El presidente de la República, Santiago Peña, vetó en su totalidad el proyecto de ley n.º 7.461, que proponía modificar los artículos 59 y 76 de la ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, a fin de permitir que los defensores públicos pudieran percibir honorarios cuando los asistidos contaran con capacidad económica para solventar una defensa privada.

El decreto presidencial n.º 4065 argumenta que la iniciativa legislativa sancionada por el Congreso presenta “cuestionamientos insalvables” tanto desde el punto de vista jurídico como operativo y financiero. Una de las principales razones que menciona el Ejecutivo, tiene que ver con la ausencia de previsiones presupuestarias y mecanismos de implementación, además de que no se contemplan estructuras ni personal adicional para evaluar la solvencia económica de los beneficiarios.

Asimismo, se advierte un riesgo de competencia desleal con los abogados del sector privado, ya que los defensores públicos podrían percibir honorarios pese a que su estructura está financiada por el Estado. Organizaciones gremiales como el Colegio de Abogados del Paraguay y el Consejo Nacional de Abogados manifestaron su rechazo al proyecto, advirtiendo que esto generaría distorsiones en el ejercicio libre del derecho.

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Desde el punto de vista técnico, el Ejecutivo sostiene que la normativa sería inoperativa, al no otorgar expresamente legitimación al defensor público para cobrar honorarios a su representado, algo que contraviene la ley n.º 1376/88 de honorarios profesionales.

Se señala también que el uso del término “honorarios” sería inapropiado, dado que no existe un vínculo contractual entre el defensor y el asistido, por lo cual, según el Ejecutivo, lo correcto sería establecer una “tasa” o “multa” administrativa.

Finalmente, el decreto advierte que el sistema propuesto podría incentivar conductas indeseables dentro de la Defensa Pública, desviando recursos y atención hacia quienes podrían pagar, en perjuicio de quienes realmente necesitan el servicio gratuito, desnaturalizando así la misión principal del organismo.

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Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón, tomaron el juramento de rigor a dos agentes fiscales y dos defensores públicos que ejercerán funciones en distintas circunscripciones judiciales del país. El acto protocolar se llevó a cabo en la sala de conferencias del noveno piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción.

En la ocasión, el ministro Martínez Simón deseó éxitos a quienes, a partir de ahora, impartirán justicia en beneficio de los usuarios. “Necesitamos que siempre mantengan una línea de conducta apegada a la norma jurídica, a su recta interpretación y, por sobre todo, a la buena fe y a la lealtad”, expresó. Recordó además que fueron designados por su preparación académica, trayectoria y, especialmente, por el desempeño en sus respectivas funciones.

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Los profesionales designados prestaron juramento conforme a resoluciones adoptadas por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Prestaron juramento como defensores públicos Alisse Monserrat Riveros Caballero y Miguel Adolfo Leonardo Ramírez González. Como nuevos agentes fiscales Luis Alberto Peralta González, y Silvana Gabriela González.

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La licitación pública internacional para la compra de 28.000 máquinas de votación podría culminar a mediados del mes de julio con la adjudicación a una de las tres empresas oferentes, según estimaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sobre el proceso licitatorio. Ayer jueves se procedió a la apertura de sobres, con la entrega de artefactos de muestra.

Las empresas que presentaron ofertas son: el Consorcio Paraguay Democrático, integrado por Selex (Marco Domaniczky), Excelsis (Daniel Sauca) y SmartMatic (Andrés Rombola); el Consorcio Comitia MSA, conformado por la firma paraguaya Comitia y la argentina MSA; y Miru Systems, de procedencia coreana.

El director de recursos financieros del TSJE, Christian Ruiz Díaz, explicó para La Nación/Nación Media, cuáles son los procesos que se realizarán a partir de ahora. La modalidad de presentación es en doble sobre, con la presentación general del oferente y con la oferta económica. En el primer sobre se presentan todos los documentos referentes a la constitución de la empresa y otros requerimientos que exige el pliego de bases y condiciones. El segundo sobre se abrirá solo de los oferentes que superen la etapa técnica.

“A partir de ahora se va a comenzar a trabajar en la verificación cualitativa, del sobre uno, eso significa que, se van a verificar uno a uno los documentos que presentaron, y si es que falta algún documento de carácter subsanable, se le va a requerir a las empresas que completen esos documentos”, indicó Ruiz Díaz. Esta revisión se realizará por el plazo de 15 días.

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Así también, fueron presentadas cinco máquinas como muestra por cada empresa ofertantes, que quedaron en manos de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Justicia Electoral, porque serán evaluadas en la etapa de verificación técnica, lo que tendrá una duración de una semana.

“Esa prueba de funcionalidad se realiza en un equipo por día. Nos tomamos todo un día para hacer las pruebas de funcionalidad en las que son controladas, por ejemplo, la batería, que dure 12 horas, mediciones de gramajes del papel que presentan con ayuda del INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología), pruebas de votación, prueba de escrutinio, verificación de la pantalla, mecanismos de seguridad de las máquinas”, explicó.

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Una vez que se haya concluido esa verificación documental, y la verificación técnica de los equipos, si las empresas cumplen con el pliego de bases y condiciones, se remite un informe al comité evaluador, que definirá cuáles de las tres empresas pasan a la siguiente etapa. “Luego se abre el sobre 2, que contiene la oferta económica. El sobre de la empresa que fue descalificada permanece lacrada, ya no se abre”, detalló el director electoral.

Posteriormente, el comité evaluador vuelve a analizar el sobre 2, y emite una recomendación al TSJE de cuál es la mejor tecnología en todos los aspectos, y por resolución del TSJE se debe adjudicar, y “si es que no hay protestas, un mes y medio, como mínimo”, de acuerdo a las explicaciones del alto funcionario electoral.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) invita a organizaciones, empresas e instituciones, públicas y privadas de todo el país, a postularse al Premio Nacional a la Calidad y la Excelencia en la Gestión - Edición 2025. Las postulaciones se deberán realizar a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) hasta el 30 de abril de 2025.

El premio es un reconocimiento otorgado por el Gobierno nacional a aquellas organizaciones, tanto públicas como privadas, que sobresalen en la mejora continua de sus procesos y en la implementación de un enfoque basado en la gestión de calidad total.

Podrán postularse todas las organizaciones, públicas o privadas, establecidas en el país, incluyendo aquellas que sean partes autónomas, sucursales, filiales o dependencias de otras organizaciones, siempre que sean claramente identificables de acuerdo con el Reglamento General.

Las categorías de participación para el sector privado son para las empresas grandes y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Mientras que para el sector público abarcará a las instituciones pequeñas, medianas y grandes. El proceso de selección de los galardonados se basa en el Reglamento General del Premio, y los criterios de evaluación se alinean con el Modelo de Mejora Continua del Premio.

Para más información sobre la convocatoria, el proceso de selección y la documentación requerida, se puede acceder al siguiente enlace: https://www.conacyt.gov.py/premio-nacional-calidad-excelencia-gestion-edicion-2025.

El Conacyt es el organismo responsable de desarrollar y administrar el Premio, conforme a lo establecido en el Decreto N.º 2542 del 30 de octubre de 2014.