La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera admitió la imputación por lesión grave contra los jóvenes Héctor Grau y Marcelo Fretes, quienes están sindicados de agredir brutalmente a Benjamín Zapag, hijo del expresidente del Club Cerro Porteño Raúl Zapag.
Asimismo, la referida magistrada fijó para el próximo 17 de noviembre a las 9:00 y 9:30 la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si los dos imputados van a guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, así como lo solicitó el fiscal del caso, Juan Carlos Ruíz Díaz.
Actualmente, los imputados Grau y Fretes cuentan con orden de detención fiscal, lo que implica que la Policía Nacional debe detenerlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público. En el caso de este último, ayer se viralizó un supuesto audio del mismo donde señalaba a Grau como el único responsable de la agresión a Zapag. Lo mismo hizo su madre, quien difundió mensajes a los medios de comunicación asegurando que su hijo es inocente.
Lea más: Caso Zapag: viralizan audio que confirma a Grau como único agresor
El fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz señaló este martes que los supuestos agresores se exponen a una pena de 10 años de prisión. Sostuvo que hasta el momento ni los presuntos agresores ni los familiares de los mismos se comunicaron con él tras tomar estado público el caso y ser identificados los supuestos autores del hecho, que habría ocurrido en el baño de una discoteca capitalina durante la madrugada del pasado domingo.
Ruiz Díaz indicó que al menos cuatro personas serían las que estaban en el baño cuando fue brutalmente golpeado el hijo del expresidente del Club Cerro Porteño Raúl Zapag. El fiscal espera que los sospechosos se presenten en las próximas horas para ser sometidos a la Justicia.
Le puede interesar: Supuestos agresores de Zapag se exponen a 10 años de cárcel, según fiscal
Dejanos tu comentario
Milito le bajó el pulgar a Costas
Aseguró que “fue un error renovarle” tras los éxitos logrados con la Academia.
El presidente de Racing de Argentina, Diego Milito, aseguró ayer que “fue un error” la renovación del contrato del entrenador Gustavo Costas en diciembre de 2025. Además, se refirió al delicado presente del equipo.
En diálogo con un grupo de medios, Milito admitió una equivocación respecto a la continuidad de Costas, actual DT de Cerro Porteño, quien fue despedido en mayo tras la temprana eliminación en la Copa Sudamericana:
“Fue un error y lo asumo. En ese momento creíamos que era necesario porque había un plantel entero que se tiraba de cabeza por el entrenador. Después perdimos de vista el desgaste que genera tener a un técnico con varios años de gestión”, afirmó.
En tal sentido, hizo alusión a la mala situación de la Academia ya que se ubica en la penúltima posición de la Zona B del Torneo Clausura 2026. “Racing no puede estar en la posición de la tabla en la que se encuentra actualmente. No estamos contentos como tampoco lo está la gente y tienen razón. Estoy plenamente convencido de que podemos sacar esto adelante. Tenemos el tercer plantel mejor valorado del fútbol argentino, después de River y Boca”, expresó.
Dejanos tu comentario
Influencer da su versión y rechaza acusación de fraude
La influencer Ana Kim Jang, conocida como Ana Coreana, dio su versión acerca de la imputación por los delitos de apropiación, lesión de confianza, estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Mencionó presuntas irregularidades y apropiación de los ingresos de la empresa por parte de la familia Kao/Wang. En la causa están procesadas otras cuatro personas.
“Rechazo categóricamente cualquier acusación de fraude. Siempre he actuado dentro del marco legal, respetando los procedimientos establecidos”, menciona un comunicado dado a conocer por la mediática en representación de la familia Kim – K & K Shopping´s S. A. tras las acciones jurídicas promovidas por la familia Kao/Wang.
“Desde la constitución de la firma en febrero de 2009, la familia Kim asumió de manera exclusiva la gestión, operación y desarrollo integral del centro comercial. En estos años de operación, la familia Kao/Wang nunca trabajó en la obra, no asistía a los asuntos sociales, no asumía riesgos y desalentaba las inversiones. Tampoco confiaron en que el proyecto Shopping Paris superaría las expectativas; sin embargo, ante el éxito actual, han cambiado de actitud”, dice la primera parte del comunicado.
En otro punto, señala que en cuanto a la distribución de funciones “la familia Kao/Wang se acomodó a esta situación mientras la familia Kim trabajaba incansablemente. Aunque se les invitaba a las reuniones, no asistían alegando viajes o asuntos personales. Así, se consolidó una distribución de funciones donde ellos se limitaban a percibir los beneficios correspondientes”.
Nota relacionada: Revelan conflicto entre accionistas de empresa dueña de shopping de CDE
En otro apartado, el comunicado menciona supuestas “irregularidades detectadas”, donde indica que la controversia actual surge tras detectarse que “la familia Kao/Wang ocupó y alquiló espacios del centro comercial a terceros sin autorización” y que los ingresos generados fueron a las cuentas bancarias de Susana (Wang Hsiao Mua) y Rosana Ming Kao, “sin ingresar a la cuenta de la empresa como corresponde, apropiándose así de los ingresos genuinos de la firma”.
En cuanto al reparto legal de dividendos, detalla que “el conflicto aumentó tras la venta del edificio Bonita Kim. Las utilidades se distribuyeron en estricta proporción a la participación accionaria de cada familia, conforme a la ley. Pese a ello, la familia Kao/Wang rechazó la distribución proporcional e inició reclamos infundados”.
Participación accionaria
Así también, expresa su rechazo a las acusaciones de la familia denunciante. “La modificación de la participación accionaria responde a nuevas inversiones aportadas e integradas exclusivamente por la familia Kim. Este proceso fue aprobado en asamblea extraordinaria y ordinaria, cumpliendo los estatutos, las leyes vigentes, las publicaciones legales y contando con la aprobación de la Abogacía del Tesoro”, menciona.
Además habla de instrumentalización judicial y lamenta que “mediante maniobras cuestionables”, se hayan penalizado asuntos de índole netamente societaria.
El comunicado finaliza diciendo que “la familia Kim reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el trabajo honesto. Exigimos respeto al funcionamiento institucional de K & K Shopping´s S. A. y confiamos en que las instancias correspondientes esclarecerán la verdad".
Te puede interesar: Ministro descarta aumento de impuestos, pero confirma revisión de exenciones
Dejanos tu comentario
Revelan conflicto entre accionistas de empresa dueña de shopping de CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, imputó a cinco personas, entre accionistas y ejecutivos de la firma K & K Shopping’s S.A., por supuesta apropiación, lesión de confianza, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y su uso.
La empresa K & K S.A. es la propietaria del Shopping Paris de Ciudad del Este. Los procesados son: Elizabeth Kim Jang, presidenta del directorio, apoderada y representante legal de K & K Shopping´s S.A.; Kim Jang, accionista; Nam Jun Kwon, vicepresidente del directorio; Antonio Ramón Galeano Vega, síndico titular y Alexis Florentín Gauto, secretario de asamblea.
La investigación abarca una serie de actuaciones societarias realizadas entre mayo de 2025 y marzo de 2026, las cuales, según la Fiscalía, perjudicaron a dos accionistas del grupo KAO/WANG, Rosana Ming Kao y Hasiao Hua Wang
La Fiscalía detalla que el capital de la empresa era de G. 103.000 millones y estaba distribuido en partes iguales entre los grupos KIM y KAO/WANG. La situación cambió tras la asamblea del 5 de mayo de 2025, que resolvió reducir a G. 38.850 millones mediante el rescate de acciones y estableció pagos de G. 3.207.500.000 para una de las accionistas y G. 28.867.500.000 para la otra.
En la imputación se indica que, las sumas citadas quedaron a cargo de la sociedad para su entrega a las titulares, pero nunca habrían sido abonadas. Un comprobante emitido por la propia empresa el 26 de mayo de 2025 consignó como pagado el monto de G. 26.558.100.000, tras una retención tributaria de G. 2.309.400.000 sobre la suma mayor.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el dinero jamás ingresó a las afectadas. De hecho, el 15 de enero de 2026, una de ellas fue convocada para firmar los recibos correspondientes, pero se negó con el argumento que los valores continuaban impagos.
Paralelamente, la composición accionaria volvió a tener modificaciones sustanciales, según el escrito fiscal. El 18 de diciembre de 2025, el capital se incrementó de G. 38.850 millones a G. 49.350 millones mediante la emisión de 210 acciones adjudicadas a una sola accionista, cuya participación subió del 50 % al 61 %, reduciendo la del grupo KAO/WANG al 39 %.
Posteriormente, el 13 de marzo de 2026, se ejecutó un nuevo aumento hasta alcanzar los G. 103.350 millones con 1.080 nuevas acciones. De estas, 560 respondían a un supuesto aporte de G. 28.000 millones y fueron adjudicadas nuevamente a la misma persona, quien pasó a controlar el 71 % de la firma, dejando a las dos afectadas con un 29 % conjunto.
La investigación señala que estos aportes —por un total de G. 38.500 millones— no habrían sido efectivamente integrados, emitiéndose acciones sin que la sociedad recibiera el capital.
La Fiscalía solicitó un plazo de cuatro meses para concluir la etapa preparatoria debido a la complejidad del caso y al volumen de documentación por analizar, requiriendo la aplicación de medidas alternativas a la prisión para todos los procesados.
Dejanos tu comentario
“Temo por mi vida”: denunció que fue atacada a golpes en plena calle sin conocer el motivo
Una ciudadana identificada como Verónica Giménez relató a La Nación/ Nación Media que fue perseguida y agredida junto a su hermana cuando se dirigían a un centro médico en horas de la mañana. Afirma que los agresores golpearon su vehículo, rompieron un retrovisor y luego las atacaron físicamente. Asegura que también recibió amenazas de muerte y que actualmente recibe asistencia psicológica por estrés postraumático. El caso está en manos de la Fiscalía.
Una salida cotidiana rumbo al trabajo se convirtió en una experiencia que, un mes después, todavía le cuesta contar. La ciudadana denunció haber sido víctima de una violenta agresión en plena vía pública, luego de que dos personas que circulaban en una motocicleta comenzaran a perseguirla, golpear su vehículo y posteriormente atacarla físicamente junto a su hermana.
El episodio ocurrió el 30 de julio, alrededor de las 6:00, cuando la mujer se trasladaba por la avenida Fernando de la Mora. Antes de dirigirse a su lugar de trabajo debía llevar a su hermana a realizarse unos estudios médicos. Según su relato, al aproximarse a la zona de una estación de servicios de Bruno Guggiari, una motocicleta con dos ocupantes se acercó al vehículo. La víctima identificó a los mismos como Blas Antonio Barrios y Jessica Paola Rojas Cardozo.
“Comenzaron a golpear mi vehículo. Pensé que nos estaban intentando asaltar y levanté rápidamente las ventanillas, tratando de seguir. No quería enfrentarme con nadie, quería salir de ahí”, relató. Sin embargo, aseguró que los ocupantes de la motocicleta continuaron siguiéndolas, colocándose delante del automóvil, gritándoles y pateando el vehículo.
Ante la situación, su hermana comenzó a grabar con un teléfono celular. En las imágenes, según explicó la denunciante, quedó registrado el momento en que uno de los involucrados golpea el retrovisor del automóvil hasta romperlo.
Bajaron buscando una explicación
La situación llevó a las hermanas a detenerse cerca de un conocido local comercial ubicado en las inmediaciones de General Santos, al observar la presencia de un agente policial.
La mujer explicó que decidió bajar del vehículo porque consideró que la presencia del uniformado podía brindarles seguridad y, sobre todo, porque quería conocer el motivo del ataque. “Quería saber realmente por qué nos estaban atacando, porque no había tenido ningún percance antes, ningún tipo de accidente ni nada en absoluto”, manifestó.
Pero, según su denuncia, fue entonces cuando la situación escaló. La mujer aseguró que fue agredida físicamente y recibió golpes en el rostro y distintas partes del cuerpo. Su hermana también habría sido atacada cuando intentó intervenir.
De acuerdo con el relato, ambas sufrieron lesiones en el rostro, estómago, brazos, muñecas y manos. “Sin mediar muchas palabras me agredieron físicamente”, afirmó.
La denunciante también señaló que los agresores las llamaban “asesinas” y que intentaron quitarles los teléfonos celulares con los que estaban registrando lo ocurrido. En ese momento, personas que se encontraban en el lugar intervinieron para ayudar a las mujeres y evitar que les quitaran sus teléfonos.
“Les estoy profundamente agradecida porque, en medio de una situación desesperante, decidieron ayudarnos”, expresó.
Lea también: Pérez descarta eliminar la PMT y propone su modernización tecnológica
“Nunca supe a quién supuestamente había matado”
Uno de los aspectos que más desconcierta a la víctima, según su testimonio, es que hasta ahora asegura desconocer cuál habría sido el motivo del ataque.
Durante el episodio, los agresores supuestamente hacían referencia a que ella había salido de determinados lugares y la señalaban como “asesina”. La mujer sostiene que no tuvo ningún incidente durante el trayecto y que tampoco tuvo contacto previo con los denunciados.
“Saliste en el Mestizo”, recuerda que le decían, aunque asegura que no logró comprender con claridad las acusaciones debido a los gritos y la violencia del momento.
Incluso plantea como una posibilidad que se haya producido una confusión o que los agresores hayan tenido algún inconveniente con otra persona y posteriormente hayan seguido a su vehículo. “Conmigo no fue, ni un rasguño les dejé”, sostuvo.
La mujer tampoco descarta que se haya tratado de un ataque oportunista al verla circulando sola con su hermana.
Denuncias cruzadas y actuación policial
Tras el episodio, las hermanas solicitaron la intervención del sistema de emergencias. Cuando finalmente llegó una patrullera, fueron trasladadas hasta una comisaría y posteriormente la víctima formalizó su denuncia. También tuvo que recibir atención médica por las lesiones sufridas.
La denunciante afirma que los ocupantes de la motocicleta llegaron antes a la comisaría y permanecieron durante aproximadamente dos horas realizando una declaración que, según su testimonio, fue radicada en una dependencia de violencia intrafamiliar. “Me denunciaron por violencia a la mujer”, señaló.
La mujer indicó que todavía no pudo acceder al contenido de esa denuncia y que sus abogados trabajan con la Fiscalía para conocer exactamente qué fue lo que los otros involucrados manifestaron.
“Temo por mi vida”
Pero la consecuencia más profunda, según la víctima, no se limita a las lesiones físicas. A un mes de lo ocurrido, asegura que todavía tiene miedo de salir sola y que perdió la sensación de seguridad que tenía antes del ataque. “Temo por mi vida”, manifestó.
La mujer denunció además que durante la agresión recibió amenazas de que sería descuartizada. Sostiene que, por el nivel de violencia que experimentó, teme que los involucrados puedan volver a atacarla. “Con el grado de violencia que manejan estas personas tengo miedo que me hagan más daño”, expresó.
El impacto psicológico también continúa. La víctima contó que actualmente acude a una profesional de salud mental debido al estrés generado por lo ocurrido.“Me voy a la psicóloga porque estoy con estrés postraumático”, afirmó.
El caso se encuentra actualmente en manos de la Fiscalía, mientras la víctima, a través de su representación legal, busca esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.