Los fiscales Francisco Cabrera y Luis Piñánez solicitaron a la jueza Clara Ruiz Díaz rechazar los incidentes planteados por los imputados. Foto: Archivo.
Fiscalía pidió rechazar chicanas en causa penal contra el hijo del exlíder de la Secta Moon
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Los fiscales Luis Piñánez y Francisco Cabrera solicitaron al Juzgado Penal de Garantías, a cargo de Clara Ruiz Díaz, rechazar los incidentes de prescripción y excepción de falta de acción planteados por los imputados Gerónimo Amarilla y Kiantar Betancourt, procesados junto a Hyun Jin Moon, hijo supuestamente desheredado del exlíder de la Secta Moon, por estafa en grado de tentativa y producción mediata de documento público de contenido falso.
Con el escrito presentado en plazo ante el Juzgado a cargo de la jueza Clara Ruiz Díaz, el Ministerio Público sostiene que no existe ningún obstáculo para que el proceso penal para los citados más arriba y John Andrew Morris English, Thomas Rutherfor Field, Richard Perea y Marciano Lorenzo Pessoa pueda seguir su curso normal. Los fiscales fueron claros al contestar el traslado y pidieron al Juzgado rechazar y que los imputados se sometan a la Justicia.
El presente caso es por un presunto intento de quedarse con tierras de la Asociación Espíritu Santo de Paraguay valorizadas en US$ 500 millones a través de la ejecución de un presunto préstamo falso de US$ 15 millones.
El expediente bajó días atrás al Juzgado Penal de Garantías para que pueda seguir su curso normal, es decir, se debe fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se decidirá si los imputados serán trasladados a una cárcel o, en su defecto, serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
Es importante señalar que en el presente caso existen imputados extranjeros, por lo que los mismos no tienen arraigo en nuestro país, requisito principal para ser beneficiado con medidas alternativas a la prisión, por lo que podría existir peligro de fuga.
La violencia no da tregua: registran 20 feminicidios y 36 huérfanos en lo que va del año
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El Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público reveló un alarmante balance sobre la violencia de género en el país, registrando 20 víctimas de feminicidio en lo que va del año. Estas muertes violentas han derivado en la apertura de 19 causas penales, debido a que uno de los expedientes investiga el trágico asesinato de dos mujeres de forma simultánea.
La radiografía de la violencia expone una problemática sistémica que trasciende el asesinato, sumando 28 víctimas de tentativa de feminicidio. Asimismo, la Fiscalía reportó una muerte violenta caratulada provisionalmente como homicidio, seis casos de agresiones graves cometidas por exparejas y cuatro causas por tentativa de homicidio que afectaron a víctimas colaterales, entre ellas, un niño.
El perfil de las víctimas y agresores en relación con las edades se tiene que el rango etario de las víctimas fatales es desgarrador, abarcando desde los 12 hasta los 80 años, incluyendo a una menor que ni siquiera alcanzaba los 12 años de edad. Por su parte, los agresores tienen edades comprendidas entre los 18 y los 80 años.
En cuanto a la nacionalidad y la comunidad indica que 18 de las mujeres asesinadas eran de nacionalidad paraguaya, una de origen brasileño y dos pertenecían a comunidades indígenas. A su vez, la violencia destruyó familias enteras: 14 de las víctimas eran madres, dejando un saldo de 36 hijos huérfanos, de los cuales 26 son menores de edad (considerados víctimas indirectas).
El departamento Central se consolida como el epicentro del peligro para las mujeres, concentrando 12 de las 20 víctimas. El resto de los casos se distribuye en Concepción (3), Canindeyú (2), Asunción (1), Alto Paraná (1) y Caazapá (1).
Temporalmente, los meses más críticos fueron enero, con 6 reportes, y marzo, con 4. El resto de los crímenes se distribuyó entre julio (3), mayo (2), agosto (2), abril (1), septiembre (1) y octubre (1). En cuanto a los días de la semana, la violencia no dio tregua: los lunes y viernes registraron la mayor incidencia con 4 casos cada uno, mientras que los domingos, martes, jueves y sábados sumaron 3 casos por día.
El entorno y el arma
Los datos echan por tierra la idea de que el peligro está únicamente en la calle. El 75 % de los feminicidios (15 casos) ocurrió dentro de una vivienda, mientras que 5 se perpetraron en la vía pública.
Respecto a los métodos utilizados, los atacantes recurrieron principalmente al uso de armas blancas en 11 de los casos. Las armas de fuego cobraron la vida de 6 mujeres, mientras que las causantes de las muertes restantes fueron la asfixia (1 caso) y traumatismos por golpes severos (2 casos).
Vínculo con el atacante y situación procesal
El círculo más cercano sigue siendo el más peligroso. Las parejas actuales (8) y las exparejas (8) representan el 80 % de los agresores. El resto de los crímenes fue cometido por conocidos (2), un padrastro (1) y un propio hijo (1).
En el ámbito judicial, 15 presuntos responsables ya se encuentran formalmente imputados por el Ministerio Público. La impunidad por vía del suicidio se dio en 5 de los autores, quienes se quitaron la vida tras cometer el crimen. Por último, un sospechoso que contaba con orden de captura internacional fue detenido en Brasil, país donde será sometido a la Justicia.
El informe del Ministerio Público recuerda que la violencia de género no se limita al asesinato; engloba todo acto o acción sistemática que cause daño psicológico, físico o sexual, así como las amenazas, la coacción y la privación de la libertad, tanto en el ámbito público como en la intimidad del hogar.
La Fiscalía acusó y pidió juicio oral contra el exfiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. Foto: Archivo
Acusan por cohecho pasivo y piden juicio oral contra exfiscal de Emboscada y su auxiliar
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La fiscal Yeimy Adle acusó por cohecho pasivo agravado al exfiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y a su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. El caso investiga una supuesta negociación de dinero para beneficiar a un procesado por lesión grave. Ante esto, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
De acuerdo con el escrito acusatorio, los procesados habrían solicitado inicialmente G. 7.000.000 a la abogada defensora Corazón de María Corrales (representante de Mauricio Soel Méndez Gómez), a cambio de presentar un sobreseimiento provisional. Posteriormente, el monto habría aumentado a G. 10.000.000 para otorgar una salida procesal favorable. La investigación sostiene que Florenciano mantenía las comunicaciones con la defensa, mientras que Elizaur tenía a su cargo la decisión sobre el requerimiento fiscal.
El 21 de septiembre de 2025, ante la falta de pago, el entonces fiscal acusó formalmente a Méndez por lesión grave y producción de riesgos comunes. La fiscal Adle señala que dicha acusación se presentó sin contar con los elementos médicos que la propia Fiscalía consideraba indispensables, pues el diagnóstico de la víctima seguía pendiente y aún no existía un dictamen del médico forense. “Esta secuencia revela que la posición procesal de la Unidad Fiscal no respondía a la existencia de elementos objetivos de convicción, sino que estaba supeditada al pago solicitado a la defensa”, indica el escrito.
El 13 de octubre de 2025, durante una entrega vigilada autorizada judicialmente, la abogada defensora y la hermana del procesado acudieron a la sede fiscal de Emboscada. Florenciano recibió G. 7.000.000, dinero que posteriormente fue hallado en el cajón del escritorio que utilizaba, quedando pendientes los G. 3.000.000 restantes. Tras recibir el pago, la exauxiliar condujo a las mujeres al despacho de Elizaur, quien manifestó que se allanaría a un pedido de suspensión condicional del procedimiento por dos años. Toda la conversación quedó registrada durante el operativo.
Con chicana presentada por la representante legal de Ronaldo Braga Diniz —quien compró de forma irregular una costosa propiedad perteneciente a Ypyta- pretende suspender constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de Pedro Juan Caballero. Foto: Gentileza
Ypyta: con chicana buscan frenar constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de PJC
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En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, la abogada Ivonne Guardati, representante legal de Ronaldo Braga Diniz —quien compró de forma irregular una costosa propiedad perteneciente a Ypyta—, pretende con chicanas frenar la constitución judicial del juez de Paz de Pedro Juan Caballero al inmueble donde actualmente funciona la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS).
La referida profesional del derecho solicitó al juzgado que se deje sin efecto la determinación adoptada por el juez Edgar Rivas, quien autorizó realizar la constitución judicial, argumentando que existe una acción de inconstitucionalidad en la Corte. No obstante, la presentación hecha por la representante legal de Braga Diniz —quien sería testaferro de Ángela Toumani, exesposa del capo mafioso Jorge Rafaat Toumani— ya se realizó fuera de plazo, por lo que el juzgado podría rechazarla y ratificar que se lleve a cabo la diligencia judicial.
Será la Sala Constitucional de la Corte la que tendrá que definir si se hace justicia e Ypyta recupera el valioso inmueble, el cual fue vendido de forma irregular por el condenado exsíndico de Quiebras, Blas Velázquez. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani, exesposa del capo mafioso Jorge Rafaat Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional de la Corte en un intento desesperado por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular del inmueble y devolvió la propiedad a Ypyta. Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypyta S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.
Defensa de Hugo Javier pidió cumplir su condena en su domicilio por secuelas físicas y neurológicas
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Este martes, la defensa legal del exgobernador de Central, Hugo Javier González, formalizó el pedido del arresto domiciliario para continuar con un tratamiento ambulatorio debido a su cuadro clínico. La Justicia dispuso la realización de una junta médica para dictaminar si corresponde modificar su reclusión penitenciaria.
Hugo Javier estaba cumpliento una condena de 10 años en la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza, donde el 6 de setiembre pasado sufrió un traumatismo de cráneo en su celda, los médicos del Hospital Nacional de Itauguá indicaron que está listo para recibir el alta hospitalaria, pero aún presenta secuelas luego del fuerte golpe.
“Hemos presentado un incidente de prisión domiciliaria a favor de Hugo Javier atendiendo a su situación médica. Nosotros consideramos que corresponde la prisión domiciliaria porque si es bien cierto que tuvo un buen avance en su estado de salud, el problema es con la parte neurológica”, expresó Guillermo Gayoso, abogado defensor, en entrevista con el programa “Tarde de Perros” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Resaltó que el juez de la causa pidió que se conforme una junta médica con un peritos del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la defensa, para hacer una inspección médica exhaustiva en el Hospital Nacional de Itauguá y determinar en qué situación de salud se encuentra el exgobernador.
“El juez ya trasladó esto al Ministerio Público que no se opone a que esto prospere, por ello el juez ordenó a una junta médica que se realizará el 8 de octubre en el Hospital Nacional de Itauguá. Por momentos él esta 20 años atrás en el tiempo, pregunta por su difunto padre, tiene episodios de histeria. Son muchas situaciones delirantes que requieren cuidados”, detalló.
Afirmó que también se solicitó que cuente con una enfermera que lo asista todos los días en tanto siga con su tratamiento ambulatorio. “Hemos propuesto también a una enfermera 24/7 y un médico de cabecera más un traumatólogo terapista para los cuidados del mismo, esto sería en la casa de su actual pareja que reside en la ciudad de Emboscada”, puntualizó.