Caso Zapag: jueza revisará medidas de imputado y cámara confirmó prisión de otro procesado
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La jueza penal de garantía Cynthia Lovera fijó para este jueves a las 09.00 de la mañana la audiencia de revisión de medidas cautelares para Marcello Fretes imputado por lesión grave por la brutal golpiza que recibió el joven Benjamín Zapag, hecho ocurrido en una discoteca de Asunción.
La defensa de Fretes pidió que se revise la medida luego de que la víctima del hecho declaró ante el Ministerio Público y directamente reconoció a Héctor Grau como el principal agresor. Con base a esta declaración, la abogada Sara Parquet, defensora de Fretes, pidió a la jueza Lovera que se fije lo más rápido posible la audiencia de revisión donde se defina si Fretes abandona o no la cárcel de Tacumbú.
El tribunal de apelación cuarta sala integrado por Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Digno Arnaldo Fleitas ratificó la prisión preventiva del imputado Héctor Grau, procesado por lesión grave. La defensa de Grau había apelado la resolución de la jueza Lovera y ahora el tribunal de alzada decidió confirmar el fallo de primera instancia, por lo que el imputado seguirá preso en Tacumbú.
Nuevo imputado
El fiscal del caso Juan Carlos Ruíz Díaz imputó a José Samir Samaniego Colmán quien habría amenazado a un testigo de la agresión. El representante del Ministerio Público pidió el arresto domiciliario para el imputado. Ahora se deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si Samaniego guardará arresto domiciliario o será privado de su libertad.
Suspenden audiencia preliminar de exintendente de Asunción por presentar reposo médico
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Se suspendió la audiencia preliminar del exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), acusado por lesión de confianza y asociación criminal debido a supuestas irregularidades en la compra de detergentes y otros insumos durante la pandemia. El procesado logró aplazar la diligencia, prevista para hoy, tras presentar un reposo médico.
A través de su abogado, Rodríguez solicitó la suspensión de la audiencia e informó que se encuentra bajo prescripción médica. Ante esta situación, el Juzgado de Garantías postergó el acto en el que debía resolverse si el exintendente afrontará o no un juicio oral y público. El juez Rodrigo Estigarribia deberá fijar una nueva fecha para la diligencia, en la que se analizará si corresponde admitir la acusación presentada por el Ministerio Público en septiembre de 2025.
Según la acusación fiscal, durante la gestión de Rodríguez se habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.808.956.000 mediante la adquisición irregular de diversos insumos que, en muchos casos, ni siquiera ingresaron a la Municipalidad de Asunción. La Fiscalía sostiene que entre los años 2020 y 2021, en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19, se realizaron procesos de contratación que favorecieron sistemáticamente a un grupo de empresas, vulnerando los principios de igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad.
El Ministerio Público también afirma que los procesados habrían utilizado figuras legales —como nombramientos, contratos y emisión de cheques— para montar una estructura destinada a defraudar a la comuna capitalina en perjuicio de la ciudadanía. Además, la acusación señala que varias licitaciones fueron direccionadas a determinadas firmas, contraviniendo las disposiciones de la ley de contrataciones públicas.
Directivos de APA imputados por desvío millonario lograron suspender imposición de medidas
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Se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para los directivos de Autores Paraguayos Asociados (APA), imputados por lesión de confianza. La diligencia judicial se pospuso debido a que las tres defensas plantearon recursos de reposición y apelación en subsidio contra la providencia del 25 de septiembre de 2026, que admitió la imputación y fijó la convocatoria judicial.
Ahora el juzgado deberá resolver el planteamiento formulado por las defensas de los imputados y si el juzgado se ratifica en su decisión inicial el expediente judicial deberá ser elevado a la Cámara de Apelación para su estudio.
Los imputados son David Herminio Portillo Biancotti, presidente; Humberto Victorio Rodas Orué, director general; Juan José María Vidal Bonin, director administrativo y financiero; y Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
Gran cantidad de personas que conforman APA, provenientes de distintas ciudades del interior del país, se hicieron presentes en el Juzgado Penal de Garantía a cargo de Cynthia Lovera para acompañar la jornada judicial, en medio de la expectativa por el avance de la causa que involucra a integrantes de la entidad que recauda, administra y liquida regalías por el uso comercial de obras musicales, literarias y artísticas de sus socios.
La causa investiga un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones, relacionado con la presunta adquisición irregular de canastas navideñas en el marco del programa Jopói 2025, destinado a los asociados de APA.
La empresaria Dalia López cumple arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica mientas aguarda la realización de la audiencia preliminar. FOTO: GENTILEZA
Fijan para el 6 de noviembre la audiencia preliminar para Dalia López
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El próximo 6 de noviembre a las 08:30 se llevará a cabo la audiencia preliminar de la empresaria Dalia Angélica López. En esta diligencia, el juez penal de Garantías, Francisco Acevedo, definirá si la acusada enfrentará un juicio oral y público por la presunta provisión de cédulas paraguayas y pasaportes de contenido falso al exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho), a su hermano Roberto y al prófugo Wilmondes Sousa Lira.
Los fiscales Christian Ortiz, Juan Ramón Sandoval, José Martín Morínigo y Alejandro Cardozo solicitaron al Juzgado de Garantías que la empresaria sea juzgada por la presunta comisión de los delitos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
De acuerdo con la acusación fiscal, entre finales de 2019 y principios de 2020, López Troche —quien permaneció prófuga durante casi seis años— habría encomendado a sus secretarios de confianza, Gerardo Sebastián Medina Gómez e Iván Vidal Francisco Ocampos Miño, tramitar ante la Dirección Nacional de Migraciones la radicación permanente de Ronaldinho, su hermano y Sousa Lira para obtener los documentos de identidad paraguayos.
La Fiscalía sostiene que la empresaria sabía que los tres eran de nacionalidad brasileña, que no tenían intenciones de radicarse en Paraguay y que no cumplían con los requisitos legales exigidos. Para obtener los papeles, presuntamente abonó USD 19.000. Los secretarios habrían recurrido a Bernardo Guzmán Arellano y Cirilo Gustavo Amarilla, señalados como responsables de la producción de los documentos falsos con la colaboración de Wilson Arellano, Vicente Javier Martínez Moreno y Stella Marys Lugo.
El exintendente destituido Miguel Prieto sufrió otro revés en la causa que es investigado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Foto: Matías Amarilla/LN
Habrá audiencia disciplinaria a Prieto por chicanas
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El planteamiento se dio en contra de la resolución que dispuso su convocatoria para una audiencia disciplinaria por las chicanas en el marco de la causa conocida como Tajy, en la cual es investigado por el presunto perjuicio de más de G. 306 millones durante su administración municipal.
Con la resolución de la Sala Penal, integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón quedó firme el trámite para la realización de una audiencia disciplinaria fijada en una instancia previa.
Los magistrados apuntaron que la convocatoria “no genera agravio irreparable al imputado”, esto teniendo en cuenta que “su conducta procesal podrá debatirse ampliamente durante la audiencia disciplinaria”. Esta audiencia se da porque Prieto se representa a sí mismo en este proceso.
El ministro Alberto Martínez Simón actuó como preopinante, y expuso las argumentaciones del por qué no corresponde la apelación, señalando que “aunque la resolución fue dictada por un Tribunal de Apelaciones y puede ser revisada por la máxima instancia judicial, en este caso no corresponde la apelación porque el supuesto perjuicio alegado por Prieto no tiene carácter irreparable”.
Este criterio fue acompañado por los ministros Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón, por lo que la decisión fue adoptada de manera unánime. Miguel Prieto está acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal