El interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, calificó con un acto mafioso el atraco realizado a su despacho el día ayer jueves. El atropello se registró en la noche luego de una movilización a favor del intendente opositor y dirigente del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto.

Ante este hecho, no se descarta que el atraco a su oficina y otras dependencias de la municipalidad haya sido cometido por dirigentes prietistas. El economista argumentó que el acto es un atropello a la institución y a la figura constitucional de la intervención.

“Este grave hecho, que se suma a otros actos como el robo de equipos informáticos, el acceso de funcionarios directivos en horas de la noche y el ataque a vehículos asignados a la intervención, comprueba el sistemático esquema de maniobras arteras, violencia e intento de amedrentamiento sufrido por el equipo interventor durante todo el proceso”, manifiesta el comunicado.

Detalla que la Policía Nacional se encuentra en el lugar de los hechos realizando los relevamientos de datos y las diligencias pertinentes, “desconociéndose hasta este momento el objetivo de dicho actuar criminal y si fue introducido o sustraído algún tipo de documento, dispositivo de escucha/video o elementos en las oficinas donde se produjeron los hechos”.

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El comunicado refiere además que el personal de Criminalística de la Policía Nacional, constituido en la sede de la Intendencia, determinó que la puerta frontal de dicha sede no fue forzada, deduciendo que fue abierta mediante la utilización de un juego de llaves. “No obstante, se evidencia que fue forzada la puerta de acceso a la sala de reuniones de la Intendencia, así como al despacho del intendente, ubicándose marcas de pisadas sobre el escritorio del Intendente, para alcanzar los equipos de iluminación de la oficina”, indica.

El documento agrega que “el interventor condena dichos hechos y deposita su plena confianza en las Autoridades Policiales y del Ministerio Público a los efectos de llevar a cabo las diligencias necesarias para dar con los responsables de este acto criminal. Las evidencias recabadas ayudarán a llegar y castigar a los mismos. La intervención agotará todos los mecanismos institucionales para que todas estas violaciones a la institución municipal no queden impunes“.

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Medios de comunicación de Ciudad del Este, Alto Paraná, informaron que la oficina del economista e interventor, Ramón Ramírez, fue violentada ayer jueves, luego de una movilización convocada en apoyo al intendente opositor y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto.

Según las publicaciones, el hecho se registró durante la noche, pese a la orden de estricto resguardo policial del edificio comunal. También detallan que varios funcionarios fueron arreados por Prieto para participar en la movilización como medida de fuerza tras la remisión del informe final de la intervención a su gestión a la Cámara de Diputados, documentos que exponen graves irregularidades en la administración del jefe comunal suspendido.

De acuerdo con las informaciones preliminares, aún no se confirmó si se sustrajo algún objeto. Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que los intrusos habrían ingresado para instalar cámaras y micrófonos en el despacho de Ramírez, ya que los vándalos subieron sobre el escritorio.

Detallan además que el hecho fue comunicado a la Policía Nacional y al Ministerio Público, que ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el objetivo real del ingreso forzado.

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La fiscalización a la gestión del intendente opositor y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, se inició el pasado 23 de junio. El proceso fue impulsado mediante el requerimiento de la Contraloría General de la República (CGR) ante la existencia de graves irregularidades.

Entre las irregularidades detectadas en la administración de Prieto figuran, por ejemplo, una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse a obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.

Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irregular de este recurso fue reportada por la Contraloría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos clave que sustentaron el requerimiento de indagación.

Por otra parte, informaciones desprendidas de la revisión administrativa y financiera hecha sobre recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos de las normativas vigentes.

De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

Ramírez también presentó el pasado lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a Tesorería.

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La Cámara de Senadores presentará una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en contra de los tres camaristas que levantaron la orden de captura del abogado de una estación de servicios, Walter Acosta, quien había abofeteado a la funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Una vez aprobada la propuesta presentada por la senadora Lilian Samaniego, este pedido se derivó a la asesoría jurídica de la Cámara Alta para que inicie los trámites. Los tres magistrados de la Cámara de Apelación de Alto Paraná que serán denunciados son: Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, quienes dispusieron la revocación de la medida judicial.

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El hecho en cuestión ocurrió la semana pasada en el distrito de Tavapy, departamento de Alto Paraná, y la víctima es Lourdes Sosa Cuevas, cuando llegó hasta la estación de servicios a cumplir un procedimiento de control rutinario.

“Es inamisible e inaceptable lo que hicieron estos miembros de la Cámara de Apelación de Ciudad del Este, Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, que han revocado la orden de detención preventiva contra el agresor Walter Acosta. Por ello, solicito al plenario, que nos convirtamos en denunciantes, contra estos tres jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en base al artículo 18, que da la potestad a la Cámara de Senadores”, expresó la senadora.

Agregó que este hecho no puede quedar como una indignación más solamente. “Tenemos que accionar, no esperemos que haya más muertes o víctimas de violencia contra las mujeres, y que no pase nada. Tiene que haber una sanción en la instancia del JEM”, acotó.

Finalmente, luego de que se puso a consideración del pleno, terminó acompañando la propuesta por unanimidad de los presentes.

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El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, recusó este viernes a los miembros del Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, Matías Garcete y Adriana Planás, con la finalidad de impedir el avance de su juicio oral y público, cuya continuidad estaba prevista para las 8:30 de hoy. El funcionario de confianza del gobierno de Mario Abdo Benítez está acusado por cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola.

La nueva chicana impulsada por el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) fue presentada por su abogado Emilio Fuster, 40 minutos minutos antes del horario fijado. Lo llamativo del caso es que Guizzio no haya promovido la recusación contra la jueza Yolanda Morel, esposa del ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel de Jesús Ramírez Candia.

De esta manera el proceso se pospondrá hasta tanto la Cámara de Apelación resuelva la recusación contra ambos magistrados. La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anti­corrupción Diego Arzamen­dia y Jorge Arce, que argumentan que el exministro tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil, de obtener contratos con el Estado para­guayo, específicamente con el Ministerio del Interior, que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.

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La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supues­tas conversaciones vía What­sApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evi­dencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Espíndola Marques de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que Giuzzio usó una camio­neta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

Arnaldo Giuzzio también está imputado en el caso de filtración de información de inteligencia financiera de carácter reservado, obtenida de manera ilegal de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El martes pasado, la Fiscalía presentó acusación y pidió juicio contra Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farias, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, todos exfuncionarios de Abdo, quien también está imputado en esta causa, al igual que su exsecretario, el diputado Mauricio Espínola.

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