La jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz debe resolver las chicanas como la prescripción y excepción de falta de acción presentadas por varios imputados por tentativa de estafa y producción mediata de documento público de contenido falso, causa en la que se encuentra imputado Hyun Jin Moon, hijo supuestamente desheredado del exlíder de la Secta Moon; así como Kiantar Betancourt, Gerónimo Amarilla y otros imputados.
Los fiscales Francisco Cabrera y Luis Piñánez solicitaron al Juzgado Penal de Garantías el rechazo de todos los incidentes planteados por cada uno de los imputados. El Ministerio Público dejó bien en claro que corresponde que el proceso penal para los imputados prosiga su curso normal debido a que los planteamientos formulados por los investigados no deben hacerse lugar.
El presente caso es por un presunto intento de quedarse con tierras de la Asociación Espíritu Santo de Paraguay valorizadas en US$ 500 millones a través de la ejecución de un presunto préstamo falso de US$ 15 millones.
El expediente bajó días atrás al Juzgado Penal de Garantías para que pueda seguir su curso normal, es decir, se debe fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se decidirá si los imputados serán trasladados a una cárcel o, en su defecto, serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
En el presente caso existen imputados extranjeros, por lo que los mismos no tienen arraigo en nuestro país, requisito principal para ser beneficiado con medidas alternativas a la prisión, por lo que podría existir peligro de fuga.
Imputado con orden de captura internacional
La jueza Clara Ruiz Díaz, en octubre del 2020, ordenó la captura internacional de Gerónimo Amarilla, quien enfrenta otro proceso penal por coacción grave y extorsión. El fiscal que solicitó la captura internacional de Amarilla fue Joel Cazal.
El presente caso que soporta Amarilla se refiere a que el imputado habría extorsionado a Jacob Thiessen en marzo del 2018, seis meses después de haber sido imputado por tentativa de estafa por intentar engañar justamente a Thiessen, entonces presidente de la Asociación del Espíritu Santo, para suscribir actas confeccionadas por el mismo para que la citada asociación reconozca una deuda inexistente que posteriormente habría generado una cadena de documentaciones que terminaron en demanda civil contra la Asociación del Espíritu Santo.
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Una chicana tras otra: Wiens presentó cinco recursos en menos de 64 horas para frenar el caso Metrobús
La defensa del exministro abdista Arnoldo Wiens presentó cinco escritos distintos en menos de 64 horas, con recursos, nulidades y recusaciones que apuntan a frenar, anular o modificar el rumbo del proceso en la causa del Metrobús. El propio Tribunal de Apelación atribuyó a uno de los planteamientos una finalidad “dilatoria”.
La causa Metrobús atraviesa una intensa sucesión de incidentes procesales desde que la Fiscalía cerró su investigación contra Arnoldo Wiens y solicitó llevarlo a juicio oral.
En menos de 64 horas, la defensa presentó cinco escritos distintos que abrieron nuevos frentes dentro del expediente: una apelación por prescripción, un recurso extraordinario de casación ante la Corte, otra apelación contra el rechazo de una recusación, una recusación contra tres camaristas y, finalmente, un incidente de nulidad absoluta contra la acusación fiscal.
Los propios registros electrónicos reflejan la velocidad de la secuencia. El 21 de agosto, a las 15:57, fue registrada la apelación contra el A.I. N.º 264, que rechazó el planteamiento de prescripción. Apenas ocho minutos después, a las 16:05, ingresó otro escrito: el recurso extraordinario de casación contra el A.I. N.º 113.
Ese mismo día, a las 20:43, fue registrada la apelación contra el A.I. N.º 119, dictado el 21 de agosto. Menos de 18 horas después, el 22 de agosto a las 14:31, se presentó la recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación. Finalmente, el 24 de agosto, a las 07:00, se sumó el incidente de nulidad absoluta contra la acusación fiscal.
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La prescripción, primer frente
Uno de los principales planteamientos de la defensa apunta a extinguir la causa por prescripción y obtener el sobreseimiento definitivo de Wiens, sin llegar a discutir el fondo de la acusación.
El juez Humberto Otazú rechazó ese pedido mediante el A.I. N.º 264, del 14 de agosto. Siete días después, el 21 de agosto, la defensa presentó una apelación contra esa decisión y solicitó la nulidad absoluta de la resolución, además de pedir que el Tribunal declare extinguida la acción penal.
La discusión gira en torno a una citación realizada el 4 de octubre de 2023. Para el juzgado, ese acto interrumpió el plazo de prescripción. Sin embargo, la defensa sostiene que aquella convocatoria hacía referencia al caso Metrobús, pero no comunicaba los hechos concretos que posteriormente fueron incluidos en la imputación contra el exministro.
Entre esos hechos figuran la supuesta orden de demolición de las estaciones 19, 20, 21, 22, 23 y 24, además de actuaciones ocurridas entre abril y mayo de 2020.
La defensa sostiene que una referencia general al proyecto no puede mantener vigente, durante años, cualquier acusación que posteriormente se incorpore dentro de la misma carpeta fiscal.
Si el Tribunal acepta esa postura, la causa podría terminar por el transcurso del tiempo, sin llegar a un juicio oral sobre los hechos atribuidos por la Fiscalía.
También buscan anular la acusación fiscal
Mientras planteaba la prescripción, la defensa abrió otro frente para cuestionar la validez de la acusación fiscal presentada el 11 de agosto. El incidente de nulidad absoluta fue registrado el 24 de agosto, 13 días después de la presentación de la acusación y 11 días después de la providencia que la tuvo por recibida.
El juzgado había fijado el 16 de agosto como fecha para la presentación del requerimiento conclusivo. Sin embargo, la Fiscalía presentó su acusación contra Wiens el 11 de agosto y, en esa misma presentación, solicitó la abreviación del plazo.
Dos días después, el 13 de agosto, Otazú tuvo por recibida la acusación y corrió traslado a la defensa sobre el pedido de abreviación. Para los abogados de Wiens, el orden procesal debió ser distinto: primero debía resolverse la modificación de la fecha y, recién después, podía presentarse válidamente la acusación.
Por esa razón, la defensa considera “extemporánea” la acusación, pese a que fue presentada antes del 16 de agosto. El argumento no apunta a una presentación tardía, sino a que, según sostiene, la Fiscalía actuó antes de contar con una decisión judicial que habilitara el cambio del plazo.
Además, cuestiona que al llegar el 16 de agosto la Fiscalía no haya vuelto a presentar el requerimiento y haya dado por válida la acusación ingresada el día 11.
La pretensión de la defensa es que esa situación alcance a la acusación, a la providencia que la tuvo por recibida y a las actuaciones posteriores que dependan de ellas.
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El sobreseimiento de otros también fue apelado
La ofensiva de la defensa también alcanzó la resolución que dispuso el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona y Marta Benítez.
La defensa de Wiens intentó apelar esa decisión, pero el Tribunal declaró inadmisible el recurso mediante el A.I. N.º 113, del 7 de agosto. Dos semanas después, el 21 de agosto a las 16:05, fue registrado electrónicamente el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, apenas ocho minutos después de la apelación presentada contra el rechazo de la prescripción.
La defensa sostiene que la resolución que desvinculó a Jiménez Gaona y Benítez no se limitó a disponer sus sobreseimientos, sino que incluyó consideraciones sobre la viabilidad del proyecto, la planificación, los pagos y las causas de la paralización, conclusiones que, según argumenta, podrían terminar trasladando la responsabilidad hacia la administración posterior.
En su recurso, la defensa habla de un “giro abrupto” y “selectivo” de la investigación para conducirla hacia Wiens y busca que la Corte vuelva a analizar una discusión que la Cámara ya había cerrado.
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Recusaron al juez y luego a los camaristas
Otro de los frentes abiertos se centra en la integración de los órganos que deben resolver el caso. La defensa recusó al juez Humberto Otazú al sostener que una sucesión de actuaciones había comprometido la apariencia objetiva de imparcialidad del magistrado.
El Tribunal de Apelación rechazó la recusación mediante el A.I. N.º 119, dictado el 21 de agosto. Ese mismo día, a las 20:43, la defensa registró electrónicamente una apelación contra esa decisión.
En la resolución, según el escrito posterior del abogado Sergio Coscia, el Tribunal señaló que la intención de Wiens, bajo su patrocinio, era “al solo efecto dilatorio o lograr el apartamiento del Magistrado”.
La defensa respondió cuestionando esa conclusión y sostuvo que no existía base suficiente para atribuirle una finalidad dilatoria. También afirmó que la expresión afecta profesionalmente al abogado e insistió en que la Cámara no respondió el planteamiento sobre la imparcialidad objetiva.
La secuencia continuó al día siguiente. Después de que Paublino Escobar Garay, Mario Camilo Torres Leguizamón y José Waldir Servín Bernal rechazaran apartar a Otazú, Coscia presentó una recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación.
El escrito fue registrado el 22 de agosto a las 14:31, menos de 18 horas después de la apelación contra el rechazo de la recusación del juez.
La defensa sostiene que, luego de calificar uno de sus planteamientos como destinado a dilatar el proceso, los magistrados ya no ofrecerían la apariencia de neutralidad necesaria para estudiar los próximos recursos de Wiens. También invoca, de manera subsidiaria, una causal vinculada con enemistad, odio o resentimiento.
Cinco escritos en poco más de 63 horas
Cada una de estas herramientas forma parte de los mecanismos previstos dentro del proceso penal y cada planteamiento deberá ser analizado por los órganos competentes. El derecho a la defensa contempla la posibilidad de recurrir resoluciones, plantear nulidades y promover recusaciones cuando existan fundamentos.
Sin embargo, la particularidad de esta etapa del caso Metrobús radica en la acumulación y la concentración temporal de los incidentes.
Entre las 15:57 del 21 de agosto y las 07:00 del 24 de agosto, los registros electrónicos consignan cinco presentaciones distintas: la apelación por prescripción, la casación relacionada con el sobreseimiento de Jiménez Gaona y Benítez, la apelación contra el rechazo de la recusación de Otazú, la recusación contra los tres camaristas y el incidente de nulidad contra la acusación fiscal.
La secuencia también fue objeto de observación por parte del propio Tribunal de Apelación, que dejó constancia, respecto de una de las recusaciones, de que la intención sería “al solo efecto dilatorio o lograr el apartamiento del Magistrado”.
Wiens y su defensa rechazan esa conclusión. Tras esa afirmación, presentaron una nueva apelación y posteriormente recusaron a los magistrados que integraban el Tribunal.
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Mientras tanto, el fondo del caso continúa pendiente. La Fiscalía busca llevar a juicio las decisiones adoptadas durante la gestión de Wiens en el proyecto Metrobús, mientras que la defensa intenta, a través de distintos planteamientos, extinguir la causa por prescripción, anular la acusación fiscal, reabrir decisiones relacionadas con otros imputados y cuestionar a los magistrados que intervienen en el proceso.
Ahora corresponderá a la Justicia resolver si cada uno de estos recursos tiene sustento. Pero, antes de que la causa pueda avanzar hacia el juicio oral, el expediente deberá atravesar esta sucesión de apelaciones, nulidades y recusaciones promovidas por la defensa del exministro.
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Juez ordena arresto domiciliario con tobillera electrónica para Bataglia
El juez Rodrigo Estigarribia decretó este jueves el arresto domiciliario para Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), con el uso de tobillera electrónica, debido a su aparente ingreso irregular al país procedente de Italia, donde se encontraba cuando se produjo su imputación por lesión de confianza y por presunto perjuicio a la previsional por G. 61.000 millones. El exfuncionario compareció junto a sus abogados ante el Juzgado de Delitos Económicos para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Tras su retorno, que no tendría registro oficial de reingreso, el 12 de agosto se puso directamente a disposición del fiscal Julio Ortiz, quien prefirió levantar la orden de detención antes que ponerlo a disposición del juzgado.
Según la imputación, Bataglia, en su rol de presidente del IPS y firmante de las adendas número 3 y 4, habría otorgado, junto con otros funcionarios, condiciones favorables a la empresa Neighpart S.A., permitiendo pagos por aproximadamente G. 61.000 millones y ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial a la previsional.
Junto con Vicente Mario Bataglia Araujo está imputado otro extitular de IPS, Jorge Brítez, además de funcionarios identificados como Vicente Mario Bataglia Araujo, Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Manuel Villar López, Rosa Colman, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado. Todos ellos se encuentran bajo la sospecha de haber participado en conductas tipificadas y sancionadas por el Artículo 192 incisos 1º y 2º del Código Penal paraguayo, en concordancia con las reglas de autoría y participación legalmente establecidas.
El 14 de agosto, representantes del Ministerio Público realizaron un recorrido por el depósito del Departamento de Materiales y por el predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), en el marco de la investigación relacionada con el llamado para la construcción de quirófanos modulares, cuya ejecución se encuentra paralizada ante presuntas irregularidades que son objeto de investigación.
El proyecto contempla la construcción de 11 quirófanos modulares, cuya puesta en funcionamiento representaría un refuerzo para la capacidad quirúrgica y la cobertura sanitaria de la institución.
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El TSJE deberá destrabar la crisis en Ypané tras la elección de dos intendentes paralelos
El conflicto en la Municipalidad de Ypané, lejos de encaminarse hacia una solución, se intensifica cada vez más. Desde este lunes, la comuna del departamento Central cuenta con dos intendentes que fueron proclamados por distintos sectores de la Junta Municipal: un concejal colorado y una concejal liberal, profundizando la disputa por el control de la administración comunal.
La controversia surge tras decisiones adoptadas en sesiones separadas y cuestionamientos sobre la legalidad de los procedimientos, lo que mantiene abierta la crisis institucional y anticipa que el caso deberá ser resuelto por las instancias competentes.
Es decir, ahora queda a cargo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) definir cuál de los dos jefes comunales sería el que corresponde culminar el mandato de este periodo.
Esta nueva coyuntura, se dio en medio de una fuerte trifulca donde una turba liderada por el exintendente liberal Horacio Ortiz, hermano del presidente de la Junta y candidato a intendente por el PLRA, Jacobo Ortiz, arengó para que ningún concejal colorado abandone la sala de sesiones, dejándolos encerrados, o como lo calificó el líder de la bancada colorada concejal Eduardo Domínguez, “secuestrados” dentro de la sala sesiones donde la bancada Liberal continuó con la sesión ordinaria aprobando todas las actas de las sesiones pasadas.
En conversación con La Nación/Nación Media, mencionó que la sesión ordinaria se lleva a cabo cada lunes a las 11:00, y si bien, señaló que inició con normalidad, aprobando la primera acta de la sesión pasada. al pasar a la segundo punto comenzaron las discusiones que rápidamente fueron subiendo de tono.
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Explicó que la bancada liberal quiso ratificar su designación de la concejal liberal Mirtha Oviedo, lo que rechazó la bancada colorada y resolvió retirarse de la sala de sesiones para dejar sin quórum la sesión.
“Estamos con dos intendentes, nosotros elegimos la semana pasada a nuestro colega Inocencio Amado Cáceres. Mientras que ellos volvieron a elegir hoy a una intendente a la concejal liberal Mirtha Oviedo, pese a la nulidad que dispuso el TSJE a la resolución del pasado 3 de julio. No sé cómo quedó la votación, nosotros no votamos, ellos estaban ahí entre seis, pero necesitaban de 7 votos, y no sé cómo hicieron, no entiendo. O sea, que nosotros estábamos dentro secuestrados pero ninguno de nosotros votó”, explicó.
Obligados a dar quórum
Domínguez indicó que no pudieron salir de la sala, porque la puerta de blindex fue bloqueada por una turba de adherentes al clan Ortiz. “Nosotros intentamos levantarnos y salir de la sala, pero nos atropella una turba totalmente descontrolada, como 200 personas, en la puerta de blindex, que no nos permiten salir. Fuimos coaccionados, secuestrados, a la fuerza nos mantuvieron dentro de la sala de sesiones; en nuestra casa, prácticamente fue un atropelló a domicilio”, denunció.
El edil colorado confirmó que ya están trabajando con sus asesores legales para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía, contra personas nominadas y bien identificadas por este atropello que sufrieron. Además, mencionó que en un momento incluso el atropello llegó a los golpes, donde dos concejales colorados Rubén Cabral y Alberto Alonso tuvieron que ser trasladados de urgencias debido a que sufrieron graves contusiones y traumatismo de cráneo.
Denunciarán al exintendente
El concejal Domínguez mencionó que la denuncia formal ante el Ministerio Público, se presentará de forma nominal ya que están bien identificados como agresores el exintendente y candidato a concejal Horacio Ortiez, algunos concejales y algunos funcionarios municipales que fueron partícipes de este atropello.
“Nuevamente será la Justicia Electoral que determinar cuál de las dos designaciones a intendente que culminará este mandato, es válida. A partir del 3 de julio pasado donde salió la resolución de la Justicia Electoral que no fue válida esa sesión, y todo lo que vienen haciendo hasta ahora. Para mí particularmente son inválidas todas las acciones que hicieron. Pero ahora tenemos que esperar la intervención nuevamente de la Justicia Electoral y vamos a recurrir nuevamente a esta instancia”, concluyó.
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La Fiscalía se cansa de las chicanas y pide reactivar la causa de excolaboradores de Abdo
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.
Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.
Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
- Fuente: hoy.com.py