El Ministerio Público, ante informaciones sobre amenazas a los agentes fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, insta a las autoridades policiales a garantizar la seguridad de los mismos. Fue a través de un comunicado dado a conocer a toda la opinión pública en general.
Asimismo, la Fiscalía dispuso solicitar el refuerzo de la seguridad de los agentes fiscales de la citada unidad a fin de resguardar la integridad y el cumplimiento de sus funciones. Igualmente, la institución repudia todo acto que intente limitar la misión constitucional de los mencionados profesionales comprometidos en la lucha contra la criminalidad organizada y, al mismo tiempo, insta a las autoridades correspondientes a garantizar la seguridad que requieren para el ejercicio de su labor profesional.
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Los agentes fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos ratifican su compromiso con la ciudadanía de seguir luchando contra un enemigo, que aunque supera por mucho en recursos y logística, no lograrán doblegar ni torcer voluntades y mucho menos cambiar e influenciar el sentido de las investigaciones, sostienen.
En su momento, uno de los fiscales antidrogas fue Marcelo Pecci, quien fue asesinado en la playa de Barú, Colombia. El mismo realizó varios procedimientos donde se incautaron miles de kilos de cocaína y marihuana y muchas personas fueron procesadas.
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La violencia no da tregua: registran 20 feminicidios y 36 huérfanos en lo que va del año
El Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público reveló un alarmante balance sobre la violencia de género en el país, registrando 20 víctimas de feminicidio en lo que va del año. Estas muertes violentas han derivado en la apertura de 19 causas penales, debido a que uno de los expedientes investiga el trágico asesinato de dos mujeres de forma simultánea.
La radiografía de la violencia expone una problemática sistémica que trasciende el asesinato, sumando 28 víctimas de tentativa de feminicidio. Asimismo, la Fiscalía reportó una muerte violenta caratulada provisionalmente como homicidio, seis casos de agresiones graves cometidas por exparejas y cuatro causas por tentativa de homicidio que afectaron a víctimas colaterales, entre ellas, un niño.
El perfil de las víctimas y agresores en relación con las edades se tiene que el rango etario de las víctimas fatales es desgarrador, abarcando desde los 12 hasta los 80 años, incluyendo a una menor que ni siquiera alcanzaba los 12 años de edad. Por su parte, los agresores tienen edades comprendidas entre los 18 y los 80 años.
En cuanto a la nacionalidad y la comunidad indica que 18 de las mujeres asesinadas eran de nacionalidad paraguaya, una de origen brasileño y dos pertenecían a comunidades indígenas. A su vez, la violencia destruyó familias enteras: 14 de las víctimas eran madres, dejando un saldo de 36 hijos huérfanos, de los cuales 26 son menores de edad (considerados víctimas indirectas).
Geografía y temporalidad del horror
El departamento Central se consolida como el epicentro del peligro para las mujeres, concentrando 12 de las 20 víctimas. El resto de los casos se distribuye en Concepción (3), Canindeyú (2), Asunción (1), Alto Paraná (1) y Caazapá (1).
Temporalmente, los meses más críticos fueron enero, con 6 reportes, y marzo, con 4. El resto de los crímenes se distribuyó entre julio (3), mayo (2), agosto (2), abril (1), septiembre (1) y octubre (1). En cuanto a los días de la semana, la violencia no dio tregua: los lunes y viernes registraron la mayor incidencia con 4 casos cada uno, mientras que los domingos, martes, jueves y sábados sumaron 3 casos por día.
El entorno y el arma
Los datos echan por tierra la idea de que el peligro está únicamente en la calle. El 75 % de los feminicidios (15 casos) ocurrió dentro de una vivienda, mientras que 5 se perpetraron en la vía pública.
Respecto a los métodos utilizados, los atacantes recurrieron principalmente al uso de armas blancas en 11 de los casos. Las armas de fuego cobraron la vida de 6 mujeres, mientras que las causantes de las muertes restantes fueron la asfixia (1 caso) y traumatismos por golpes severos (2 casos).
Vínculo con el atacante y situación procesal
El círculo más cercano sigue siendo el más peligroso. Las parejas actuales (8) y las exparejas (8) representan el 80 % de los agresores. El resto de los crímenes fue cometido por conocidos (2), un padrastro (1) y un propio hijo (1).
En el ámbito judicial, 15 presuntos responsables ya se encuentran formalmente imputados por el Ministerio Público. La impunidad por vía del suicidio se dio en 5 de los autores, quienes se quitaron la vida tras cometer el crimen. Por último, un sospechoso que contaba con orden de captura internacional fue detenido en Brasil, país donde será sometido a la Justicia.
El informe del Ministerio Público recuerda que la violencia de género no se limita al asesinato; engloba todo acto o acción sistemática que cause daño psicológico, físico o sexual, así como las amenazas, la coacción y la privación de la libertad, tanto en el ámbito público como en la intimidad del hogar.
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Acusan por cohecho pasivo y piden juicio oral contra exfiscal de Emboscada y su auxiliar
La fiscal Yeimy Adle acusó por cohecho pasivo agravado al exfiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y a su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. El caso investiga una supuesta negociación de dinero para beneficiar a un procesado por lesión grave. Ante esto, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
De acuerdo con el escrito acusatorio, los procesados habrían solicitado inicialmente G. 7.000.000 a la abogada defensora Corazón de María Corrales (representante de Mauricio Soel Méndez Gómez), a cambio de presentar un sobreseimiento provisional. Posteriormente, el monto habría aumentado a G. 10.000.000 para otorgar una salida procesal favorable. La investigación sostiene que Florenciano mantenía las comunicaciones con la defensa, mientras que Elizaur tenía a su cargo la decisión sobre el requerimiento fiscal.
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El 21 de septiembre de 2025, ante la falta de pago, el entonces fiscal acusó formalmente a Méndez por lesión grave y producción de riesgos comunes. La fiscal Adle señala que dicha acusación se presentó sin contar con los elementos médicos que la propia Fiscalía consideraba indispensables, pues el diagnóstico de la víctima seguía pendiente y aún no existía un dictamen del médico forense. “Esta secuencia revela que la posición procesal de la Unidad Fiscal no respondía a la existencia de elementos objetivos de convicción, sino que estaba supeditada al pago solicitado a la defensa”, indica el escrito.
El 13 de octubre de 2025, durante una entrega vigilada autorizada judicialmente, la abogada defensora y la hermana del procesado acudieron a la sede fiscal de Emboscada. Florenciano recibió G. 7.000.000, dinero que posteriormente fue hallado en el cajón del escritorio que utilizaba, quedando pendientes los G. 3.000.000 restantes. Tras recibir el pago, la exauxiliar condujo a las mujeres al despacho de Elizaur, quien manifestó que se allanaría a un pedido de suspensión condicional del procedimiento por dos años. Toda la conversación quedó registrada durante el operativo.
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Kast da marcha atrás en su reforma de seguridad ante escaso apoyo en Chile
El gobierno del presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el retiro en el Congreso de su proyecto de reformas a la seguridad que generó escasos apoyos y críticas de diversos sectores políticos, incluido el oficialismo.
El paquete proponía ocho modificaciones a la Constitución, entre estas la creación de un estado crítico de excepción que podría decretarse por 240 días, sin aprobación del Parlamento, y restringir las libertades de movimiento y reunión en caso de grave amenaza para la seguridad pública.
Su retiro el martes por la noche es un duro golpe para el mandatario ultraderechista. El endurecimiento de las medidas de seguridad fue una de sus principales propuestas de campaña de mano dura contra el crimen.
Una comisión del Senado trabajó paralelamente en otra reforma para reemplazar la del oficialismo. El ejecutivo optó por respaldar este proyecto, que fue ingresado el miércoles.
“Dado ese trabajo (de los senadores) y el respeto a los acuerdos, no vamos a perseverar con la reforma que habíamos ingresado”, dijo en un mensaje televisado desde el Congreso el ministro del Interior, Claudio Alvarado.
El nuevo proyecto busca calificar al crimen organizado como una amenaza contra los derechos fundamentales, segregar a los presos para evitar delitos desde las cárceles y establecer la duración de los estados de emergencia en 30 días, cuyas prórrogas deben tener autorización parlamentaria.
La propuesta original de Kast fue ampliamente reprobada por los legisladores, incluidos varios de sus aliados derechistas y de la propia coalición de gobierno.
La oenegé internacional Human Rights Watch expresó preocupación por el estado de excepción planteado y otras medidas relacionadas, como la posibilidad de interceptar comunicaciones y requisar bienes.
Cientos de manifestantes salieron a las calles de Santiago en setiembre para rechazar las reformas y protagonizar choques con la policía.
Chile es uno de los países más seguros de América Latina, aunque los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años con la llegada de grupos criminales como el Tren de Aragua.
La tasa de homicidios de Chile fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década.
- Fuente: AFP
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Defensa de Hugo Javier pidió cumplir su condena en su domicilio por secuelas físicas y neurológicas
Este martes, la defensa legal del exgobernador de Central, Hugo Javier González, formalizó el pedido del arresto domiciliario para continuar con un tratamiento ambulatorio debido a su cuadro clínico. La Justicia dispuso la realización de una junta médica para dictaminar si corresponde modificar su reclusión penitenciaria.
Hugo Javier estaba cumpliento una condena de 10 años en la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza, donde el 6 de setiembre pasado sufrió un traumatismo de cráneo en su celda, los médicos del Hospital Nacional de Itauguá indicaron que está listo para recibir el alta hospitalaria, pero aún presenta secuelas luego del fuerte golpe.
“Hemos presentado un incidente de prisión domiciliaria a favor de Hugo Javier atendiendo a su situación médica. Nosotros consideramos que corresponde la prisión domiciliaria porque si es bien cierto que tuvo un buen avance en su estado de salud, el problema es con la parte neurológica”, expresó Guillermo Gayoso, abogado defensor, en entrevista con el programa “Tarde de Perros” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Resaltó que el juez de la causa pidió que se conforme una junta médica con un peritos del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la defensa, para hacer una inspección médica exhaustiva en el Hospital Nacional de Itauguá y determinar en qué situación de salud se encuentra el exgobernador.
“El juez ya trasladó esto al Ministerio Público que no se opone a que esto prospere, por ello el juez ordenó a una junta médica que se realizará el 8 de octubre en el Hospital Nacional de Itauguá. Por momentos él esta 20 años atrás en el tiempo, pregunta por su difunto padre, tiene episodios de histeria. Son muchas situaciones delirantes que requieren cuidados”, detalló.
Afirmó que también se solicitó que cuente con una enfermera que lo asista todos los días en tanto siga con su tratamiento ambulatorio. “Hemos propuesto también a una enfermera 24/7 y un médico de cabecera más un traumatólogo terapista para los cuidados del mismo, esto sería en la casa de su actual pareja que reside en la ciudad de Emboscada”, puntualizó.