Se suspendió audiencia preliminar de exjueza civil Tania Irún
Compartir en redes
Una vez más se suspendió la audiencia preliminar para la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún procesada penalmente por el delito de prevaricato por haber presuntamente entregado de forma irregular 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas extranjeras. La diligencia judicial se pospuso porque la sala penal de la Corte sigue sin resolver la contienda de competencia de los camaristas que a su vez deben estudiar las chicanas presentadas por la defensa de Irún.
El juez Yoan Paul López señaló que hasta el momento no se decidió la competencia de los camaristas que tienen que estudiar los incidentes que se presentaron en el presente caso, por lo que no se puede realizar la audiencia preliminar.
Igualmente el referido magistrado solicitó informe a la sala penal de la Corte para saber si está integrado la citada sala de la máxima instancia judicial.
Es importante señalar que la representante del Ministerio Público Natalia Fuster pidió un año más de plazo para seguir recolectando más elementos de prueba contra la exmagistrada. El requerimiento provisional del Ministerio Público revela que aún falta recibir algunos informes del extranjero y es por ello que se pide más tiempo al juez del presente caso para poder presentar el requerimiento conclusivo definitivo.
Imputación
El acta de imputación señala que la entonces jueza civil Tania Irún, en fecha 23 de noviembre del 2018, en el marco del juicio caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial, sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, resolvió hacer lugar a una demanda de cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública promovida por las firmas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments, otorgándoles 310 mil hectáreas a favor de dichas firmas, cuyos accionistas no se sabe quiénes son.
El senador Dionisio Amarilla sostuvo que su expulsión de la nucleación opositora fue para sacar de la cancha a su equipo político con miras a la renovación de autoridades partidarias. Foto: Gentileza
Según Dionisio Amarilla, está allanado el camino para su retorno al PLRA
Compartir en redes
El senador Dionisio Amarilla se refirió a la desestimación de la denuncia impulsada por el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, contra 3 camaristas electorales que dejaron sin efecto la expulsión tanto de Amarilla, como de los senadores Edgar López, Hermelinda Alvarenga y Noelia Cabrera.
Amarilla indicó que con la decisión se allana el camino para su retorno y el de sus colegas a la nucleación opositora. “Es cuestión de días y mero trámite nuestro retorno al partido”, sostuvo el congresista en una entrevista con los medios de prensa.
Fleitas acusó a los camaristas de haber incurrido en prevaricato cuando ordenaron la reposición de los parlamentarios en carácter de afiliados. “Queda al desnudo que las acusaciones infundadas, incluso de manera temeraria contra estos magistradosera solamente una denuncia para sacarnos de la competencia futura que se dará para la renovación del partido”, refirió.
Asimismo acotó: “Anémicos, por sobre todas las cosas personas sobre quienes existen sospechas fundadas de que han aplicado de manera irregular los fondos públicoscomo el caso de Hugo Fleitas me ha preocupado porque si nosotros llegamos al partido revisaremos con lupa cómo se administraron los fondos. Ellos creen que quitarnos de la nucleación política, podrán seguir sobreviviendo”.
Afirmó además que no solo el temor a que haya un mayor control de los recursos económicos del PLRA motivó al sector oficialista para concretar su expulsión. “Ellos saben que si tomamos la conducción política iremos por el poder. Nosotros hacemos los acuerdos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir lo hacemos con todas nuestras fuerzas”, afirmó.
La defensa de Miguel Prieto y otros imputados pretenden que el proceso penal sea trasladado a Ciudad del Este y es por ello que presentaron varios incidentes. Foto: Archivo
Tras chicana de Prieto y otros imputados, suspenden imposición de medidas
Compartir en redes
Se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para Miguel Prieto, actual intendente de Ciudad del Este, quien enfrenta su segundo proceso penal por el delito de lesión de confianza. La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa de Prieto y otros imputados presentaron varios incidentes que deberán ser analizados por el juez Humberto Otazú.
Prieto planteó una excepción de incompetencia material y territorial, donde cuestiona que el presente caso debe tramitarse en un juzgado de Ciudad del Este y no de Asunción. Primero, el magistrado Otazú deberá estudiar este incidente y luego analizar los demás que se ha presentado en el presente caso.
También la defensa de los demás imputados presentó varios incidentes, entre ellos la nulidad del acta de imputación que deberá ser analizado por el mencionado magistrado.
El segundo proceso penal es por una licitación supuestamente direccionada que fue realizada en el año 2020, donde se realizó una compra por la vía de excepción para la adquisición de insumos con el objetivo de la elaboración de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia Covid 19, con supuestos fines sociales.
El Ministerio Público sospecha que Prieto y los demás imputados ocasionaron un perjuicio de una suma superior a los G. 306 millones, a través del pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
Manifestación
Del mismo modo, un grupo de personas se manifestaron frente al Poder Judicial para exigir celeridad en el proceso penal de Prieto y demás imputados en el presente caso.
El expresidente Mario Abdo Benítez y las otras exautoridades imputadas por el caso de filtración de datos mediante instituciones públicas, solicitaron el cambio de fiscales en la investigación en curso contra el agente del Ministerio Público Aldo Cantero por prevaricato.
En el marco de la causa abierta contra los fiscales Aldo Cantero, Giovanni Grisettiy otros sobre prevaricato y persecución a inocentes, la representación legal de Mario Abdo Benítez, el diputado Mauricio Espínola, René Fernández, Carlos Arregui, extitulares de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y Arnaldo Giuzzio exministro del Interior, solicitaron la reasignación del caso, que actualmente está en manos del fiscal Néstor Coronel.
Esta investigación nació luego de la difusión de supuestas conversaciones de WhatsApp fraguadas entre el fiscal que investigaba a Abdo y el abogado Pedro Ovelar, que desembocó en la apertura de la carpeta fiscal contra el expresidente y sus funcionarios por filtración de datos. Recordemos que Ovelar había afirmado que dichas conversaciones eran falsas y que tal hecho no ocurrió.
De acuerdo a lo que publicó el diario Hoy Digital, el argumento de la solicitud para la reasignación de la causa radica en el interés de garantizar la objetividad de la investigación, ya que según se alega en el escrito presentado, no se hicieron las diligencias sugeridas como parte de la investigación.
Coronel se constituyó en las oficinas de sus colegas Cantero y Grissetti en busca de documentos y materiales relevantes que pudieran aportar al caso. Sin embargo, a partir de allí, no ha habido algún avance.
Decretan prisión del juez de Paz Franco Garelik, imputado por prevaricato
Compartir en redes
La jueza penal de Garantías de Lambaré, Ana Esquivel, decretó la prisión preventiva en la Comisaría 13 de Itá Enramada, del juez de Paz de Nueva Asunción, Jorge Adolfo Franco Garelik, imputado por prevaricato por el caso Steven Automotores. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el juzgado de la mencionada magistrada judicial.
La justicia benefició con medidas alternativas a la prisión a la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez, imputada por asociación criminal. Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público debido a que sostiene que la procesada podría obstaculizar el proceso penal.
El magistrado suspendido en sus funciones Franco Garelik y Gaona Benítez, en carácter de juez y actuaria del Juzgado de Paz de Chacoi, habrían emitido resoluciones, como órdenes de secuestro, violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles Steven Automotores, a través de su dueño Denis Steven Bareiro y sus representantes legales.
Las resoluciones que fueron emitidas inmediatamente después del escrito de la demanda sin cumplir las formalidades que requiere un juicio ordinario en el ámbito civil, esto se corrobora con el acta de allanamiento realizado en fecha en el Juzgado de Paz de Chaco’i, Nueva Asunción, de donde se incautaron 68 expedientes judiciales sin los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil.