Los fiscales Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia solicitaron la pena de 12 años de cárcel para el extitular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) Enzo Cardozo, quien está siendo juzgado por el delito de lesión de confianza. Asimismo se pidió 8 años de pena privativa de libertad para el también exministro Rody Godoy, enjuiciado por el mismo delito que Cardozo. También se requirió la pena de 13 años de cárcel para Maristela Azuaga, exdirectora de Administración y Finanza de la cartera de Agricultura.
El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar a los acusados está integrado por Elsa García, Héctor Escobar y Gloria Hermosa. Los mismos deberán estudiar si corresponde condenar o absolver a los tres acusados en el presente caso.
Para este miércoles la audiencia oral prosigue con la exposición de los alegatos finales de cada una de la defensa de los acusados. Posteriormente se ingresará en la etapa de réplica y dúplica, y luego el tribunal colegiado ingresará a deliberar lo que será la sentencia de primera instancia.
Acusación
El exministro de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo fue acusado por el presunto desvío de G. 59.552 millones durante su gestión como ministro de Agricultura, mientras que Rody Godoy fue procesado por el presunto desvío de G. 8.447 millones. En total, los montos entre los dos exsecretarios de Estado suman más de G. 67.000 millones.
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Caso Tajy: confirman segundo juicio oral para Miguel Prieto por corrupción
El exintendente de Ciudad del Este y dirigente opositor aspirante a la presidencia de la República, Miguel Prieto, se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados. Esto se da en el marco de un segundo proceso penal por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el caso judicial conocido como “Tajy”, cuyo perjuicio se estima en G. 306 millones.
Así lo resolvió el Tribunal de Apelación al confirmar la resolución del juez Humberto Otazú. Los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni ratificaron la determinación adoptada por el magistrado, quien, luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en agosto de este año, elevó el proceso penal a juicio oral. Ahora se deberá sortear a los jueces de Sentencia que tendrán a su cargo juzgar a Prieto y a los demás acusados.
El Ministerio Público refiere que el 11 de junio de 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306 millones a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que nunca fueron entregadas, lo que constituye un hecho de corrupción y un perjuicio a las arcas del municipio.
“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna”, señala la acusación de la Fiscalía.
El proceso judicial que enfrenta el dirigente opositor se originó durante la pandemia del covid-19. La imputación fue impulsada por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez. “Prieto tenía la calidad de ordenador de gastos y, entre los meses de marzo y junio de 2020, convocó, promovió y pagó una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la producción de panificados destinados a familias de escasos recursos”, afirmó el fiscal.
Otros acusados
En esta causa también se encuentran acusados:
- • Sebastián Martínez Insfrán
- • Robert Osmar Florentín Silvero
- • Alex Yamal Samhat González
- • Francisco Raimundo Arrúa Álvarez
- • Emili Vanessa Florentín Páez
- • Higinio Ramón Acuña
- • Nelson Alexis Segovia Acevedo
- • Maggi Elizabeth Fariña Almada
- • Buena Ventura Morínigo
- • Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez
Juicio en el caso “Tía Chela”
De igual manera, Miguel Prieto y otros procesados ya están siendo juzgados por lesión de confianza y asociación criminal en el caso “Tía Chela”, por ocasionar un presunto perjuicio de G. 2.130 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este. Actualmente, ese juicio se encuentra en la etapa de producción de pruebas documentales, donde el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad de cada uno de los acusados en el esquema irregular.
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CSJ y Fiscalía General exponen sus necesidades presupuestarias para 2027
La Comisión Bicameral de Presupuesto, encargada de estudiar el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027, recibió ayer lunes, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quienes expusieron las principales prioridades y necesidades presupuestarias de ambas instituciones.
En primer término, Martínez Simón presentó la propuesta presupuestaria de la institución, que establece como meta incrementar en un 5 % la resolución de causas ingresadas a nivel nacional, con el propósito de contribuir a reducir la congestión judicial.
Asimismo, destacó la integración del Registro Unificado Nacional (RUN), en el marco de la Ley N.º 7424/2025, y la necesidad de dar continuidad a la implementación tecnológica y financiera de este sistema, orientado a fortalecer la gestión registral y avanzar en el proceso de transformación digital.
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La propuesta presupuestaria de la CSJ asciende a G. 2.444.386.000.000, equivalentes a aproximadamente USD 428,4 millones. Los recursos se destinarán a servicios personales y no personales, bienes de consumo e insumos, inversión física, servicio de la deuda, transferencias, gastos judiciales y otros conceptos.
En comparación con el presupuesto vigente, la propuesta representa un incremento del 19 %, equivalente a G. 397.642 millones
Ministerio Público
Por su parte, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó la propuesta presupuestaria del Ministerio Público, estructurada en torno a ejes estratégicos vinculados con la eficacia y eficiencia de la gestión institucional, así como con el control de calidad de la gestión fiscal.
Entre los objetivos expuestos, mencionó el fortalecimiento del sistema de gestión fiscal, la promoción de una atención inclusiva y de calidad, y la mitigación de riesgos que puedan afectar el desempeño de la institución.
También señaló la necesidad de ampliar la cobertura de las unidades fiscales penales en los distintos departamentos del país. Según lo expuesto, la cantidad actual de fiscales permitiría cubrir únicamente las necesidades de las agencias de Asunción, Central, Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa.
La propuesta del Ministerio Público asciende a G. 1.286.764.270.960 y contempla el financiamiento con recursos del Tesoro y recursos propios. Entre los principales requerimientos figuran la creación de nuevos cargos para el área misional, el apoyo técnico a la gestión fiscal y las áreas de administración financiera y apoyo.
En cuanto a la inversión física, se prevén la adquisición de vehículos, la modernización del laboratorio forense, la ejecución de obras institucionales, la compra de equipos informáticos, la renovación de chalecos antibalas y la adquisición de software especializado, muebles y útiles de oficina.
La Comisión Bicameral de Presupuesto es presidida por la diputada Cristina Villalba e integrada por senadores y diputados. Las reuniones se desarrollan en modalidad presencial y virtual, desde la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.
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Ñemby: Fiscalía allanó vivienda y rescató a un perro víctima de crueldad
Tras una serie de denuncias, el Ministerio Público allanó una vivienda en la ciudad de Ñemby y rescató a un perro en terribles condiciones de salud, que pasaba todo el día atado y presentaba graves heridas en todo el cuerpo. Las autoridades abrieron una causa penal contra la propietaria por presunta crueldad animal.
El procedimiento estuvo encabezado por la agente fiscal Lourdes Bobadilla, quien junto con una comitiva policial y la Dirección de Defensa Animal llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Villa Anita de Ñemby. La intervención se realizó tras una serie de denuncias por las pésimas condiciones en la que se encontraba el perro.
Los técnicos de la dirección de defensa y protección animal se encargaron de inspeccionar al can que presentaba lesiones severas en la piel y los ojos, además, aparentemente estaba bajo de peso. Al llegar al sitio se encontraba atado a la intemperie pese a que la jornada fue bastante lluviosa.
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“El animal, un perro mestizo de pelaje marrón, presentaba lesiones en los ojos y en la piel, según la denuncia presentada. Mediante la información proporcionada por los denunciantes se pudo individualizar el inmueble donde se encontraba la mascota”, detallaron en el informe de la Fiscalía.
En el sitio lograron identificar a una persona como la presunta propietaria del animal y la misma será convocada para prestar declaración en el marco de la investigación que quedó abierta por un supuesto hecho de maltrato animal, previsto en la Ley de Protección y Bienestar Animal.
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La violencia no da tregua: registran 20 feminicidios y 36 huérfanos en lo que va del año
El Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público reveló un alarmante balance sobre la violencia de género en el país, registrando 20 víctimas de feminicidio en lo que va del año. Estas muertes violentas han derivado en la apertura de 19 causas penales, debido a que uno de los expedientes investiga el trágico asesinato de dos mujeres de forma simultánea.
La radiografía de la violencia expone una problemática sistémica que trasciende el asesinato, sumando 28 víctimas de tentativa de feminicidio. Asimismo, la Fiscalía reportó una muerte violenta caratulada provisionalmente como homicidio, seis casos de agresiones graves cometidas por exparejas y cuatro causas por tentativa de homicidio que afectaron a víctimas colaterales, entre ellas, un niño.
El perfil de las víctimas y agresores en relación con las edades se tiene que el rango etario de las víctimas fatales es desgarrador, abarcando desde los 12 hasta los 80 años, incluyendo a una menor que ni siquiera alcanzaba los 12 años de edad. Por su parte, los agresores tienen edades comprendidas entre los 18 y los 80 años.
En cuanto a la nacionalidad y la comunidad indica que 18 de las mujeres asesinadas eran de nacionalidad paraguaya, una de origen brasileño y dos pertenecían a comunidades indígenas. A su vez, la violencia destruyó familias enteras: 14 de las víctimas eran madres, dejando un saldo de 36 hijos huérfanos, de los cuales 26 son menores de edad (considerados víctimas indirectas).
Geografía y temporalidad del horror
El departamento Central se consolida como el epicentro del peligro para las mujeres, concentrando 12 de las 20 víctimas. El resto de los casos se distribuye en Concepción (3), Canindeyú (2), Asunción (1), Alto Paraná (1) y Caazapá (1).
Temporalmente, los meses más críticos fueron enero, con 6 reportes, y marzo, con 4. El resto de los crímenes se distribuyó entre julio (3), mayo (2), agosto (2), abril (1), septiembre (1) y octubre (1). En cuanto a los días de la semana, la violencia no dio tregua: los lunes y viernes registraron la mayor incidencia con 4 casos cada uno, mientras que los domingos, martes, jueves y sábados sumaron 3 casos por día.
El entorno y el arma
Los datos echan por tierra la idea de que el peligro está únicamente en la calle. El 75 % de los feminicidios (15 casos) ocurrió dentro de una vivienda, mientras que 5 se perpetraron en la vía pública.
Respecto a los métodos utilizados, los atacantes recurrieron principalmente al uso de armas blancas en 11 de los casos. Las armas de fuego cobraron la vida de 6 mujeres, mientras que las causantes de las muertes restantes fueron la asfixia (1 caso) y traumatismos por golpes severos (2 casos).
Vínculo con el atacante y situación procesal
El círculo más cercano sigue siendo el más peligroso. Las parejas actuales (8) y las exparejas (8) representan el 80 % de los agresores. El resto de los crímenes fue cometido por conocidos (2), un padrastro (1) y un propio hijo (1).
En el ámbito judicial, 15 presuntos responsables ya se encuentran formalmente imputados por el Ministerio Público. La impunidad por vía del suicidio se dio en 5 de los autores, quienes se quitaron la vida tras cometer el crimen. Por último, un sospechoso que contaba con orden de captura internacional fue detenido en Brasil, país donde será sometido a la Justicia.
El informe del Ministerio Público recuerda que la violencia de género no se limita al asesinato; engloba todo acto o acción sistemática que cause daño psicológico, físico o sexual, así como las amenazas, la coacción y la privación de la libertad, tanto en el ámbito público como en la intimidad del hogar.
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