Los principales abogados del juicio por la muerte de Diego Maradona estuvieron este martes al borde de la agresión física, en un episodio que obligó a los jueces a suspender la audiencia y amenazar con apartarlos del proceso que tiene lugar en Argentina.

El incidente se desencadenó durante la declaración de un testigo en el proceso que ha llevado al banquillo al equipo médico que atendió a Maradona en la internación domiciliaria antes de su muerte en 2020.

La audiencia tuvo que ser momentáneamente suspendida y los contrincantes se trasladaron fuera de la sala para continuar la contienda. Enfrentados con los rostros a centímetros de distancia en medio de una ronda de abogados, policías y periodistas, los legistas se gritaron insultos.

“Acá estoy, ¿qué vas a hacer?”, le espetó Fernando Burlando, representante de dos de las hijas de Maradona, a Francisco Oneto, defensor del principal acusado. “Payaso de mierda”, le respondió furioso su contraparte. “Sos un gil (tonto)”, replicó Burlando.

Uno de los fiscales y un policía intervinieron y lograron alejar a Oneto unos diez metros sin que la agresión física se concretara.

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El enfrentamiento comenzó dentro de la sala de audiencias, cuando Burlando se mofó de Oneto en medio de una discusión entre ambos legistas.

“Te gritan en todos lados, hasta en tu casa”, dijo Burlando. “¿Qué sabés lo que pasa en mi casa, irrespetuoso? Decímelo afuera”, respondió Oneto, mientras se levantaba velozmente y caminaba hacia el escritorio de su colega.

Esta rivalidad es una constante del proceso que comenzó en abril y se extenderá por lo menos hasta fines de agosto.

Maradona murió a los 60 años en una vivienda en Tigre, al norte de Buenos Aires, el 25 de noviembre de 2020, de un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio cuando se recuperaba de una neurocirugía.

En el juicio que se desarrolla en San Isidro, cerca de Tigre, se examina si el exfutbolista recibió atención adecuada por parte de los siete integrantes de su equipo médico, que enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que sabían que sus acciones u omisiones podía generar la muerte del exfutbolista.

Todos se declaran inocentes.

• Fuente: AFP

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La Cámara de Senadores inicia este jueves la ronda de audiencias públicas para evaluar las propuestas y perfiles de los candidatos a contralor y subcontralor general de la República. El proceso se encuentra a cargo de los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por el colorado Javier Zacarías, quien aseguró que la confección de las ternas se ejecutará de acuerdo a la idoneidad y la trayectoria de cada uno de los postulantes.

Zacarías también desmintió las versiones promovidas desde la oposición que apuntan a desmeritar el proceso de selección catalogándolo como un “trato meramente protocolar”, al sostener que el oficialismo colorado supuestamente ya definió la continuidad de los actuales titulares Camilo Benítez y Augusto Paiva.

“No existe tal cosa, yo desmiento categóricamente eso. No hemos tratado absolutamente nada en la bancada de Honor Colorado. La idea es escuchar a todos, hacer una tanda de 10 postulantes por día, tanto los días lunes y jueves a partir de las 10:00 para que la ciudadanía, los medios de prensa y los senadores puedan debatir”, sostuvo en un entrevista con los medios de comunicación, antes de dar inicio a la sesión de apertura.

Zacarías agregó: “Haremos un estudio bien claro de todo lo que es el currículum de cada uno, su historial teniendo en cuenta que varios fueron funcionarios públicos. Estamos realizando averiguaciones para ver si llegaron a tener sumarios o cuestiones administrativas de por medio, porque eso los descalificaría automáticamente. Vamos a hacer una elección responsable, el que define es el plenario”.

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Con relación al requerimiento de los opositores de que el cargo de contralor sea ejercido por un representante de la oposición, teniendo en cuenta que el gobierno central es liderado por colorados, Zacarías afirmó: “No estoy de acuerdo con ese criterio, la Contraloría debe estar en manos de los mejores, de aquellas personas que califiquen técnicamente y tengan la ética y moral para ocupar el cargo“.

El senador recordó que varios representantes de la oposición que lograron acceder al cargo fueron denunciados y condenados. “El hecho de que sea de la oposición no te garantiza independencia, transparencia y justicia. Yo no tengo ninguna objeción sobre el trabajo del actual contralor, creo que ha hecho muchas denuncias claras, públicas y concretas ante el Ministerio Público, sacó al tapete casos emblemáticos mediante estudios exhaustivos”, sentenció.

Zacarías detalló que las audiencias públicas serán realizadas hasta la primera semana de agosto para luego remitir inmediatamente las ternas tanto para la Contraloría y la Subcontraloría a la Cámara de Diputados, quienes serán los encargados de la elección.

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Los días 22, 24 y 31 de julio se desarrollará el juicio oral y público para la exjueza civil y comercial Tania Irún, acusada por el delito de prevaricato tras, presuntamente, violar la seguridad fronteriza nacional al firmar un fallo judicial que otorgó de forma irregular 310.000 hectáreas de tierras protegidas a empresas de maletín en el departamento de Alto Paraguay.

Luego de conformarse el tribunal de sentencia, cuyos integrantes son los jueces Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz, se fijó la fecha para el desarrollo de la audiencia oral. El presente caso se realizará tras confirmarse en la Cámara de Apelación la resolución judicial que elevó este proceso penal a un juicio oral y público.

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En su momento, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y solicitó el juicio oral y público para la procesada. Machuca fue contundente al señalar que la entonces magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial —e intimó a la parte demandada— a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en Alto Paraguay.

La acusación del Ministerio Público refiere textualmente: “Como bien podrá advertirse, la entonces magistrada Irún, al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley Especial N° 2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan solo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes; sin embargo, en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”.

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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tomó medidas ante denuncias realizadas sobre casos de diversas formas de violencia, presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución. Las denuncias fueron hechas por funcionarias del Indert, y la jueza de Paz del distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispuso medidas de protección urgentes en favor de 8 funcionarias.

Ante esta resolución judicial, el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, resolvió el traslado cuatro de los denunciados a distintas dependencias del ente en el interior del país. El hecho ocurrió en la administración anterior, aclara la institución.

La magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.

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Por Resolución n.° 1452, el titular del Indert dispuso el traslado del funcionario Bernardo Diosnel Sosa, para prestar servicios en la agencia regional de Arroyito, Concepción. Por la Resolución n.° 1453, se resolvió el traslado del funcionario Rubén Estanislao Galeano, a prestar servicios en la Dirección Departamental de Paraguarí.

Por Resolución n.° 1450, fue trasladado el funcionario Fredy Bernardo González a la Dirección Departamental de Guairá. Así también, por Resolución n.° 1453, se dispuso el traslado del funcionario Arnaldo Andrés Britos, a la Dirección Descentralizada de San Pedro, con asiento en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.

Ante esta decisión, la Coordinadora Nacional de Beneficiarios de la Reforma Agraria (Conabertt) emitió un comunicado público, en el cual respalda al presidente y a la institución. Así también, expresa el repudio ante estos hechos sufridos por las funcionarias.

“Repudiamos los hechos de coacción y amenazas ejercidos por altos jerarcas de administraciones anteriores, sobre quienes la jueza María Bethania Mendieta dictó prohibición de acercamiento a las víctimas por Ley n.° 5777/2016, señala el pronunciamiento de la organización campesina. Conabertt valora y respalda la decisión del presidente del INDERT, Econ. Francisco Ruiz Díaz, de disponer el traslado inmediato de los 4 funcionarios denunciados a agencias regionales del interior, dando cumplimiento íntegro al mandato judicial”, señala el comunicado.

Igualmente, la organización insta al Ministerio Público a avanzar en la investigación por coacción, teniendo en cuenta que las medidas administrativas no sustituyen a la justicia penal.

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