La jueza de Crimen Organizado Lici Sánchez ordenó la prisión preventiva del indígena Bernardo Armoa Riquelme imputado por terrorismo y quien sería integrante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El imputado llegó hasta la sede judicial bajo fuerte custodia policial y una vez que terminó la diligencia judicial fue retirado nuevamente por los agentes policiales.
La resolución judicial de la citada magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en la oficina de Atención Permanente del Poder Judicial. El imputado tuvo la oportunidad de declarar pero no lo hizo.
El hoy imputado pudo ser reconocido por numerosos testigos y por Leonardo Gómez Riquelme, la víctima que logró sobrevivir cuando se produjo el enfrentamiento entre la FTC y el grupo criminal el pasado 23 de octubre en Cerro Guasú.
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Igualmente durante el procedimiento para la detención de Armoa Riquelme también fue detenida su esposa de nombre Stanislaa Cabrera, en la comunidad indígena Vy’apavê. Ambas detenciones se llevaron a cabo en el marco del operativo Zeus tras ser señalados como partícipes del asesinato de los dos indígenas.
Por su parte el fiscal del caso Lorenzo Lezcano señaló: “esta investigación está en una etapa incipiente faltan aún varias diligencias investigativas para ir descartando las hipótesis que tenemos. Manejamos la identidad de dos personas que debemos ir trabajando en esa línea de investigación.”
Agregó “en cuanto al hombre él se abstuvo de declarar, pero sí conversamos preliminarmente, pero él no descarta su presencia en la zona cuando se registró el hecho. La información preliminar que manejamos es que estas dos personas detenidas estuvieron en el lugar del hecho”, indicó el fiscal Lezcano.
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Decretan prisión en Viñas Cué para agentes de la Senad por filtrar datos a “Lalo” Gomes
El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué para los agentes de la Senad Cristian Amarilla, Aldo Osmar Pintos y Alicia Marlene Vázquez. Los uniformados están imputados por asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, y tráfico de influencias, entre otros delitos, tras haber presuntamente proporcionado información sensible sobre investigaciones de narcotráfico al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia, donde los imputados se presentaron de forma voluntaria. Además de los tres citados, en la causa también están imputados Hugo Derlis Baptista Báez, exdirector general Antidrogas, y Helga Solís Gómez, exasistente fiscal y sobrina de “Lalo” Gomes. Esta última ya se puso a disposición del Ministerio Público y del juzgado a través de su abogado, Jorge Barrios.
Detalles de la imputación
De acuerdo con la Fiscalía, Amarilla, Pintos y Solís habrían filtrado a Gomes datos clave sobre operativos contra el tráfico de drogas. En el caso del militar Pintos, la información habría llegado al legislador a través de Solís.
Asimismo, la imputación vincula a Amarilla, Pintos y Baptista con la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo “Sanctus”, ejecutado en diciembre de 2023. Según el Ministerio Público, los sospechosos contribuyeron a frustrar la detención de Mendes Nunes y a evitar que se conocieran sus vínculos con el diputado Gomes.
Por otra parte, en el caso “Pavo Real I”, la Fiscalía atribuye a Amarilla y Vázquez haber intervenido un informe basado en datos extraídos de teléfonos celulares. En dicho documento se habría omitido mencionar expresamente a Gomes y su vinculación con la narcoestancia “Negla Poty”. La Fiscalía sostiene que Vázquez pidió que el político no fuera nombrado nominalmente; sin embargo, aunque su nombre no apareció, el informe mantuvo la captura de un mensaje donde se advertía claramente su relación con la propiedad.
La investigación menciona además que Baptista habría ofrecido a Gomes un fusil Mauser calibre 7,62 × 51 mm OTAN en 2022, mientras que Pintos habría solicitado al entonces diputado gestionar un vehículo bajo la figura de depositario judicial.
Finalmente, sobre Helga Solís Gómez, la Fiscalía sostiene que era una operadora de confianza del “Clan Gomes” y que, aprovechando su cargo de asistente fiscal, actuaba como nexo para direccionar investigaciones, influir en decisiones judiciales y filtrar información confidencial.
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Cabeza Branca: imputan a juez por ordenar subasta de inmuebles con medidas cautelares vigentes
Los fiscales Verónica Valdez y Christian Benítez imputaron al juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Capitán Bado, Cristhian Ariel Sánchez Zaracho, por el supuesto hecho de lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso.
De acuerdo con el acta de imputación, el magistrado habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que contaban con medidas cautelares vigentes y expectativa de comiso, en el marco de la causa vinculada al narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
Los fiscales solicitaron al Juzgado Penal de Garantías que comunique el pedido de desafuero del juez imputado a fin de que pueda ser sometido al proceso penal. Además, requirieron un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo de la investigación.
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Según el escrito fiscal, en agosto de 2023 la Senabico informó al juez que los inmuebles tenían medidas cautelares vigentes dictadas en el marco de dicha causa. Pese a ello, el magistrado habría dispuesto la subasta de ambas propiedades. Posteriormente, informes de la Dirección General de los Registros Públicos emitidos en octubre y noviembre de 2023 —a pedido del propio juez— confirmaron la vigencia de una prohibición de innovar dictada por la jueza penal de Garantías, Lici Sánchez.
A pesar de estos informes, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A. El 28 de noviembre, el juez habría aprobado la subasta y ordenado la inscripción preventiva de los bienes a favor de la empresa adjudicada. Finalmente, la Dirección General de los Registros Públicos emitió una nota negativa y rechazó la inscripción debido a que se encontraban vigentes las medidas cautelares dictadas en el proceso penal relacionado con el caso “Cabeza Branca”.
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Vidas paraguayas que apagó el yihadismo alrededor del mundo
- Juan Carlos Dos Santos G.
- X: @juancads
- Columnista y analista internacional
- Fotos: Archivo / Gentileza
Al Qaeda, los talibanes y el grupo terrorista palestino Hamás silenciaron para siempre a compatriotas que migraron en busca de una vida mejor para ellos y para sus seres queridos.
Detrás de los escombros de Manhattan, las ráfagas en un hotel de Kabul o el asalto sangriento a un kibutz en un desierto de Israel, las víctimas de la violencia extremista con trasfondo religioso y de odio tienen nombres, apellidos y rostros con acento guaraní.
Son compatriotas que salieron del país persiguiendo la superación personal, el desarrollo profesional o el compromiso democrático. Viejas maletas cargadas de sueños que terminaron sepultadas por la intolerancia radical.
Sus historias revelan cómo el radicalismo islámico no distingue banderas ni fronteras y cómo el dolor de sus familias en varios rincones del Paraguay permanecen como una herida abierta en la memoria nacional.
LA BÚSQUEDA DEL SUEÑO AMERICANO
El martes 11 de setiembre de 2001, el mundo cambió para siempre cuando células de Al Qaeda estrellaron aviones secuestrados contra las Torres Gemelas del World Trade Center.
En el corazón financiero de Nueva York, dos paraguayos iniciaban su jornada laboral sin sospechar que quedarían atrapados en el epicentro del mayor atentado en suelo estadounidense.
Carlos Alberto tenía solo 20 años cuando dejó Asunción en 1992, para radicarse en Flushing, Queens. Con una combinación de disciplina y ambición saludable, logró abrirse paso en el competitivo mercado financiero neoyorquino hasta convertirse en asistente de broker para la prestigiosa firma Cantor Fitzgerald.
A los 29 años, Carlos representaba el éxito de la emigración paraguaya. La mañana del 11S se encontraba trabajando en el piso 104 de la Torre Norte (WTC 1).
El impacto del vuelo 11 de American Airlines ocurrió justo por debajo de su posición, entre los pisos 93 y 99, anulando toda vía de escape y dejándolo sepultado en las alturas de la estructura.
Mientras que Obdulio Ruiz Díaz era un arquitecto paraguayo de 44 años que había emigrado a los Estados Unidos en 1986.
Tras años de esfuerzo, se desempeñaba como dibujante y gerente de proyectos para la empresa Bronx Builders.
Aquel inicio de mañana, la rutina de Obdulio lo llevó al emblemático restaurante Windows on the World, ubicado en los pisos 106 y 107 de la Torre Norte.
Supervisaba trabajos de remodelación y diseño interior cuando la torre fue sacudida. Ninguna de las personas presentes en las plantas superiores al impacto sobrevivió.
VOCACIÓN POR LA DEMOCRACIA
La violencia yihadista no solo golpea en los centros del capitalismo mundial; también acecha en las zonas donde la comunidad internacional intenta reconstruir instituciones devastadas por la guerra.
Con 34 años, el abogado y analista político paraguayo Luis María Duarte poseía una prolífica carrera en el ámbito de las relaciones internacionales.
En marzo de 2014, viajó a Afganistán contratado por el National Democratic Institute (NDI), una organización independiente con sede en Washington dedicada al fortalecimiento institucional.
Duarte llegó a Kabul como observador electoral internacional para supervisar las complejas elecciones presidenciales afganas.
La noche del 20 de marzo de 2014, mientras se encontraba en el restaurante del Hotel Serena –un recinto con estrictas medidas de seguridad donde se hospedaba la delegación internacional–, un comando de cuatro jóvenes terroristas del Talibán logró burlar los controles introduciendo armas ocultas en sus calzados.
Los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada contra los comensales. Luis María Duarte fue ejecutado junto a periodistas, diplomáticos y civiles inocentes.
LA IRRUPCIÓN DEL TERROR EN EL PROPIO HOGAR
El patrón de la violencia radical volvió a golpear a la comunidad paraguaya el 7 de octubre de 2023, durante la incursión masiva ejecutada por la organización terrorista Hamás desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel.
David Schvartzman era un experimentado consultor agrícola con casi dos décadas de residencia en suelo israelí. Su vinculación con el Paraguay se mantenía viva no solo por sus lazos afectivos y familiares, sino por su permanente predisposición a analizar el contexto sociopolítico del Medio Oriente para medios nacionales.
David residía junto con su esposa, Orly Pinko Schvartzman, en el kibutz Kfar Aza, una comunidad agrícola e industrial situada a menos de dos kilómetros de la valla perimetral con Gaza.
Al amanecer del sábado 7 de octubre, bajo una lluvia de cohetes, comandos fuertemente armados irrumpieron en las viviendas del kibutz. David y Orly fueron masacrados y sus cuerpos incinerados en el interior de su propia casa durante el ataque, en una jornada donde la violencia extremista arrasó con familias enteras en sus espacios de intimidad.
Los compatriotas víctimas del terrorismo eran trabajadores que buscaban prosperar, profesionales dedicados al arte y la construcción, analistas comprometidos con la transparencia democrática y consultores que aportaban su conocimiento técnico a la tierra.
Su asesinato a manos del extremismo violento impone una tarea prioritaria: evitar que sus nombres queden reducidos a meras cifras en las crónicas de guerra extranjeras y preservar su memoria como un testimonio de dignidad frente a la barbarie.
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Decretan prisión de pastor colombiano imputado por abuso sexual en personas indefensas
La jueza Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Luis Guillermo Álvarez Jaramillo, pastor y referente de CENFOL, imputado por supuesto abuso sexual en personas indefensas y acoso sexual. El colombiano fue puesto a disposición de la Justicia luego de ser detenido en la Argentina y trasladado a nuestro país.
La resolución judicial de la jueza Sánchez se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Según la imputación, se habría valido de su posición de autoridad y de relaciones de confianza para realizar presuntos tocamientos sin consentimiento. Además, se habría presentado como médico para reforzar la confianza de las víctimas.
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Una de las víctimas relató que, tras acudir al investigado por lesiones en las manos en marzo de este año, durante una supuesta revisión médica habría sufrido tocamientos en sus genitales y zona anal. Posteriormente, el imputado supuestamente le solicitó fotografías íntimas, le pidió mantener los hechos en secreto y le realizaba obsequios.
Otra víctima señaló que desde 2023 comenzó a recibir contactos físicos que le generaban incomodidad y que, durante 2024, estos habrían evolucionado a tocamientos en sus partes íntimas. También afirmó que le solicitaron fotografías íntimas.
Un tercer joven manifestó que, mientras se recuperaba de un accidente y estaba bajo medicación, el imputado habría acudido reiteradamente a su domicilio entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Según su relato, habría realizado tocamientos en sus genitales mientras descansaba y durante supuestos exámenes médicos.
Una cuarta víctima señaló que en junio de 2025 acudió al investigado por una afección en sus partes íntimas y que, durante una supuesta evaluación médica, este habría inspeccionado y palpado sus genitales. Este hecho continúa bajo investigación.