Este jueves, el juicio oral y público de Gerardo Stadecker, acusado por el feminicidio de Sabryna Breuer, ingresa en su etapa final y el Tribunal de Sentencia dará a conocer la sentencia de primera instancia. Los jueces que juzgan el presente caso son Manuel Aguirre, Lourdes Peña y Rosana Maldonado.
La audiencia oral se reanudará con la réplica y dúplica de las partes para posteriormente escuchar las últimas palabras de los familiares de la víctima y del acusado. Luego, los magistrados de Sentencia ingresarán a deliberar lo que será la sentencia de primera instancia.
El Ministerio Público sostiene que sí se ha probado la responsabilidad del acusado en el grave hecho registrado, por lo que durante los alegatos finales ha solicitado la pena privativa de libertad de 28 años de cárcel. Mientras que la querella adhesiva pidió 30 años de pena privativa de libertad.
En el presente juicio oral y público declaró el médico forense Pablo Lemir, quien fue contundente al declarar que la muerte de Sabryna Breuer fue violenta, tipo homicida, causada por otra persona.
Los antecedentes señalan que Stadecker le habría propinado a Breuer un golpe de puño fuerte y seco en la zona del pecho, a la altura del corazón, lo que le produjo un taponamiento cardíaco, que finalmente le causó la muerte. Luego, la mujer fue encontrada sin vida en su residencia en el barrio Mburucuyá de Asunción.
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Estafa a menonitas: piden a juez fijar fecha para extracción de datos de teléfono de acusado
La abogada Gessy Ruiz Díaz, quien ejerce la querella adhesiva en representación de los ciudadanos menonitas de Río Verde (San Pedro) —víctimas de una millonaria estafa—, solicitó al juez Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, que fije la fecha para la extracción de datos del teléfono celular del acusado William Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados.
El pedido obedece a que el Departamento Antisecuestro y Antiextorsión ya comunicó al juzgado la disponibilidad para realizar dicha diligencia judicial, por lo que el magistrado solo debe determinar el día y la hora.
El escrito de la querella menciona que, al no haber impedimentos para proseguir con la extracción —la cual fue suspendida el 26 de noviembre de 2025 debido a la falta de licencia del software—, y al estar superada dicha situación fáctica, se solicita fijar a la brevedad posible la audiencia de extracción de datos y la toma de juramento de los peritos. Esto en cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenaron el procedimiento en el año 2025.
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Por otra parte, el próximo 21 de agosto a las 08:45 se llevará a cabo la audiencia preliminar para Bogarín y los demás acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. Además del exfuncionario, están procesados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al celular de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de nuevos actores en el caso.
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Feminicidio de María Fernanda: Fiscalía pidió 10, 4 y 3 años de cárcel para acusados
En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
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Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.
El fiscal fundamentó este pedido revelando que Acosta mantuvo conversaciones con el adolescente B. S. orientadas a la obtención de medicamentos utilizados habitualmente para la interrupción de embarazos, lo cual conecta directamente el trasfondo del caso con el posterior desenlace fatal.
Finalmente, para el tercer involucrado, Ricardo Villamayor, el Ministerio Público solicitó una condena de 3 años de pena privativa de libertad. Según lo acreditado por la Fiscalía durante el juicio, Villamayor tuvo un contacto fluido y directo con el entorno familiar del adolescente involucrado.
A pesar de que el acusado manejaba información precisa y de alto valor sobre la desaparición y la situación real de la víctima, optó de manera deliberada por guardar silencio y omitió comunicar dichos datos relevantes a los investigadores y a las autoridades policiales o judiciales, configurándose así el ocultamiento de evidencias que retrasó el esclarecimiento del caso.
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Inicia juicio contra adolescente por el brutal crimen de una niña de 11 años en Caazapá
Este jueves está previsto el inicio del juicio oral y público para el adolescente acusado por el brutal asesinato de una niña de 11 años, un crimen que conmocionó profundamente al departamento de Caazapá. Los agentes fiscales Laury Vázquez y Carlos Ramírez, encargados de llevar adelante la investigación, intervienen en la causa y representarán al Ministerio Público durante el debate judicial.
En el marco de este proceso penal, el imputado —un adolescente cuya identidad se omite en cumplimiento de las normativas legales vigentes— se encuentra procesado por la presunta comisión de los hechos punibles de abuso sexual en niños y feminicidio. Debido a su condición de menor de edad al momento del hecho, el marco penal aplicable difiere del de los adultos, por lo que el acusado se expone a una pena máxima de 8 años de privación de libertad en caso de ser encontrado culpable por los delitos citados.
De acuerdo con el relato fáctico plasmado en la investigación fiscal, el trágico suceso ocurrió el 21 de julio de 2025. Alrededor de las 11:30, el adolescente sindicado se dirigió hasta la vivienda familiar de los abuelos maternos de la víctima. En dicho lugar, el joven compartió el almuerzo tras haber sido invitado de buena fe por los miembros de la familia.
Sin embargo, la reconstrucción de los hechos señala que la situación dio un giro fatal cerca de las 13:00. Supuestamente, el sospechoso siguió a la niña de 11 años tras retirarse de la casa y la interceptó en un matorral ubicado dentro de un inmueble cercano a la propiedad familiar. En ese sitio, el agresor habría vulnerado la integridad de la menor para posteriormente cometer el crimen y acabar con su vida.
El Ministerio Público presentará un sólido caudal probatorio ante el Tribunal de Sentencia, incluyendo pericias técnicas, testimonios y evidencias forenses, con el objetivo de demostrar la autoría del procesado y exigir la pena máxima establecida para la Justicia penal juvenil.
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Juicio a exjueza: pruebas revelaron que acusada dictó fallo sabiendo que faltaba estatutos de empresas en el expediente
El juicio oral y público de la exjueza civil Tania Irún, acusada por prevaricato luego de entregar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en Alto Paraguay, zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín, va ingresando en su etapa final y este martes ya se estarían presentando los alegatos finales.
Con la presentación de la totalidad de las pruebas documentales arrimadas por el Ministerio Público, así como por la querella adhesiva y la defensa de la acusada exjueza Tania Irún, la audiencia oral ingresará en su tramo final.
El Ministerio Público y la querella presentaron todos los elementos probatorios destacando un punto importante que fue una resolución judicial firmada por la hoy acusada Irún, quien sostuvo en dicho fallo que conocía que en el expediente judicial civil no estaban los estatutos de las empresas presuntamente de maletín antes de adjudicar las tierras ubicas en la seguridad fronteriza.
La querella representada por el abogado Francisco De Vargas sostuvo que en el expediente judicial civil consta un Auto Interlocutorio dictado por la misma Tania Irún en el año 2015, mediante el cual resolvió hacer lugar a una excepción de falta de personería planteada por la parte demandada donde la entonces jueza Irún fundamentó su decisión señalando expresamente que en el expediente no obraban los estatutos sociales de las empresas Cusabo, Kyveloria, Elite Kingdom y Firstar”.
Asimismo en el juicio oral se dio lectura a la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados con los votos de los ministros de la Corte Luis María Benítez y Manuel Ramírez Candia, quienes explicaron punto por punto el mal desempeño en sus funciones que la hoy exjueza Tanía Irún cometió y por la que fe destituida del cargo.
Estos elementos producidos en el juicio oral y otros deberán ser estudiados por los jueces de sentencia Rosana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz.
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