Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.

Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.

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La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.

De acuerdo a la resolución judicial, se admitió íntegramente el Requerimiento de Acusación Fiscal N.º 108/2026, presentado el 12 de agosto de 2026 por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, así como la acusación promovida por Agroganadera Pindó S.A., representada por su abogada querellante, Eva Margarita Colmán Adorno.

En consecuencia, Jorge Mercado Méndez deberá afrontar el juicio por la presunta comisión, en carácter de autor, de los siguientes hechos punibles:

• Invasión de inmueble ajeno, artículo 142 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 6830/2021.
• Asociación criminal, artículo 239 del Código Penal.
• Detentación ilegal de arma de fuego, artículo 260 de la Ley N.º 7411/2024.

La admisión de estas acusaciones significa que los tres hechos punibles serán objeto de debate ante el Tribunal de Sentencia, sin que ello implique todavía una declaración de culpabilidad.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial es el rechazo de la totalidad de los planteamientos formulados por los abogados defensores de Mercado Méndez, quienes pretendían cuestionar distintos aspectos de la acusación e impedir o limitar su elevación a juicio.

El juzgado rechazó la excepción de incompetencia territorial, el cuestionamiento sobre la aplicación temporal de la Ley N.º 6830/2021, la objeción contra la acusación por asociación criminal, el planteamiento relativo a la detentación ilegal de arma de fuego y las observaciones sobre la identificación de los inmuebles afectados.

El magistrado consideró que los argumentos expuestos no constituían impedimentos procesales suficientes para excluir los hechos de la acusación ni para impedir la prosecución de la causa. Asimismo, estableció que las controversias relativas a la conducta atribuida, la valoración de las pruebas y la determinación de la responsabilidad penal deberán ser examinadas durante el juicio oral y público.

Cabe recordar que la investigación inició tras las denuncias presentadas por representantes de Agroganadera Pindó S.A., por la ocupación de sus propiedades rurales. Según informes policiales, en los inmuebles se habrían establecido asentamientos permanentes, con estructuras de vigilancia y mecanismos de control de acceso que presuntamente impedían el ingreso de autoridades y representantes de los propietarios.

La Fiscalía atribuye a Jorge Mercado Méndez funciones de dirección, liderazgo y coordinación dentro del asentamiento Joaju–Primero de Marzo, cuya comisión directiva habría presidido desde abril de 2014. Un relevamiento de la Policía Nacional realizado en septiembre de 2025, registró aproximadamente 450 viviendas en los asentamientos investigados.

Actualmente, el acusado continuará recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada, quedando a disposición del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá; conforme a lo dispuesto por el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas.

Al respecto, la abogada Margarita Colmán señaló que para la Agroganadera Pindó S.A., la decisión judicial constituye un avance significativo después de más de catorce años de actuaciones vinculadas con la ocupación de sus propiedades. Durante este prolongado proceso, la empresa sostuvo sus denuncias y ejerció las acciones judiciales correspondientes para obtener el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.

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El senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, logró suspender nuevamente la audiencia preliminar programada para este jueves tras presentar una recusación en su caso, conocido como “comisarías de oro”. La defensa del legislador apartó al juez de garantías Yoan Paul López del proceso judicial. Los argumentos presentados por la defensa sostienen que el magistrado ya habría emitido una opinión previa respecto a la prescripción de la causa. Dicho criterio consta en la resolución dictada el 6 de mayo de 2025, cuando se decretó inicialmente el sobreseimiento definitivo del parlamentario, razón por la cual consideran que no debe llevarse a cabo la diligencia.

El legislador opositor se encuentra acusado por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, derivado de supuestas irregularidades detectadas en la construcción y reparación de comisarías durante su gestión como ministro del Interior entre los años 2008 y 2010. Con este nuevo recurso dilatorio, el expediente deberá ser remitido a la Cámara de Apelaciones para que estudie la recusación planteada.

Un masivo operativo de evacuación preventiva y asistencia humanitaria se despliega en Ciudad del Este tras la repentina crecida del río Paraná, que superó los 121 metros sobre el nivel del mar. La intervención de la Binacional Itaipú se concentra en el barrio San Rafael, donde la rápida subida de las aguas obligó al traslado urgente de más de 180 familias hacia albergues y zonas seguras para resguardar su integridad. En total, 183 familias de San Rafael han sido asistidas y reubicadas de manera prioritaria debido al alto nivel de vulnerabilidad de la zona.

De forma paralela, las cuadrillas extendieron las labores de auxilio al barrio San Agustín, donde ya se brindó contención logística a unas 30 familias adicionadas al plan de contingencia, sumando una respuesta integral frente al avance de las inundaciones en ambas comunidades. El pronunciado incremento en el cauce hídrico fue provocado por las intensas precipitaciones registradas en la cuenca incremental, el embalse de la represa y la cuenca del río Iguazú. Para responder a la emergencia, equipos de la Asesoría de Responsabilidad Social de Itaipú operan en territorio con el soporte logístico de las Fuerzas Armadas, voluntarios y los propios pobladores, facilitando la mudanza de bienes y la asistencia directa.

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) completó con éxito las labores de asistencia humanitaria dirigidas a las familias damnificadas por eventos climáticos adversos en la capital. Las intervenciones más recientes se enfocaron en la zona de Cateura, en el barrio San Miguel de Asunción, donde un total de 62 familias recibieron insumos clave para la reconstrucción de sus viviendas. La etapa desarrollada en el sector capitalino consistió en la distribución estratégica de chapas de zinc, puntales y terciadas. Esta ayuda técnica e insumos básicos permitieron asegurar el resguardo habitacional de los pobladores afectados y respaldar el proceso de recuperación en la zona.

De forma complementaria en la ciudad de Asunción, las cuadrillas de la SEN culminaron los trabajos de auxilio a otras 78 familias pertenecientes a los barrios Chiquito y Silvio Pettirossi. En estos sectores, la entrega incluyó chapas de zinc, puntales, terciadas y colchones, respondiendo de manera integral a las necesidades urgentes detectadas en las evaluaciones de daños.

El único radar meteorológico existente en el país, que actualmente no se encuentra en funcionamiento, estaría operativo nuevamente antes de fin de año. En cambio, la adquisición de un segundo aparato sería posible recién para el año 2028, según disponibilidad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). La compra de radares facilitaría saber las zonas puntuales de afectación climática y se necesita como mínimo cinco, según expresiones del director de Meteorología, Eduardo Mingo.

José Galeano, subdirector de Administración de la Dinac, mencionó este jueves en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM que, por trabas burocráticas, el segundo radar meteorológico sería posible recién el próximo año, mientras se repara el existente. El funcionario dijo que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil está abocada a dos proyectos en este año. “Uno que se refiere al mantenimiento y reparación del radar meteorológico, que está a cargo de la Dirección de Meteorología”, precisó.

El intendente electo de Encarnación, Sebastián Remesowski, presentó el 14 de octubre una nota formal ante la Municipalidad en la que comunica que desiste de participar del proceso de transición establecido por la Resolución n.º 9140/2026. El jefe comunal electo sostiene que las condiciones impuestas por la administración saliente impiden conocer el estado real de la Municipalidad.

El punto central del conflicto es que la comuna saliente no habilitó el acceso a tres abogados del equipo de transición: el coordinador Salim Fernando Abud, Miguel Óscar Leiva y Rogelio Ríos Leguizamón. Según la resolución del Ejecutivo municipal, los tres se encuentran en situación de “conflicto de intereses” por actuar como representantes en litigios judiciales pendientes contra la Municipalidad de Encarnación, lo que vulneraría la Ley N.º 7089/2023, que establece el régimen de prevención de conflictos de intereses en la función pública.

La ola de feminicidios en el país sacude a diversos sectores de la sociedad, incluyendo a profesionales de la salud y en especial de la salud mental. En ese sentido, la psicóloga Laura Bogado, en diálogo con La Nación/NaciónMedia, explicó que desde una perspectiva psicológica, no existe un perfil único que permita identificar con certeza a un posible feminicida. “Sabemos que el feminicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres; esto se vincula a factores como, por ejemplo, el control o la falta de ello, baja autoestima, nula tolerancia a la frustración, violencia de pareja, conductas de agresividad verbal o psicológica y las conductas de dominación”, especificó.

La profesional confirmó además que muchos hombres se sienten desplazados o desorientados ante la creciente independencia económica, social y emocional de las mujeres, aunque las razones y las reacciones varían según la generación y la perspectiva de cada uno. “Este fenómeno no suele ser un rechazo a que a la mujer le vaya bien, sino más bien una crisis de identidad masculina derivada de un cambio de roles muy rápido en medio del machismo instalado también en nuestra cultura”, puntualizó la profesional.

El joven piloto paraguayo de Fórmula 2, Joshua Duerksen, declarado hincha del Olimpia, visitó el miércoles las instalaciones del club de sus amores y pasó un momento especial con los jugadores del plantel principal. La institución franjeada incluso aprovechó la ocasión para que el propio Duerksen junto a Tim Payne, el hombre de las redes sociales, puedan grabar un video invitando a los hinchas olimpistas a ir a la cancha el sábado, en el juego ante el Sportivo 2 de Mayo en el Defensores del Chaco.

Joshua se llevó una camiseta autografiada por el lateral neozelandés y además charló con referentes como el capitán Richard Ortiz, el golero Gastón Olveira y el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez. En un momento ameno también el reconocido piloto se animó a pasar por el temible pasillo humano que le prepararon los futbolistas del club de sus amores.

El exministro evitó exponer elementos sólidos que justifiquen la sucesión de trabas para impedir el avance de su causa judicial.

En un evidente estado de nerviosismo ante los medios de comu­nicación, el senador del Partido Democrático Pro­gresista (PDP), Rafael Fili­zzola, alegó ayer miérco­les no haber generado al Estado un daño patrimo­nial de G. 1.200 millones durante su administración como ministro del Interior (2008-2011). Sin embargo, evitó exponer elementos sólidos que justifiquen la sucesión de chicanas des­tinadas a impedir el avance de su proceso judicial en el marco del caso conocido como “comisarías de oro”.

“No hubo delito”, alegó ini­cialmente el legislador de la oposición, quien en compa­ñía de su abogado, Guillermo Duarte Cacavelos, logró pos­tergar para hoy a las 9:00 el desarrollo de su audiencia preliminar, fijada inicial­mente ante el juez penal de Garantías Yoan Paúl López.

Ante la consulta del perio­dista de judiciales de Nación Media, Aldo Insfrán, sobre su postura de eludir un jui­cio oral y público si real­mente asume su inocencia, Filizzola respondió que “tiene un costo económico y personal tremendo, es una cuestión de orden público; la prescripción es una ins­titución que justamente obliga al Estado y garantiza a toda persona en un tiempo oportuno. Yo soy abogado, tengo que actuar y ejercer mi defensa de acuerdo a lo que dice la ley”.

Ante la insistencia del perio­dista acerca de si sus sobre­seimientos previos respon­dían a la inexistencia del perjuicio o a la aplicación de chicanas procesales, el parlamentario reaccionó de manera alterada: “El sobreseimiento es el sobre­seimiento. ¿Me vas a dejar hablar? Te pregunto si me vas a dejar hablar. Además, estoy apurado porque me tengo que ir a cumplir con mis deberes”.

Finalmente, el legislador cuestionó la continuidad de la causa judicial: “Qué es lo que pretenden, tenerme procesado indefinidamente. Nadie, ninguna persona puede ser sometida de esta manera”, refirió, mientras la defensa sigue dilatando los plazos de la justicia.

El caso conocido como “comisarías de oro” inves­tiga una supuesta lesión de confianza y un perjuicio patrimonial de aproxima­damente 1.200 millones de guaraníes al Estado, origi­nado durante la gestión de Rafael Filizzola como minis­tro del Interior (2008-2011) a raíz de presuntas irregu­laridades en la adjudicación y construcción de obras en comisarías. En cuanto al proceso judicial, este se ha visto dilatado durante años mediante una serie sucesiva de chicanas interpuestas por la defensa.

Bajo un evidente estado de nerviosismo ante los medios de comunicación, el senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, alegó este miércoles no haber generado al Estado un daño patrimonial de G. 1.200 millones durante su administración como ministro del Interior (2008-2011). Sin embargo, evitó exponer elementos sólidos que justifiquen la sucesión de chicanas destinadas a impedir el avance de su proceso judicial en el marco del caso conocido como “comisaría de oro”.

“No hubo delito”, alegó inicialmente el legislador de la oposición, quien en compañía de su abogado, Guillermo Duarte Cacavelos, logró postergar para este jueves 15 de octubre el desarrollo de su audiencia preliminar, fijada inicialmente ante el juez penal de garantías Yoan Paúl López.

Ante la consulta del periodista de judiciales de Nación Media, Aldo Insfrán, sobre su postura de eludir un juicio oral y público si realmente asume su inocencia, Filizzola respondió que “tiene un costo económico y personal tremendo, es una cuestión de orden público; la prescripción es una institución que justamente obliga al Estado y garantiza a toda persona en un tiempo oportuno. Yo soy abogado, tengo que actuar y ejercer mi defensa de acuerdo a lo que dice la ley”.

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Ante la insistencia del periodista acerca de si sus sobreseimientos previos respondían a la inexistencia del perjuicio o a la aplicación de chicanas procesales, el parlamentario reaccionó de manera alterada y con la voz entrecortada: “El sobreseimiento es el sobreseimiento. ¿Me vas a dejar hablar? Te pregunto si me vas a dejar hablar. Además, estoy apurado porque me tengo que ir a cumplir con mis deberes".

Finalmente, el legislador cuestionó la continuidad de la causa judicial: “Qué es lo que pretenden, tenerme procesado indefinidamente. Nadie, ninguna persona puede ser sometida de esta manera”, refirió, mientras la defensa sigue dilatando los plazos de la justicia.

El caso conocido como “comisarías de oro” investiga una supuesta lesión de confianza y un perjuicio patrimonial de aproximadamente 1.200 millones de guaraníes al Estado, originado durante la gestión de Rafael Filizzola como ministro del Interior (2008-2011) a raíz de presuntas irregularidades en la adjudicación y construcción de obras en comisarías. En cuanto al proceso judicial, este se ha visto dilatado durante años mediante una serie sucesiva de chicanas interpuestas por la defensa, lo que ha evitado la realización de un juicio oral y público definitivo, registrando sobreseimientos previos en 2022 y nuevas postergaciones de audiencias preliminares en medio de cuestionamientos sobre los plazos procesales.

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