Ciudad del Este. Agencia Regional.
Sigue el calvario de la familia de Raquel Miranda Alcaraz por encontrar justicia ante el supuesto hecho de negligencia médica que la dejó en estado vegetativo tras tener por cesárea a su hijo en el Sanatorio Central en enero del 2020. El proceso judicial volvió a foja cero porque fue anulada la sentencia que condenó en primera instancia a las doctoras Rossana Nikonchuk y Griselda Sánchez por mala praxis.
El 7 de diciembre debía realizarse un nuevo juicio oral a las citadas médicas, pero el tribunal unipersonal a cargo de la jueza Lourdes Morínigo dictó una nueva fecha, 13 de febrero del 2023. Es la segunda suspensión del juicio, ya que la primera, que debía hacerse en noviembre, también fue suspendida. Es lo que informó el abogado Delio Giménez, consultado por La Nación/Nación Media. Junto a Albino Ramírez están a cargo de la causa en nombre de la familia Miranda.
El proceso judicial, que ya dura casi tres años, condenó a las dos médicas, pero ambas sentencias fueron anuladas, obligando al reinicio del juicio oral que, hasta ahora, no pudo realizarse en esta nueva instancia de juzgamiento. La intervención quirúrgica fue en enero del 2020 y la demanda se entabló en forma inmediata.
Raquel Miranda Alcaraz es ingeniera agrónoma y tenía 29 años cuando quedó paralizada en una sala de procedimientos quirúrgicos, donde se le practicó una cesárea y tuvo a su hijo, pero no pudo acompañar su crecimiento por quedar inmovilizada. El niño también estuvo en peligro al nacer porque sufrió quemaduras de la estufa utilizada ante la falta de incubadora.
La familia Miranda vive un calvario desde ese momento, teniéndose que ocupar del estado de salud de Raquel, quien sigue bajo tratamientos delicados para intentar recuperar alguna movilidad. Además de eso, debían ocuparse del recién nacido que hoy está a punto de cumplir 3 años y a todo eso se suma la acción judicial que decidió llevar a cabo la familia.
Reinaldo Miranda, padre de Raquel, explicó a La Nación/Nación Media que su familia sigue recibiendo muchas muestras de solidaridad de personas de distintos municipios, de gremios e incluso de instituciones municipales abogando porque se haga justicia. La comunidad El Triunfo del km 34 de Minga Guazú, de donde proviene la familia, es uno de los lugares desde donde se impulsan muchas campañas.
Condenas anuladas
La ginecóloga Rossana Nikonchuk fue condenada por lesión culposa a un año de pena privativa de libertad, pero con suspensión a prueba de la condena y una imposición de 150 millones de guaraníes como pena complementaria. Por su parte, la pediatra Griselda Sánchez fue sentenciada por omisión impropia, a seis meses de prisión y también con suspensión a prueba de la medida, más una pena adicional de 11 millones de guaraníes.
Las médicas apelaron y solicitaron la casación del proceso que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, que anuló la sentencia de primera instancia y ordenó un nuevo juicio. “Las médicas ya no querían que siguiera el proceso, querían finiquitar el expediente con una casación, pero se resolvió un nuevo juzgamiento y estamos de nuevo en la lucha para que vuelvan a ser condenadas”, dijo el abogado Delio Giménez.