas de postulantes para la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de apelación, los juzgados y los agentes fiscales del Ministerio Público, así asumiendo la responsabilidad de evaluar la idoneidad, méritos y honorabilidad de los aspirantes a través de concursos públicos de oposición.