El juez penal de Garantías Yoan Paul López fijó para el 15 de noviembre, a las 10:00, bajo apercibimiento la audiencia preliminar para la exmagistrada en lo Civil y Comercial Tania Carolina Irún Ayala, imputada por prevaricato por entregar supuestamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas extranjeras.
La nueva citación del magistrado de garantías es bajo apercibimiento a las partes de que si se presenta alguna chicana aplicará las sanciones a los que presentan incidentes al solo efecto de poder dilatar el presente caso y a su vez se remitirán los antecedentes a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.
La representante del Ministerio Público Natalia Fuster pidió un año más de plazo para seguir recolectando más elementos de prueba contra la exmagistrada, quien soporta un proceso penal por prevaricato por haber entregado supuestamente 310 mil hectáreas.
El requerimiento provisional del Ministerio Público revela que aún falta recibir algunos informes del extranjero y es por ello que se pide más tiempo al juez del presente caso para poder presentar el requerimiento conclusivo definitivo.
El acta de imputación señala que la entonces jueza civil Tania Irún, en fecha 23 de noviembre del 2018, en el marco del juicio caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, resolvió hacer lugar a una demanda de cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública promovida por las firmas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments, otorgándoles 310 mil hectáreas a favor de dichas firmas, cuyos accionistas no se sabe quiénes son.
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Fijan audiencia preliminar para Prieto y leales por el caso Tajy
La compra simulada de alimentos en pandemia en el caso Tajy va cerrando el círculo en torno al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos. Tras dos años de sistemáticos incidentes para impedir la imposición de medidas y la prosecución del proceso por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación, fueron notificados para la dilatada audiencia preliminar los primeros días del mes de julio.
Se cierra el cerco para el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y sus amigos en la causa que afrontan por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal en el caso de Tajy, una firma unipersonal de un constructor de pozo artesiano, al que el destituido jefe comunal hizo pasar como proveedor de 50 mil kilos de harina, etc. en una compra simulada de alimentos, durante la pandemia por el covid -19.
Prieto y sus amigos deberán comparecer en tribunales para la audiencia de imposición de medidas los primeros días de julio, instancia previa para elevar la causa a juicio oral. Esta diligencia se confirma tras dos años de continuas chicanas interpuestas por el exintendente y sus leales que vinieron dilatando la preliminar por el caso Tajy.
Recordemos que, el caso Tajy consiste en un esquema de compra simulada de víveres por la urgencia de la pandemia por el covid -19 que llevaron adelante Prieto y funcionarios amigos ubicados en puestos clave de la municipalidad de Ciudad del Este por un lado y por el otro, clanes familiares de amigos y expareja que simularon competencia en procesos licitatorios para el desvío de fondos públicos.
La pequeña firma unipersonal corresponde al hoy extinto, Buenaventura Morínigo, tío de la expareja del intendente destituido Venessa (Vanemi) Florentín. Don Morínigo en la realidad se dedicaba a la construcción de pozos artesiano, pero utilizaron su factura en el esquema de compra simulada de alimentos por urgencia para blindar el proceso. La acusación firmada por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez afirma que, funcionarios al servicio de Prieto, puestos por el mismo en “cargos de confianza” clave, maniobraron la adjudicación por valor de G. 306.188.500 para adquisición de miles de kilos de víveres a una persona que no disponía del stock estipulado en contrato.
El fraudulento proceso licitatorio fue ejecutado en connivencia del clan familiar de Vanemi, la expareja de Prieto. Al igual que el caso Tía Chela fungieron de oferentes, parientes, un cuñado disc jockey de la mujer que nada tenían que ver con el rubro de compras de la municipalidad. (Ver infografía)
En la factura de compra aparecen además de los 50 mil kilos de harina, una decena de insumos comestibles como 1.400 kilos de azúcar blanca, 5.000 kilos de grasa vegetal, 1.250 kilos de levadura, 1.000 kilos de sal fina, 100 litros de esencia de manteca, etc. Sin embargo, la Fiscalía señala que ni un solo kilo de alimento se entregó a la municipalidad en el marco de este contrato.
Cabe subrayar que junto con Miguel Prieto, en la causa Tajy, están acusados Francisco Arrúa (exdirector de Administración y Finanzas), Buena Ventura Morínigo +, propietario de Tajy; Emili Vanessa Florentín (Vanemi SA); Robert Osmar Florentín Silvero, padre de Vanessa y socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos (cuñado de Vanessa), oferente mau de lalicitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad. Otros subordinados de Prieto como Sebastián Martínez Insfrán, exdirector de Desarrollo Social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.
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El precio del silencio
DESDE MI MUNDO
- Por Carlos Mariano Nin
- marianonin@gmail.com
Confieso que cada vez que escucho la palabra “sanción” asociada a la libertad de expresión, algo me incomoda. No me gusta.
No porque crea que todo está permitido, ni porque piense que el insulto sea una virtud. Tampoco porque considere que la grosería deba convertirse en argumento.
Me incomoda porque conozco la historia.
Las sociedades no suelen perder sus libertades de un día para otro. No ocurre con una explosión ni con un decreto espectacular.
Casi siempre sucede de manera gradual, con pequeñas concesiones. Con castigos que parecen razonables. Con decisiones que muchos celebran porque afectan a alguien con quien no simpatizan.
Hasta que un día descubrimos que el miedo se volvió costumbre.
Lo sabemos de sobra los paraguayos. Lo aprendimos durante décadas de dictadura, cuando el silencio fue ocupando espacios que antes pertenecían a la palabra, al pensamiento y a la crítica.
Esta semana, la FIFA decidió retirar de forma definitiva la acreditación mundialista al periodista paraguayo Jorge “Chipi” Vera, luego de sus exabruptos contra un árbitro tras la expulsión de un jugador de la selección paraguaya. Dijo en palabras lo que muchos pensamos.
Pero no voy a defender los insultos.
Las palabras tienen consecuencias y quienes trabajamos en los medios sabemos que la responsabilidad forma parte del oficio. En la radio y en la televisión existen normas, horarios de protección al menor y organismos encargados de velar por su cumplimiento.
Pero mientras observaba la polémica, mi preocupación caminaba por otro lado.
Pensaba en el poder, en quién establece los límites y quién tiene la capacidad de aplicarlos.
Porque el fútbol dejó hace tiempo de ser solamente fútbol. Se convirtió en una estructura global con influencia económica, política y cultural sobre millones de personas. Una organización capaz de decidir quién participa, quién accede y quién queda fuera.
Y allí aparece una cuestión que merece atención.
Cuando las instituciones más poderosas comienzan a regular cada vez más aspectos de la expresión humana, la línea entre la disciplina y el control se vuelve difusa.
La FIFA no es la única. El fenómeno atraviesa a buena parte del mundo moderno. Plataformas digitales, corporaciones, gobiernos y organismos internacionales avanzan sobre espacios que antes pertenecían al debate público, al disenso o simplemente al derecho de equivocarse.
La intención suele presentarse como razonable: promover el respeto, evitar excesos, mantener la convivencia.
Sin embargo, la historia enseña que la libertad rara vez desaparece por un acto dramático. Generalmente se desgasta por acumulación o por pequeñas renuncias. Por la costumbre de obedecer antes de hablar.
Por eso este episodio trasciende a un periodista y a una organización deportiva.
Habla de una época.
Una época en la que las herramientas para sancionar crecen más rápido que las herramientas para escuchar y muchas personas empiezan a medir cada palabra no por convicción, sino por temor a las consecuencias.
Y cuando el miedo ocupa el lugar de la conciencia, la libertad comienza a encogerse sin hacer ruido, imperceptible al comienzo. Así como una luz que se apaga lentamente mientras todos seguimos mirando hacia otro lado.
Pero esa… es otra historia
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Máquinas de votación entran en fase de control y preparación para las municipales
La Justicia Electoral informó que este lunes 22 de junio arrancó el periodo de preparación de máquinas de votación y materiales electorales. Conforme a lo establecido en el Cronograma Electoral para las Elecciones Municipales de 2026.
De acuerdo al boletín informativo recuerdan que el periodo de preparación abarca desde este lunes 22 de junio, hasta el sábado 3 de octubre del corriente, se realizará la preparación de máquinas de votación, diseño, elaboración de documentos electorales, preparación de los materiales y útiles electorales para las Elecciones Municipales.
Cabe recordar que el director de Comisión Electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Luis Alberto Mauro, había resaltado días atrás que durante la jornada de las Elecciones Internas partidarias simultáneas que se llevó a cabo el pasado 7 de junio, se destacó por el registro de “cero fallas” de las máquinas de votación.
Mencionó que una vez que retornaron las 16.000 máquinas de votación que fueron utilizados en las internas, a la sede electoral en Asunción, están siendo sometidas a un testeo, para controlar que no hayan sufrido alguna falla durante el traslado, y comenzar de vuelta los preparativos con miras a las elecciones generales del 4 de octubre. Recordó que para las próximas elecciones municipales estarán operativas las 18.000 máquinas que habían sido alquiladas.
Administradores electorales
Desde el organismo electoral recuerdan, además que, de acuerdo al referido cronograma, recuerdan que, este miércoles 24 de junio del corriente, finaliza periodo de comunicación de administradores de campañas electorales.
Al respecto, la Dirección Técnica de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, recuerda a los responsables de los Partidos, Movimientos Políticos y Alianzas Electorales que presentarán candidatos a Intendente y/o Miembros de Juntas Municipales; tienen la obligación de comunicar la designación de sus respectivos Administradores de Campaña Electoral. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 278, inc. a) de la Ley Nº7524/25.
Recuerdan que la designación del administrador de campaña no es un mero trámite burocrático; sino que es una de las piezas centrales del sistema de transparencia electoral. Con esto, la Justicia Electoral exige registrar a los administradores porque el control ya no se hace solo por “partido político” de forma global, sino de manera individualizada por cada campaña.
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Senado remite al Ejecutivo el Registro Nacional de Estudiantes “superdotados”
La Cámara de Senadores sancionó la propuesta que dispone la “identificación, inscripción y asistencia, en la educación básica y superior, de los estudiantes con altas capacidades”, más conocidos como “superdotados”. El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto con la aprobación inicial de Diputados.
El pleno del Senado solo logró reunir 15 de los 30 votos necesarios para ratificar su rechazo al proyecto que es impulsado por los diputados liberales Luis Federico Franco Alfaro, Carlos Alberto Pereira Rieve y la colorada María Cristina Villalba.
Los senadores argumentaban que, de promulgarse, generará una duplicidad legislativa innecesaria debido a la existencia de la ley de Educación Inclusiva. La misma estipula la creación de un Registro Nacional de Estudiantes con alta capacidad intelectual y faculta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a establecer acuerdos con gobiernos departamentales y municipales para el desarrollo conjunto del proceso de identificación y seguimiento.
En el proyecto se establece la identificación temprana para la atención individualizada, oportuna y completa para la debida inscripción y asistencia, en la educación básica y media, de los estudiantes con altas capacidades.
A la vez hace referencia a su aplicación obligatoria y general para las instituciones públicas, privadas y privadas subvencionadas por el Estado de todos los niveles.
También hace referencia a la capacitación de docentes de todos los niveles educativos y detalla que el MEC, en coordinación con las municipalidades y gobernaciones, establecerá los criterios, elementos y mecanismos de evaluación psicopedagógicos que permitan identificar a los estudiantes con alta capacidad intelectual.