Este viernes se realizó una audiencia de imposición de medidas cautelares para Patricia Rodríguez, esposa del sindicado por el hecho delictivo de lavado de activos durante el caso A Ultranza Py. Se presentó una imputación contra la acusada por el supuesto hecho punible de lavado de dinero y el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de la detenida, lo cual fue sentenciado por la jueza de la causa Rosarito Montanía, determinando que Rodríguez cumplirá su pena en el penal del Buen Pastor.

“El Ministerio Público también sostiene que ella fue beneficiaria del producto de dinero de las actividades ilícitas desarrolladas por Sebastián Marset. Rodríguez es esposa de uno de los coprocesados y la Fiscalía desarrolló la hipótesis de que ambos acusados habían creado empresas, realizaron inversiones y que las obtenciones de las organizaciones criminales involucran a ambos con el procesado Sebastián Marset”, refirió la magistrada en contacto con la 780 AM.

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Del mismo modo, la Dra. Montanía manifestó que el manejo de todas las ganancias generadas tras el involucramiento con organizaciones criminales fueron producto o beneficios del tráfico de drogas. Por otra parte, informó que hace dos días se llevaron a cabo allanamientos en el domicilio de Rodríguez, donde se incautaron varias documentaciones relacionadas a empresas vinculadas a la causa A Ultranza Py, sin mencionar tarjetas de créditos, cheques y otros documentos más.

“Tanto la señora Rodríguez como Alberto Koube tienen el mismo grado de imputación porque estamos hablando de lavado de dinero; solo en esta cuestión, originada tras hechos fácticos, comparten las mismas acusaciones. Aparte de este hecho delictivo, Koube está imputado también por otras cuestiones durante una imposición de medidas anterior”, comentó la jueza encargada del caso.

El operativo A Ultranza Py se llevó a cabo el 22 de febrero de este año, significando para el país y la región uno de los megaoperativos más significativos en términos de desarticulación de organizaciones criminales, esquemas de narcotráfico y lavado de activos. Se realizaron más de 111 procedimientos y hasta la fecha se incautaron bienes e inmuebles por valor de cerca de los US$ 100 millones.

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