El Pleno de la Corte Suprema de Justicia dispuso que funcionarios de la Asesoría Jurídica y la Dirección de Auditoría se trasladen hasta el Ministerio Público para poder interiorizarse sobre la investigación acerca de la desaparición de 900 cheques de Contaduría de los tribunales. La determinación se adoptó tras escuchar el informe del licenciado Miguel Basualdo, director general de Auditoría Interna.
Una vez que se tengan los datos de cómo está la presente investigación en sede del Ministerio Público, dicho informe deberá ser elevado a cada ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Días atrás los integrantes de la máxima instancia judicial resolvieron remitir el informe de auditoría realizada por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia a la Contaduría General de los Tribunales, al Ministerio Público, para que esta institución inicie una investigación en el caso de una denuncia de desaparición de 900 cheques judiciales.
A raíz del resultado de la auditoría varios funcionarios fueron separados del cargo. Los que ya no están en la referida dependencia son la entonces directora de Contaduría General de los Tribunales, Marta Sosa Heisele y los funcionarios Gustavo Daniel Peña, Nilda Vega y Sandra Carolina Fleitas Vera.
La fiscal del presente caso es Alma Zayas, quien de acuerdo a informes preliminares ya recibió un informe en el que podría existir más de G. 7.000 millones en cobros de cheques adulterados.
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Fiscalía imputa a empresario y decenas de personas por fraude de G. 1.200 millones al IPS
Una empresa habría perpetrado una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas en un breve lapso y así acceder a la compensación por cesación laboral. El perjuicio económico supera los G. 1.200 millones, de acuerdo con la fiscal Teresa Sosa.
Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. “El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones”, explicó la representante del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.
El dueño de la empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron imputadas tras las diligencias fiscales.
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La fiscal Sosa precisó que, desde el inicio de las indagatorias, algunos de los citados a declarar colaboraron con la causa, proporcionando datos clave para esclarecer el modus operandi de la organización. Incluso, varios de ellos procedieron a devolver el dinero indebidamente percibido, lo que permitió reducir el alcance del perjuicio.
De las 84 personas inicialmente investigadas, 67 fueron procesadas judicialmente y el resto quedó fuera de imputación por haber aportado información y reparado el daño ocasionado. La investigación sigue abierta para determinar si existieron otros responsables o ramificaciones de este esquema fraudulento.
Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en época de crisis sanitaria, en la que se registraron múltiples intentos de fraude vinculados a los beneficios estatales. El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido y garantizar que el dinero público sea recuperado.
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Investigan supuesta explotación laboral y sexual en albergue Tesai Róga de CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes encabezó esta noche el allanamiento de albergue destinado a personas de pueblos originarios denominado “Tesai Róga”, de Ciudad del Este. Es en el marco de la investigación de la supuesta comisión de explotación laboral y sexual en la que estaría involucrado el citado hogar.
La denuncia fue realizada por la Consejería Municipal por los Derechos de la Niñez (Codeni), de la capital altoparanaense. La fiscal informó que en esta primera incursión no halló nada y las mujeres que se encontraban en el albergue pudieron dar crédito de su estancia en el lugar con sus hijos.
Las familias nativas utilizan el sitio como un hospedaje, mientras tienen niños internados en el Hospital Regional o teniendo que seguir algún tratamiento y, generalmente, acuden con sus otros hijos. El hogar es de permanente ir y venir de personas que viven en distritos del interior del departamento.
La fiscal Coronel informó que investigará sobre el funcionamiento del albergue, qué institución y personas son los responsables y todos los documentos necesarios que acrediten la existencia del sitio, así como su manejo. Indicó que la denuncia ya fue realizada hace unos meses y desde ese entonces se venía haciendo un seguimiento.
Explicó además que la situación de tránsito permanente de las personas en el albergue dificulta el hallazgo de indicios en el momento exacto, por lo que se requiere de un trabajo más largo para descubrir evidencias ciertas, si es que hay hechos punibles. Acompañaron el procedimiento funcionarios de la Defensoría de la Niñez, del Ministerio de la Niñez y de la Codeni.
El albergue “Tesai Róga” está ubicado en el barrio San Ana, a metros del hospital y funciona como tal desde hace 20 años. Se mantiene con aportes solidarios de la comunidad.
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Filtración de audios: Fiscalía abre causa penal contra los senadores Norma Aquino y Javier Vera
La Fiscalía General del Estado comunicó que dispuso la apertura de una causa penal contra los senadores Norma Aquino más conocida como Yamy Nal y Javier Vera alias Chaqueñito, tras la aparición de audios atribuidos a ambos legisladores que, según los informes oficiales, podrían contener hechos de relevancia penal. El fiscal que tiene a su cargo investigar es Luis Piñánez.
La decisión se fundamenta en el memorando D.G.F. N.º 914, emitido el 15 de septiembre, y en el informe 2071/2025 de la Dirección de Análisis de Información Estratégica, donde se detallan los antecedentes que motivan la investigación. El documento señala la existencia de una notitia criminis que habilita al Ministerio Público a actuar de oficio.
De acuerdo con el dictamen, los audios en cuestión ameritan la verificación de posibles conductas tipificadas en el Código Penal, por lo que corresponde la persecución de hechos punibles de acción pública.
El Ministerio Público, en su rol constitucional de impulsar la acción penal, anunció que dispondrá de todos los recursos necesarios para reunir evidencias, sustentar una eventual acusación y dirigir el procedimiento judicial.
Asimismo, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, la Fiscalía resolvió la designación de un agente especializado en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción N.º 9 de Asunción, quien estará a cargo de la investigación.
De esta manera, el caso ingresa formalmente a etapa penal, quedando en manos del Ministerio Público el avance en la recolección de pruebas y el esclarecimiento de los hechos.
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“Paraguay no será refugio de criminales”, afirmó Peña tras captura de capo mexicano
"Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado", enfatizó el presidente de la República, Santiago Peña, al celebrar la importante captura de Hernán Bermúdez Requena, que era buscado por la justicia mexicana. Resaltó el trabajo coordinado de las instituciones del Estado en cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.
Igualmente, el jefe de Estado realizó un importante reconocimiento y valoró el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro”. El operativo se llevó a cabo en la madrugada de este sábado en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso.
Se logró la detención del capo mexicano, conocido por los alias “Comandante H” o “El Abuelo”, en un operativo conjunto de inteligencia entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.
El exjefe policial Bermúdez Requena es considerado uno de los más importantes objetivos criminales de México y vinculado directamente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se encontraba viviendo en el país, en medio de importantes lujos.
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Agradecimiento de Sheinbaum
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó igualmente su satisfacción y destacó también el trabajo conjunto con las autoridades paraguayas para el éxito en la captura de esta persona vinculado al crimen organizado.
“Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán “N”, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidades disminuye la violencia en nuestro país", expresó la mandataria mexicana a través de sus cuentas de redes sociales.
Perfil criminal de “El Abuelo”
Bermúdez Requena cuenta con un amplio historial delictivo en México, donde inicialmente se desempeñó como jefe policial en el estado de Tabasco. Su carrera en las fuerzas de seguridad estuvo marcada por acusaciones de corrupción, vínculos con el narcotráfico y utilización de su cargo para favorecer a estructuras criminales.
Tras su salida de la función pública, pasó a integrar y posteriormente liderar la organización criminal conocida como La Barredora, estructura que mantiene conexiones estrechas con el Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las facciones más violentas y expansivas del narcotráfico mexicano.
De acuerdo con informes de inteligencia, Bermúdez Requena habría coordinado operaciones de tráfico internacional de drogas, además de estar vinculado a casos de homicidios, desapariciones forzadas y actividades de corrupción institucional en México. Por estos antecedentes, figuraba en los listados de objetivos prioritarios internacionales para las agencias de seguridad mexicanas.